La práctica de rituales religiosos libera sustancias químicas que fortalecen los vínculos sociales e incluso aumentan el umbral de percepción del dolor, según un estudio realizado en Brasil y el Reino Unido. Varias investigaciones demostraron que algunos opioides producidos de forma natural por el organismo, como la betaendorfina, desempeñan un papel fundamental en el apego social de los animales y en las relaciones sociales de los seres humanos adultos.

Estas “sustancias químicas del bienestar” se liberan cuando adoptamos determinados comportamientos, lo que posteriormente contribuye a que nos sintamos unidos a los demás, explica a la AFP Valerie van Mulukom, coautora de un estudio publicado esta semana en Proceedings of the Royal Society B. En los monos esto ocurre especialmente durante las sesiones de acicalamiento, esenciales para la cohesión del grupo. Sin embargo, en las sociedades humanas de gran tamaño, las interacciones cara a cara no bastan para reforzar los lazos sociales entre cientos o incluso miles de personas.

Una teoría del biólogo evolutivo británico Robin Dunbar sostiene que “desarrollamos ciertos comportamientos que nos permiten producir las mismas sustancias químicas que en las interacciones cara a cara, pero a una escala mucho mayor”, destaca Van Mulukom, investigadora en psicología de la universidad Oxford Brookes (Reino Unido).

“Estos comportamientos incluyen moverse de forma sincronizada (realizando espontáneamente los mismos movimientos), cantar juntos, hacer música juntos o saber que compartimos las mismas creencias”, explica.

En este contexto, ella y sus colegas estudiaron los rituales religiosos en 24 investigaciones de campo realizadas con fieles en el Reino Unido y Brasil.

Repetidos cada semana, “los rituales religiosos reúnen todos estos comportamientos. Cuando se asiste a una misa, por ejemplo, todos se levantan al mismo tiempo, rezan juntos, al final se desean mutuamente la paz, escuchan y cantan juntos”, señala la investigadora.

En el Reino Unido, todos los participantes eran cristianos, aunque pertenecían a distintas confesiones (católica, anglicana, metodista y bautista).

En Brasil, los participantes practicaban el culto de la Umbanda, una religión afrobrasileña que combina el espiritismo, danzas y ritmos rituales africanos con oraciones e imágenes católicas.

Los participantes respondieron un cuestionario antes y después del servicio religioso sobre su sentimiento de pertenencia al grupo, que incluía preguntas como: “Pensando en todas las personas presentes, ¿hasta qué punto confía usted en los demás miembros de este grupo?”

Puesto que es imposible medir directamente la producción de opioides sin recurrir a procedimientos invasivos, y dado que estas sustancias actúan como analgésicos, los investigadores utilizaron un método habitual en los estudios experimentales: emplear el umbral del dolor como indicador indirecto.

Para ello, inflaron lentamente un manguito de presión -como los utilizados para medir la presión arterial- alrededor del brazo de cada participante antes y después del servicio religioso, hasta que este indicara sentir una “molestia importante”.

El resultado fue que, tras el ritual, el sentimiento de vínculo social era mayor que antes, al igual que el umbral del dolor. También aumentó ligeramente el afecto positivo (emociones agradables como la alegría, la serenidad y el placer), mientras que el afecto negativo disminuyó.

“Observamos que cuanto más conectadas con Dios se sentían las personas durante el ritual, más les ayudaba a crear vínculos con los demás”, destaca Van Mulukom.

Más allá de las actividades sincronizadas, “hay algo en las creencias que estas personas integran en su identidad que las une con mayor fuerza”, subraya.

“Del mismo modo que, si participo en una manifestación contra los combustibles fósiles porque coincide con mis creencias y mis principios, probablemente me sentiré más unido a los demás manifestantes que en un concierto, aunque en este último seguramente me mueva y cante de manera mucho más sincronizada con el resto”, concluye la investigadora.

Fuente: AFP.

El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.

“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.

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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.

“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.

Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.

Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.

Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.

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Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.

Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.

Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.

“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.

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La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.

Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.

Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.

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Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.

Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.

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