La senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, sostuvo este viernes que sus colegas de la disidencia colorada y la oposición buscan sacar réditos políticos de la situación del Senado.
Fue tras el reclamo del parlamentario Enrique Bacchetta, quien señaló que los disidentes y parte de la oposición fueron excluidos de las comisiones del Senado por una "vendetta".
"Los colegas que integran la minoría no reconocen a la nueva mesa directiva que preside Fernando Lugo, por eso buscan excusas para no integrar las comisiones", manifestó Esperanza Martínez, en comunicación con la 780 AM.
Indicó que los referentes de la disidencia colorada y de la oposición no demostraron interés en integrar alguna comisión de la Cámara de Senadores y que ni siquiera enviaron una nota para las designaciones.
A su criterio, los que integran la minoría solo buscan culpar de todo lo que ocurra a los senadores oficialistas, llanistas, luguistas y oviedistas, tratando de obtener réditos políticos.
Sin embargo, aseguró que los legisladores de la disidencia colorada, liberales efrainistas y otros sectores de la oposición, no quieren integrar las comisiones para dedicarse de lleno a sus respectivas campañas proselitistas.
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Proyecto antinepotismo no puede obviar propuesta ciudadana, sostiene Esperanza
La senadora Esperanza Martínez sostiene que los proyectos antinepotismo que serán analizados desde el Senado deberán incluir la propuesta ciudadana. El objetivo de la Cámara Alta es avanzar con una sola reglamentación, suficientemente abarcativa y que reúna cada falencia que se busca desterrar de la función pública.
“Si hay cuatro o 25 proyectos, quiere decir que todos tienen algo que aportar. Se deben tomar todas las ideas y de cada una se debe hacer algo mejor, algo más superador”, remarcó Martínez y animó a sus colegas a unificar proyectos.
Aparte de la versión aprobada en Diputados, existen otras propuestas de antinepotismo, entre ellas una presentada por los senadores Basilio Núñez y otra por Eduardo Nakayama. A estas se suma una elaborada por iniciativa popular, en la cual se contempla la figura de sanciones.
Para Martínez, la propuesta ciudadana podría brindar una complementación de suma relevancia, al tener en cuenta que la figura del nepotismo contará con sanciones más determinantes, ofreciendo de este modo reglas más claras en torno al ingreso y permanencia en la función pública.
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Ley antinepotismo
La senadora subrayó que no se puede obviar o dejar de lado las propuestas ciudadanas, las preocupaciones que expresan y también los aportes brindados. Reafirmó así la importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil para avanzar de manera conjunta.
Martínez destacó la importancia de materializar el proyecto antinepotismo, pero hacerlo luego de absorber cada uno de los factores planteados en las diferentes propuestas presentadas.
Desde el Gobierno se ha instalado una línea de trabajo prioritaria sobre una ley antinepotismo con reglas más claras. A este compromiso se sumaría el proyecto sobre la carrera en la función pública, que ya cuenta con modificaciones pertinentes elaboradas por el propio Ejecutivo.
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Presentan plan de reordenamiento del servicio del transporte público en Central
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, junto con legisladores de la oposición presentaron en la mañana de este jueves la propuesta de reordenamiento del servicio del transporte público en su departamento.
El dirigente liberal propone reordenar los itinerarios, realizar pagos de subsidio por kilometrajes recorridos y no por pasajeros, según la propuesta presentada en conferencia de prensa en la Cámara de Senadores.
“Desde que hemos asumido la gobernación, uno de los problemas más grandes que tenemos es el servicio del transporte público, trabajamos bastante con los 19 distritos para ver una propuesta de implementar un nuevo sistema de trabajo con los transportistas. Buscamos un servicio de transporte eficaz, que abarque las 24 horas al día”, indicó.
Asimismo, se plantea establecer una mesa de trabajo entre la gobernación, el Legislativo y el Ejecutivo mediante la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el viceministerio del Transporte.
“Queremos que se paguen los subsidios por kilometraje con el fin de garantizar los horarios que no se cubren. Si realizamos el pago por pasajeros, los empresarios lanzan 5 o 10 colectivos en horario pico y a las 22:00 ya no tenemos el servicio”, dijo durante la presentación del proyecto a la prensa.
Estigarribia detalló que las ciudades afectadas de forma constante por el incumplimiento del servicio son Ñemby, Ypané y Limpio. “Queremos hacer una mesa de trabajo, llevar al presidente de la República esta propuesta, se han probado diferentes maneras para mejorar el servicio del transporte público, pero todos fracasaron”, indicó.
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El proyecto es acompañado por los senadores Celeste Amarilla, Ignacio Iramain Chilavert y el diputado Luis Benítez. La iniciativa fue elaborada técnicamente por el arquitecto urbanístico de la gobernación, Fernando Maidana, quien indicó que el servicio del transporte público cuenta con 4 problemas.
“La causa de estos problemas es que nunca se planificó de manera integral el sistema del transporte público, nadie se sentó a diseñar itinerario por itinerario para que estos sean eficientes, y por sobre todo, accesibles para el usuario”, explicó el gobernador.
Sostuvo que uno de los problemas “es que tenemos dos sistemas de transporte público, se tiene las empresas de buses que trabajan con el Viceministerio del Transporte y las otras, las famosas internas, que trabajan con las municipalidades”, explicó.
Agregó que “esto es un problema, porque hay un grupo de empresas que es subsidiada y otro que no lo es. Existe una competencia injusta que hace que, finalmente, los internos que sí pasan por los barrios vayan muriendo años tras año”.
Maidana indicó que el segundo problema consiste en la modalidad del subsidio, mientras que el tercer conflicto es la falta de un criterio técnico para otorgar los permisos de transporte público.
“Tenemos más de 40 empresas que trabajan solo con el Viceministerio de Transporte, más de 60 itinerarios, tenemos una hípercompetencia canibalista dentro del sistema”, puntualizó. El funcionario de la gobernación continuó sosteniendo que el cuarto problema es la falta de un criterio técnico para diseñar los itinerarios.
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Hijo de Santiago Leguizamón reclama cumplimiento de sentencia de la CIDH al Congreso
Dante Leguizamón, hijo del asesinado periodista Santiago Leguizamón, hizo un fuerte reclamo por el incumplimiento de varios puntos de la sentencia en contra del Estado paraguayo en el caso del homicidio de su padre, ocurrido el 26 de abril de 1991, en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay).
Su alocución fue antes de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, ocasión en que recordó que esos puntos caen en responsabilidad del Congreso, para que se pueda avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
Tanto la esposa del periodista fallecido, doña Ana María Morra viuda de Leguizamón, como sus hijos fueron invitados por la Cámara de Senadores para rendirles un homenaje este miércoles.
Se procedió a la entrega de una placa y copia de la Declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores reconoce la relevante trayectoria de la familia Leguizamón Morra, por su inclaudicable lucha por la justicia y en contra de la impunidad.
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Al término del homenaje, Leguizamón habló con los periodistas y señaló que se sienten muy honrados por el reconocimiento, pero a la vez, esperan que el Congreso pueda avanzar efectivamente en el cumplimiento de la sentencia.
La resolución tiene puntos específicos que caen en la responsabilidad del Parlamento. “Esperamos que el Congreso pueda avanzar en el cumplimiento de la sentencia, que es lo que efectivamente va a honrar la memoria de Santiago”, indicó cuando fue abordado por los periodistas que cubren el Congreso.
Dante Leguizamón explicó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió al Estado paraguayo como “responsable” por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón, hecho ocurrido a la salida de la Radio Mburucuyá.
La resolución de CIDH se dio a conocer en diciembre del 2022 y tiene muchas aristas, de las cuales se han avanzado en algunas partes en su cumplimiento, pero otras no.
“Pero la parte más importante, que es la parte estructural, lo que tiene que ver con las políticas públicas, como la protección de los periodistas, tanto en la vida como en la integridad física. Son aspectos que todavía no se han avanzado y es la discusión que estamos queriendo, efectivamente”, mencionó.
Recordó que justamente en el Día del Periodista, el 26 de abril del año pasado, se presentó un proyecto de Ley Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado avanzar en la discusión de la propuesta legislativa, justamente en la Cámara de Senadores, donde se había presentado. Sin su análisis en Senadores no se puede proseguir su estudio en la Cámara de Diputados.
Lamentó, asimismo, que el periodismo hoy en día siga sin las herramientas necesarias para ejercer con seguridad la profesión, ante las amenazas y la violencia que sufren a diario.
“Los últimos hechos son sumamente graves, sobre todo viniendo de autoridades. Los ejercicios de violencia no son tolerables de parte de ningún tipo de autoridad, para ningún tipo de persona y sobre todo contra el periodismo. Lastimosamente, el periodista sigue sin herramientas efectivas para poder protegerse y poder accionar efectivamente y evitar este tipo de acciones”, señaló.
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Senadores coinciden en la necesidad de mayor control y regulación sobre criptominería
Este martes, se realizó una audiencia pública para estudiar el contenido del proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería.
Los senadores que participaron del encuentro, facilitado por iniciativa de varias comisiones de la Cámara Alta, coincidieron en la necesidad de apostar por un mayor control de la criptominería, facilitando un marco legal verdaderamente determinante que permita su regulación.
“Lo que hay que hacer es un marco regulatorio que sancione con mucha fuerza el robo de energía y decomiso total de la infraestructura de las empresas ilegales. Sería un trágico error castigar a las empresas legales”, remarcó el senador Enrique Buzarquis al respecto.
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El parlamentario solicitó a las comisiones suspender el tratamiento del proyecto en análisis y trabajar en otra propuesta legislativa que pueda garantizar la utilización de la energía eléctrica y que sea beneficioso para el Paraguay. Bajo este mismo parámetro ha coincidido el senador Eduardo Nakayama.
En la audiencia también participó Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, quien manifestó que se debe pensar qué tipo de marco normativo se necesita para las inversiones. “Debemos tomar políticas favorables y que el inversor se sienta seguro”, enfatizó el representante.
Uno de los factores cuestionados, por la falta de regulación, es que la utilización desmedida de energía eléctrica por parte de las criptominerías, pagando lo mínimo o incluso no abonando lo correspondiente, en otros casos. Por ello, se hace hincapié en un marco legal mejor constituido.
Así, se coincidió en la necesidad imperante de contar con una legislación que regule este sector desde el punto de vista financiero, aparte de permitir la aplicación de sanciones severas para aquellos que sustraen energía eléctrica de manera clandestina, estableciendo un sistema más controlado.
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