En la mañana de este viernes se realizó un allanamiento en un hotel en la zona céntrica de Encarnación en el marco de la investigación sobre el hallazgo de una camioneta en llamas y que en su interior estaba un cuerpo calcinado. El hecho se dio en una zona de cultivos sobre la Ruta PY14 en la colonia Paraná, en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.
Según el informe de los intervinientes, se llegó hasta el lugar luego de que se confirmara que la camioneta incinerada pertenecía a Junior Mohamed Awala López, de 24 años, y que su padre había viajado hasta la ciudad de Encarnación.
Aparentemente, Mohamed Alí Awala, de 54 años, quien se dedica al comercio y anteriormente era dirigente deportivo de la Liga Capiateña de Fútbol, habría viajado el jueves por la mañana hasta la ciudad de Encarnación a bordo del mencionado rodado y fue visto salir del alojamiento por la tarde a bordo del mismo.
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De la habitación del hombre se lograron incautar varias prendas de vestir, perfumes, documento de identidad, tarjetas de crédito, recibos y facturas con el nombre de Mohamed Awala y un total de 15.600.000 guaraníes en efectivo.
El comisario Javier Flores, en conversación con el canal de noticias NPY, remarcó que hasta el momento se desconoce el móvil del hecho y no se confirmó la identidad de la persona fallecida, pero se encuentran enfocados en determinar si el señor Mohaed Awala se habría reunido con alguien al salir del hotel.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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Santa Fe: allanaron otra propiedad donde habrían estado autores del atraco en Santa Rita
- Ciudad del Este. Agencia regional
Una comitiva fiscal policial allanó anoche un inmueble rural donde se incautaron de teléfonos celulares, dispositivo WiFi y una escopeta, además de identificar al propietario y cinco trabajadores en el lugar, sin que nadie fuera aprehendido.
Los autores del mega ataque criminal en Santa Rita habrían estado en dicha propiedad, según la fiscal de la causa, Rocío González.
“Para nosotros, no cabe ninguna duda que se utilizó ese lugar para cruzar hacia el otro lado, tenemos toda la información de Inteligencia (Policía Nacional), solo que fue infructuoso el resultado del allanamiento porque pudieron salir del lugar”, sostuvo la titular de la causa.
Indicó además que, “no es que hayan estado en la vivienda allanada específicamente, sino que la propiedad tiene unas mil hectáreas y, creemos que desde allí partieron”, en alusión al cruce hacia territorio brasileño.
La intervención fue anoche a las 19:30 en una propiedad rural de nombre Puerto Palma, ubicada en la Compañía Pikyry, del distrito Santa Fe del Paraná, departamento de Alto Paraná. La orden fue dictada por el juez penal de garantías, Bernardo Silva Vera.
El inmueble cuenta con una vivienda principal, áreas de casas destinadas al personal de servicio y un tinglado utilizado como depósito. El propietario es Ladair Arcángelo Remor (66), de nacionalidad brasileña.
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Los elementos incautados fueron un dispositivo WiFi TP-Link, color blanco, tres teléfonos celulares y una escopeta calibre 12, de doble cañón, sin marca ni número de serie visibles.
El arma de fuego no tenía ninguna documentación, en cuanto a los celulares, son de los trabajadores que serán analizados para hacer un cruzamiento de datos para identificar si tienen vinculación con personas que estuvieron por el lugar, según dijo a La Nación/Nación Media, la fiscal González.
La agente que estuvo en el allanamiento fue María del Carmen Meza, de Iruña, coadyuvante en la causa.
Consultada por La Nación/Nación Media, sobre la no aprehensión de personas identificadas en el lugar, Meza explicó que no se hallaron vínculos con los autores del hecho, por el momento, pero una vez analizados los celulares se confirmarán o descartarán contactos con los miembros de la banda.
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“No se aceptan transferencias”: detienen a microtraficante
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron a un presunto microtraficante que operaba en Asunción. Durante el allanamiento realizado en una vivienda, los intervinientes hallaron un llamativo cartel por la puerta de la habitación donde se comercializaba drogas y que decía: “Yoi y pasta. No se aceptan transferencias, no insista”.
La intervención se llevó a cabo en una casa ubicada en el barrio San Vicente de la capital y resultó detenido un joven de 21 años, identificado como Ulises Daniel Saucedo Serna. La propiedad era frecuentada durante el día y la noche por personas que acudían al lugar para compras drogas.
De acuerdo con el reporte de la institución, en el procedimiento fueron incautados 38 dosis de cocaína, 22 dosis de marihuana, 22 pastillas de disomnilan, un teléfono celular, además de dinero en efectivo, producto de la comercialización de drogas, entre otras evidencias.
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El allanamiento se llevó a cabo en el marco del plan Sumar, donde la Senad lleva adelante varios operativos en diversos puntos del territorio nacional para desbaratar redes que operan en el microtráfico, que destruyen comunidades y atrapa a jóvenes en el consumo de drogas.
La institución remarca que “cada punto de venta desarticulado representa un espacio menos para el microtráfico y un paso más hacia comunidades más seguras”. Tras el procedimiento efectuado, el aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público.
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Títulos falsos: comisión especial trabajará en varias etapas
El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.
“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.
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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.
“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.
Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.
Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.
Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.
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