En el mundo ganan consideración y respeto las frutas, hortalizas, harinas y otros productos alimenticios producidos agroecológicamente. Aquí la historia de una red nacional que intenta dar protección y visibilización a quienes se esfuerzan en producir de esta forma, enfrentando siempre duros desafíos climáticos, de plagas y la dificultad de acceder a precios justos.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Gentileza

En enero pasado, Teko Katu inauguró su local en 15 de Agosto 1850 casi Sétima Proyec­tada de Asunción, punto de venta de esta red de comer­cialización alternativa de productos campesinos que viene creciendo.

Los productos se desta­can por ser “cultivados, cosechados y procesados de manera respetuosa con el medioambiente”, con­formando una amplia y variada oferta de alimen­tos saludables que ahora se pueden conseguir a buenos precios en Asunción, según promocionan.

El sacerdote Simón Mar­tínez dirige el Centro de Estudios Paraguayos Anto­nio Guasch (Cepag), desde donde se promueve la ini­ciativa. Recuerda que “teko katu”, según los primeros traductores jesuitas, pro­viene del guaraní “buena vida”, “libre”, “saludable”, “ser pleno”, “en plenitud”.

Era la forma de designar el modo de ser auténtico de los guaraníes que se resis­tían a la colonización y vivían en sus formas tra­dicionales en las selvas, el “verdadero modo de ser” de nuestros antepasados que vivían en armonía con la naturaleza, era su identi­dad y la base del teko porã, el buen vivir, ese modo de ser que se transmutó en la vida campesina”.

Por ello, Martínez asume que con este centro de ven­tas y la participación en ferias acercan a los consu­midores “la seguridad de que nuestras familias ten­drán los mejores alimentos en un espacio donde nos sen­tiremos protegidos y prote­gidas. Teko Katu nos invita a retornar, a volver a lo natu­ral, a ir nuevamente cami­nando hacia el buen vivir”, expresó.

–Teko Katu nace el 31 de julio de 2020 para res­ponder a la necesidad de comercializar productos de manera conjunta en la capi­tal del país y entre las aso­ciaciones en el marco de la economía social solidaria. Las asociaciones campesi­nas Apapy (Yasy Cañy), Afe­kopol (Lima), APDI (Tava’i) en compañía del Cepag se agruparon para poder crear la red que busca un comercio justo, sin inter­mediarios, amigable con el medioambiente y que for­talezca la capacidad comer­cial de mujeres, jóvenes y productores campesinos asociados.

–Actualmente beneficia a unos 410 productores dis­tribuidos entre cuatro aso­ciaciones fundadoras y asociaciones vinculadas en estos años, como es el caso de Mujeres Unidas (Santa Rosa Misiones), más pro­veedores de la agricultura familiar campesina y orga­nizaciones que trabajan con pueblos originarios.

–La economía social y soli­daria tiene más espacio en las grandes ciudades y entre las organizaciones campesi­nas vinculadas a entidades que trabajan con ellas. Tiene un gran desafío ante el modelo de mercado de gran­des productores o el con­trabando, que cobra mucha fuerza en nuestro país por el bajo costo de venta que estos promueven. La economía social y solidaria debe pro­mover todo un componente educativo y de estrategia de comercialización basados en los valores de respeto al medioambiente, comercio justo, empoderamiento de los pequeños productores y la vida del campo como futuro del país. Todo esto con el fin de dar un realce y mayor conciencia de la importancia de este modelo de economía.

–Hay una conciencia orgá­nica y agroecológica en la capital y otras ciudades cabeceras. Por ello nosotros tratamos de captar a estos consumidores concientes y a la par educar a nuevos consumidores por medio de talleres y estrategias comerciales sobre el valor de la agroecología para el cuidado del medioambiente.

–La necesidad de combate a las plagas que proliferan en sus cultivos, ya que migran de las grandes plantaciones de monocultivos, la escasez de agua por las bajas preci­pitaciones debido a la varia­ción climática, el mercado para la comercialización de los productos y la falta de acompañamiento del Estado en planes de mejora de la producción orgánica de manera sostenible, con insumos y mercados orgáni­cos con precios justos.

–Es posible si se tiene en cuenta que la fuerza de tra­bajo, el tiempo y los meca­nismos de producción son más exigentes que la produc­ción convencional. Pero para hablar de esos precios justos se tiene que acompañar de toda una campaña de forma­ción, de visibilizar el proceso, poder mostrar la trazabilidad de los productos y el empeño de los productores para lograr una cosecha orgánica o por lo menos libre de residuos tóxi­cos. Solo los consumidores concientes e informados pue­den pagar los precios justos.

–Hay algunas artesanías, remeras alusivas a la agro­ecología, pines y otros ele­mentos que promueven la producción agroecológica.

–La experiencia misma del Centro de Estudios Para­guayos Antonio Guasch está cimentada sobre el tra­bajo con los pueblos gua­raníes, nos mueve como centro de investigación y acción social la historia de una sociedad en la que las personas tengan acceso a mejores condiciones de vida, donde puedan traba­jar la tierra y encuentren dónde vender sus produc­tos para que sus hijos estu­dien, coman, vivan digna­mente. El teko katu es la vida posible, la vida donde las necesidades básicas están cubiertas y hay más para una economía del don y la reciprocidad, el inter­cambio de productos y de la propia vida. Ser pleno es la capacidad de vivir bien y compartir el buen vivir con otros que a la vez recompar­ten para generar un círculo generoso de plenitud.

–Sí, nuestros técnicos del Cepag acompañan a los pro­ductores desde el marco de la producción orgánica. Este año iniciamos un proceso de ser certificadores orgánicos con otras instituciones que lideran la certificación orgánica en Paraguay, que­remos que las productoras y los productores sean cada día más autónomos, solida­rios y capacitados en toda la producción orgánica.

“Trabajamos con base en la economía social y solidaria que pre­tende contribuir a la mejora del medio de vida campesino mediante la promoción de una producción sostenible y solidaria”, afirma el sacerdote Simón Martínez, director del Cepag, organización que promueve la red Teko Katu.

La misma está integrada por cuatro nucleamientos regionales: Aso­ciación de Productores Agropecuarios Pojoaju de Yasy Cañy (Apapy), Asociación de Productores para el Desarrollo Integral (APDI), Aso­ciación de Organizaciones Sociales de San Ignacio (Aossi) y la Aso­ciación de Feriantes Kokue Poty de Lima (Afekopol).

Estas comercializan productos campesinos agropecuarios como hortalizas, verduras, frutas de estación, legumbres, granos, carnes (cerdo, gallina), queso y huevos. También algunos procesados como harinas o derivados de mandioca, maíz, maní y coco.

A esto se suman los productos elaborados artesanalmente o en pequeña escala industrial de mano de los mismos campesinos y campesinas: miel y yerba de la APDI. Aceite de sésamo –uno de los pocos que se producen en el país–, mermeladas, dulces de frutas y de leche, miel negra y miel de abeja en Apapy. Mermeladas, miel negra y de abeja en el Afekopol. Mermeladas, conservas, pickles y productos de limpieza en la Aossi, puntualizaron.

Los que deseen adquirir los productos y no puedan acercarse hasta el local pueden optar por el servicio de entregas a domicilio escri­biendo al Whatsapp (0983) 581-585.

Datos del Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica del Ministerio de Agricultura dan cuenta de que en el país viene cre­ciendo la modalidad llegando a las casi 200.000 hectáreas.

Esta tendencia se incrementó en la última década gracias a la aper­tura de nuevos mercados para la producción sin agroquímicos, cuestión que podrá observarse en el X Congreso Latinoamericano de Agroecología, que se realizará del 23 al 25 de octubre de 2024 en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias en el campus de San Lorenzo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El congreso incluirá actividades como talleres, presentaciones de experiencias y “diálogos entre académicos y saberes campesinos, contribuyendo así a un intercambio de conocimientos enriquecedor y diverso”, anticipó la casa de estudios.

“En ese sentido, se alienta a enviar trabajos para su revisión en los diferentes formatos que se prevén. La convocatoria para el envío de resúmenes ya está abierta, con fecha límite hasta el 20 de junio de 2024. Las personas interesadas en obtener más información sobre el proceso de inscripción y los detalles del evento pueden contactar a la secretaría del congreso a través del correo electrónico secretariaxclae@ agr.una.py”, se informó.

El evento abordará el diseño de agroecosistemas resilientes, sis­temas alimentarios locales, nutrición y salud, género, infancias y juventudes, diálogos de saberes y políticas públicas. Se espera que participen académicos, estudiantes, técnicos, productores y comu­nidades originarias de nuestro país y la región.

Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico) arrendó grandes extensiones de tierras destinadas para la reforma agraria, según denunció Manuel Roa, de la comisión de productores “Nueva San Pedro”, del municipio de Bella Vista Norte, que se encuentra a unos 100 kilómetros de la capital departamental.

Los “sin tierras” acusan a esa dependencia de lucrar a costas del Estado paraguayo, en total contravención a lo que establece el estatuto agrario. Es con relación al inmueble individualizado como estancia Salmo 23, incautada en el marco del mega operativo “Pavo Real”. Se trata de un terreno de 1.214 hectáreas que, según la fiscalía, pertenecería al poderoso narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, actualmente preso en una celda de máxima seguridad del Brasil.

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“Esas tierras fueron destinadas a la reforma agraria. No puede ser que, en vez de entregar a los campesinos, tengan que arrendar para sacar provecho económico”, explicaron en coro los hombres del campo.

“Según informaciones que manejamos, son extranjeros”, dijeron al tiempo de sostener que, en más de una oportunidad, escucharon detonaciones de arma de fuego, en horas de la noche y desde el interior del citado terreno, con la finalidad de amedrentarlos.

El pasado 24 de octubre, la comisión de productores “Nueva San Pedro” solicitó a la Senabico informaciones sobre el referido terreno. “Pedimos información por nota, pero ellos nos informaron verbalmente que esas tierras fueron arrendadas”, manifestó Manuel Roa, miembro de la mencionada comisión.

De acuerdo a los datos, hace aproximadamente 4 meses que un grupo de aproximadamente 80 familias campesinas se encuentran apostadas frente al inmueble Salmo 23, en Bella Vista Norte. Piden al gobierno que esos inmuebles les sean entregados para que, de esta manera, los hombres del campo puedan tener acceso a esas tierras que, por ley, fueron expropiadas en el marco de la reforma agraria.

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Por Juan Marcelo Pereira

Este 15 de junio se recuerda la trágica muerte de 17 paraguayos (6 policías y 11 campesinos) en Curuguaty, ocurrida hace 11 años y en circunstancias inexplicables. El trágico suceso generó una gran controversia política y judicial en Paraguay, además del posterior juicio político y destitución del entonces jefe de Estado, Fernando Lugo, concretada en el Congreso faltando poco más de un año para que concluyera su mandato.

“La pregunta sigue siendo la misma que escuchamos hace algunos años ¿Qué pasó en Curuguaty? Tal vez esta fecha sirva para poder seguir exigiendo la respuesta del Estado paraguayo. Nunca se lograron esclarecer los hechos, las causas, los motivos”, dijo el senador del Frente Guasu (FG) Hugo Richer en entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Curuguaty continúan pidiendo Justicia. La tragedia desnudó la problemática de la lucha por el acceso a la tierra, que sigue latente en la actualidad.

“Ese hecho, que fue lamentable y doloroso para nuestro país, se junta con el histórico reclamo de acceso a las tierras por parte de muchos compatriotas campesinos. El problema de la distribución y el acceso a las tierras sigue siendo un problema real y nadie puede ocultarlo. El tema de Curuguaty es parte de ese conflicto, se debe dar una salida al problema de la tierra en ese lugar”, sostuvo el congresista.

El conflicto se originó en el sitio conocido como Marina Cue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Hasta allí llegaron más de 300 efectivos policiales que ingresaron al terreno para efectuar un operativo de desalojo de unos 60 campesinos que estaban instalados en tierras que supues­tamente pertenecían al empresario Blas N. Riquelme, pero que también el Estado reclamaba como suyas.

El enfrentamiento y el resultado fue luctuoso. Sobre las hipótesis, se habla desde un “golpe parlamentario” contra el gobierno de ese entonces, hasta una “simple emboscada” realizada por los labriegos contra los agentes policiales durante el desalojo y que terminó de la peor manera.

“Si fue instrumentalizado o no, es una duda que ojalá alguna vez se aclare, lo que sí sabemos es que sirvió para tumbar un gobierno absolutamente legítimo”, comentó Richer.

La tragedia de Curuguaty, registrada aproximadamente a las 7:30 y a 1.600 metros de la ruta 10 Las Residentas, generó un gran revuelo a nivel internacional. Paraguay fue expulsado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

En la causa fueron sentenciados en el 2016 los labriegos Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Néstor Castro Benítez, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Mari Olmedo, Felipe Benítez Balmori, Juan Tillería, Alcides Ramírez y Adalberto Castro por los delitos de homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble.

No obstante, en el año 2018 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada en su momento por los camaristas Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández (actual fiscal general del Estado) y Arnaldo Martínez, revocó la sentencia condenatoria.

“Hemos llegado incluso a que la condena de los acusados fuera anulada, esto colocó más oscuridad al hecho. Existen muchos episodios en la historia política del Paraguay que nunca se aclararon definitivamente, como el marzo paraguayo por ejemplo”, indicó el senador en referencia a las incertidumbres que hasta hoy persisten sobre Curuguaty.

El abogado y exdiputado del Partido Colorado Óscar Tuma, quien se desempeñó como uno de los fiscales acusadores en el juicio político a Lugo, sostuvo que el principal argumento para su destitución fue “mal desempeño en el cargo”.

Tuma afirmó que Lugo demostró su incapacidad para gobernar, siendo una de las principales causas la tragedia de Curuguaty y la pérdida de 17 vidas paraguayas. “La razón fue la pérdida de confianza, gobernar de manera irresponsable”, dijo en comunicación con La Nación/Nación Media.

El exparlamentario recordó los cincos hechos por los cuales se acusó al expresidente de la República, hasta lograr su destitución y colocar al frente del Poder Ejecutivo al entonces exvicepresidente, el liberal Federico Franco.

• Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación en 2009, para un acto considerado político partidario, durante el llamado Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio.

• Ser el único responsable como instigador y facilitador de las invasiones de tierras en la zona de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, utilizando a las fuerzas militares para generar un estado de pánico en la región.

• Haber sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.

• Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur (conocido como Ushuaia II), que sería una violación a la soberanía. Significativamente, el pacto firmado indicaba que se excluiría del Mercosur a cualquier país miembro en el que hubiera algún tipo de golpe de Estado.

• Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el enfrentamiento de Curuguaty.

• Gobernar de manera “impropia, negligente e irresponsable”, generando “la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas”.

Lejos del revuelo político y judicial generado por varios años, el Estado aún no logró resolver la problemática que desencadenó la tragedia de Curuguaty: las tierras conocidas como Marina Cue. En el mes de diciembre de 2020, el Congreso sancionó el proyecto de ley para la regularización de las tenencias de tierras en la zona.

La iniciativa contemplaba la desafectación de 1.700 hectáreas con el fin de convertirlas en un asentamiento. Sin embargo, fue rechazada en el mes de enero de 2021 por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

Varios campesinos cierran desde el miércoles de forma intermitente la ruta en el cruce Ybyrarobana, departamento de Canindeyú, exigiendo la culminación de un asfaltado. Los pobladores denuncian que las empresas adjudicadas para la obra no están cumpliendo con lo establecido en el contrato.

El vocero de los campesinos, Francisco Hermosilla, explicó este jueves que la medida de fuerza se está llevando a cabo desde el miércoles y exigen que las empresas culminen los trabajos, especialmente en el tramo que une la ciudad de Ybyrarobana con Brítez Cué.

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“Hace tres años fueron adjudicadas tres empresas tras ganar la licitación para el asfaltado de 62 kilómetros y unos 30 kilómetros que une Ybyrarobana con Brítez Cué no se está haciendo nada. Ya renovaron el contrato y las obras no están culminadas”, dijo el poblador en una entrevista con el canal NPY.

Mencionó que hace poco las empresas renovaron contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) luego de tres años, pero hasta el momento los pobladores no tienen el asfalto en el tramo que une Ybyrarobana con Brítez Cué, departamento de Canindeyú.

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“Hay una situación grave, hay mucha gente perjudicada y no hay respuestas. La movilización empezó el miércoles porque es un tramo de 30 kilómetros y los productores pasamos un calvario para entrar y salir de Ybyrarobana y Brítez Cué. Hace un mes que hubo un nuevo compromiso, pero no aparece la empresa”, agregó Hermosilla.

Los campesinos exigen la presencia del ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, para levantar la medida de fuerza en caso que haya un nuevo compromiso de continuar los trabajos, pero advierten que seguirán controlando las obras que deben realizar las empresas adjudicadas.

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