En la mañana de este martes, el Ejecutivo anunció la promulgación del decreto n.º 3699, mediante el cual se creará el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y se tendrá acceso al primer catálogo nacional de medicamentos.
Esta iniciativa cumple con la necesidad de digitalizar y agilizar los procesos médicos y de abastecimiento dentro del sistema de salud nacional, garantizando así que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a medicamentos e insumos al acudir a los centros médicos.
“Con este sistema podemos controlar eficientemente toda la cadena de distribución de medicamentos e insumos, asegurando su uso adecuado en cada etapa”, explicó la ministra de Salud, María Teresa Barán, durante la conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.
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La secretaria de Estado reconoció también que con la implementación de este método de trabajo y un sistema organizado se mejorará la calidad del gasto y se podrán optimizar los recursos para poder comprar y planificar adecuadamente los medicamentos, según las necesidades de los pacientes.
“Este Sistema Nacional de Trazabilidad nos permite a nosotros hacer la interoperabilidad, es decir, poder conectarnos con todos los otros sistemas públicos, privados, IPS, Hospital Militar y Hospital de Clínicas”, destacó la ministra Barán.
Con la interoperabilidad, lo que se busca es contar con una mayor cobertura y capacidad de atención, teniendo en cuenta que en muchos casos en el sector público no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para ciertos procedimientos médicos, pero se puede apelar a otros organismos de salud que sí cuenten con las condiciones o los profesionales, garantizando siempre una atención de calidad.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Piden cifras exactas antes de avanzar con plan para saldar compromisos del sector salud
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para atender las deudas acumuladas con empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.
La decisión responde a la necesidad de contar con un detalle más preciso de los compromisos pendientes antes de avanzar con una iniciativa que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar, explicó que solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe detallado sobre las obligaciones pendientes con cada empresa proveedora.
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Según indicó, la ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó durante la reunión que la deuda rondaría los USD 1.000 millones, aunque los montos todavía deben ser ajustados y verificados. “Lo que se pidió es contar con los datos específicos y exactos de las deudas con todos los proveedores antes de continuar con el tratamiento del proyecto”, señaló el legislador.
El aplazamiento también refleja las dudas existentes sobre la fuente de financiamiento que permitiría cubrir una eventual ampliación presupuestaria de esa magnitud. Ovelar reconoció que aún no existe claridad sobre cómo se estructuraría el financiamiento de la propuesta y consideró poco probable que los recursos adicionales provengan exclusivamente de una mayor recaudación tributaria.
El debate se produce en un contexto de menores ingresos fiscales respecto a las expectativas iniciales del Gobierno. Entre los factores que afectan la recaudación figura la depreciación del dólar frente al guaraní, una variable que impacta sobre determinados tributos vinculados al comercio exterior y las actividades económicas dolarizadas.
La discusión sobre las deudas con proveedores se convirtió en uno de los principales desafíos financieros para el sector público. El Gobierno viene impulsando mecanismos alternativos para reducir los compromisos pendientes, entre ellos la cesión de créditos, una herramienta que permitiría a las empresas obtener liquidez sin esperar los plazos habituales de pago del Estado.
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Gobierno impulsa expansión de la atención primaria con 12 nuevas USF en Caazapá
El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, anunció la construcción de 12 nuevas Unidades de Salud de la Familia (USF) en el departamento de Caazapá, fortaleciendo de esta manera el acceso a la atención primaria.
El anunció se realizó durante la jornada de trabajo en dicho departamento encabezada por ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, que destacó que estas inversiones consolidan la Atención Primaria de la Salud que permitirá la entrada al sistema sanitario nacional, ofreciendo a los caazapeños servicios de salud y mejores condiciones tanto para la población de Caazapá como para los profesionales.
“Esto era un sueño largamente acariciado y con el anuncio de hoy, se hizo realidad. Con esto buscamos dar mejores condiciones laborales a los profesionales como también darle el mejor acceso para la comunidad”, indicó Barán.
Las doce nuevas USF dotarán de una infraestructura moderna con espacios más amplios y funcionales que brindarán una atención integral mediante consultorios odontológicos, áreas para atención prenatal, controles ginecológicos, entre otros, en edificios de aproximadamente 270 metros cuadrados y con una inversión cercana a los G. 2.200 millones para cada establecimiento, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Mano de obra local
El coordinador de infraestructura del proyecto, Germán Santos, informó que las obras se iniciarán en los próximos días y que se priorizará la contratación de mano de obra local, así como la adquisición de materiales de la zona, con el objetivo de impulsar la economía regional.
Las nuevas infraestructuras beneficiarán a más de 23.000 personas pertenecientes a comunidades de los distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí, donde actualmente las USF ya brindan consultas médicas para niños y adultos, controles prenatales, planificación familiar, vacunación, odontología, visitas domiciliarias, toma de muestras para PAP y VPH, además de actividades de promoción y prevención de la salud.
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Hambre Cero: analizan cambios en el porcentaje de compras para productores
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció que se analiza cambios en el decreto del Poder Ejecutivo del programa de alimentación escolar Hambre Cero en las escuelas. El presidente de la República, Santiago Peña, lideró la reunión del Consejo de Alimentación Escolar (Conae) ayer jueves, ocasión en la que se evaluaron las modificaciones.
El ministro detalló que se planteó que sea el 10 % del monto total de la ejecución contractual del monto contratado, es decir, sobre la ejecución presupuestaria del monto contratado. En este porcentaje se incluye a los productos de la agricultura familiar como también los procesados.
“Se mantiene el 10 % como el mínimo de las compras de la agricultura familiar y de las mipymes sobre el monto ejecutado, pero se establece que el 7 % de las compras de la agricultura familiar sea de la compra directa del productor primario, pero se diferencia que el 3 % sea de las compras de productos procesados, y esto se estaba pudiendo cargar o considerar facturas por parte de la compra de proveedores sobre productos procesados”, indicó el ministro al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Así también, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las cargas de facturas de las compras que, de acuerdo al ministro Rojas, “ya a fines del año pasado el Consejo de Gobernadores y un grupo de proveedores habían plantearon lo que es la rendición de la facturación”.
El ministro explicó que las empresas proveedoras adquieren los productos de la agricultura familiar, como leche y poroto para posteriormente procesar, y son estos productos los que serán incluidos en el 3 % como parte de las compras. “Eso fue considerado y con eso estamos evitando que haya, primero que se compre producto de mala calidad que represente el peligro para el uso en la elaboración de la comida, hablando de la inocuidad y la importancia de la calidad de la comida que se le sirve a los chicos”, mencionó.
En ese contexto, se da el 7 % de forma directa de los productos de la agricultura familiar y el 3 % va dividido, el 2 % para la leche pasteurizada, 05 % para queso pasteurizado y el 0,5 % para el poroto, estos porcentajes cierran el 10 %, de acuerdo al ministro.
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