Según la abogada Diana Vargas, experta en Derechos Humanos, no es una novedad que surjan denuncias de abuso y tortura en establecimientos militares, sino más bien ya se convirtió en un hecho cíclico y forma parte de la cultura institucional. Aseguró a la 800 AM que por el ambiente de tensión que se creó tras haberse divulgado el caso, difícilmente los cadetes puedan animarse a aportar más datos sobre las irregularidades que hayan pasado con sus instructores.
La profesional considera que las denuncias surgidas desde la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López (Academil) por parte de familiares de cadetes quedarán una vez más sin ser esclarecidas y en la impunidad. “Paraguay no es como cualquier país donde este tipo de hechos son un escándalo, ruedan cabezas y hay grandes investigaciones. No, aquí por el contrario quedan en la impunidad. Entonces, como sociedad tenemos todavía un problema, nuestro problema es con la democracia”, declaró. A criterio de Vargas, las visitas de legisladores y de representantes de organismos de defensa de derechos humanos tampoco aportan mucho para evitar que se repitan experiencias de esta naturaleza en las unidades militares.
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Comitiva fiscal se constituye en la Academil en busca de pruebas
Una comitiva a cargo de la agente fiscal Sonia Sanguinés, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, se constituyó este jueves en el Hospital Militar Central y también en la Academil ubicada en Capiatá, en torno a la investigación sobre presunta “lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas” contra un cadete.
Posteriormente, los fiscales se constituyeron en la Academil para recabar datos respecto a las personas que habrían prestado servicio en la fecha y hora que ocurrieron los hechos de supuesta lesión. En el lugar, la comitiva fue recibida por el comandante general de Brigada, José Santander Dans, a fin de interiorizarse de la situación del joven cadete Ángel González, según lo publica el portal digital hoy.com.py.
El cadete de 20 años de edad se encuentra internado en el Hospital Militar, tras ser golpeado supuestamente por un superior en la Academil.
El cadete ingresó al hospital el lunes, en horas de la tarde, y al día siguiente fue sometido quirúrgicamente a un procedimiento de esplenectomia para extirpar el bazo del abdomen. El director del Hospital Militar, Dr. Darío Fretes, señaló que el joven llegó de manera consciente y que la Justicia Militar ya tomó intervención del caso.
El joven, presuntamente golpeado, será trasladado mañana viernes hasta una sala normal para los cuidados respectivos.
Según informes, el joven al desvanecerse el pasado lunes fue hasta la sanidad, donde fue diagnosticado y asistido rápidamente. El cadete superior, quien sería el victimario de los supuestos golpes, es investigado por la Justicia Militar, además ya fue remitido a Viñas Cué, desde donde seguirá su proceso abierto por lesión y abuso de autoridad, según la normativa militar. Dentro de este proceso se realizaron procedimientos, entre ellos las testificales a los cadetes compañeros de la víctima, que resultó en la aprehensión del cadete superior, según se manifestó durante la constitución fiscal a la Academil.
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Denuncian agresión en Academil, ministro promete duras sanciones
En una conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Defensa Nacional, Óscar González, se refirió acerca de una agresión registrada en la Academia Militar. La víctima sería Ángel González, un cadete de segundo año, y el secretario de Estado aseguró que el hecho no quedará impune.
“Repudiamos este tipo de actitud en cualquier cuartel, en este caso la Academia Militar. Estamos tomando todas las medidas necesarias para castigar severamente al responsable de este hecho, que consiste en la agresión a un cadete de segundo año”, puntualizó el ministro.
El hecho fue presuntamente ejecutado por otro cadete de cuarto curso, aunque aún no se ha determinado la identidad del responsable. La víctima fue intervenida en el Hospital Militar y el ministro aseguró que actualmente ya se encuentra en buen estado de salud, tras una evolución favorable.
“Ponemos la cara por las Fuerzas Armadas, ya que despreciamos este tipo de hechos. Si bien el cadete no ha denunciado la agresión sufrida, nosotros iniciaremos una investigación y no quedaremos sin efectivizar una acción en consecuencia”, puntualizó González.
González aseguró que el juez y el fiscal militar contarán con todo el apoyo necesario para hacer justicia sobre el caso. Adelantó que el cadete de cuarto año se expondría a una pena privativa de libertad, además de la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas.
“La justicia militar ya está interviniendo en el caso. Esto constituye una preocupación para nosotros, así como también una frustración porque estamos haciendo charlas y seminarios acerca de la nula tolerancia sobre arbitrariedades y hechos de violencia en las instituciones”, subrayó.
González indicó que se analizará el nivel de responsabilidad del director de la Academia Militar. Por otra parte, garantizó que las acciones por erradicar este tipo de hechos seguirán, remarcando además que el espíritu de las Fuerzas Armadas no se vinculan con la violencia por parte de los superiores.
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El miserable corporativismo en busca de la impunidad
La sociedad es testigo y está consciente del perverso juego de protección corporativa de dos cadenas de medios de comunicación a favor de quien fuera su aliado y proveedor –a través del Estado– en el periodo presidencial 2018-2023, y que el juicio anticipatorio de la historia ya ha condenado como el más corrupto de toda la transición democrática. Los tribunales de la república, llegado el momento, solo habrán de confirmar esta sentencia inapelable ante la abrumadora contundencia de las pruebas incriminatorias, no solo en los ministerios del Ejecutivo, sino, y especialmente, en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyas actuales autoridades tienen la responsabilidad moral de aventar las suciedades que todavía se encuentran camufladas debajo de la alfombra.
Desde el primer día de su mandato, advertíamos al presidente Santiago Peña que el mayor desafío que tiene por delante era moralizar nuevamente las instituciones públicas, al tiempo de devolverles eficacia –esto es, lograr los objetivos deseados– en el cumplimiento de sus cometidos fundamentales. Todos los esfuerzos del gobernante y su equipo envían señales inequívocas de que se encuentran en ese camino: el de la rectitud y la capacidad realizadora, mal que les pese a los agoreros del fracaso ajeno. Pero, en la otra ribera, todavía queda una tarea pendiente, y estamos convencidos de que no tardará en ejecutarse.
Aprobados en el Congreso de la Nación los proyectos que tienen categoría de política de Estado y que apuntan directamente a derribar las históricas injusticias sociales, la Auditoría General del Poder Ejecutivo debe exponer a la consideración ciudadana el cuantioso perjuicio de la administración anterior al patrimonio que es de todo el pueblo. Sabemos que se trata de una investigación que requiere pericia, seriedad y cotejo de una voluminosa documentación, para que no queden resquicios o flancos débiles a los que les encantaría disparar a las dos corporaciones mediáticas que decidieron apostar por la impunidad cómplice, presionando y hostigando tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Corte Suprema de Justicia. Y lo hacen con una alevosía que ni siquiera inmuta a ningún periodista de esos medios, quienes, sin embargo, pretenden erigirse en los abanderados de la trasparencia y la integridad.
Los mismos han pisoteado sin ningún escrúpulo ni pudor las reglas más elementales del periodismo, con tal de manipular los hechos, enmascarar la realidad y distraer la atención de los delitos más repugnantes y miserables perpetrados en agravio de miles y miles de familias, de condiciones humildes, quienes, en medio del llanto de la impotencia, veían cómo sus seres queridos morían por la insensibilidad de un Gobierno que prefirió desviar 1.600 millones de dólares, antes que aliviar el dolor de un pueblo asediado por la pandemia del covid-19. Fallecieron por falta de insumos, medicamentos, camas para terapias y, lo más triste, de oxígeno. El resultado fatal, al 15 de agosto de 2023, cuando Mario Abdo Benítez entregó el poder, fue de 19.880 decesos. Muchos de ellos pudieron ser evitados, si no fuera tanta la angurria, la improvisación y la dureza de corazones de quienes pensaron exclusivamente en sus bolsillos y no en el sufrimiento de la población. Los escasos hospitales de contingencia solo fueron montados con el propósito de propiciar las fotografías en los medios amigos y así continuar con el despilfarro de los recursos del área de la salud.
Este es el personaje y su equipo a los que están defendiendo estas corporaciones. Lo están haciendo ahora ante las irrebatibles pruebas de que utilizaron las instituciones del Estado para filtrar informaciones adulteradas algunas, y confidenciales otras, para tratar de eliminar de la carrera electoral a sus enemigos internos de la Asociación Nacional Republicana. Maniobra infame a la que se prestaron los bien identificados medios de comunicación por una doble y espuria motivación: la primera, para extender un manto oscuro de defensa sobre su aliado político y comercial; y la segunda, para obstaculizar cualquier iniciativa jurídica emprendida por los líderes del movimiento Honor Colorado en procura de justicia. Hasta pretenden, en un cinismo y descaro sin límites, deslegitimar la mayoría que hoy tiene el Partido Colorado en las cámaras de Diputados y Senadores, en alianza con representantes de otros sectores políticos democráticos. Sin embargo, en el pasado reciente celebraban la que fuera construida prioritariamente contra el cartismo entre los leales a Mario Abdo Benítez y sus satélites del Partido Democrático Progresista (PDP), liderados por la ahora exparlamentaria Desirée Masi. Sinuoso trayecto que hoy continúa con puntillosa fidelidad su marido, el senador Rafael Filizzola. Ahí es cuando la hipocresía exhibe su rostro más despreciable ante una sociedad frente a la cual perdieron todo vestigio de confianza y credibilidad. Y lo hicieron por sus propias acciones, al promover un corporativismo para la impunidad; en otras palabras, para dejar sin castigo al voraz latrocinio público, el despilfarro en avisaje fiscal y publinotas empalagosas, y la grosera manipulación de los organismos del Estado para atacar a sus enemigos políticos. Y a esta campaña se sumaron algunos seudoopositores, evitando el desafuero de quien, alguna vez, más pronto que tarde, deberá enfrentar estos cargos y rendir cuentas ante la Justicia. El pueblo, repetimos, ya lo hizo hace rato.
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Lucha contra la corrupción e impunidad es clave para EE. UU.
El coordinador de Anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Richard Nephew, realizó su segunda visita a nuestro país, oportunidad en la que se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, miembros de su gabinete, otros poderes estatales y con varias organizaciones civiles.
“Durante estas productivas reuniones mencionamos que la lucha contra la corrupción es clave para la seguridad nacional, es una prioridad de política extranjera para Estados Unidos e incluye nuestro compromiso en apoyar a una sociedad libre e independiente así como la prensa independiente y el sector privado”, manifestó Nephew.
A lo largo de los diversos encuentros, el representante del Gobierno estadounidense conversó sobre las potenciales áreas de colaboración para continuar abordando temas principales como la corrupción, según indicó, al tiempo que mencionó que para que esto sea posible, la lucha contra la impunidad es esencial.
“La rendición de cuentas y la reducción de impunidad son fundamentales en poder abordar y prevenir la corrupción. El abordaje de la corrupción es esencial para que Paraguay pueda expandir su economía mientras que cuida su democracia”, afirmó el coordinador del Departamento de Estado.
El gobierno de Estados Unidos continuará utilizando herramientas para avanzar en pos de esta agenda, afirmó Nephew, quien señaló que esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de justicia criminal, control y en las instituciones con responsabilidades en esta área. Asimismo, sostuvo que el Gobierno norteamericano está unido y que mantiene una comunicación directa y fluida con la embajada de dicha nación en Paraguay.
Antes de las declaraciones de Nephew, el embajador Marc Ostfield brindó unas breves palabras en las que refirió que esta segunda visita del coordinador de Anticorrupción representa la reafirmación de Estados Unidos en su apoyo en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y además destacó el apoyo que están recibiendo de parte de este funcionario de Estado.