La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Dannia Ríos Nacif, defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.

Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.

Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b. “Se mantienen según la ley vigente (Ley N.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.

Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley N.º 7394/24). El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”.

Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.

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Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad. Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.

Respecto a las afirmaciones de que la iniciativa equipara la educación sobre género con el abuso infantil, la abogada comentó que “el proyecto tipifica como abuso infantil aquellas acciones o materiales dirigidos a niños que le presenten la idea de que la identidad no responde al dato biológico, sino que se construye o se autopercibe y le siembra la duda acerca de la sexualidad o su identidad. Valga señalar que el niño no está en condiciones de comprender ni de consentir este tipo de ideas por ser un ser en desarrollo, es decir, no se trata de cualquier educación”.

Señaló que la iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como FEDAPAR, FENAPEP, FRENVIFA, RECNAPY y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó.

Puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.

“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.

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La Policía de Cordillera busca a Junior Delvalle Almeida (28), conocido como “El barbero de Caacupé”, al considerarlo como principal sospechoso del crimen de Eusebio Ayala, de acuerdo a información manejada por los investigadores.

“Es una persona que salió en el proceso investigativo; saltó su nombre. Está siendo buscado e investigado. En este caso tiene una orden de captura”, confirmó ese miércoles el comisario David Delgado, del Departamento de Homicidios, en la 1080AM.

El hombre se encuentra prófugo. Se realizaron allanamientos en su barbería en Caacupé, pero no fue ubicado en el lugar. Se encuentra con paradero desconocido. “Se realizaron varias diligencias, no estamos contando con su paradero”, manifestó el jefe policial.

No obstante, ya iniciaron las pesquisas para ubicarlo y avanzar con la investigación. “Se están haciendo diligencias para dar con su ubicación. Y estamos buscando elementos para fortalecer la hipótesis de que pueda estar o no involucrado en el hecho”, precisó Delgado.

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En ese sentido, mencionó que el mismo fue ubicado en la jineteada y posteriormente desapareció, por lo que rastrearán los lugares donde estuvo.

“Conforme a los datos que tenemos, estaba en el sitio y estamos analizando su participación dentro del evento y luego posterior al evento con el desplazamiento de los victimarios en el vehículo. Por de pronto, lo tenemos ubicado en la jineteada”, detalló el investigador.

El comisario también se refirió a los disparos efectuados en el crimen. Al respecto, señalo que, conforme al análisis de elementos, los disparos se dieron en el cementerio donde fueron halladas las víctimas.

“No descartamos que se pudo haber dado unos disparos previos o unas agresiones previas en otro sitio, en la camioneta u otro sitio, pero sí tenemos la certeza de que en el cementerio se dieron disparos”, expresó.

Asimismo, precisó que se cuantificaron cuatro disparos. “Tenemos elementos fílmicos con sonidos nítidos que refieren cuatro sonidos de disparos”, puntualizó.

Los investigadores también buscan a otros tres hombres que habrían estado en la camioneta relacionada con el crimen. El vehículo aún no fue localizado y la Policía mantiene en reserva otros detalles para no afectar la investigación.

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Este martes, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público y acompañado por agentes de la Policía Nacional, fue detenida una mujer sindicada como presunta responsable del delito de proxenetismo en Asunción.

La investigación apunta a una red de explotación sexual, en la que se incautaron de celulares y memorias en la vivienda intervenida.

Según el reporte policial, el allanamiento se produjo en una vivienda particular ubicada en el barrio La Chacarita de la ciudad capitalina. Este procedimiento se realizó tras una serie de tareas de inteligencia que se iniciaron tras unas denuncias recibidas por presunto hecho de proxenetismo.

En el sitio fue detenida una mujer, identificada como Abigail Luana Zelada Zárate, de 18 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y la explotación sexual de vulnerables.

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“Esta mujer es sindicada como la persona que estaba realizando trabajo de captación de menores y jóvenes de sexo femenino para explotación sexual. Según la investigación se habla de un rango de edad de entre 14 a 16 años y en algunos casos de 13 a 15 años”, expresó el comisario Juan Pereira, director de contra Secuestro y Terrorismo, en conferencia de prensa.

Afirmó que esta joven realizaba los contactos con las personas a cambio de dinero por estos servicios ilegales que se está investigando. “También se logró la incautación de cinco aparatos celulares, que serán sometidos a pericia, además, de tres pendrive que también serán estudiados”, detalló.

Resaltó que la intervención fue desarrollada por la fiscal Susana González, de la Unidad Especializada de Lucha contra Trata de Personas. Mediante los aparatos incautados se buscará llegar a más personas que pudieran estar vinculadas con este esquema de explotación de adolescentes y jóvenes paraguayas.

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Las autoridades policiales investigan dos robos domiciliarios donde el principal sospechoso es el hombre conocido como el “encantador de empleadas”, un delincuente que engaña a las trabajadoras domésticas asegurando que los dueños de casa lo enviaron a retirar pertenencias. En su último golpe, el hombre se llevó la suma de G. 100 millones.

El sospechoso fue identificado como Aldo René Ibarra Cubilla (55), apodado por la Policía con ese alias debido a su particular modus operandi. Actualmente, está sindicado como el presunto autor de dos recientes robos en Asunción: uno en Sajonia y otro en barrio Obrero, aunque ya acumula más de 50 denuncias similares en su historial.

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“Llega al domicilio diciendo ser familiar o amigo. Dice que tiene algo que retirar, convence a la empleada e ingresa sin ejercer violencia, sin agresiones y sin mostrar armas de fuego. Se apodera de los objetos y se retira con total tranquilidad”, explicó el comisario principal José Santacruz, jefe de Prevención y Seguridad.

Una de las víctimas relató el increíble asalto que sufrió en su vivienda. El “encantador” llegó y le dijo a la empleada que los propietarios lo habían enviado para retirar una joya que requería reparación. Acto seguido, le pidió el número telefónico del patrón, fingió llamarlo y simuló mantener una conversación en la que supuestamente recibía la autorización para ingresar a las habitaciones.

Una vez adentro, se trasladó hasta el dormitorio principal e incluso le pidió un destornillador a la empleada para forzar el ropero que estaba bajo llave. Fue así como encontró el dinero en efectivo, lo tomó y se marchó argumentando que se llevaba las joyas.

El dinero robado estaba destinado a pagar ese mismo día a los proveedores del negocio familiar. Los investigadores presumen que el sospechoso estudia minuciosamente los movimientos de cada vivienda antes de atacar y que, en muchos casos, también busca seducir a las empleadas para ganarse su confianza.

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