Tras la verificación realizada por la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, esta cartera estatal resolvió la intervención con el fin de constatar el funcionamiento del servicio y adoptar las medidas correctivas.
El equipo interventor deberá presentar el informe en un plazo no mayor a treinta días. Esta intervención se da luego de una denuncia realizada a través de redes sociales por parte de un usuario de este servicio y considerando la gravedad.
En principio se abrió una investigación desde la Dirección de Derechos Humanos de la Dirección General de Asesoría Jurídica, debido a la gravedad de los hechos denunciados.
También se abrió un sumario administrativo si correspondiere y, en su caso, la remisión de los antecedentes al Ministerio Público. A la par de esta investigación desde el Ministerio de Salud ya ordenaron la intervención del hospital.
Desde la Fiscalía también se espera la apertura de una investigación penal, pero hasta el momento no se nombró a un agente para que evalúe las graves denuncias que se hicieron de parte de una persona.
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El Psiquiátrico se transformará
El Hospital Psiquiátrico se transformará en un centro de atención de urgencias psiquiátricas, mediante la nueva Ley de Salud Mental. Para el efecto, se implementó un sistema de coordinación para dirigir a pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia.
El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley n.° 7018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.
El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7018, comenzamos el plan de reconversión del Hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.
Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.
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Militares podrán intervenir en ataques criminales
El ministro de Defensa, Óscar González, señaló que la próxima semana el Gobierno realizará un anuncio importante respecto al operativo que estará a cargo de las Fuerzas Armadas, en caso de ataques criminales de gran envergadura como el que se produjo días pasados en la localidad de Natalio (Itapúa), en una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF).
“La próxima semana vamos a anunciar, seguramente el propio señor presidente o quien él designe, no quiero apresurarme en decir cuál va a ser la respuesta de las Fuerzas Armadas y ojalá que no ocurra, pero si se repite estos tipos de actos criminales, nosotros tenemos la decisión de intervenir junto con la Policía Nacional”, adelantó el secretario de Estado en comunicación con la 650 AM.
La determinación del Gobierno en que las fuerzas militares puedan intervenir se debe a que las bandas criminales que perpetraron los últimos asaltos a bancos y cajeros automáticos, contaban con armas de grueso calibre, detonantes, entre otros, que ameritan una respuesta mayor del Estado dado que ponen en peligro a la población.
“Son grupos terroristas, porque infunden terror en la población y pueden inclusive pretender poner en entredicho la potestad soberana del Estado en nuestro propio territorio, entonces nosotros como lo venimos haciendo siempre, apoyando y coadyuvando con la Policía Nacional con nuestras operaciones contra estos grupos criminales que están armados muy fuertemente y que son un verdadero peligro para la comunidad”, señaló.
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Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.
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Instan al Ejecutivo a intervenir caja municipal
La diputada por el Partido Patria Querida Rocío Vallejo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un proyecto a través del cual insta al presidente de la República que intervenga la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Esto ante la grave crisis financiera en la que se encuentra dicha caja.
La parlamentaria indicó que viene realizando un seguimiento de la caja municipal y dentro de esa línea investigativa recibió un informe sobre la situación de deudas existentes.
Luego de actualizar la situación en el transcurso de 2023 pudo constatar que hasta el 31 de julio del año pasado de los 260 municipios, 174 estaban en mora; es decir, no estaban pagando sus aportes.
Vallejo agregó que actualmente unas 220 municipalidades son las que deben a la caja al menos G. 130.000 millones y no se ponen al día ni con demandas judiciales de por medio.
En contacto con la 780 AM, la parlamentaria fue tajante al afirmar que el Ministerio de Economía debe rever la transferencia de desembolsos del Fonacide para dichos municipios, teniendo en cuenta que estos no cumplen con la caja.