Este martes, camiones del Comando del Ejército partieron rumbo al Chaco paraguayo para llevar caños que servirán para que las familias de comunidades indígenas puedan tener acceso a agua. Este envío se realizó en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de las familias que estaban pasando por una situación difícil.
Los miembros de la comunidad indígena tenían acceso al agua mediante un tajamar que fue construido por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), pero debían acarrear el agua de forma manual. Durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños para que el agua llegara a la comunidad.
“Con esto, se evitará el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios”, expresó el ingeniero Fernando García, titular de Senasa. Afirmó que se enviaron 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek y que, con la instalación, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua.
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“Técnicos de la institución ya se encuentran esperando en el sitio, quienes planificaron el trayecto y realizarán la colocación de las cañerías para llegar a las aldeas, junto con trabajadores de la Gobernación de Presidente Hayes. Seguimos trabajando en la implementación de medidas que aseguren el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el acceso a los servicios esenciales”, refirió.
Los camiones pertenecientes al Comando de Ejército se encargaron de transportar las cañerías y partieron desde el Cuartel General del Comando de Ejército, la salida contó con la coordinación del ministro de Defensa, Óscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director general del Senasa.
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Indert y MUVH instalan “Ventanilla Única” para que familias campesinas accedan a la vivienda
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en coordinación con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), pone a disposición de los pobladores de las colonias y asentamientos la “Ventanilla Única” para agilizar los trámites relacionados con el acceso al derecho a la vivienda.
El titular del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz firmó la resolución N° 1619/2026 por la cual se crea esta “Ventanilla Única” para las autorizaciones de viviendas sociales.
La iniciativa se ejecutó mediante una estrecha coordinación con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Ruiz Díaz resaltó el trabajo interinstitucional entre el Indert y MUVH, que beneficia a miles de familias campesinas con viviendas sociales. La ventanilla única está integrada por las distintas dependencias del ente encargado de los trámites para las autorizaciones respectivas.
Destacó que esta resolución se da igualmente en el marco de la Nueva Ruralidad, una política de Estado, en la cual el Indert busca agilizar los trámites de acceso a la vivienda para las familias campesinas. “Esto forma parte de los esfuerzos para fortalecer las políticas públicas y promover el bienestar de las familias con desarrollo integral, que contempla la entrega de títulos de propiedad, construcción de viviendas sociales, y mejoramientos de infraestructura”, afirmó.
Es de mencionar que el Gobierno apunta a elevar esta política de Estado presentando su plan de reforma agraria integral la Nueva Ruralidad en agosto próximo, convirtiendo al Paraguay en uno de los países de la región que cuenta con políticas de Estado en materia agraria. Esto busca permanecer en el tiempo más allá de los gobiernos, para proyectar las transformaciones y el desarrollo sobre la base de la Nueva Ruralidad.
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La nueva inflación del agua amenaza con encarecer servicios y presionar a las economías
El cambio climático empieza a convertirse en un factor de costos para gobiernos, empresas y hogares. Las inversiones necesarias para garantizar agua segura podrían trasladarse a las tarifas y generar una nueva presión inflacionaria.
Durante décadas, el agua fue considerada un servicio básico de bajo costo relativo y con una disponibilidad que parecía garantizada. Sin embargo, el cambio climático está modificando esa ecuación económica. En un planeta en el que los extremos climáticos se vuelven más frecuentes —con regiones que enfrentan sequías prolongadas y otras que soportan inundaciones históricas— el acceso al agua comienza a transformarse en un factor de presión sobre las finanzas públicas, las empresas de servicios y el bolsillo de los consumidores.
Un reciente estudio de la Universidad de Stanford advierte que varias ciudades de Estados Unidos podrían duplicar sus tarifas de agua hacia mediados de siglo debido a la combinación de tres factores: menor disponibilidad del recurso, infraestructura envejecida y la necesidad de ejecutar grandes inversiones para adaptar los sistemas de abastecimiento al nuevo escenario climático.
La investigación, publicada en la revista Nature Sustainability, revela una tendencia que podría repetirse en distintas economías: el cambio climático genera nuevos costos de producción y esos costos terminan trasladándose a los usuarios mediante mayores tarifas de servicios públicos.
El fenómeno representa una nueva forma de presión inflacionaria. Así como el aumento del precio del petróleo encarece el transporte y los alimentos, el incremento del costo del agua puede impactar en múltiples sectores productivos, desde la industria y la agricultura hasta los servicios urbanos.
En Estados Unidos, el valor promedio del agua potable ya aumentó durante las últimas décadas a un ritmo superior al de la inflación, debido principalmente al deterioro de las redes y a la necesidad de renovar una infraestructura que requiere inversiones multimillonarias. Ahora, el factor climático agrega una nueva capa de costos.
El caso analizado por los científicos en Santa Cruz, California, muestra el desafío que enfrentan muchas ciudades: después de aplicar medidas de ahorro y eficiencia, las autoridades deben recurrir a soluciones más costosas, como plantas de reutilización de aguas residuales, nuevos sistemas de almacenamiento y obras para garantizar el suministro en períodos de sequía.
La consecuencia económica es directa: las inversiones necesarias para asegurar la disponibilidad del recurso terminan reflejándose en las facturas de los consumidores.
Paraguay frente al desafío de administrar su ventaja hídrica: Aunque Paraguay posee una posición privilegiada por sus abundantes recursos hídricos, con una de las mayores disponibilidades de agua dulce per cápita de la región, el país tampoco está aislado de esta nueva realidad económica.
Los ciclos de sequías severas y bajantes extraordinarias de los ríos Paraguay y Paraná demostraron en los últimos años que la disponibilidad del agua puede tener efectos directos sobre la economía nacional. La reducción del calado afectó la logística fluvial, elevó costos de transporte y generó impactos sobre sectores estratégicos como la exportación agrícola y energética.
Al mismo tiempo, las inundaciones recurrentes exigen mayores inversiones en infraestructura urbana, sistemas de drenaje, protección de comunidades vulnerables y mantenimiento de caminos, recursos que compiten con otras prioridades del presupuesto público.
Para Paraguay, el desafío económico no pasa únicamente por disponer del recurso, sino por desarrollar infraestructura suficiente para administrarlo de manera eficiente. La expansión urbana, el crecimiento industrial y la llegada de nuevas inversiones aumentarán la demanda sobre los sistemas de agua potable y saneamiento.
En este contexto, la gestión del agua comienza a formar parte de la agenda de competitividad de los países. Las naciones que logren anticiparse con inversiones inteligentes en infraestructura resiliente tendrán mejores condiciones para atraer capital, sostener su producción y reducir los impactos económicos de los eventos climáticos extremos.
El cambio climático dejó de ser solamente un problema ambiental. Se convirtió en una variable económica que afecta costos, inversiones, inflación y planificación empresarial. La próxima gran discusión mundial no será solo quién tiene agua, sino quién tiene la capacidad financiera y tecnológica para garantizarla.
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Puerto Casado, una ciudad con historia industrial que apuesta al desarrollo
Puerto Casado (también conocido como Puerto La Victoria) es un municipio del departamento de Alto Paraguay, ubicado a 650 km de Asunción.
Durante gran parte del siglo XX, Puerto Casado vivió uno de los períodos de mayor prosperidad económica registrados en el interior del país. La empresa Carlos Casado instaló en la zona una poderosa industria dedicada a la extracción de tanino a partir del quebracho colorado, un producto altamente demandado por la industria mundial del cuero.
Según contó a La Nación/Nación Media el intendente Domingo Vera, la fábrica llegó a convertirse en el principal motor económico de la comunidad y empleó a gran parte de la población local. “La empresa ofrecía empleo estable, seguro social y una serie de beneficios que hicieron que muchas personas migraran hasta Puerto Casado en busca de oportunidades”, recordó.
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La compañía llegó a poseer más de 6,5 millones de hectáreas en el Chaco paraguayo y desarrolló una infraestructura inédita para la época. Contaba con puertos, talleres, viviendas, servicios básicos y un ferrocarril de trocha angosta que se internaba hasta 145 kilómetros dentro del Chaco.
Sin embargo, a finales de la década de 1980 el mercado internacional comenzó a sustituir el tanino por productos alternativos. La actividad perdió competitividad y los costos de producción aumentaron progresivamente. Finalmente, en 1995 la empresa cerró su planta industrial, marcando el fin de una etapa que había definido durante décadas la vida económica de la ciudad.
El cierre provocó una profunda transformación social. Muchos habitantes tuvieron que abandonar la ciudad y buscar nuevas nuevas oportunidades hacia otras regiones del país, especialmente al departamento Central, mientras otros optaron por permanecer y buscar alternativas de subsistencia.
Conservación ambiental
Tras la salida de la empresa taninera, gran parte de las tierras remanentes fueron adquiridas por grupos vinculados a la organización Moon. Actualmente, una parte importante de esas propiedades está destinada a proyectos de conservación de bosques y captura de carbono.
Uno de los programas más conocidos es Chaco Vivo, iniciativa orientada a la preservación de ecosistemas nativos y al desarrollo de actividades relacionadas con los mercados de créditos de carbono.
Sin embargo, la generación de empleo dista mucho de los niveles registrados durante el auge industrial. Mientras la antigua fábrica llegó a emplear entre 700 y 800 trabajadores de manera directa, actualmente los proyectos ambientales generan alrededor de 150 puestos laborales.
La ganadería constituye hoy una de las principales actividades económicas del distrito, acompañada por pequeños emprendimientos comerciales y de servicios.
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Guerra del Chaco
La importancia de Puerto Casado trasciende ampliamente el ámbito industrial. La ciudad fue uno de los principales centros logísticos de Paraguay durante la Guerra del Chaco.
Las instalaciones de la empresa Carlos Casado permitieron movilizar tropas, armamentos, alimentos y suministros hacia el frente de batalla. El ferrocarril construido originalmente para la explotación forestal se convirtió en una herramienta estratégica para el Ejército paraguayo.
Desde el puerto llegaban embarcaciones con materiales y soldados que posteriormente eran transportados hacia el interior chaqueño. Esa infraestructura permitió sostener las operaciones militares en una región caracterizada por las enormes dificultades de acceso y comunicación.
“Puerto Casado fue la base de gran parte de la operación logística del Ejército paraguayo. Sin esa estructura hubiera sido mucho más difícil sostener el esfuerzo de guerra”, señaló Vera.
La ciudad también mantiene vínculos con una de las figuras más emblemáticas de la cultura nacional. El poeta y compositor Emiliano R. Fernández trabajó en la zona como hachero de la empresa Carlos Casado antes de convertirse en una de las voces más representativas del Paraguay.
Desafíos
Hoy, el principal obstáculo para el desarrollo sigue siendo la falta de conectividad vial. Puerto Casado depende de una balsa para cruzar hacia la zona de Vallemí y mantiene una conexión de aproximadamente 90 kilómetros de camino de tierra hasta la ruta Bioceánica.
Durante períodos de lluvias, esos trayectos suelen volverse difíciles o incluso intransitables, limitando el acceso a servicios, mercados e inversiones. Para las autoridades locales, la construcción de caminos de todo tiempo representa una necesidad urgente para mejorar la calidad de vida de la población y aprovechar el potencial económico de la región.
Aunque la ruta Bioceánica está transformando el norte del Chaco, Puerto Casado todavía observa ese proceso desde cierta distancia. La ciudad se encuentra a unos 200 kilómetros de Carmelo Peralta, uno de los principales polos de crecimiento impulsados por el corredor internacional.
La expectativa es que futuras inversiones en infraestructura permitan conectar más eficientemente a la localidad con esa nueva dinámica económica.
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Chaco: 73 viviendas para comunidad nivaclé alcanzan 95 % de avance
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), reportó un avance del 95 % en la ejecución de 73 viviendas para la comunidad indígena Lhavoj’ocfi, en el departamento de Boquerón. Estas viviendas son construidas con el financiamiento del Parque Tecnológico Itaipú, respetando las costumbres e identidad cultural de los pueblos originarios, señala la cartera que encabeza el ministro Juan Carlos Baruja.
También conocida como Pablo Stahl o San José Esteros, Lhavoj’ocfi es una comunidad indígena de la parcialidad nivaclé, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, en el corazón del Chaco paraguayo. “Seguimos avanzando con el compromiso del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, construyendo un Paraguay donde nuestras comunidades indígenas puedan acceder a viviendas que respeten su cultura e identidad”, señala la publicación del MUVH en redes sociales.
Días pasados, el ente estatal también informó sobre el avance de otra obra del del programa Viviendas Económicas en Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú. La primera fase, que contempla la construcción de 25 unidades habitacionales de un total de 82 viviendas, alcanzó el 50 % de construcción.
Cada unidad de 50 metros cuadrados contará con dos habitaciones, sala, cocina y comedor integrados, además de estacionamiento, bajo estándares técnicos que incluyen verificaciones y controles de calidad en cada etapa de la obra, garantizando su correcta ejecución.
A través de políticas habitacionales que ya alcanzan 44.446 soluciones habitacionales gestionadas y 31.890 viviendas entregadas en todo el país, detalla el MUVH, que ayer martes inauguró 62 viviendas sociales en el distrito de Caapucú, en el departamento de Paraguarí, con un acto encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña.
Las viviendas entregadas corresponden al proyecto “Caapucú Nos Une” y cuentan con una superficie de 42 metros cuadrados, distribuidos en dos habitaciones, sala, cocina y comedor integrados, además de un lavadero en la parte posterior. El proyecto fue ejecutado a través del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) y tuvo una inversión de G. 6.448.812.045, construidas con materiales y mano de obra paraguaya.