El traslado de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, líder de una organización narcotraficante, desde Minga Guazú a la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada se dio como medida de seguridad, aclaran las autoridades del Ministerio de Justicia.
“El tema de máxima seguridad se compone de tres elementos: edilicio, el factor tecnológico y el personal humano. Ediliciamente es imposible tener nada eléctrico en la celda porque no hay posibilidad de conexión alguna”, dijo el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel.
A su vez, el director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Rubén Peña, aseguró que el traslado no se concretó a espaldas de la jueza Luz Martínez.
“Hemos hecho unos procedimientos anteriormente también, históricamente podemos retrotraernos inclusive a la operación Veneratio por la cual tomamos otra vez el control absoluto de la penitenciaría y posteriormente se realizaron todas las comunicaciones de todas las personas”, expresó en conferencia de prensa.
Te puede interesar: Tener conocimientos de inglés es un requisito para ingresar a la UPTP
Afirmó que todos los traslados de “personas de alto perfil” recluidas en el sistema de máxima seguridad se concretaron con autorización del juzgado especializado de lucha contra el crimen organizado.
“Las razones principales de no informar por adelantado de estas acciones tienen que ver con los sistemas de seguridad. Cuando una persona de este nivel y del poder que tienen de influir en otras personas van a ser trasladadas de una instalación a otra se toman medidas especiales. Nosotros recurrimos a la fuerza pública, en este caso a la Policía Nacional que ha utilizado sus mejores hombres”, manifestó.
Leé también: Mujer cenó gratis por un año estafando a lomitero en Ñemby
Dejanos tu comentario
Plan antinarco de Uruguay prevé ampliar la presencia militar en fronteras
El gobierno de Uruguay presentó el jueves un plan de seguridad pública centrado en la lucha contra el narcotráfico, que prevé ampliar las competencias de las fuerzas armadas y aumentar la presencia militar en las fronteras. Es “una estrategia nacional de seguridad”, dijo el presidente izquierdista Yamandú Orsi, al dar a conocer la iniciativa, que para su puesta en marcha requiere aún aprobación del Congreso.
Uruguay, un pequeño país sudamericano de 3,5 millones de habitantes considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica, ha registrado un repunte de la criminalidad en los últimos años, atribuido en gran parte a un aumento del narcotráfico. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el gobierno pretende ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico y la vigilancia de las fronteras.
“Queremos ampliar el ámbito de jurisdicción que le corresponde a las Fuerzas Armadas”, afirmó junto a Orsi. También se busca ampliar las competencias de la vigilancia castrense. “Esto se traduce en un centro de comando unificado en seguridad de fronteras que va a compartir la información que recaban los medios tecnológicos”, de las Fuerzas Armadas y la Policía, precisó Negro.
El ministro destacó que, desde la llegada de Orsi al poder, en marzo de 2025, se incautaron más 9 toneladas de droga y más de 250 millones de dólares en sustancias, efectivo y bienes.
Uruguay no produce cocaína, pero en los últimos años se detectaron en puertos europeos grandes cargamentos de droga que pasaron por Montevideo, lo que parece indicar que el país se convirtió en un lugar de acopio.
Al aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico se sumó en 2025 una nueva señal de alerta cuando la fiscal de Corte y reconocida fiscal de estupefacientes sufrió un atentado a su casa, que se saldó sin heridos.
La Policía detuvo a varias personas en relación con el caso, pero apuntó como uno de los posibles autores intelectuales al uruguayo Sebastián Marset. Considerado uno de los máximos capos del narcotráfico en el Cono Sur americano, Marset fue capturado este mes en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.
El gobierno de Oris pretende también penas más duras para el porte ilegal de armas en lugares públicos, y nuevo soporte tecnológico para luchar contra la violencia de género y los ciberdelitos.
También se plantea avanzar en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad anunciadas por Orsi este mes, al cumplir un año en el cargo. Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayores tasas de población carcelaria, con cerca de 17.000 personas, y 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Gustavo Ramón Ferriol Rojas es el nuevo director de la Penitenciaría de Tacumbú
Este miércoles, el Ministerio de Justicia informó que Gustavo Ramón Ferriol Rojas, asumió como nuevo director de la Penitenciaría de Tacumbú. Tras el acto de toma de mando, rindieron un emotivo homenaje al exdirector y recordando su legado, vocación de servicio dentro de la institución.
Es así que desde hoy el abogado Gustavo Ferriol pasa a ser el director interino de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, mediante la resolución n.° 201/2026. El ministro Rodrigo Nicora, dio sus mejores deseos a la nueva cabeza del penal y demostró todo su apoyo en la toma de decisiones.
“Queremos y creemos que Tacumbú puede seguir mejorando, ustedes tienen que ser el brazo ejecutor de ese cambio. Expreso todo mi apoyo al Dr. Ferriol, convencido de que hará un gran trabajo”, confirmó Nicora, durante el acto.
Lea también: Alertan sobre sistema de tormentas que afectará Asunción y cinco departamentos
Agregó que es muy importante el trabajo en conjunto y el compromiso de todos los funcionarios para avanzar hacia un modelo penitenciario más eficiente. “Estamos más unidos y fuertes que nunca para hacer bien las cosas”, puntualizó.
Nicora rindió un emotivo homenaje al exdirector Luis Esquivel Ugarte, recordando su legado, vocación de servicio y aporte a la institución. Esquivel fue hallado sin signos de vida el domingo pasado en su departamento, ubicado en el edificio Parejera, sobre la calle Coronel López y Doctor Paiva.
Dejanos tu comentario
El “Gran Hermano” policial de Sao Paulo ya capturó a 3.000 fugitivos
En pleno centro histórico de Sao Paulo, un “prisionómetro” -contador de personas presas- marca la entrada a la central de monitoreo de Smart Sampa: un “Gran Hermano” donde decenas de policías controlan la vida de la megalópolis en pantallas. Con 40.000 cámaras en la ciudad más rica y poblada de Brasil, Smart Sampa es el mayor sistema de reconocimiento facial por inteligencia artificial de América Latina, un programa de vigilancia pública que las autoridades exaltan, aunque aún muestra un considerable margen de error.
Frente a una inseguridad urbana que alarma a sus ciudadanos, Sao Paulo implementó a fines de 2024 esta tecnología que ya encarceló a casi 3.000 fugitivos detectados mediante el cotejo en tiempo real de las imágenes de las cámaras con datos judiciales. Apresó, además, a casi 4.000 personas por delitos en flagrante.
“Con los fugitivos que atrapó el sistema, podemos llenar siete cárceles. Hoy ya no puedo imaginar a Sao Paulo sin Smart Sampa”, se felicita en el centro de monitoreo el secretario municipal de Seguridad, Orlando Morando, por este programa que cuesta unos dos millones de dólares mensuales.
A modo de ejemplo, carga una foto de sí mismo y en un instante consigue ver todos los momentos y lugares de Sao Paulo -con unos 12 millones de habitantes- en los que su cara pasó por alguna cámara. “Me recuerda al libro ’1984′ (sobre un régimen totalitario, de George Orwell), con todo ese control de personas: me encanta, apruebo 100 %”, dice Sonia Ferreira Silva, una jubilada de 68 años, frente a un camión de Smart Sampa, un puesto de vigilancia móvil en la emblemática avenida Paulista.
Arrestos indebidos
Informes oficiales de transparencia analizados por la AFP muestran que más del 8 % de personas arrestadas el primer año después de que Smart Sampa las reconociera como fugitivas debieron ser liberadas por tratarse de errores. Al menos 59 detenidos fueron sueltos porque el sistema los confundió con otros ciudadanos.
En diciembre, un jubilado de 80 años estuvo horas arrestado porque Smart Sampa lo confundió con un violador. Un mes antes, un grupo de pacientes psiquiátricos hacía terapia en un centro de salud mental cuando irrumpieron policías armados y se llevaron esposado a uno de ellos. Tras horas en la comisaría, el detenido fue liberado. Según las autoridades, su orden judicial de arresto ya no tenía vigencia.
El sistema no sólo se nutre de cámaras en las calles sino también en edificios públicos -incluyendo centros de salud- y privados que lo admiten. Al menos 141 personas fueron detenidas por órdenes de arresto desactualizadas, pero el gobierno paulista argumenta que esos equívocos no son culpa suya sino del poder judicial. “Nadie quedó preso por error: las personas fueron liberadas” en esos casos, dice Morando, en nombre del gobierno del alcalde conservador Ricardo Nunes.
“Otros” presos y menos robos
Sao Paulo sufre altos índices de delitos patrimoniales: en 2024, cerca de uno de cada cinco robos de celulares en Brasil -incluyendo asaltos violentos- ocurrieron en la ciudad. Entre los fugitivos atrapados por Smart Sampa, casi la mitad cayeron por casos tipificados como “otros” en datos oficiales. Casi todos ellos corresponden a deudores de pensiones alimenticias, un delito civil “que poco tiene que ver con la seguridad pública”, según el informe “Smart Sampa: ¿Transparencia para quién? ¿Transparencia de qué?”.
“Smart Sampa se presenta como solución al crimen, pero se usa para control civil”, advierte Amarilis Costa, directora de la red de abogados Liberdade y coautora del informe junto a otras ONG. El gobierno denuncia intentos de “desacreditar” a Smart Sampa e insiste con números: anunció una caída de robos de casi 15 % en 2025.
“Ningún prejuicio”
Por otro lado, los datos oficiales no registran la identidad racial de más de la mitad de los presos, una “laguna de información” que impide saber si Smart Sampa peca de “racismo algorítmico” en un país con una de las mayores poblaciones negras del mundo, según Costa. Estudios en distintos países han sugerido que el reconocimiento facial por IA suele equivocarse más con personas negras.
El gobierno aduce que la falta de datos es responsabilidad de la justicia. “Smart Sampa no tiene ningún prejuicio, aquí no arrestamos por color”, asegura Morando. La mayoría de los presos por Smart Sampa cayeron en barrios periféricos y una buena parte son inmigrantes del interior pobre brasileño.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Hohenau: refuerzan seguridad con operativo policial
La Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Itapúa puso en marcha un operativo de patrulla y rastrillaje en distintos barrios y compañías del distrito de Hohenau, tras violentos asaltos perpetrados el fin de semana, a fin de prevenir nuevos hechos punibles.
El procedimiento inició el martes, abarcando puntos estratégicos como zonas de mayor circulación y potencial riesgo, donde los agentes realizaron controles aleatorios de personas y verificación de vehículos.
Las tareas preventivas se realizaron con la participación del personal de prevención y seguridad, con apoyo del Grupo Lince, bajo la coordinación del comisario principal Alver Maciel, jefe de la Comisaría 12.ª de Hohenau.
Te puede interesar: Limpio: desconocidos balearon una vivienda
La unidad Z12 se ocupó del control y monitoreo de la zona para garantizar la seguridad ciudadana. La medida fue adoptada a raíz de hechos violentos perpetrados por criminales el pasado fin de semana.
Entre ellos, delincuentes se llevaron aproximadamente G. 11 millones en efectivo de un local de boca de cobranzas de Hohenau. Los asaltantes ingresaron al establecimiento armados, amenazaron a la trabajadora del lugar y se apoderaron del dinero antes de huir.
Según informe oficial, este tipo de procedimientos busca disuadir la comisión de delitos, fortalecer la presencia policial en la calles y generar mayor tranquilidad en la ciudadanía.
Asimismo, las autoridades destacaron la importancia de estos operativos para detectar situaciones irregulares y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.
La Policía Nacional anunció que los controles continuarán de forma periódica en distintos sectores de la comunidad.