Las incursiones realizadas en el departamento de Amambay en el marco de la operación Nueva Alianza 56 permitieron sacar de circulación 498 toneladas de marihuana, con un perjuicio económico de más de USD 73 millones para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que la operación finalizó después de 10 días de incursiones en zonas boscosas de Amambay. En las intervenciones fueron destruidos 24.485 kilos de marihuana, también desmantelados un total de 71 campamentos clandestinos y erradicadas 158 hectáreas de cultivos de la droga, “evitando que 474 toneladas de cannabis llegaran al mercado criminal”, detalló la institución en el reporte.

Nueva Alianza 56 contó la participación de miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevaron a cabo las tareas con apoyo de helicópteros de la Policía Federal de Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público.

Entre los procedimientos efectuados se destaca el realizado en una zona de Aguará Vevé del distrito de Capitán Bado, que permitió desmantelar un megacentro de producción marihuana mecanizada. El cultivo contaba con riego automatizado e invernaderos hidropónicos.

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En el marco de estas intervenciones se desarrollaron 16 operativos desde agosto de 2023, arrojando como resultado pérdidas para las estructurales criminales por USD 1.600 millones, había informado la Senad en mayo tras culminar Nueva Alianza 55.

Durante estos procedimientos fueron erradicadas plantaciones de marihuana, incautados 623 toneladas de marihuana procesada y cosechada; así también se desmantelaron 1.218 campamentos que eran usados además como bases logísticas utilizadas para la producción y acopio de la droga.

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Agentes Antisecuestros de la Policía Nacional detuvieron este viernes a seis ciudadanos colombianos señalados como integrantes de una presunta organización dedicada a secuestros y extorsiones. Además, rescataron a una víctima, igualmente de nacionalidad colombiana.

“La víctima estaba siendo torturada”, mencionó en la 1020 AM el comisario Juan Pereira, director del Departamento de Antisecuestro, quien junto al comisario Nimio Cardozo, jefe del mismo departamento, brindaron detalles del operativo.

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En Asunción fue detenido quien sería el líder de la banda. Además, en Luque fueron detenidas otras cinco personas. La intervención policial, denominada “Operación Gota a Gota”, se realizó tras el rescate de un ciudadano colombiano que habría sido secuestrado y aparentemente torturado en nuestro país.

“Es una operación que desarrollamos en base a una denuncia que se realizó en Medellín. La persona denunció que su hermano fue secuestrado en fecha 4 de agosto en Paraguay, específicamente en Asunción”, informó a la 1080 AM el comisario Nimio Cardozo.

Añadió que en base a eso, se activó el protocolo, informaron al fiscal Lorenzo Lezcano de la situación y empezaron a hacer las primeras diligencias investigativas.

“El día de ayer (jueves) pudimos confirmar que fue secuestrado y torturado. Tenemos videos y audios que se le enviaban a sus familiares en Medellín solicitando la suma de 25 millones de pesos colombianos, aproximadamente 50 millones de guaraníes”, precisó el jefe policial.

Estuvieron buscando el lugar donde se podía localizar al extranjero y, después de la tormenta de anoche, pudieron liberar a la víctima. Este viernes, a primeras horas, mediante autorización judicial, procedieron a realizar dos allanamientos simultáneos, uno en el barrio Tablada de Asunción y el otro en el Tercer Barrio de Luque, donde capturaron a una persona.

“Totalizamos seis personas aprehendidas, todos colombianos”, indicó. Están a cargo del Ministerio Público. El experto refirió que “esta modalidad gota a gota es muy peligrosa y muy común en Colombia”.

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Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.

Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.

Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.

Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.

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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.

“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.

Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.

“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.

De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.

Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.

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Alrededor de 1.000 frascos de Tirzepatida, aparentemente falsificados, fueron incautados en un allanamiento llevado a cabo este jueves en Pedro Juan Caballero. En el procedimiento quedaron detenidos dos brasileños y un paraguayo. Los aprehendidos fueron identificados como Marco Antonio Teixeira Furtado (37) y João Paulo Moura Neves (33), ambos de nacionalidad brasileña, además de Juan Martínez Ovando (32), paraguayo.

La intervención, a cargo de agentes del Departamento de Delitos Económicos, con apoyo del Grupo GEO y el Ministerio Público, se llevó a cabo en una lujosa vivienda del bario Mariscal Estigarribia, donde presuntamente funcionaba un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de medicamentos falsificados de Tirzepatida.

La fiscal Katia Uemura explicó que en el lugar encontraron varios elementos que serían utilizados para la elaboración del producto utilizado como adelgazante. Entre ellos, materiales propios de laboratorio, maquinarias, envases de vidrio, embalajes de cartón y otros insumos relacionados con el proceso de producción, informó Radio Imperio 106.7 FM.

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“Encontramos elementos propios de laboratorio, materiales para embalaje y maquinarias para producir la marca”, señaló la agente fiscal.

El medicamento presuntamente era destinado a la comercialización. En ese sentido, los detenidos habrían manifestado que cuentan con una farmacia ubicada en el Shopping Dubai, donde supuestamente ofrecían el producto. Los intervinientes incautaron tubos de ensayo, dosificadoras, máquina para baños ultrasónicos, agitador magnético, lapiceras inyectables, elementos para embalar cartón. Asimismo, varios embalajes de vidrios para goteo, suero, adhesivos de seguridad, entre otros. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de la operación y la responsabilidad de los involucrados.

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