La Fiscalía imputó a Francisco Canatta, más conocido como “Masivo Bro”, por presunta incitación a cometer delito electoral, específicamente, soborno al elector. El creador de contenido fue detenido el domingo tras ser sorprendido con una importante suma de dinero en efectivo cuando se dirigía a un local de votación.

El influencer exhibió fajos de billetes, aproximadamente G. 10 millones, en un local electoral de Luque, donde su primo, Nelson Canatta, se encontraba en competencia. El procedimiento derivó en la incautación del dinero y su traslado a la Comisaría 3.ª de Luque. Investigan el origen del dinero y si existieron hechos relacionados con el proceso electoral.

Por el momento, la Fiscalía tropieza con el inconveniente de que no existe la contraparte que supuestamente recibió el soborno, ya que la policía actuó de oficio. No obstante, se le aplicará una medida cautelar y se expone a cinco años de cárcel.

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El detenido se presentó este lunes ante la agente fiscal Sophia Galeano, de la Fiscalía n.º 8 de Luque, en el marco de la investigación. La representante del Ministerio Público aplicó la imputación en contra del influencer por haber incitado a cometer un hecho punible, consistente en el soborno a un elector.

Sin embargo, el imputado no asumió la responsabilidad del hecho. “Mi intención era volver al auto a buscar de mi documento porque me olvidé y al volver me detiene la policía. Yo no puedo negarle a mis fans que me piden fotos. Yo siempre tengo dinero conmigo porque justamente hago contenido, hago publicidad”, declaró a los medios de prensa.

La madre de “Masivo Bro”, Josefina Gonzalez Canatta, también fue detenida por intentar llevar dinero incautado. Al igual que su hijo pasó la noche en la dependencia policial y este lunes prestará declaración.

“Mamá llegó a la comisaría y se puso muy nerviosa. Ve la plata en la mesa y dice: “no le van a quitar la plata, él se lo ganó”. Agarra toda la plata y mi teléfono, guarda en su cartera y se queda ahí. En ningún momento intentó huir del lugar”, manifestó Canatta.

En ese sentido, la mujer sería procesada por apropiación de evidencia. “Mi mamá es muy brava, tiene ese carácter y no controla sus impulsos. El Policía no le da explicaciones y se pone más nerviosa”, refirió.

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La estrella colombiana Shakira, que en el pasado se enfrentó con Hacienda en España, obtuvo un triunfo luego de que la Justicia española anulara una sanción fiscal y ordenara que se le devuelvan más de 64 millones de dólares.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dispuso a mediados de abril “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales” del ejercicio fiscal de 2011, según un documento al que tuvo acceso la AFP este lunes.

La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), según el documento.

Shakira, que llegó a comparar a la Agencia Tributaria española con la Inquisición, celebró la decisión, que a su juicio “ha puesto las cosas en su sitio”.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, escribió en un comunicado la artista de 49 años.

“Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, señaló la cantante.

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Shakira dijo esperar que el fallo cree “precedente” para “miles de ciudadanos anónimos” que son “aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.

El núcleo de los conflictos de Shakira con Hacienda en España tuvieron que ver principalmente con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

Pero en aquella época, la intérprete de éxitos mundiales como “Hips dont’ lie”, “Waka, Waka” y “Dai Dai”, esta última la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026, no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.

Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.

Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.

La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio por los presuntos delitos fiscales en esos años que prometía exponer su vida privada.

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Según el fallo conocido este lunes, “la Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España” en 2011 “más de 183 días”.

“Da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011”, agrega.

La cantidad que se le debe reintegrar engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones de euros), la multa impuesta en su momento por infracción “muy grave” (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.

Hacienda también había iniciado un procedimiento por el año 2018, y la artista tuvo que abonar 6,6 millones de euros de regularización por “irregularidades” en su declaración de la renta de 2018.

Este caso, lleno de giros, inspiró una serie titulada “Celeste”, protagonizada por una inspectora de Hacienda española que investiga la posible evasión fiscal de una estrella internacional de la música latina.

Shakira actuará en concierto en España por primera vez desde 2018, con doce fechas previstas en Madrid, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Además de Shakira, varias personalidades han tenido problemas con la Hacienda española, como los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, también condenados a multas de varios millones de euros.

• Fuente: AFP

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La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, concedió dictamen positivo al proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa surge ante la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del deudor una vez que ha cumplido con el pago total de una obligación.

Actualmente, a pesar de que el deudor salda su deuda, subsiste una vulnerabilidad al no recuperar el pagaré que firmó. Este título de crédito, al permanecer en poder del acreedor o de terceros, podría ser utilizado de mala fe para iniciar acciones judiciales indebidas o ser negociado, generando un perjuicio grave al ciudadano.

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“El pagaré, como documento formal de la deuda, es la prueba más fehaciente de su existencia, por lo tanto, su devolución al deudor en el mismo acto de la cancelación es el corolario lógico del principio de la buena fe en las transacciones comerciales”, expresa parte del documento.

Agrega que el objetivo de esta ley es proteger al deudor, ya que al exigir la entrega del pagaré, se busca garantizar que la obligación, realmente, se extinga y se elimine cualquier riesgo de litigios futuros basados en un título de crédito ya pagado.

Además, la propuesta normativa establece un régimen sancionador que dota a la ley de la fuerza necesaria para ser efectiva.

En su artículo 1, el proyecto menciona que la propuesta tiene por objeto establecer la obligación ineludible para el acreedor de una deuda quirografaria, instrumentada en uno o más pagarés, de entregar dichos títulos de crédito al deudor en el acto de la cancelación o pago total de la obligación.

Asimismo el artículo 2°, indica que la entrega del pagaré cancelado constituirá plena prueba de la extinción de la obligación. En caso de que el acreedor alegue la pérdida o extravío del título de crédito, deberá entregar al deudor un recibo de pago y una declaración jurada ante escribano público en la que manifieste la extinción de la obligación y la imposibilidad de presentar el documento.

En materia sancionatoria, la norma es contundente. El acreedor que sin causa justificada se niegue a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20 % del monto de la deuda pagada, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia del afectado.

La iniciativa, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Además ya está incluido su tratamiento este martes durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

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El abogado Ricardo Preda consideró pertinente que el juez Osmar Legal decida devolver al Ministerio Público la imputación formulada contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para encuadrar los hechos atribuidos. “Estas son las decisiones que confirman que un sistema judicial, dentro de todas las críticas, que se le puede hacer funciona”, dijo.

“Me parece plausible que el juez tome una posición diciendo que no reúne los requisitos porque esto dentro de todo desmitifica un poco de que la justicia está en manos de un sector político, pero si me preguntan mi opinión sobre el contenido de la decisión y si se ajusta a lo que debería entenderse como una imputación que reúna o no los requisitos, yo creo que la decisión del juez Legal es errada“, refirió el representante legal del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Preda acotó: “La imputación claramente reúne todos los presupuestos que la ley establece como, por ejemplo, un relato de los hechos, el cual significa establecer el tiempo, el modo y lugar de la conducta de una persona. Acá hay dos porciones de hechos claramente atribuidas a Wiens”.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

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Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto, se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006.

Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido. Wiens se encuentra imputado por el Ministerio Público, por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del proyecto Metrobús.

“Acá nadie podría discutir que una persona no entendería qué es lo que se de atribuye. Esta fuera de toda discusión que no existe un juicio de valor desprovisto de relatos de hechos, claramente hay relatos de hechos bien concretos que se le atribuyen a Wiens“, sentenció Preda.

Por otra parte, el abogado explicó que la reapertura de la causa contra Ramón Jiménez Gaona, en torno al fallido proyecto vial, no significa que el juzgado haya rechazado el pedido de sobreseimiento definitivo realizado días atrás por los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.

“Esas afirmaciones de que hubo un revés porque el juez no otorgó el sobreseimiento definitivo es falso, ya que el juez no puede otorgar automáticamente el sobreseimiento definitivo ante un requerimiento de la Fiscalía, pues debe sustanciarse previamente a una audiencia preliminar y ahí se estudia el requerimiento de la Fiscalía“, comentó.

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