Reclaman justicia y que el padrastro vaya a Tacumbú
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En una manifestación realizada ayer por familiares frente a la sede judicial señalaron que el padrastro de la niña es el único sospechoso hasta el momento para la Fiscalía.
A poco más de 90 días de la misteriosa desaparición de la pequeña Juliette, la niña sigue sin aparecer y el abuelo de “Yuyú”, como era llamada la menor, Rufino Zapata, dijo ayer que se necesitaba acelerar la investigación, durante la protesta realizada frente al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional.
El abuelo pide que se haga justicia y que el padrastro vaya a la Penitenciaría de Tacumbú. “Que se haga justicia y que el señor pase a la penitenciaría y que también hable. Es el único sospechoso hasta el momento para la Fiscalía y la Policía de Criminalística”, indicó.
Zapata agregó que eso fue lo que les dijeron esta semana y que no tienen otro. “Es el único responsable, entonces vamos a apretar para que le manden adentro y pueda hablar porque ahí está demasiado bien, ese es un hotel, hasta mozo tiene ahí donde está”, expresó el abuelo de la niña.
Recordemos que su madre, Lilian Zapata, y su padrastro, Reiner Helmut Oberuber, guardan prisión preventiva por violación del deber de cuidado y abandono.
Es importante mencionar que el pasado 7 de julio se realizó una serie de allanamientos que fueron los últimos, uno en Atyrá y otro en Caacupé, en Cordillera. En total se realizaron 17 operativos, entre allanamientos y rastrillajes, en diversas ciudades como Emboscada, Cabañas, Caacupé y Arroyos y Esteros, todos sin resultado.
El 15 de julio se cumplieron 3 meses de la desaparición de Juliette del establecimiento Monte Pacará en Emboscada. La madre y el padrastro de la pequeña, Lilian María Zapata y Reiner Helmut Oberuber, fueron detenidos e imputados por violación del deber de cuidado y abandono. Ambos guardan prisión preventiva en Asunción.
De acuerdo a la versión que dieron tanto el capataz como el alambrador de la vivienda ubicada en Monte Pacará, la niña no pudo haber abandonado el inmueble por sí sola, lo cual hace poco sostenible la teoría de que fue detrás de las cabras, afirmó el fiscal del caso, Carlos Maldonado.
Una adolescente nativa de 15 años habría asesinado a garrotazos a su hermanita de cinco años en una comunidad indígena del distrito de Capitán Bado (Amambay). La menor tendría algún trastorno mental, además de ser inimputable según las leyes, por lo que tras la intervención judicial fue devuelta al hogar.
El trágico suceso se produjo el domingo en horas de la tarde en la comunidad indígena Guaraní, jurisdicción de Puendy, a unos 65 kilómetros de la citada ciudad. De acuerdo con la Policía, la joven habría asestado un duro golpe en la cabeza a la pequeña que falleció al instante.
“Lamentablemente tuvimos que informar también un hecho de homicidio en el que resultó víctima fatal una menor de cinco años de edad, sindicándose como supuesta autora a su hermana de 15 años”, informó el comisario César González a la 1080 AM.
El policía dijo que la presunta fratricida es “una enajenada mental” y está exonerada de ser sometida a la Justicia. “Justamente el fiscal que está llevando la causa también tiene un caso de esta familia y conoce las características de esta familia. Entonces, dio entrega nuevamente la menor a su mamá”, refirió.
Aparentemente todos los miembros de la citada familia presentan la misma condición mental, según los investigadores. “Así me estaban comentando los oficiales intervinientes que toda la familia sufre de esta enfermedad. Esta niñita tenía cinco años de edad y su hermana es la autora que le golpeó la cabeza con un palo, tiene 15 años de edad”, manifestó.
El agente policial indicó que la casa de la familia indígena está en una zona muy alejada del poblado de Capitán Bado. “Es la colonia indígena Guaraní, jurisdicción de Puendy, distrito de Capitán Bado, es un poco alejada”, concluyó.
Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
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La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
Copia de la nota de urgimiento presentada por el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, ante el Ministerio Público
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
En la penitenciaria Regional de Ciudad del Este, situada sobre la Avda. Rogelio Benítez del Barrio Boquerón, se encontró un túnel que presuntamente podría ser utilizado para la fuga de los reclusos que están privados de su libertad en la mencionada cárcel.
Ya han tomado intervención las autoridades penitenciarias de Alto Paraná que a su vez van a poner a conocimiento del Ministerio Público que tendrá que investigar el presente hecho.
Durante la intervención se encontró e incautaron de varias herramientas que eran utilizadas para cavar el túnel. Todos los elementos incautados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para su estudio correspondiente. En caso de que se pueda identificar a los autores de este hecho, los mismos podrían ser pasibles de una imputación siempre y cuando se tengan elementos de prueba.
En el año 2022, El Ministerio de Justicia informó que tras un trabajo de inteligencia penitenciaria en colaboración con la Policía Nacional, se detectó un túnel en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
El túnel fue hallado en una celda del pabellón en el que se encuentran recluidos internos pertenecientes a la facción criminal Primer Comando Capital (PCC). En su momento, fueron identificadas 16 personas privadas de libertad como las responsables de la excavación.
Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
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Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Beneficiarios de Prieto no eran de Ciudad del Este
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
Una misma persona firmó por varias como beneficiaria de kits de víveres
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.