Este martes salió a la luz que la abogada María Fátima Muñoz Escobar, la que usara la sala de juicios como set para videos y quien también es representante de la defensa de los padres del sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez, había sido condenada por proxenetismo en 2017. Esta fue acusada por su propia sobrina ante la Unidad de Trata de Personas.
Según María Teresa Martínez, exministra de la niñez y actual directora de la Unidad de Trata, la abogada que se hizo viral por sus videos en redes sociales, ya había sido condenada por proxenetismo y frustración de la persecución penal. En aquel momento era estudiante de Derecho.
“Fue condenada por proxenetismo, que sería explotación sexual en menores de edad. La víctima sería una sobrina suya que la acusó directamente, era un caso muy grave, aunque sea un solo caso, porque en abuso en un menor es terrible”, detalló Martínez, en entrevista con la 1020 AM.
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Indicó que la abogada María Fátima Muñoz por este grave caso fue condenada a 2 años de privación de libertad en el 2017. En aquel tiempo la mujer era dueña de una casa de citas e incluso obligaba a su sobrina de 15 años a mantener relaciones con posibles clientes.
“La conocemos a ella por ser una persona muy cuestionadora y muy agresiva hacia la defensa. Es una chica que se hace notar en todo y uno la recuerda de alguna intervención, siempre envuelta en estas cosas”, puntualizó.
Desde la Corte Suprema de Justicia iniciaron una investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala de juicios. Esto luego de que se viralizaron dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala como set para grabar y promocionar sus servicios.
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Buscan al “encantador de empleadas” por millonarios robos domiciliarios en Asunción
Las autoridades policiales investigan dos robos domiciliarios donde el principal sospechoso es el hombre conocido como el “encantador de empleadas”, un delincuente que engaña a las trabajadoras domésticas asegurando que los dueños de casa lo enviaron a retirar pertenencias. En su último golpe, el hombre se llevó la suma de G. 100 millones.
El sospechoso fue identificado como Aldo René Ibarra Cubilla (55), apodado por la Policía con ese alias debido a su particular modus operandi. Actualmente, está sindicado como el presunto autor de dos recientes robos en Asunción: uno en Sajonia y otro en barrio Obrero, aunque ya acumula más de 50 denuncias similares en su historial.
“Llega al domicilio diciendo ser familiar o amigo. Dice que tiene algo que retirar, convence a la empleada e ingresa sin ejercer violencia, sin agresiones y sin mostrar armas de fuego. Se apodera de los objetos y se retira con total tranquilidad”, explicó el comisario principal José Santacruz, jefe de Prevención y Seguridad.
Una de las víctimas relató el increíble asalto que sufrió en su vivienda. El “encantador” llegó y le dijo a la empleada que los propietarios lo habían enviado para retirar una joya que requería reparación. Acto seguido, le pidió el número telefónico del patrón, fingió llamarlo y simuló mantener una conversación en la que supuestamente recibía la autorización para ingresar a las habitaciones.
Una vez adentro, se trasladó hasta el dormitorio principal e incluso le pidió un destornillador a la empleada para forzar el ropero que estaba bajo llave. Fue así como encontró el dinero en efectivo, lo tomó y se marchó argumentando que se llevaba las joyas.
El dinero robado estaba destinado a pagar ese mismo día a los proveedores del negocio familiar. Los investigadores presumen que el sospechoso estudia minuciosamente los movimientos de cada vivienda antes de atacar y que, en muchos casos, también busca seducir a las empleadas para ganarse su confianza.
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Declaración forense: María Fernanda tuvo una muerte violenta y hubo rastros de un intento de aborto
En el sexto día del juicio reservado que se desarrolla contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, el médico forense, Pablo Lemir, confirmó que la joven sufrió un muerte violenta y que existió evidencia de un intento de aborto vía vaginal. El perfil psicológico del acusado también indica que fue víctima de violencia familiar.
Ante el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Lemir declaró que María Fernanda Benítez estaba embarazada de 14 a 16 semanas, además, que durante la autopsia se pudo constatar que había marcas de pinzas ginecológicas y que ante su edad gestacional evidencia que pudo haber un intento de aborto.
Afirmó que la joven tuvo una muerte violenta provocada por un traumatismo de cráneo que fue causado por un objeto contuso romo que le provocó una hemorragia cerebral, pero como el cuerpo fue quemado no se pudo determinar si falleció inmediatamente o por ese golpe. “De lo que sí tenemos evidenciada es del traumatismo craneoencefálico y fue la herida principal constatada”, aseguró.
Así también, resaltó que el desprendimiento de las extremidades se registró por calcinamiento y que no fue provocado por otro objeto previo a que se le prendiera fuego como se pensaba antes de realizar la autopsia. El informe de Lemir aclara que el fallecimiento de la joven se registró tres a cinco días antes del hallazgo del cuerpo.
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Perfil psicológico
El principal sospecho del crimen de María Fernanda fue entrevistado por psicólogos para lograr determinar un perfil, los resultados revelan que presenta rasgos de egocentrismo y baja empatía hacia los otras personas.
“Dios perdona y sé que en un futuro puedo ser una mejor persona”, fue lo que expresó el joven, al momento de ser entrevistado por los profesionales en el proceso de investigación que se realizó tras ser acusado como el principal sospechoso del feminicidio de Mafe.
Unicanal accedió a la conclusión del Test Apercepción Temático (TAT) aplicado al imputado que detalla que se trata de una persona con buena estabilidad emocional e introspección, pero revela rasgos de egocentrismo agudo, muy baja empatía, conductas rudas o defensivas y una historia personal adversa que influye en sus trastornos de conducta.
Además, detectaron antecedentes de traumas severos y que el joven habría indicado que fue sometido a violencia física durante su infancia y llegó a intervenir físicamente para intentar detener las agresiones que supuestamente su papá tenía contra su madre, ciclo habría moldeado la conducta criminal.
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Antecedentes
El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, se reportó el 27 de mayo del 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, pero el hallazgo del cuerpo de la joven se reportó recién el 31 de mayo de ese mismo año, este estaba enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro.
El presunto autor material del crimen al ser menor de edad al momento del hecho se enfrenta a un juicio en paralelo bajo el régimen penal adolescente con un pedido de pena máxima de 8 años.
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LN PM: edición del 26 de agosto
Ande frena contrato con Atome: “No cierran los números”, afirmó Báez Reyes
La Ande rechazó el acuerdo con la firma británica Atome para una planta de hidrógeno verde en Villeta al no considerar viable congelar las tarifas eléctricas por 15 años. Su titular, Miguel Báez Reyes, señaló que Paraguay agotará su excedente hidroeléctrico para 2030, por lo que el Gobierno busca reformas legales para atraer inversión privada en fuentes alternativas.
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) confirmó a la 730 AM la interrupción de las negociaciones con la multinacional británica Atome Energy PLC. Según el nuevo titular de la Ande, la decisión responde a que las condiciones requeridas por la firma británica no resultaban beneficiosas para el país.
La otra cara de la huelga médica: perjuicio de G. 23.000 millones en consultas y cirugías no hechas
El Dr. Gustavo Ortiz, director de Servicios y Redes del Ministerio de Salud Pública, detalló en entrevista con el canal GEN/Nación Media el millonario impacto operativo y financiero que genera la huelga en el sistema de salud.
El profesional reveló que durante los cinco días de paro se postergan más de 259.000 consultas y 2.500 cirugías programadas, lo que representa un costo económico superior a los G. 23.282 millones, además del riesgo de secuelas en los pacientes por atenciones no recibidas.
Anularán 144 títulos de docentes tras constatar que son falsos
La Fiscalía constató que 144 títulos universitarios de docentes son falsos y ya solicitó formalmente la anulación. Los casos varían y las partes involucradas son tres: los beneficiados con los títulos los directores de los institutos y los funcionarios del MEC.
Teresa Sosa, fiscal de la causa, explicó que se encuentran bajo investigación 525 casos, de los cuales, 144 ya fueron verificados y existen tres aristas: la participación de los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias, los beneficiados con los títulos falsos y los directores o responsables de los institutos de enseñanza superior.
Feminicidio de María Fernanda: tribunal aplicó penas de entre 10 y 3 años de cárcel a los acusados
Un Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos acusados por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, atendiendo a la gravedad del juzgamiento a los acusados.
El colegiado integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme emitieron su veredicto final tras finalizar el debate oral y escuchar a todas las partes. Además, durante la jornada de hoy dio la posibilidad de brindar algunas declaraciones a los procesados.
Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
Adultos Mayores: publican lista y pagan hoy a nuevos beneficiarios
Los que cumplieron 68 años hasta el 24 de agosto son los nuevos beneficiarios del programa Adultos Mayores y podrán cobrar hoy. La lista ya está publicada en la web.
Este miércoles 26 pagarán a los que hayan cumplido 68 años de edad hasta el 24 de agosto, fecha en que se hace el corte. La lista de los nuevos beneficiarios está disponible en este enlace.
De las 3.902 incorporaciones, 2.244 corresponden a los de 68 años cumplidos hasta el 24 de agosto, 866 de 69 años y más, 155 miembros de comunidades indígenas, 61 personas con discapacidad, 42 extranjeros y 534 reincorporados que habían perdido sus cuentas.
Diputados y Cancillería establecen agenda para recuperar trofeos de guerra del Brasil
La mesa directiva de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ocasión en la que abordó sobre la restitución de trofeos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que se encuentran en el Brasil.
Tras la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que el objetivo es activar también la diplomacia parlamentaria para buscar recuperar, no solo el cañón Cristiano, sino también otros objetos y documentos que se encuentran en el país vecino.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.