Se suspendió el juicio oral y público que debe enfrentar Víctor Cantero, acusado por el feminicidio de María Ramona Cardozo, hecho registrado en el cerro Cristo Rey de Caacupé. La audiencia que tenía que desarrollarse en la sede judicial de Caacupé se tuvo que posponer debido a una acción de inconstitucionalidad que debe ser resuelta por la sala constitucional de la Corte.
Por su parte Blanca Cardozo, hermana de la víctima del suceso, critico la lentitud de la Justicia. “Queremos que se decida lo más rápido y para ello ya se debe iniciar el juicio oral y público”, señaló la hermana de la víctima.
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“Me duele en el alma esta situación, porque mi familia quedó destrozada. Les quiero mostrar cómo quedó mi mamá después de la desgracia que le ocurrió a mi hermana y dos años ya pasó de todo esto y no hay todavía justicia para nosotros”, indicó Blanca Cardozo, hermana de María Ramona.
Antecedentes
El exfuncionario de la Policía Nacional, Víctor Cantero, está acusado como principal responsable del feminicidio de María Ramona Cardozo, quien estaba embarazada de 8 meses y cuya desaparición se denunció el 1 de julio de 2023, en Altos, departamento de Cordillera. Luego de varios días se encontraron los restos óseos de la mujer, que fueron encontrados quemados y descuartizados, tras un intenso rastrillaje con bomberos y canes especializados, en el cerro Cristo Rey de Caacupé.
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A Ultranza Py: Fiscalía expone en juicio más de 2.000 chats entre Marset y Tío Rico
Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.
La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.
La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.
Movimiento de la droga
En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.
El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.
Marset desafió a DEA
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.
En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.
Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.
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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.
Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.
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Gatillo fácil: condenan a ocho policías a entre 7 y 12 años y dos quedan absueltos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Ocho policías fueron condenados y dos quedaron absueltos tras el juicio oral desarrollado en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, sobre un hecho de doble homicidio ocurrido el 19 de noviembre del 2022. Fueron víctimas de “gatillo fácil” Álex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y Gloria Yétsica Espínola Cáceres.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Herminio Montiel (presidente), Édgar Lezcano y Emilia Santos, mientras que los acusadores fueron los fiscales Estela Mary Ramírez, Elvio Aguilera Vázquez y Gabriel Segovia Villasanti.
El juicio oral comenzó el 28 de julio de 2026 y concluyó este jueves 17 de septiembre, tras extensas jornadas de deliberación. Los agentes fueron hallados culpables como coautores del doble homicidio ocurrido durante un procedimiento policial en Minga Guazú.
Los condenados a 12 años de prisión son el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez y el suboficial principal Richard Antonio Sebriano Silvero, quienes prestaban servicios en el Departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná.
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A 7 años de prisión fueron sentenciados el oficial primero Roberto Samaniego Parquet, el suboficial mayor Rubén Darío Giménez Maidana, el suboficial primero Alder Centurión Céspedes, el suboficial segundo Javier Antonio Martínez Ocampos, y los suboficiales ayudantes César González Agüero y Alfredo Villalba Agüero, quienes prestaban servicios en el Grupo Especial de Operaciones (GEO).
Quedaron absueltos el comisario principal Hugo Regis Florentín Stiglich, quien era el Jefe de Investigación en Alto Paraná y el suboficial primero Pedro Osvaldo Brítez Achar, quien pertenecía al GEO.
Antecedentes
Los antecedentes de la causa indican que los agentes policiales participaban de un procedimiento en el que perseguían presuntamente a un grupo de delincuentes. En el desarrollo de esa intervención, los policías efectuaron disparos contra el automóvil Toyota Allion azul, con matrícula AAIG 101, en el que circulaban las víctimas.
El vehículo estaba al mando de Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia, quien sufrió múltiples heridas y falleció cuando era trasladado a un hospital. Su acompañante, Gloria Yetsica Espínola Cáceres, también resultó gravemente herida y permaneció hospitalizada durante 78 días, hasta que falleció el 8 de febrero de 2023.
En base al conjunto de pruebas presentadas, los fiscales solicitaron 18 años de prisión para los policías del Investigaciones y 10 años para los integrantes del GEO.
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Falleció mujer que acusó un disparo en el rostro y Fiscalía imputa a su pareja por feminicidio
La mujer que resultó con una herida en el rostro por disparo de escopeta tras una aparente discusión con su pareja finalmente falleció. Se trata de Nancy Castillo Navarro (37), quien se encontraba internada en el Hospital de Trauma. El Ministerio Público imputó a Edgar Ayala Valdez (29) por presunto feminicidio.
La fiscal Carolina Martínez solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del investigado. El hecho se produjo en la tarde del domingo último en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel II de la ciudad de Capiatá.
Según el reporte policial, el hombre había indicado que mantuvo una discusión con la víctima, ya que la mujer le habría reclamado que se haya ausentado de la casa y al retornar a la vivienda encontró que su concubina estaba preparando sus cosas para abandonar la casa, momento en el que se produjo un forcejeo y acusó un golpe con un palo.
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Ayala Valdez había señalado que posteriormente fue a otra habitación y después de un tiempo escuchó un disparo y ya encontró a la mujer herida. La mujer fue auxiliada al hospital de la zona y posteriormente fue derivada al Hospital de Trauma debido a la gravedad de la herida.
Según datos de la Fiscalía, la mujer era víctima de violencia y al momento de producirse el hecho la misma estaba preparando sus cosas para abandonar la vivienda tras poner fin a la relación.
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El Salvador aplica por primera vez la prisión perpetua por un feminicidio
La justicia de El Salvador dictó el lunes por primera vez una condena a cadena perpetua contra un hombre por feminicidio, tras una reforma legal impulsada por el presidente Nayib Bukele, informó la fiscalía. El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua, por lo que ahora puede ser aplicada a condenados por homicidio, violaciones y terrorismo.
Hasta entonces la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia. Luego, Bukele hizo aprobar una norma que extendió el castigo a los menores de edad que cometieran asesinatos, violaciones o participen en terrorismo. La fiscalía logró “la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado”, indicó la entidad en un comunicado.
El crimen ocurrió en agosto pasado en Santa Ana, al oeste de la capital salvadoreña. El procesado fue hallado culpable de asesinar con arma blanca “a una vecina a quien acosaba constantemente”. El viernes, la justicia salvadoreña dictó la primera sentencia a cadena perpetua contra un hombre sentenciado por asesinato y el lunes fue la primera por feminicidio.
Bukele gobierna bajo un régimen de excepción que representa la piedra angular de su guerra contra las pandillas, que ha llevado a prisión a unas 92.000 personas y ha reducido la criminalidad a mínimos históricos. Sin embargo, el mandatario derechista es acusado por expertos de Naciones Unidas y oenegés de abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Fuente: AFP.