Una menor de 8 años proveniente de una parcialidad indígena falleció en la noche del martes al llegar al Hospital Regional de Salto del Guairá, en el departamento de Canindeyú. Si bien los padres alegaron que solo habría sufrido golpes, las versiones de ellos se contradicen, por lo que, las autoridades solicitaron la autopsia del cuerpo.
Según las informaciones proveídas por la madre de la niña, la familia reside en una comunidad indígena denominada Arroyo Mokoy, en la zona de Yvyrarovana. Debido a la inclemencia del tiempo, no habían podido llegar antes al centro asistencial de la zona, de donde la niña fue trasladada hasta el Hospital Regional de Salto del Guairá.
La mujer manifestó a los médicos que la niña se habría lastimado la pierna derecha jugando durante el festejo del Día del Niño en la escuela, y unos días después volvió a sufrir otro golpe en el mismo lugar durante otro festejo. Aseguró que no fue asistida ya que no podían llegar hasta el centro de salud de la zona, por lo que fue llevada hasta una farmacia para poder comprar algún medicamento para aliviar el dolor.
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“La niña llegó en muy mal estado, con dificultad para respirar y finalmente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los médicos manifestaron que había rastros de una infección generalizada, pero no tenían el motivo, por lo que solicitamos la autopsia para poder contar con la causa de muerte de la niña y determinar responsabilidades”, explicó el fiscal Abelino Bareiro en conversación con el periodista Juan Alcaraz, de SdG Noticias.
El interviniente explicó que debido a algunas incongruencias entre las declaraciones, tanto del padre como de la madre, no se puede descartar que se trate de un caso de violación del deber de cuidado o inclusive otros tipos legales aún más graves, atendiendo a la cantidad de días que la niña estuvo sin atención médica.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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Títulos falsos: comisión especial trabajará en varias etapas
El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.
“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.
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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.
“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.
Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.
Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.
Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.
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Según jueza, investigación determinó que no fueron los dueños quienes atentaron contra Canela
Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.
Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.
Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.
“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.
Cómo ocurrió el hecho
La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.
Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.
Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.
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Desacato
Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.
Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.
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Senado abre investigación sobre emisión de títulos superiores presuntamente falsos
El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.
Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.
Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.
Ruta de Trabajo
Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.
“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.
Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.
Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.
Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.
Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.
La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.
Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.