Este martes salió a la luz que la abogada María Fátima Muñoz Escobar, la que usara la sala de juicios como set para videos y quien también es representante de la defensa de los padres del sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez, había sido condenada por proxenetismo en 2017. Esta fue acusada por su propia sobrina ante la Unidad de Trata de Personas.
Según María Teresa Martínez, exministra de la niñez y actual directora de la Unidad de Trata, la abogada que se hizo viral por sus videos en redes sociales, ya había sido condenada por proxenetismo y frustración de la persecución penal. En aquel momento era estudiante de Derecho.
“Fue condenada por proxenetismo, que sería explotación sexual en menores de edad. La víctima sería una sobrina suya que la acusó directamente, era un caso muy grave, aunque sea un solo caso, porque en abuso en un menor es terrible”, detalló Martínez, en entrevista con la 1020 AM.
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Indicó que la abogada María Fátima Muñoz por este grave caso fue condenada a 2 años de privación de libertad en el 2017. En aquel tiempo la mujer era dueña de una casa de citas e incluso obligaba a su sobrina de 15 años a mantener relaciones con posibles clientes.
“La conocemos a ella por ser una persona muy cuestionadora y muy agresiva hacia la defensa. Es una chica que se hace notar en todo y uno la recuerda de alguna intervención, siempre envuelta en estas cosas”, puntualizó.
Desde la Corte Suprema de Justicia iniciaron una investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala de juicios. Esto luego de que se viralizaron dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala como set para grabar y promocionar sus servicios.
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Instan a vacunar a los niños contra la influenza ante aumento de cuadros respiratorios
El Ministerio de Salud se encuentra con alerta amarilla en la vacunación contra la influenza en niños de 6 a 35 meses debido al rechazo de los padres. Autoridades sanitarias instan a inmunizar a sus hijos ante aumento de cuadros respiratorios, que ya causaron 73 decesos en lo que va del año.
“Nos está sorprendiendo el rechazo que estamos teniendo por parte de los padres, habiendo una ley, la 4621/2012, donde están obligados a inmunizar a los niños”, manifestó el Lic. César Cazal de la XVIII Región sanitaria en declaraciones a C9N.
Pese al esquema implementado de vacunar casa por casa o en vacunatorios habilitados en las unidades de salud, la cobertura sigue siendo escasa. “Esta es una campaña de invierno que se da cada año. Empezamos en abril y hasta la fecha estamos teniendo muy baja cobertura”, mencionó.
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Esta situación preocupa a los profesionales de la salud, debido al aumento de cuadros respiratorios ante las bajas temperaturas. “Capital está con más de 20 mil dosis para aplicar y apenas estamos vacunando 3 mil dosis. Nos preocupa porque es donde mayor cantidad de gente se acerca a consultar”, apuntó.
La fase 2 de la campaña de vacunación contra la influenza, que arrancó el 27 de abril, corresponde a niños de 6 meses a 35 meses, etapa en que se dan principalmente los cuadros respiratorios, explicó. “Por eso, nos sorprende que no estemos superando ni las 5 mil dosis aplicadas yendo casa a casa incluso. Y nos sorprende la negativa de los padres”, insistió.
En la zona de Presidente Franco, Alto Paraná, la Codeni tuvo que notificar a varias familias para que vacunen a los niños recién nacidos y menores de edad. “En capital se da prácticamente lo mismo y estamos en alerta amarilla por el tema de las bajas coberturas en la vacunación contra la influenza de niños de 6 a 35 meses”, relató.
Entre las excusas o pretextos que ponen, mencionó las siguientes: “Mañana le llevo”, “ahora no puedo”, u “otro día”. También dicen que “el niño va a llorar”. No obstante, seguirán insistiendo a través de brigadas casa por casa.
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Nueva Italia: aprehenden a presunto autor de feminicidio
Agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional detuvieron a un joven de 19 años, sindicado como sospechoso del crimen de una mujer de 31 años registrado ayer martes en zona de Nueva Italia. Se trata de Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, cuya vivienda fue allanada este miércoles.
El comisario Jaime Vega, subjefe del Departamento de Investigaciones, indicó que el aprehendido mantenía aparentemente una relación desde hace unos meses con la víctima, identificada como María Celeste Segovia, y había tenido una discusión con la misma, que derivó en la muerte de la mujer.
“El día de ayer, en el horario de las 15:30 aproximadamente, tuvo un encuentro con su pareja. Según lo manifestado por esta persona que está detenida ahora, su pareja estaría embarazada y a raíz de eso fue el conflicto que ellos tuvieron”, expresó en comunicación con el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
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El jefe policial señaló que el joven había citado a Segovia en un establecimiento de sus padres, zona donde se produjo el crimen. Mencionó que posterior al hecho Balbuena Villasboa llamó a un amigo a comentarle lo que había ocurrido y fue quien dio aviso a los padres del joven acerca de lo acontecido.
El caso fue reportado en la tarde ayer por vecinos que hallaron entre las malezas el cuerpo de una mujer. Tras dar aviso a las autoridades policiales, se hicieron presentes efectivos de la comisaría local que constataron que ya no presentaba signos de vida.
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Sospechoso de intentar asesinar a Trump en gala de prensa se declara no culpable
El hombre de California acusado de haber intentado asesinar al presidente estadounidense Donald Trump durante una cena de gala de la prensa en Washington el mes pasado se declaró no culpable.
Cole Allen, de 31 años, se declaró no culpable durante una comparecencia este lunes ante el juez Trevor McFadden en un tribunal federal de distrito en la capital del país.
McFadden fijó una audiencia de seguimiento del caso para el 29 de junio.
Allen, quien compareció vestido con un mono naranja y esposado, enfrenta cuatro cargos en relación con el ataque del 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel del centro de Washington y podría afrontar cadena perpetua si es declarado culpable.
Está imputado de intentar asesinar al presidente, transportar un arma de fuego y municiones a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave, usar un arma de fuego durante un delito violento y agredir a un agente federal.
Los abogados de Allen buscan que el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, y Jeanine Pirro, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, sean apartados del caso porque fueron invitados a la cena.
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Según la investigación, este profesor e ingeniero con alta formación académica viajó en tren desde su casa en California hasta Washington con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y numerosos cuchillos.
Tercer intento
Allen, que vivía en un suburbio de Los Ángeles, había ingresado como huésped en el hotel Washington Hilton donde se realizaba la gala.
Pero nunca llegó a acercarse a Trump ni al resto de los más de 2.000 invitados que asistían a la cena.
El presidente, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios del gobierno fueron sacados rápidamente del lugar por agentes de seguridad después de que se escucharan disparos.
En el piso superior, Allen fue reducido y arrestado por las fuerzas del orden casi de inmediato después de irrumpir en un control de seguridad y efectuar un solo disparo, que supuestamente alcanzó en el pecho a un agente del Servicio Secreto, causándole heridas leves.
Trump había boicoteado la tradicional gala durante su primer mandato (2017-2021) y también en 2025, pero decidió asistir este año.
Este ataque constituye el tercer intento de asesinato contra Trump, de 79 años, en menos de dos años.
El presidente republicano fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin de campaña presidencial en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos, matando a un asistente e hiriendo levemente al presidente en la oreja.
Unos meses después, otro hombre armado fue arrestado en un campo de golf de West Palm Beach, Florida, donde jugaba Trump.
- Fuente: AFP
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Senado: impulsan ley para facilitar viajes de menores ante falta de cuidado parental
Con el objetivo de frenar la “extorsión” que sufren madres y padres ante la negativa de viaje de sus hijos por parte de progenitores ausentes, la Cámara de Senadores analiza un proyecto de ley que busca simplificar los trámites burocráticos de autorización de salida al exterior.
La iniciativa es impulsada por la senadora Lizarella Valiente; propone la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo que ante el incumplimiento del deber del cuidado y alimentario sea causal suficiente para que un juez prescinda de la venia del progenitor deudor, eliminando así barreras burocráticas que afectan el interés superior del niño.
La parlamentaria se puso en contacto con La Nación/Nación Media, a raíz de una publicación de LNPop, en la cual abordaba una discusión en redes sociales, a raíz de la dificultad que estaba pasando la actriz paraguaya Diana Frutos sobre el permiso de viaje para su hija. Hubo un planteamiento general de aplicar en Paraguay la “Ley Cazzu” (legislación vigente en México, inspirada en los conflictos entre la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu” y Christian Nodal por los permisos de su hija Inti).
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Ante este planteamiento, la senadora Valiente informó que en el Senado está en estudio un proyecto de ley, presentado el 19 de marzo de este año; plantea la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el propósito central de agilizar y simplificar el trámite de autorización de viaje al exterior de los menores de edad, cuando exista la falta del deber de cuidado y alimentación por parte de uno de los progenitores.
Señaló que su propuesta es diferente a la Ley Cazzu, no tiene sesgos feministas ni ideológicos, que incluso fue muy criticada tanto en Argentina como en México. Explicó que la norma aplica por igual a padres o madres que ostenten la convivencia y sufran el incumplimiento por parte del otro.
La senadora Valiente destacó que la propuesta surge de una inquietud de la sociedad civil, mencionando específicamente la iniciativa de la ciudadana y artista Nadia Portillo, quien planteó la necesidad de una reglamentación más ágil para proteger a los niños que quedan “rehenes” de las disputas entre sus padres.
“Nuestra propuesta tiene la finalidad de modificar y simplificar el trámite de autorización de viajes al exterior de los menores, eliminando obstáculos burocráticos cuando existan las faltas del deber del cuidado de uno de los progenitores o el incumplimiento del deber alimentario. Puesto que se buscaría eliminar la necesidad de solicitar la autorización judicial del progenitor cuando se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam)”, explicó.
Evitar la “moneda de cambio”
La parlamentaria señaló que cuando uno de los progenitores, sea este papá o mamá, esté inscripto en el Redam, perdería automáticamente la facultad de negar la venia de viaje a su hijo menor. Indicó que, de ese modo, se evitará que la firma del permiso sea utilizada como “moneda de cambio” o herramienta de extorsión frente a denuncias por prestación alimentaria.
Argumenta que la patria potestad conlleva deberes (afectivos y económicos); si no se cumplen dichos deberes, no se pueden ejercer los derechos (como el de restringir el viaje del hijo). “El progenitor que no cumple con su deber tampoco debería tener el derecho que le otorga la patria potestad. Muchos niños quedan sin viajar por riñas de papá y mamá; el niño no tiene por qué pagar las consecuencias”, acotó.
Mencionó que la propuesta ya se encuentra en estudio en las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales; Equidad y Género; así como en la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, la cual preside; y espera que para la próxima semana un dictamen con el parecer técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La senadora estima que el proyecto podría ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores en un plazo aproximado de 15 días.
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