En el marco de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, jueces de ejecución penal realizaron una visita institucional al Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE), con el objetivo de verificar las condiciones penitenciarias y promover la transparencia en el cumplimiento de los derechos humanos.
Los magistrados Juan Bautista Silva Ucedo (Cordillera), Víctor Benítez (San Lorenzo) y Silvia Knoop (Fernando de la Mora), acompañados por la actuaria Rosalba Cristaldo, recorrieron las instalaciones junto al viceministro de Política Penal, Rubén Maciel.
Durante la inspección, revisaron áreas clave como la cocina, los espacios de recreación, la sala de abogados, el área de sanidad, la sala de audiencias telemáticas y las celdas.
Según detalló el viceministro Maciel, se implementaron nuevos protocolos orientados a garantizar condiciones dignas, seguras y con enfoque en la reinserción social. “El COMPLE es hoy un modelo dentro del sistema penitenciario femenino, con programas de capacitación y acompañamiento psicosocial que fortalecen el proceso de rehabilitación”, afirmó.
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Tras la visita y la revisión documental realizada el 17 de octubre de 2025, el Juzgado Penal de Ejecución de Cordillera emitió una resolución de tutela jurisdiccional general a favor de las 651 internas del establecimiento.
El juez Víctor Benítez, en carácter de vocero, destacó que los pabellones se encuentran correctamente delimitados, con una clara separación entre internas procesadas y condenadas, conforme a la normativa vigente. También subrayó la presencia de profesionales del derecho que brindan asesoramiento a las reclusas en la sala de abogados del penal.
Marco legal y garantías vigentes
La visita y la resolución se sustentan en la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Paraguay, incluyendo las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, que promueven el respeto a la dignidad humana y la reinserción social efectiva.
Con esta acción, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia, la supervisión activa y el respeto a los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario, apuntando a un modelo de gestión que priorice la rehabilitación por sobre la sanción.
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