Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los fiscales Rocío Celeste González, María del Carmen Meza y Edgar Benítez Delgado imputaron a Ismael Huespe Ortiz (58), por su presunta participación en el atraco en contra de tres bancos y una casa de cambios de Santa Rita. Fue detenido el pasado jueves al medidodía, en el barrio Kennedy, de Caacupé, departamento de Cordillera.

De acuerdo a la investigación, Huespe habría mantenido vínculos con uno de los procesados en la causa y participado en un intercambio de materiales explosivos el 10 de enero de 2026, consistente en 400 metros de cordón detonante a cambio de 25 metros de mecha lenta.

Con esta nueva imputación, son seis los procesados en la causa por los hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas y Explosivos.

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El mega-asalto ocurrió en la madrugada de 16 de junio y en la noche de ese mismo día fueron allanadas dos viviendas en Embocada, Cordillera donde fueron incautados elementos relacionados a explosivos, siendo detenidas las primeras dos personas: José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), que luego fueron imputadas. Son sospechosos de haber participado en la provisión de explosivos.

La crónica de los detenidos e imputados en el caso sigue con otros tres, el 18 de junio, durante el allanamiento de un “aguantadero”, en el km 24 de Minga Guazú. Se trata de Emanuel Cidade Campos (23), alias Guaraní, Leandro Portillo Achucarro (30), y Adriana Balmori (34).

En el lugar se incautaron armas, chalecos antibalas, municiones, pasamontañas, clavos miguelitos, celulares y tarjetas bancarias.

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Hasta ahora, el asalto más grande en cuanto a cantidad de entidades afectadas

El hecho investigado es el más grande hasta ahora en el país, por la cantidad de entidades atracadas de una sola vez, aunque se desconoce todavía el monto robado. Ocurrió en la madrugada en el centro de Santa Rita, cuando aproximadamente 20 hombres encapuchados y armados con fusiles llegaron a los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, y Santa Rita Cambios.

Desarmaron y tomaron de rehén a un guardia de seguridad y a un policía y a funcionarios bancarios. Los atacantes colocaron explosivos en las entidades y amenazaron con ejecutar a los rehenes, ante una eventual intervención de las fuerzas públicas.

Robaron el dinero en efectivo de los bancos Familiar y GNB. En Ueno Bank, los vidrios resultaron dañados por disparos, mientras que en Santa Rita Cambios el explosivo colocado en la bóveda no detonó. En la huida, los criminales incendiaron dos vehículos y esparcieron clavos “miguelitos” para obstaculizar la persecución de los uniformados.

Durante el procedimiento posterior fueron halladas vainillas servidas y un artefacto explosivo cilíndrico metálico de 1,30 metros frente al Banco GNB, el cual fue desactivado por la Policía Nacional.

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El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.

Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.

Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.

No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.

A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.

Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.

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Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.

Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.

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Organizaciones de derechos humanos de Ecuador refirieron el viernes que la activista polaca Monika Silva fue asesinada y descartaron la hipótesis de un supuesto suicidio, tras recibir el informe forense. Silva falleció hace una semana en el poblado costero de Montañita, en la provincia de Santa Elena (suroeste). Su cuerpo fue hallado dentro de su vivienda.

Apenas se conoció del deceso, el ministro de Interior, John Reimberg, dijo que había sido un suicidio e incluso mencionó que la activista anticorrupción había enviado un mensaje de despedida a su pareja. “Hoy con los informes periciales tenemos la certeza que estamos frente a una muerte violenta. Por lo tanto, se desmorona esta pretendida alusión de que había de por medio un suicidio”, dijo en una rueda de prensa virtual la abogada Lita Martínez, directora del CEPAM, una organización por los derechos de las mujeres.

El CEPAM junto al Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) llevan el caso y acompañan a la familia de Silva, madre de dos niñas. La activista polaca denunciaba casos de corrupción, tráfico de tierras y afectaciones al medioambiente en los que estaban supuestamente implicados personas ligadas a la política local. Meses antes de su muerte había denunciado amenazas.

“A ella la asesinaron. Ese crimen no es único, hay que entenderlo como un contexto de, digamos, deterioro de las libertades”, señaló Billy Navarrete, del CDH. Los defensores de derechos humanos en Ecuador están “en condición de desamparo”, agregó.

Martínez señaló que la Fiscalía debe tomar en cuenta en su investigación el rol de activista anticorrupción de Silva y que además fue “víctima de violencia” de género.

“Los hechos que llevaron a la muerte de Mónica sin duda alguna están marcados por la intencionalidad, por la saña. Y creo que eso demuestra también que no fue un hecho aislado, sino premeditado”, dijo la directora del CEPAM. Dos peritos forenses argentinos participan como veedores en la investigación, por pedido del gobierno ecuatoriano.

Fuente: AFP.

El líder de una banda criminal que opera en Ecuador fue asesinado a tiros el miércoles en el aeropuerto de Guayaquil, informó el ministro de Interior, John Reimberg, que identificó al fallecido como Carlos Suástegui, cabecilla de la banda de Las Águilas, brazo armado del temido grupo criminal Los Choneros.

El crimen ocurrió un día después de que el presidente Daniel Noboa decretara un estado de excepción por el incremento sostenido de la violencia en 10 de las 24 provincias del país. La medida incluye a Guayas, de la que Guayaquil (suroeste) es capital.

“¡Ayuda, ayuden a mi papá!”, se escucha gritar a un joven que abraza a una persona, según videos difundidos en redes sociales. También se observa otro cuerpo tendido en uno de los accesos del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El ministerio de Interior no ha entregado un balance de heridos por el ataque ocurrido hacia las 18:00 locales (23:00 GMT).

Suástegui era considerado un delincuente de “alto riesgo” y un “objetivo criminal priorizado” por las autoridades e investigado por asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas, señaló el ministro en su cuenta de X.

Policías y guardias del aeropuerto detuvieron a dos adolescentes, de 15 y 16 años. “En el lugar se incautaron dos armas de fuego”, informó Reimberg.

“Al escuchar los estruendos de bala, que fueron unos ocho o 10, nos asustamos; los policías nos sacaron”, dijo al canal TC Televisión un hombre que debía tomar un vuelo a Quito.

En las afueras del aeropuerto decenas de pasajeros buscaban información sobre los vuelos que debían abordar. Otros esperaban noticias de amigos y familiares que llegaban al principal aeropuerto del país.

De acuerdo con las autoridades de Guayaquil, la terminal aérea está operativa. Sin embargo, “el acceso y la salida de las instalaciones permanecerán restringidos de manera temporal”. Guayaquil es foco de la violencia del crimen organizado que siembra el terror en Ecuador, considerado uno de los más peligrosos de Latinoamérica. El país cerró 2025 con una tasa récord de homicidios de 50,9 por cada 100.000.

Fuente: AFP.