Los padres que no vacunen a sus hijos se exponen a una imputación penal por violación del deber del cuidado y más grave aún es, si el niño, niña o adolescente adquiere la enfermedad y llega a fallecer. El caso se podría ampliar al grave hecho punible de homicidio doloso”, explicó el juez Penal de Garantía, Rolando Duarte.
“Los padres que no vacunen a sus hijos se exponen a ser imputados por violación del deber del cuidado y pongo como ejemplo que a los niños no se les ponga una vacuna y luego adquieren la enfermedad dado que el Estado paraguayo gratuitamente pone la vacuna, pero los padre por creencias religiosas u otros motivos no le llevan a ponerse la vacuna a sus hijos, y en ese caso sí es imputable por el delito de violación del deber del cuidado porque existe un daño físico”.
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Agregó que “sería más grave si a falta de una vacuna la criatura a fallece, también se podría ampliar el caso a homicidio doloso porque la Constitución Nacional es clara que obliga a cuidar a los hijos”, manifestó el magistrado.
Añadió que “la obligación de vacunar deriva del artículo 6 de la ley 4621/15 Nacional de Vacunas y a eso se denomina posición de garante en términos jurídicos, que es la obligación de los padres”, explicó el juez Duarte.
El hecho punible de violación del deber del cuidado tiene una expectativa de pena de hasta tres años de cárcel o multa.
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Senado: impulsan ley para facilitar viajes de menores ante falta de cuidado parental
Con el objetivo de frenar la “extorsión” que sufren madres y padres ante la negativa de viaje de sus hijos por parte de progenitores ausentes, la Cámara de Senadores analiza un proyecto de ley que busca simplificar los trámites burocráticos de autorización de salida al exterior.
La iniciativa es impulsada por la senadora Lizarella Valiente; propone la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo que ante el incumplimiento del deber del cuidado y alimentario sea causal suficiente para que un juez prescinda de la venia del progenitor deudor, eliminando así barreras burocráticas que afectan el interés superior del niño.
La parlamentaria se puso en contacto con La Nación/Nación Media, a raíz de una publicación de LNPop, en la cual abordaba una discusión en redes sociales, a raíz de la dificultad que estaba pasando la actriz paraguaya Diana Frutos sobre el permiso de viaje para su hija. Hubo un planteamiento general de aplicar en Paraguay la “Ley Cazzu” (legislación vigente en México, inspirada en los conflictos entre la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu” y Christian Nodal por los permisos de su hija Inti).
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Ante este planteamiento, la senadora Valiente informó que en el Senado está en estudio un proyecto de ley, presentado el 19 de marzo de este año; plantea la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el propósito central de agilizar y simplificar el trámite de autorización de viaje al exterior de los menores de edad, cuando exista la falta del deber de cuidado y alimentación por parte de uno de los progenitores.
Señaló que su propuesta es diferente a la Ley Cazzu, no tiene sesgos feministas ni ideológicos, que incluso fue muy criticada tanto en Argentina como en México. Explicó que la norma aplica por igual a padres o madres que ostenten la convivencia y sufran el incumplimiento por parte del otro.
La senadora Valiente destacó que la propuesta surge de una inquietud de la sociedad civil, mencionando específicamente la iniciativa de la ciudadana y artista Nadia Portillo, quien planteó la necesidad de una reglamentación más ágil para proteger a los niños que quedan “rehenes” de las disputas entre sus padres.
“Nuestra propuesta tiene la finalidad de modificar y simplificar el trámite de autorización de viajes al exterior de los menores, eliminando obstáculos burocráticos cuando existan las faltas del deber del cuidado de uno de los progenitores o el incumplimiento del deber alimentario. Puesto que se buscaría eliminar la necesidad de solicitar la autorización judicial del progenitor cuando se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam)”, explicó.
Evitar la “moneda de cambio”
La parlamentaria señaló que cuando uno de los progenitores, sea este papá o mamá, esté inscripto en el Redam, perdería automáticamente la facultad de negar la venia de viaje a su hijo menor. Indicó que, de ese modo, se evitará que la firma del permiso sea utilizada como “moneda de cambio” o herramienta de extorsión frente a denuncias por prestación alimentaria.
Argumenta que la patria potestad conlleva deberes (afectivos y económicos); si no se cumplen dichos deberes, no se pueden ejercer los derechos (como el de restringir el viaje del hijo). “El progenitor que no cumple con su deber tampoco debería tener el derecho que le otorga la patria potestad. Muchos niños quedan sin viajar por riñas de papá y mamá; el niño no tiene por qué pagar las consecuencias”, acotó.
Mencionó que la propuesta ya se encuentra en estudio en las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales; Equidad y Género; así como en la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, la cual preside; y espera que para la próxima semana un dictamen con el parecer técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La senadora estima que el proyecto podría ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores en un plazo aproximado de 15 días.
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Diputados aprueban ley que extiende garantías laborales a padres trabajadores
Durante la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de ley “Por el cual se modifica y amplía el artículo 15 de la Ley Nº 5508/15 - De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”. La iniciativa plantea la inamovilidad paterna. En consenso, se decidió encarar el estudio en particular (artículo por artículo), la próxima semana.
Esta iniciativa fue presentada por un grupo multipartidario de legisladores con el objetivo de fortalecer las garantías laborales durante el período posterior al nacimiento o adopción de un hijo.
La normativa introduce un cambio significativo en la ley vigente al incorporar la figura de la inamovilidad laboral para el padre, una protección que hasta ahora estaba contemplada únicamente para la madre trabajadora.
“De esta manera se busca cerrar una brecha en materia de corresponsabilidad parental y avanzar hacia una mayor equidad de género en el ámbito laboral”, sostuvo la diputada Alexandra Zena (CN-Central).
El proyecto plantea la modificación del artículo 15, reafirmando la nulidad de acciones por parte del empleador, como despidos injustificados, cambios contractuales perjudiciales o traslados sin consentimiento, desde la notificación del embarazo y hasta un año después del nacimiento o adopción.
Incorpora un nuevo artículo 15 bis, que establece la inamovilidad laboral del padre desde la notificación de la paternidad y hasta ocho semanas posteriores al nacimiento o adopción del hijo.
Según la exposición de motivos, la participación activa del padre en los primeros días de vida es clave para el desarrollo integral del niño, con impactos positivos en el plano cognitivo, emocional y social. A la par, se destaca que esta medida contribuye a una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares.
Menciona que la idea es favorecer el bienestar tanto de la madre como del padre y promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.
Los diputados señalaron que esto representará un paso hacia la modernización del marco legal en materia de protección familiar, incorporando la figura paterna como sujeto de derechos laborales en el período posnatal y promoviendo un modelo de crianza más equitativo e inclusivo.
Consenso para fusión de propuestas
También estaba previsto en la fecha, el estudio del proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 13, inciso “b”, de la Ley Nº 5508/15 - “De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”.
El documento tiene el objetivo de incorporar una mirada más integral que incluya la paternidad en el cuidado y crianza de los recién nacidos y fue presentado por la diputada Alexandra Zena.
Por recomendación de algunos legisladores, esto será tratado en la próxima sesión, acatando el criterio de las comisiones asesoras, a fin de buscar consenso.
La diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, explicó que lo ideal sería fusionar las propuestas que apuntan a lo mismo.
El proyecto se sustenta en la creciente relevancia que ha adquirido la paternidad dentro del entramado social, en línea con tendencias internacionales que promueven licencias parentales más equitativas.
La ampliación de derechos vinculados a la paternidad no solo apunta a fortalecer el acompañamiento en el cuidado del recién nacido, sino también a fomentar el vínculo afectivo temprano entre el padre y el hijo, contribuyendo a un entorno familiar más equilibrado, refiere el texto en estudio.
Asimismo, subraya el impacto positivo en la salud mental materna, al señalar que la participación activa del padre puede reducir significativamente el riesgo de depresión posparto y aliviar situaciones de estrés luego del nacimiento.
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Imputan a docente por omisión ante caso de bullying que derivó en suicidio de un alumno
La agente fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a una docente de 43 años de edad por la presunta violación del deber de cuidado o educación. Según la investigación, la imputada habría ignorado los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destinados a prevenir el acoso escolar y la violencia psicológica durante el año 2023, lo que derivó en que el alumno se quitara la vida en 2024 tras un deterioro progresivo de su salud mental.
De acuerdo con las pesquisas, la docente, en su carácter de asesora de curso, tuvo conocimiento directo de las situaciones de acoso sufridas por el menor en un establecimiento educativo de Presidente Franco. En aquel entonces, la víctima tenía 12 años y la educadora habría omitido activar los procesos de detección y comunicación de violencia. Como consecuencia de esta falta de intervención oportuna, el menor experimentó un declive psíquico que culminó en su fallecimiento el 3 de julio de 2024.
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El requerimiento fiscal sostiene que la conducta omisiva constituye una violación grave de su responsabilidad como garante de la integridad del alumno, ya que debía brindar apoyo educativo personalizado ante los procesos sociales de sus estudiantes. Entre los elementos de sospecha figuran actas de entrevistas, informes del centro educativo y una autopsia psicológica que vincula el acoso con el riesgo de suicidio.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión, tales como la fijación de domicilio, comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salida del país, además de la restricción de acercarse a los familiares de la víctima. Se ha establecido un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo.
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Niña de 3 años falleció por desnutrición severa y sus padres fueron detenidos en PJC
En Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, se confirmó el fallecimiento de una niña de 3 años de una comunidad indígena de la zona luego de ser diagnosticada con desnutrición severa. Hasta el momento se tienen detenidos a sus padres, por falta al deber del cuidado.
Según el reporte de la Policía Nacional la pequeña llegó hasta la urgencia del Hospital Regional de PJC y fue recibida por los médicos, quienes lamentablemente constataron su fallecimiento. Los profesionales de inmediato dieron aviso a la comisaría local y el Ministerio Público.
La fiscal Sandra Díaz ordenó que el cuerpo de la niña, que llegó desde la comunidad indígena Tacuara de Pedro Juan, sea trasladado hasta la Morgue Judicial para practicarle la autopsia correspondiente.
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El cuerpo fue inspeccionado por el doctor César González, forense, quien determinó que la posible causa del fallecimiento de la menor fue una deshidratación crónica grave de origen calórico-proteico, compatible con una desnutrición severa de larga data.
Atendiendo al resultado de la autopsia realizada la Fiscalía inició una investigación por falta al deber de la ciudad y ordenó la detención del padre de 27 años que guarda prisión en la comisaría primera y la madre de 18 años quien se encuentra en la comisaría 12 de mujeres.