Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Osvaldo Zaracho tiene a su cargo la investigación de una denuncia reportada por la Comisaría 23 del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este sobre un supuesto hecho punible contra la autonomía sexual de dos adolescentes de 14 y 16 años. El caso se habría registrado durante una fiesta de 15 años y el supuesto autor sería el dueño de casa, un hombre de 45 a 50 años.
El representante del Ministerio Público informó que tanto las madres de las supuestas víctimas, denunciantes del hecho, así como las adolescentes fueron convocadas ayer ante la unidad fiscal para las declaraciones respectivas. No obstante, mencionó a La Nación/Nación Media que todavía no emitió ninguna orden de captura del denunciado porque se está viendo los datos precisos de su identidad.
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El hecho habría ocurrido el sábado 5 de abril a las 23:30 en una vivienda del barrio La Blanca de Ciudad del Este, donde se realizaba una fiesta de 15 años. A la citada hora, las adolescentes que se encontraban como invitadas, fueron al sanitario ubicado en el interior de la casa, donde el supuesto autor las manoseó y las besó a la fuerza, según la denuncia.
Las menores de edad pudieron zafarse con la ayuda de unos amigos que también se encontraban en el cumpleaños; luego el hombre las habría echado de su casa. Las supuestas víctimas son vecinas del mismo barrio donde habría ocurrido el cumpleaños que terminó mal, según el reporte.
“Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles”, dice parte del Código de la Niñez y Adolescencia. Por ello, La Nación/Nación Media no difunde la identidad de las personas que hacen a la información de referencia.
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Itaipú formula denuncia penal por afectación de sus fondos y de FPTI-PY en ueno bank
Itaipú Binacional formalizó la presentación de una denuncia penal en calidad de víctima ante los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank S.A., así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Oscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la Directora Jurídica Ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda. En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso. Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
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Nómina de directivos denunciados
La denuncia de la entidad binacional se dirige inicialmente contra integrantes del directorio y síndicos de ueno bank S.A. individualizados por la Fiscalía en el acta de imputación del pasado 4 de noviembre de 2026:
1. Federico Miguel Vázquez Villasanti (Integrante del Directorio)
2. Juan Manuel Gustale (Integrante del Directorio)
3. Julio Daniel Rey Fernández (Integrante del Directorio)
4. Diana Leticia Mongelos González (Integrante del Directorio)
5. Marian Torres Rubiani (Integrante del Directorio)
6. Alejandro Gómez Abente (Integrante del Directorio)
7. Diego Fernando Duarte Schussmuller (Integrante del Directorio)
8. Miguel Ángel Almada Frutos (Síndico)
La representación jurídica aclaró que la nómina no limita las investigaciones respecto a otros directivos de sociedades vinculadas, beneficiarios finales, funcionarios, auditores o clasificadores que hubieren intervenido en la captación, ocultamiento o desvío de los fondos.
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Caso ueno bank: Senave denuncia a directivos por presunto perjuicio de G. 40.000 millones
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra siete directivos de ueno bank, en el marco de la crisis financiera que derivó en el procedimiento de resolución de la entidad dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La presentación fue realizada el 5 de noviembre de 2026 por Juan Fernando Lebrón González, director general de Asuntos Jurídicos del Senave, por instrucciones del presidente de la institución, Luis Ramiro Samaniego Montiel.
Según consta en el documento, la institución pública mantenía G. 40.000 millones depositados en ueno bank, distribuidos en una caja de ahorro a la vista y un depósito a plazo fijo, cada uno por G. 20.000 millones.
La denuncia solicita investigar presuntos hechos punibles relacionados con la administración de los recursos depositados y las irregularidades detectadas en la entidad bancaria.
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¿Contra quiénes se presentó la denuncia?
El Senave identificó a siete personas vinculadas con la administración de ueno bank:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti.
- Juan Manuel Gustale Cardoni.
- Julio Daniel Rey Fernández.
- Diana Leticia Mongelós González.
- Mariana Isabel Torres Rubiani.
- Miguel Ángel Almada Frutos.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller.
- Alejandro Gómez Abente.
La denuncia también fue formulada contra otras autoridades o personas vinculadas con el banco o sus sociedades relacionadas cuya eventual responsabilidad pudiera surgir durante la investigación. En el escrito, los representantes legales del Senave solicitaron investigar los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situaciones de crisis, sin descartar la posible existencia de otros delitos.
El documento pide al Ministerio Público iniciar las diligencias correspondientes y formular imputaciones en caso de reunir los elementos necesarios.
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Daño patrimonial
En su presentación, la institución argumenta que decidió depositar los recursos tomando en consideración la información financiera y las condiciones de solvencia que presentaba ueno bank en ese momento.
El escrito señala que las irregularidades detectadas posteriormente por el Banco Central habrían comprometido los fondos institucionales. “Los hechos anteriormente indicados demuestran un evidente daño patrimonial al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas”, sostiene la denuncia.
El Senave considera que la verdadera situación financiera del banco no habría sido comunicada oportunamente, circunstancia que, según su planteamiento, habría influido en las decisiones de inversión. Estas afirmaciones constituyen los fundamentos de la denuncia y deberán ser verificadas por el Ministerio Público.
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Cómo fueron depositados los G. 40.000 millones
El documento detalla que la colocación de recursos se realizó en dos etapas. En noviembre de 2025, mediante la Resolución Senave N.º 598, se autorizó la apertura de una caja de ahorro a la vista en ueno bank.
Posteriormente, en marzo de 2026, la institución aprobó una nueva colocación de recursos a plazo fijo. La denuncia señala que previamente se efectuó una evaluación comparativa de tres entidades bancarias, considerando criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
El análisis contempló la distribución de G. 60.000 millones entre las tres, con una asignación de G. 20.000 millones para cada una en depósitos a plazo fijo. De esta manera, los G. 40.000 millones denunciados por el Senave corresponden a la suma mantenida en ueno bank mediante dos modalidades de depósito.
Piden investigar posibles responsabilidades
En el apartado de peticiones, el Senave solicita a la Fiscalía admitir la denuncia, iniciar la investigación penal y realizar las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes. También requiere que, en caso de reunirse elementos suficientes, se formulen imputaciones y posteriormente se promueva la acusación contra quienes resulten responsables.
Esta denuncia suma un nuevo frente de investigación al caso ueno bank y pone nuevamente bajo la lupa el destino de los recursos públicos depositados en la entidad financiera, mientras continúa el proceso para recuperar los fondos de los ahorristas y las instituciones afectadas.
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Tras ser atacado, funcionario de la Ande presenta denuncia ante la Fiscalía
Este jueves, la Asesoría Jurídica de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) accionó judicialmente por la agresión física y perturbación de servicios públicos contra el jefe regional de Canindeyú. El funcionario había sido atacado por un colono mientras coordinaba la reposición de columnas derribadas por un temporal en Katueté.
Según el abogado Victoriano Riquelme Jara, durante la mañana de este jueves se presentaron ante el Ministerio Público para la denuncia formal contra el productor Celso Miotto, quien supuestamente agredió física y verbalmente, a Osmar Benítez, jefe de la Ande, mientras realizaban trabajos de reparación del tendido eléctrico tras el último temporal.
“El señor Miotto habría protagonizado un violento incidente con funcionarios de la Ande en la zona de Corpus Christi, departamento de Canindeyú. El hecho ocurrió cuando una cuadrilla de trabajadores, encabezada por el señor Osmar Benítez, se encontraba realizando tareas de reparación de columnas caídas”, apuntó Riquelme, en entrevista con La Nación/Nación Media.
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Resaltó que durante el desarrollo de los trabajos, Miotto habría reaccionado violentamente ante un reclamo por los supuestos daños ocasionados a sus cultivos, agrediendo verbal y físicamente al jefe y los demás funcionarios que se encontraban en el lugar.
“Benítez habría recibido un golpe a la altura del pecho, como consecuencia de la agresión, obstaculizando además el normal desarrollo de las tareas de reparación del servicio eléctrico. Diferentes organizaciones del departamento sacaron comunicados repudiando el actuar de este señor”, puntualizó.
El hecho se registró el pasado martes tras el fuerte temporal con intensas ráfagas de viento que golpeó severamente el distrito y que dejó como saldo decenas de columnas derribadas a lo largo de la ruta PY03. La acción fue reportada ante la comisaría jurisdiccional, cuyos agentes labraron acta sobre lo ocurrido y el funcionario fue auxiliado y trasladado hasta un centro de salud.
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Condenan a 10 años de prisión a violador sistemático de una adolescente
- Rocío Gómez. Corresponsal en Itapúa.
Un hombre fue condenado a 10 años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable del hecho punible de coacción sexual y violación ocurrido en Mayor Otaño, departamento de Itapúa.
La causa fue representada por el Ministerio Público, a cargo del agente fiscal Luis Caballero, de la Fiscalía Zonal de Mayor Otaño.
Según lo demostrado en el juicio, todo ocurrió en el entorno familiar, ya que el condenado era cuñado de la adolescente.
En el momento del hecho, la joven se encontraba conviviendo con su padre y sus hermanos pequeños. Por su parte, la madre de la menor se había trasladado temporalmente a otra zona o localidad para cumplir con sus obligaciones laborales.
El hombre aprovechaba los momentos en que el padre no se encontraba en la casa para ir hasta el domicilio y someterla sexualmente.
Los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años y continuaron en varias oportunidades hasta que cumplió 15 años, momento en que se realizó la denuncia. Además, la amenazaba con un arma de fuego, advirtiéndole que si contaba lo sucedido le haría algo a ella, a su hermana, quien era la esposa del condenado, y a su sobrino, hijo del sujeto.
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Durante el juicio oral, la declaración de la adolescente confirmó lo que ya había manifestado anteriormente ante el Ministerio Público.
Con esas pruebas, el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas penales Marcela Escobar Lapierre, en carácter de presidencia, Raquel García Rivarol y Nilda Caballero, dictaminó la condena de 10 años de prisión.
Se trata de un paso importante para la adolescente como su entorno. Deja un mensaje sobre la importancia de denunciar y acompañar a las víctimas durante el proceso para que puedan acceder a justicia y protección tras sufrir hecho punible de coacción sexual y violación.