El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, sugirió abrir el debate sobre la posibilidad de implementar la prisión permanente revisable en el Paraguay y que sea aplicable para los reos de alta peligrosidad.
“Yo soy partidario y estamos conversando ya internamente desde el Poder Ejecutivo de ver la posibilidad de instalar alguna figura como la de la prisión permanente revisable”, señaló el secretario de Estado a la 1020 AM.
Aclaró que su aplicación se daría para casos en particular. “No hay que confundirlo con cadena perpetua, que se condena para el resto de la vida, es decir se muere en la cárcel”, puntualizó.
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Explicó que la prisión permanente revisable podría servir, por ejemplo, para el caso de un preso que es condenado a 30 años de pena privativa de libertad por un hecho de homicidio doloso.
“Eso significa que cuando cumpla los 30 años, no es que automáticamente va a salir, sino que se tiene que revisar cuál es la condición de ese individuo y la aptitud que tiene o no para ser reinsertado a la sociedad”, aclaró.
El abogado mencionó que la propia Constitución Nacional habla de que el objeto de las penas es la reinserción del individuo a la sociedad pero también de la protección a la sociedad.
“Son dos objetos que tienen las penas dentro del sistema penal. Muchas veces nos olvidamos de la protección de la sociedad”, afirmó.
Dijo que la cadena perpetua en Paraguay no sería viable constitucionalmente porque se está dejando de lado la posibilidad de la reinserción del condenado.
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“El problema de Venezuela es de toda la región”, dice canciller
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, manifestó que desde el gobierno del presidente Santiago Peña se aguarda que el despliegue naval de Estados Unidos contra el narcoterrorismo en el Caribe sea un elemento disuasivo para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, cuyo gobierno no es reconocido por la administración de Donald Trump.
“Nuestro deseo es que esto sea lo suficientemente persuasivo para que Maduro entienda que tiene que retirarse y permitir un proceso de democratización de su país, aceptar la voluntad de su pueblo e instalar a las autoridades legítimamente electas. Para nosotros el problema de Venezuela no es solo de Estados Unidos, sino de toda la región“, indicó el canciller en una entrevista con el programa “El péndulo”, emitido por Unicanal.
Ramírez Lezcano dijo que la crisis institucional en Venezuela termina dañando la imagen de América del Sur y la proyección de la seguridad regional y el entendimiento del sistema democrático como modelo. Maduro ejerce su tercer mandato presidencial tras ocultar las actas de las elecciones del 28 de julio de 2024, que habría dado por vencedor al opositor Edmundo González Urrutia.
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El pasado 25 de agosto, el Gobierno paraguayo, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela ante la inseguridad y la crisis institucional en el país bolivariano.
El 6 de enero pasado, el Gobierno de Venezuela anunció en un comunicado que rompía relaciones diplomáticas con Paraguay en rechazo al respaldo manifestado el día anterior por el mandatario Peña al líder opositor Edmundo González, tras una comunicación; señalado como ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio, según las actas que el chavismo se negó a mostrar hasta la fecha. Los lazos con Caracas se restablecieron en noviembre de 2023, sin embargo, en reciprocidad a la decisión de Maduro, Paraguay también expulsó al embajador venezolano.
El 21 de agosto, a través del decreto presidencial 4435-2025, el Gobierno paraguayo designó a la organización delictiva transnacional denominada “Cártel de los Soles” como organización internacional terrorista, al igual que Estados Unidos, que acusa a Maduro de encabezar este esquema del narcotráfico, por lo cual aumentó a 50 millones de dólares la recompensa contra el presidente venezolano.
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Siete juzgados del fuero civil y comercial de Asunción ya cuentan con pagos electrónicos
En la sesión plenaria de este miércoles, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, informó que desde hoy se amplía el sistema de transferencia electrónica de fondos para beneficiarios de juicios a seis juzgados más, totalizando siete despachos habilitados para realizar las transferencias de dinero y de a poco ir disminuyendo el uso del cheque judicial formato papel.
La implementación de la herramienta tecnológica sustituye los cheques físicos, agiliza los cobros y elimina trámites innecesarios, ofreciendo mayor seguridad y comodidad a los ciudadanos, quienes ya no necesitan acudir a sucursales bancarias, accediendo a los fondos de manera directa en sus cuentas.
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El plan piloto se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno, a cargo del magistrado Walter Mendoza. En dicho despacho, los beneficiarios pudieron disponer de los fondos directamente en sus cuentas sin necesidad de presentarse en entidades bancarias. A partir de los resultados obtenidos, se dispuso la ampliación del sistema electrónico a fin de relevar datos sobre su funcionamiento.
Desde hoy, se encuentran habilitados los siguientes juzgados:
- civiles del decimocuarto turno, a cargo de Guillermo Riveros
- el juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Sexto Turno, a cargo de Marisa Vargas
- el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo y del Segundo Turnos, a cargo del juez Diego Torres
- juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo y del Cuarto Turnos, a cargo del magistrado Marcelo Rocholl
Asimismo, quedan incluidos los juzgados interinados por los magistrados citados, sumando en total seis nuevos despachos al sistema de pagos electrónicos.
La iniciativa forma parte de la plataforma tecnológica implementada por la Corte Suprema de Justicia en conjunto con el Banco Nacional de Fomento (BNF), orientada a modernizar los servicios judiciales y avanzar hacia la eliminación progresiva del uso de cheques físicos.
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En abril concretarán alquiler de máquinas de votación para las elecciones municipales
El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, dijo que el procedimiento de arrendamiento de las máquinas de votación solo será empleado para los comicios internos simultáneos que se llevarán a cabo el domingo 7 de junio del 2026 y las elecciones municipales que se realizarán el domingo 4 de octubre del próximo año.
Detalló que, desde el ente electoral, se aguarda obtener las máquinas de votos 60 días antes de las elecciones internas de las organizaciones políticas. Agregó que desde la institución se dará una amplia publicidad del proceso de alquiler con el fin de garantizar transparencia a la ciudadanía en general.
“Nosotros iremos por la vía de la excepción para acotar los plazos y esperamos que tengamos el acompañamiento de Contrataciones Públicas para llegar bien a tiempo. En junio serán las internas, tendríamos que estar terminando a más tardar 60 días antes para realizar controles y capacitaciones. Solo se hará un arrendamiento para las municipales, termina este proceso y tendremos que ir viendo qué haremos para las elecciones generales, si arrendar o optar para la compra", indicó Bestard, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Bestard surgen tras la cancelación de la licitación para la adquisición de 28.000 máquinas de votación por USD 93 millones. El ministro informó que la medida se concretó tras un dictamen emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), para que su institución realice una reevaluación técnica de la oferta presentada por una de las firmas que pujaron en el proceso de compra.
“Acá se habló mucho de injerencias y presiones, pero la resolución del Senado (que instaba a la suspensión de la licitación) fue una recomendación, nosotros podemos o no cumplir, no estamos apegado a eso, pero sí nos pareció agresivo, una intromisión, la resolución de DNCP que nos ordenó a reevaluar el caso de una de las empresas, cuando nosotros hicimos un estudio minucioso, detallado de las documentaciones y aspectos técnicos de las máquinas”, refirió.
Asimismo, Bestard afirmó que “fue absurdo suponer que la DNCP pueda ordenar a la Justicia Electoral. El detonante final fue esa resolución, entonces decidimos corta de raíz y traer tranquilidad".
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Poder Ejecutivo evalúa la prisión preventiva revisable
El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció que el Poder Ejecutivo se encuentra analizando la posibilidad de implementar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere de propuestas que se encuentran en el Congreso.
“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la prisión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo. Está participando una eminencia del derecho como es la exministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta”, explicó.
Detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibilidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad; en cambio, con la prisión permanente revisable sí es posible, pero está sujeto a constantes análisis que determinen si realmente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.
“Por ejemplo, si se le condena a una persona por 30 años en el marco de la prisión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis profundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambiental y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado; si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.
Señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artículo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos puntos, de la reinserción de la persona privada de libertad, pero también de la protección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradicción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado”, sostuvo.
Esta propuesta en análisis es diferente al del diputado Rubén Rubin, que estipula incluso 90 años. El ministro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador; si bien fue presentada como una prisión permanente revisable, no lo es. “No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho. Así como está planteada la propuesta, es inconstitucional”, aseveró.