Mediante un comunicado emitido por la mañana de ayer, el Gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Rela­ciones Exteriores, condenó el atentado al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, de 59 años, registrado el pasado miércoles cuando salía de una reunión de gobierno en la ciu­dad de Handlova, al noreste de la capital Bratislava.

“El Paraguay rechaza enér­gicamente todo acto de vio­lencia y expresa su solidaridad al pueblo y Gobierno de Eslovaquia, deseando una pronta recuperación al pri­mer ministro Fico”, sostiene el mensaje difundido a través de las redes sociales oficiales de la citada cartera.

Fico ya “es capaz de hablar”, pero su estado sigue siendo “muy crítico”, afirmó el pre­sidente electo, Peter Pelle­grini, que lo visitó ayer jue­ves. “Es capaz de hablar, pero solamente algunas frases”, declaró Pellegrini, su aliado de larga data a los periodistas fuera del hospital de Banska Bystrica, en el centro del país, donde el dirigente de 59 años está siendo tratado. “Está muy, muy cansado. La situa­ción sigue siendo muy crí­tica”, agregó, según una nota de AFP.

En el marco de la investiga­ción, la policía ha acusado al supuesto autor de los disparos de “intento de asesinato pre­meditado por venganza”, un delito por el que se enfrenta a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. El dirigente se sometió el miércoles a “una operación de cinco horas”, precisó la directora del esta­blecimiento, Miriam Lapuni­kova, confirmando que sigue “verdaderamente muy grave” y que permanecerá en cuida­dos intensivos.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, que fue baleado el miércoles, ya “es capaz de hablar” aunque su estado sigue siendo muy crítico, afirmó este jueves el presidente electo Peter Pellegrini, que pidió “suspender” la campaña de las elecciones europeas de junio en el país. “Es capaz de hablar, pero solamente algunas frases”, declaró Pellegrini a los periodistas fuera del hospital de Banska Bystrica, en el centro del país, donde Fico está siendo tratado.

“Está muy, muy cansado. La situación sigue siendo muy crítica”, explicó, añadiendo que al primer ministro le esperan “horas y días muy difíciles”. Los cirujanos pasaron varias horas en el quirófano durante la noche, luchando por salvar al líder de 59 años, víctima de un tiroteo que fue condenado en todo el mundo.

Fico es un antiguo militante comunista que ha sido acusado de estibar la política de su país a favor del Kremlin. Ganó las elecciones generales de septiembre en Eslovaquia al mando de la formación populista Smer-SD y es un veterano político que ha sido jefe del gobierno en cuatro periodos y cuya gestión quedó marcada por escándalos de corrupción y criticadas reformas.

Desde que llegó al poder en octubre, ha generado controversia por afirmar que Ucrania debe ceder territorios a Rusia para poner fin a la guerra, algo que Kiev descarta. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Eslovaquia, que es miembro de la UE y de la OTAN, fue uno de los países europeos que más ayuda entregó, en proporción a su PIB.

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Pero Fico decidió cesar de suministrar ayuda militar, cumpliendo con su promesa de campaña que lo llevó al poder a la cabeza de una coalición con partidos de extrema derecha. En el pasado celebró la adopción del euro en Eslovaquia como una “decisión histórica”, pero durante la última campaña cargó contra la UE, la OTAN y Ucrania en un intento de atraer a los votantes de los extremos y tachó a sus rivales de “belicistas”.

Además, generó crispación tras defender que no permitiría el arresto en Eslovaquia del presidente ruso, Vladimir Putin, que es objeto de una orden internacional de captura. Fico, que es abogado, inició su carrera política en el Partido Comunista, antes de la Revolución de Terciopelo en la extinta Checoslovaquia.

Tras la disolución y la llegada del capitalismo y la democracia, Fico se estrenó fue representante de Eslovaquia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, entre 1994 y 2000. En 1998, el Partido de la Izquierda Democrática (SDL), heredero del Partido Comunista, lo descartó para un puesto ministerial y al año siguiente Fico renunció a su militancia y fundó la formación de corte socialdemócrata Smer-SD.

Su apuesta funcionó y en 2006, el Smer-SD obtuvo una aplastante victoria que llevó a Fico al puesto de primer ministro, dos años después de que el país entrara en la Unión Europea. Fico se alió con el partido de extrema derecha SNS con quien comparte una retórica contra los refugiados y sus inclinaciones populistas. Fico aprovechó la crisis financiera global de 2008 para reforzar su popularidad al negarse a imponer medidas de austeridad.

La entrada de Eslovaquia en la eurozona en 2009 coronó su primer mandato de cuatro años. En las elecciones de 2010 quedó relegado a la posición tras no lograr formar una coalición de gobierno, pese a que su partido fue la formación más votada. Más tarde obtuvo una contundente victoria en las elecciones anticipadas de 2012, tras la caída de una coalición de centro-derecha por acusaciones de corrupción.

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En 2015, cuando Europa se vio sacudida por una ola de refugiados, Fico defendió una postura dura frente a inmigración los migrantes y se negó a “dar lugar” a una comunidad musulmana en Eslovaquia y criticó el programa de cuotas de la UE para redistribuir a los desplazados. Smer-SD ganó las elecciones de 2016, pero su mandato como primer ministro terminó dos años después tras los asesinatos del periodista de investigación Jan Kuciak y su prometida, que aparecieron baleados.

Este crimen generó una ola de protestas contra el gobierno, ya que Kuciak denunció vínculos entre la mafia italiana y el gobierno de Fico en su último artículo, publicado de forma póstuma. En las elecciones de 2020, una coalición anticorrupción llegó al poder, pero Fico permaneció entre bambalinas conservando su escaño. El político siempre ha restado importancia a las etiquetas de “populista” o de “demagogo” que le atribuyen sus críticos y se ha refugiado en su proverbio preferido “la paciencia siempre trae rosas rojas”.

Fuente: AFP.

Dos aviones caza estadounidenses sobrevolaron el jueves Guyana como parte de un ejercicio militar coordinado entre ambos países, lo cual despertó “alertas” en la vecina Venezuela, que denunció “provocaciones” y “amenazas” en medio de la tensión por la disputa centenaria del rico territorio de Esequibo.

“El Gobierno de Guyana aprobó el sobrevuelo de dos aviones F/A18F Super Hornets de la Marina de los Estados Unidos en Georgetown (...) del 9 de mayo de 2024″, confirmó el gobierno guyanés en un comunicado, poco después de que la embajada estadounidense informara de la operación.

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“Este ejercicio se lleva a cabo como parte del pacto de cooperación en materia de defensa entre Guyana y Estados Unidos de América y busca profundizar la seguridad en curso programa de cooperación entre nuestros dos países”, añadió.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, estimó que el sobrevuelo “amenaza la zona de paz” concertada entre el presidente Nicolás Maduro y su par guyanés, Irfaan Alí, en diciembre durante un momento de elevada tensión y los temores de conflicto armado por la disputa territorial.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo por su parte que la maniobra es parte de las “reiteradas provocaciones” de Estados Unidos, enemigo histórico del chavismo gobernante.

“Nuestro Sistema de Defensa Aeroespacial Integral permanece activado ante cualquier intento de violación del espacio geográfico venezolano, incluyendo nuestro Territorio Esequibo. ¡Alertas!”, señaló Padrino en la red X.

El Esequibo tiene una extensión de 160.000 km2 y es rico en petróleo y minerales. Es administrado por Guyana, aunque Venezuela reclama la soberanía basado en los límites trazados cuando aún era colonia de España.

La disputa se recrudeció en 2015 después del descubrimiento de yacimientos petroleros y desde entonces las tensiones han atravesado altibajos.

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Guyana recurrió en 2018 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ratifique un laudo de 1899 que fijó las fronteras actuales y que Venezuela rechaza, amparado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que firmó con Gran Bretaña antes de la independencia guyanesa y que anulaba el fallo anterior estableciendo bases para una solución negociada.

Fuente: AFP

El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.

Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.

Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.

En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.

“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.

Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.

“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico.  Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.

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En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.

Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.

Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.

“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.

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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.

En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.

Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.

Fuente: AFP