La abogada Perla Riveros, presidenta de la Contraloría Ciudadana de Encarnación cuestionó la decisión del intendente Luis Yd de implementar el estacionamiento tarifado al considerarlo perjudicial y que solo apunta a la recaudación, antes que el beneficio de los ciudadanos.
“Se paga 2.500 guaraníes la hora, sabemos que es la empresa que hace el mismo trabajo en Posadas, pero con grandes diferencias en perjuicio del encarnaceno. En Posadas el 23 % lleva la empresa y en principio en Encarnación lleva el 40 %”, manifestó a la 1020 AM.
En cuanto a las multas dijo que a partir de una hora se estableció en 25.000 guaraníes y luego incluye la colocación de cepos que infla aún más los costos para el contribuyente.
“Entonces, es a todas luces una medida antipática para recaudar. No tiene nada que ver con ordenamiento porque el caos que ellos alegan hoy se están dando, en las pocas calles periféricas se quedaron sin marcar, con el aumento del robo a los vehículos. No hay seguridad, no se dieron las condiciones como ser un transporte público que puede ser alternativo para la gente que trabaja”, refirió.
La profesional afirmó que las calles de Encarnación están en deplorable estado. “O sea hay demasiados argumentos más que suficientes para refutar los pocos argumentos que da la Intendencia para justificar esta medida que fue impuesta sin escuchar al pueblo encarnaceno que desde el día uno, desde que tomó conocimiento de esto se ha manifestado en contra”, puntualizó.
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Concejales piden intervención de la Municipalidad de Encarnación
Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República pidiendo una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.
La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.
Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.
El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas.
Los ediles consideran “ínfimo” el monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual está desactualizada.
“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. La normativa tiene 10 años, por lo que sus aranceles están desfasados”, expone parte de los argumentos de la denuncia.
Como evidencia del perjuicio, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.
Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares.
“Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.
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Concejales piden intervención de la Municipalidad de Encarnación
Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.
La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.
Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.
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El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales
Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.
“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.
Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.
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Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.
Otras irregularidades
Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.
Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.
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“Hay un robo asqueroso”, dice exdiputado liberal sobre gestión de Pereira en Itapúa
El exdiputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Ortiz, lanzó duras críticas en contra del gobernador de Itapúa, Javier Pereira, a quien señala por hechos de corrupción en su administración y quien además tendría causas abiertas en el Ministerio Público por hechos punibles graves que lo vincularían con el narcotráfico y tráfico de armas.
“Nos estamos quemando los liberales con esta clase de administración, le ofrecimos a la ciudadanía algo diferente y somos peor que cualquier administración. Acá hay un robo asqueroso y no lo digo solo yo, está todo en las redes sociales, no sé qué pasa con la Fiscalía y la Contraloría”, cuestionó el exlegislador ante la 650 AM.
De acuerdo a lo que mencionó Ortiz, la empresa de la familia de Pereira es una de las proveedoras de la Gobernación. La firma se dedica al rubro de venta de plásticos y envases, no obstante presta servicios de flete a la administración departamental y esto, cuando Itapúa cuenta con camiones, por lo que en teoría, esos servicios contratados no serían necesarios.
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“Yo le pido disculpas a la ciudadanía, nosotros pedimos votos para el gobernador Pereira, y hoy puedo decir que nosotros no sabíamos que él estaba con una causa abierta por enriquecimiento ilícito, por narcotráfico, tráfico de armas y compañía, creo que nos anestesiaron en ese aspecto, de lo contrario no le íbamos a permitir llegar ni siquiera a mi casa”, aseveró.
Al mismo tiempo, cuestionó la poca difusión que se le da en la prensa de Itapúa a las irregularidades que se cometen tanto en la Gobernación como en la intendencia de Encarnación, en manos del también liberal Luis Yd. “Yo no sé si la prensa acá está anestesiada o lubricada”, refirió e indicó que existe persecuciones a quienes se animan a criticar.
“Te dicen que sos cartista, que tenés que callarte y yo no quiero ser cómplice de algo alevoso porque se está robando en la Gobernación de Itapúa, nosotros ofrecimos una administración diferente, nosotros le mentimos a la ciudadanía”, lamentó.
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Yd apuró G. 10.291 millones en planta asfáltica, pero no su funcionamiento
- Rossana Escobar M.
- Investigación
- Cristian Bartomeus/Colaboración fotográfica
El intendente de Encarnación, Luis Yd, viene haciendo ruidos mediáticos con una nueva planta asfáltica para mejora de la infraestructura vial en su ciudad. Sin embargo, la promesa del jefe comunal se está haciendo esperar, las principales avenidas se hunden en pozos, pese a que ya se pagó la totalidad del contrato de adjudicación cuya vigencia tenía fin el 31 de marzo pasado.
Desde marzo pasado que el intendente de Encarnación, Luis Yd, viene haciendo ruidos mediáticos con “la llegada” de su propia planta asfáltica; sin embargo, sus avenidas continúan en estados lamentables, minadas de roturas y pozos.
La solución vial no tiene el mismo ritmo que los pagos que apuró en la compra de las maquinarias que todavía no están operativas.
Imágenes del estado de las calles y avenidas céntricas que remitieron a nuestra redacción, plenamente confirmadas reflejan la desidia de la administración municipal a cargo de Luis Yd, quien arrastra una serie de falencias como aquella con desenlace fatal, sucedida con el derrumbe de un edificio en su ciudad, que arrebató la vida a una joven y su abuela.
Pozos, roturas, charcos, falta de señalización adecuada están a la vista. Esto pese a que en diciembre pasado adjudicó la compra de maquinarias para el montaje de una planta asfáltica que prometió soluciones hasta ahora en espera.
Tres contratos que suman G. 10.291 millones adjudicó Yd el 2 de diciembre del año pasado y tenían fin de ejecución el 31 de marzo del 2025.
Los compromisos de pagos convenidos en la licitación se finiquitaron en abril pasado, según se puede ver en el detalle de desembolsos publicados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
En los primeros días del mes de marzo pasado, la administración Yd había publicitado en sus redes institucionales y algunos medios de comunicación que llegaban las maquinarias, prometían que una semana llevaría recibir los equipos complementarios para el inicio del plan de mejoramiento vial, sin embargo, pasaron dos meses de esos anuncios y las máquinas no salen a las calles postergándose así el arreglo de las avenidas.
Hace un par de días, en las redes sociales de la municipalidad volvieron a difundir que Encarnación “avanza con la puesta en marcha de su planta asfáltica”, que solo faltan intervenciones complementarias. Lo que no mencionan en sus informes es que, según los datos de la DNCP, la administración YD completó el pago total del contrato en abril pasado, pese a que el proyecto todavía no se encuentra operativo.