Marcelo Cabaña, hermano de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, deberá volver a la cárcel luego de que un tribunal de apelación resolviera revocar la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, quien había ordenado el arresto domiciliario del procesado por narcotráfico. Asimismo, otro procesado del operativo Berilo Hugo Martín Ríos también tendrá que volver a prisión.
La resolución judicial lleva la firma de los camaristas Bibiana Benítez, Arnulfo Arias y Digno Arnaldo Fleitas. Los mismos sostienen que luego de un análisis de los elementos se puede mencionar que existen fuertes indicios sobre la gravedad del hecho, por lo que corresponde revocar la resolución del Juzgado de Garantías.
Señalan los miembros del tribunal de apelación que “en cuanto al estado de salud del acusado, sin lugar a dudas, las personas que son privadas de su libertad se encuentran en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la relación de sujeción, pero el Estado es responsable de garantizar los cuidados adecuados para asegurar una existencia digna y tranquila dentro del penal. Las instituciones penitenciarías y carcelarias como las que tienen el deber de garantizar condiciones de vida digna”.
El Ministerio Público había apelado la resolución del juez Miguel Palacios y solicitó que se revoque la referida resolución judicial. El fiscal del caso fue Osmar Segovia. El representante del Ministerio Público consideró en su momento en su apelación que existe latente el peligro de fuga y obstrucción a la investigación fiscal.
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Detienen al hermano de la presidenta de Perú por presunta corrupción
La policía de Perú detuvo este viernes al hermano y al abogado de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.
Un equipo especial de fiscales contra corrupción “detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”, indicó el Ministerio Público en la red social X.
Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima. La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, según precisó el poder judicial en un comunicado.
Los funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Desde sus cargos captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial. Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo a los periodistas.
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“Poder de facto”
Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín. En el marco de esas acciones fueron allanados “26 inmuebles”, dijo por su parte la Fiscalía.
Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes. Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del “poder de facto” que le otorgó su hermana para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
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Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de “operador legal” de la red de corrupción. La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano. Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.
En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo. La presidenta está bajo sospecha de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos”.
El jueves, el gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.
Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución. La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.
Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares. A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Fuente: AFP
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Sentencia de 28 años de prisión
El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.
Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.
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Líder del clan Rotela seguirá en prisión hasta el 2046
El Ministerio Público logró este jueves unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución fiscal, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
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Ante las diligencias realizadas por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal de Ejecución, Celia Beckelman; la jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer, aplicó los alcances de la “pena unitaria”, sumando las sentencias definitivas por los hechos punibles atribuidos y acusados al líder criminal Armando Javier Rotela Ayala.
La condena de 19 años de cárcel fue por posesión y tráfico de drogas aplicada por un Tribunal de Sentencia en fecha 17 de marzo del 2020. En tanto, la condena de 8 años de cárcel por posesión y comercialización de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego fue aplicada por un Tribunal de Paraguarí, el 7 de enero del 2021.
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Este lunes Trump deberá enfrentar su primer juicio penal
En medio de su campaña electoral para las presidenciales de noviembre, el lunes comienza el muy esperado juicio por el pago para evitar un escándalo sexual a Donald Trump, el primer expresidente estadounidense en sentarse en un banquillo de la justicia penal.
A poco menos de siete meses para la cita con las urnas, el multimillonario republicano se enfrenta a una pena de prisión, una situación sin precedentes que plantea muchos interrogantes sobre la campaña y su probable duelo con el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.
Trump está citado en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York a partir de las 9:30 hora local (13:30 GMT) del lunes para responder de las acusaciones de falsificación de documentos comerciales de la Organización Trump, su empresa familiar.
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Según la acusación, el republicano ocultó el pago de 130.000 dólares en la recta final de la campaña presidencial de 2016 a la exactriz porno Stormy Daniels para que callara una relación sexual extramatrimonial que habían mantenido diez años antes y que Trump siempre ha negado.
“Voy a testificar. Voy a decir la verdad. Es decir, lo único que puedo hacer es decir la verdad y la verdad es que no hay un caso”, respondió Trump a los periodistas este viernes en su mansión del estado de Florida cuando se le preguntó si no consideraba riesgoso brindar directamente su testimonio en el juicio.
Ni la relación extramatrimonial ni el pago a Daniels son un delito, pero sí lo es haber intentado presuntamente falsificar documentos de su empresa familiar para no declarar el reembolso de la cantidad inicialmente pagada de su propio bolsillo por su entonces abogado personal, Michael Cohen, actualmente su enemigo.
Para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, votado alineado con los demócratas, fue “una conspiración para amañar las elecciones presidenciales, y mentir en documentos comerciales para encubrirlo”.
Mientras que la defensa sostiene que los pagos respondieron a un intento de extorsión por parte de Daniels, la fiscalía pretende demostrar que Trump orquestó otros dos pagos para encubrir asuntos embarazosos con el fin de engañar a los estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de 2016 contra la demócrata Hillary Clinton.
Acusado hace un año por este caso de 34 cargos por “falsificación de documentos contables”, cada uno de ellos castigado con hasta 4 años de cárcel, Trump se declara inocente y se siente víctima de una “caza de brujas” de los demócratas para impedirle volver a la Casa Blanca.
El jurado
Descrito como “zombi” porque llevaba mucho tiempo en el limbo de la fiscalía de Manhattan, este caso está considerado por los expertos como el más débil de los cuatro procesos penales que pesan sobre Trump.
Pero puede suponer una piedra en su camino electoral, ya que los otros tres, vinculados a sus intentos presuntamente ilegales de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, se han retrasado tanto debido a los múltiples recursos presentados de su ejército de abogados y a cuestiones de procedimiento, que es poco probable que se juzguen antes de las elecciones del 5 de noviembre.
Los abogados han presentado en los últimos días varios recursos, entre ellos apartar del caso al juez de origen colombiano Juan Merchan, hasta el momento sin éxito.
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Si todo marcha según lo previsto, el juicio comenzará el lunes 15 con la selección de los 12 miembros del jurado, un proceso que puede prolongarse hasta dos semanas.
Estos ciudadanos, que se mantendrán en el anonimato por razones de seguridad, dictarán la suerte del multimillonario republicano al término de un proceso que puede durar entre seis y ocho semanas.
Fuente: AFP