Por segunda vez, efectivos de la Policía Nacional recurrieron al uso de un arma de electrochoque, denominado Taser, en Paraguay, para reducir a un hombre.

Anoche, efectivos policiales aplicaron este tipo de arma durante la detención de una persona que violó su arresto domiciliario, en un hecho registrado en la ciudad veraniega de San Bernardino.

El sospechoso está imputado por hurto agravado en el 2026, y también cuenta con antecedentes por hurto agravado en 2025 y 2026.

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Por momentos, el procedimiento de detención se vio complicado debido que el implicado actuó con mucha fuerza y agresividad, incluso oponiendo resistencia para intentar evadir el arresto por parte de los uniformados.

Ante esta situación, los policías optaron por la utilización de la pistola Taser para reducir al hombre y proceder a su detención.

La Policía Nacional recurrió al uso de pistolas Taser por primera vez de forma oficial el 10 de marzo de 2023, cuando agentes del Grupo Lince detuvieron a un hombre en el barrio Kambala de Asunción.

Un arma de electrochoque es un arma diseñada para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunde a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente.

El dispositivo Taser ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.

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La Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (DEC), dependiente del Ministerio del Interior no dispuso el uso en Paraguay de la tobillera electrónica a favor de Jonas Machado Da Silva (23), cuya aprehensión fue concretada ayer por policías en Canindeyú.

Efectivamente no se dispuso nunca en Paraguay el uso del DEC al señor en cuestión, afirmaron desde el ente ministerial, agregando que el dispositivo electrónico no es de origen paraguayo.

“En cuanto de qué origen es ya no tenemos información alguna justamente por no ser usuario en nuestra oficina”, agregaron. Esta situación señalaría que la tobillera sería de origen brasileño, considerando que el detenido registra su domicilio en una ciudad fronteriza.

Jonas fue detenido ayer martes por efectivos policiales de la subcomisaría de la Colonia Alborada, luego de un incidente registrado en la estancia Karanda´y Poty, ubicada en el departamento de Canindeyú.

El mismo cuenta con una denuncia por un presunto hecho de violencia familiar, amenazas y alteración del orden en el interior de un establecimiento rural. Es decir, contaba con una orden de captura vigente, y acusado de agredir y amenazar a su pareja y a otras personas.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció que la “izquierda radical” en América Latina es financiada por el narcotráfico, y criticó las protestas que enfrentó el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en un discurso al inaugurar la Asamblea General de la OEA el lunes. Desde principios de mayo, sindicatos, indígenas y cultivadores de coca bloquearon carreteras en varios puntos del país en contra de Paz, a quien responsabilizan de la peor crisis económica del país en 40 años.

Paz llegó a un acuerdo el viernes con la principal central obrera para pacificar el país y decretó un estado de excepción. Ayer lunes, el expresidente izquierdista Evo Morales anunció el levantamiento temporal de los últimos cortes de rutas. “El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, dijo Mulino.

“Este es un problema serio, muy serio, que estamos enfrentando todos como podamos (...) los problemas de Rodrigo Paz no son distintos a los de cualquier país amenazado por la izquierda radical y el narcotráfico que lo financia”, añadió.

Mulino también manifestó que avaló una propuesta de la OEA para enviar a Bolivia una misión de cancilleres y ministros de seguridad y defensa para apoyar a Paz y evaluar la situación en ese país. Paz, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa al expresidente Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos.

Fuente: AFP.

La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.

La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.

La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.

Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.

El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.