Fuga de Minga Guazú: Fiscalía peritará disco duro y faltan 40 personas por declarar
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
La unidad fiscal a cargo de Alcides Giménez Zorrilla recibió el disco duro del monitoreo del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú (Alto Paraná) y el material será objeto de pericia, análisis y fotorama para la elaboración de una secuencia de los hechos que derivaron en la fuga o supuesta liberación de ocho presos de alta peligrosidad, el pasado miércoles 26 de marzo.
“Serán analizados desde 48 horas antes de la salida de los presos y observados de nuevos todos los detalles, la pericia dará su resultado y queremos contar con la secuencia de qué ocurrió ese día y qué papel cumplió cada uno de los funcionarios”, refirió el fiscal Giménez a La Nación/Nación Media, acerca de la investigación en la cual se encuentran imputados cinco agentes penitenciarios, quienes guardan prisión en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
Comentó que el Ministerio de Justicia deberá responder al pedido de informe sobre una serie de situaciones como el protocolo de seguridad que estaba vigente al momento de ocurrir los hechos; los responsables de cada acto y función, cantidad de funcionarios, por qué algunos con permiso se encontraban ese día en el sitio y varios otros puntos.
Asimismo, explicó que ya declararon unas diez personas aproximadamente, entre los agentes penitenciarios imputados y otros funcionarios como el exdirector del Centro Penitenciario, Julio César Careaga. Sin embargo, todavía falta la declaración de unas 40 personas más, a ser convocadas, según el agente fiscal. Entre ellos está el personal de salud y administrativos. “Estos agentes abandonaron sus puestos, los presos salieron en ese tiempo; hay mucho por comprobar y analizar allí”, refirió el fiscal.
Con respecto a los agentes penitenciarios imputados, el fiscal Giménez Zorrilla dijo que los mismos desmintieron haber tenido participación en el hecho de presunta liberación de presos. En cuanto a la supuesta falta de insumos, el fiscal dijo que “sí hablaron de eso, pero no justifica que hayan abandonado sus puestos”.
Requisa en el Centro Penitenciario el pasado 13 de mayo después de conocerse los actos vandálicos en el modulo 8 de alto riesgo y la salida de 7 PPL para dirigirse a la celda de Tío Rico. Foto: Gentileza
Sancionaron a tres guardias tras presunto plan de ataque a “Tio Rico” en Minga Guazú
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El presunto plan de ataque a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, dentro del Centro Penitenciario de Minga Guazú sigue teniendo derivaciones. Se conoció la separación de tres agentes penitenciarios sancionados, según confirmó el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, en comunicación con Radio Universo 970 y el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, a La Nación/Nación Media.
Maciel reiteró que la alarma se encendió al principio de este mes al detectarse comportamientos y movimientos inusuales dentro del área de máxima seguridad del centro penitenciario.
Los agentes apartados estaban asignados al módulo donde está la celda de Insfrán en el momento en que se detectaron las conductas irregulares. Para el viceministro Rubén Maciel, la arista más crítica del caso apunta a la complicidad interna.
Por su parte, el director de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña, aclaró que el presunto intento de atentado contra “Tío Rico” es una alegación de los defensores del citado.
Reiteró que los tres agentes fueron sometidos a sumarios y “sancionados con traslado que es una de las sanciones posibles” y, al mismo tiempo, “mejorar las condiciones de seguridad dentro de este pabellón de máxima seguridad”, en el que se encuentra Miguel Ángel Insfrán.
“Fueron trasladados al Penal Regional de Ciudad del Este, tres funcionarios, en un proceso de reorganización y mejora operativa, coincidente con el fin de la intervención y el nombramiento de un nuevo director de la penitenciaria”, explicó Peña.
Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. Foto: Archivo
Con respecto al incidente donde supuestamente se quiso atacar a Tío Rico, el coronel Rubén Peña explicó que, “el 11 de mayo pasado, 7 personas privadas de libertad, recluidos en el mismo módulo con Miguel Insfrán, lograron salir de sus celdas y se dirigieron hacia el sector donde está el señor Insfrán”.
“Sin embargo él estaba en una comparecencia telemática a esa hora y su integridad nunca estuvo comprometida. Posteriormente se tomaron medidas administrativas contra las PPL que abandonaron sus celdas”, agregó Peña.
Cabe recordar que el 13 de mayo pasado, en ocasión del informe del Ministerio de Justicia sobre una requisa en los módulos 7 y 8 del Penal de Minga Guazú y traslado de 7 PPL de alto perfil, el coronel Rubén Peña había señalado que ocurrieron actos vandálicos, que PPL del módulo 8 rompieron candados y destruyeron puertas sumándose los del módulo 7 a una especie de manifestación.
Hoy se confirma que, durante aquellos actos, la salida de los reclusos de sus celdas fue para dirigirse hacia el sitio de Insfrán, según la explicación dada por el director Rubén Peña, sobre lo ocurrido ese 11 de mayo.
Una requisa anterior a la realizada anoche en el Centro Penitenciario de Minga Guazú. Hubo actos vandálicos el lunes. Hoy fueron trasladados 7 presos de alto riesgo. Foto: Gentileza
Penal de Minga Guazú: actos vandálicos motivaron requisa y traslado de 7 presos de alto riesgo
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un operativo de “requisa estratégica” se llevó a cabo anoche en los módulos 7 y 8 del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú a cargo de agentes del recinto penal con apoyo de la Policía de Alto Paraná y de Fuerzas Especiales, según informó el Ministerio de Justicia. Los módulos 7 y 8 son de alto perfil y de máxima seguridad.
Consultado por La Nación/Nación Media sobre la causa que motivó la requisa, el director de Establecimientos Penitenciarios del MJ, coronel (R) Rubén Peña, explicó que fue en base a “un hecho irregular ocurrido el lunes a la tarde con los presos de los módulos 7 y 8″.
“Los del módulo 8 protagonizaron hechos vandálicos, rompieron candados de sus puertas, destruyeron algunas puertas y se manifestaron. Los del módulo 7 se sumaron como apoyo a la manifestación y se debió recurrir a disparos de escopeta para restaurar el orden”, refirió Peña.
“Como resultado directo de la intervención, siete personas privadas de libertad (PPL) del módulo 8 fueron aisladas preventivamente y se encuentran sometidas a sumario administrativo para la aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes, conforme a las normativas vigentes”, refiere el informe del Ministerio de Justicia.
Previamente, se realizó “incautación de objetos punzantes, elementos metálicos, un teléfono celular y un equipo de sonido”.
Esta mañana, las siete PPL que habían sido aisladas y sumariadas fueron trasladadas a la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, según el coronel Rubén Peña, debido a que son de alto riesgo y solo el citado centro es adecuado para ese tipo de PPL.
El traslado se realizó “bajo estrictos perfiles y protocolos de seguridad”, en “continuidad con el plan de reordenamiento y fortalecimiento del sistema penitenciario”.
Asimismo, el MJ informó que las requisas y controles preventivos continuarán desarrollándose de manera permanente y sorpresiva en los distintos centros penitenciarios del país, “con el objetivo de reforzar la seguridad interna, prevenir hechos irregulares y garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones vigentes”.
El Centro Penitenciario de Minga Guazú contaba hasta ayer con 626 personas privadas de libertad, según el informe del 12 de mayo. Con el traslado de hoy quedó 619.
El “Gran Hermano” policial de Sao Paulo ya capturó a 3.000 fugitivos
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En pleno centro histórico de Sao Paulo, un “prisionómetro” -contador de personas presas- marca la entrada a la central de monitoreo de Smart Sampa: un “Gran Hermano” donde decenas de policías controlan la vida de la megalópolis en pantallas. Con 40.000 cámaras en la ciudad más rica y poblada de Brasil, Smart Sampa es el mayor sistema de reconocimiento facial por inteligencia artificial de América Latina, un programa de vigilancia pública que las autoridades exaltan, aunque aún muestra un considerable margen de error.
Frente a una inseguridad urbana que alarma a sus ciudadanos, Sao Paulo implementó a fines de 2024 esta tecnología que ya encarceló a casi 3.000 fugitivos detectados mediante el cotejo en tiempo real de las imágenes de las cámaras con datos judiciales. Apresó, además, a casi 4.000 personas por delitos en flagrante.
“Con los fugitivos que atrapó el sistema, podemos llenar siete cárceles. Hoy ya no puedo imaginar a Sao Paulo sin Smart Sampa”, se felicita en el centro de monitoreo el secretario municipal de Seguridad, Orlando Morando, por este programa que cuesta unos dos millones de dólares mensuales.
A modo de ejemplo, carga una foto de sí mismo y en un instante consigue ver todos los momentos y lugares de Sao Paulo -con unos 12 millones de habitantes- en los que su cara pasó por alguna cámara. “Me recuerda al libro ’1984′ (sobre un régimen totalitario, de George Orwell), con todo ese control de personas: me encanta, apruebo 100 %”, dice Sonia Ferreira Silva, una jubilada de 68 años, frente a un camión de Smart Sampa, un puesto de vigilancia móvil en la emblemática avenida Paulista.
Empleados trabajan en el centro de monitoreo Smart Sampa en São Paulo, Brasil, el 25 de febrero de 2026. Foto: Nelson Almeida/AFP
Arrestos indebidos
Informes oficiales de transparencia analizados por la AFP muestran que más del 8 % de personas arrestadas el primer año después de que Smart Sampa las reconociera como fugitivas debieron ser liberadas por tratarse de errores. Al menos 59 detenidos fueron sueltos porque el sistema los confundió con otros ciudadanos.
En diciembre, un jubilado de 80 años estuvo horas arrestado porque Smart Sampa lo confundió con un violador. Un mes antes, un grupo de pacientes psiquiátricos hacía terapia en un centro de salud mental cuando irrumpieron policías armados y se llevaron esposado a uno de ellos. Tras horas en la comisaría, el detenido fue liberado. Según las autoridades, su orden judicial de arresto ya no tenía vigencia.
El sistema no sólo se nutre de cámaras en las calles sino también en edificios públicos -incluyendo centros de salud- y privados que lo admiten. Al menos 141 personas fueron detenidas por órdenes de arresto desactualizadas, pero el gobierno paulista argumenta que esos equívocos no son culpa suya sino del poder judicial. “Nadie quedó preso por error: las personas fueron liberadas” en esos casos, dice Morando, en nombre del gobierno del alcalde conservador Ricardo Nunes.
“Otros” presos y menos robos
Sao Paulo sufre altos índices de delitos patrimoniales: en 2024, cerca de uno de cada cinco robos de celulares en Brasil -incluyendo asaltos violentos- ocurrieron en la ciudad. Entre los fugitivos atrapados por Smart Sampa, casi la mitad cayeron por casos tipificados como “otros” en datos oficiales. Casi todos ellos corresponden a deudores de pensiones alimenticias, un delito civil “que poco tiene que ver con la seguridad pública”, según el informe “Smart Sampa: ¿Transparencia para quién? ¿Transparencia de qué?”.
“Smart Sampa se presenta como solución al crimen, pero se usa para control civil”, advierte Amarilis Costa, directora de la red de abogados Liberdade y coautora del informe junto a otras ONG. El gobierno denuncia intentos de “desacreditar” a Smart Sampa e insiste con números: anunció una caída de robos de casi 15 % en 2025.
“Ningún prejuicio”
Por otro lado, los datos oficiales no registran la identidad racial de más de la mitad de los presos, una “laguna de información” que impide saber si Smart Sampa peca de “racismo algorítmico” en un país con una de las mayores poblaciones negras del mundo, según Costa. Estudios en distintos países han sugerido que el reconocimiento facial por IA suele equivocarse más con personas negras.
El gobierno aduce que la falta de datos es responsabilidad de la justicia. “Smart Sampa no tiene ningún prejuicio, aquí no arrestamos por color”, asegura Morando. La mayoría de los presos por Smart Sampa cayeron en barrios periféricos y una buena parte son inmigrantes del interior pobre brasileño.
Tras fuga, directora del Penal de Mujeres de CDE quedó a cargo de Cereso, de Minga Guazú
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
La directora del Penal de Mujeres “Juana María de Lara”, de Ciudad del Este, Lourdes Nelsi Centurión, está a cargo desde hoy del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú, según Resolución N.º 27, del 19 de enero de 2026, del Ministerio de Justicia.
La designación es a raíz de la intervención del citado recinto penal, como derivación de la fuga de dos personas privadas de libertad que ocurrió el sábado último.
La medida rige a partir de la fecha de la resolución y tendrá una duración de treinta días, período durante el cual se realizarán evaluaciones integrales, el monitoreo de la operatividad, la revisión de la asignación de personal y de todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del establecimiento penitenciario, según el informe del MJ.
La directora Lourdes Centurión continuará a cargo de “Juana María de Lara” a la par que también esté al frente del Cereso de Minga Guazú, hasta tanto, el Ministerio de Justicia resuelva otra medida.
Asimismo, se dispuso la separación temporal de sus funciones del director del establecimiento, Jesús Pérez, mientras dure la intervención, quedando el mismo a disposición de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
“El Ministerio de Justicia adopta esta firme decisión en el marco de sus atribuciones legales, con el propósito de esclarecer de manera exhaustiva los hechos ocurridos, analizar y determinar las responsabilidades que correspondan”, expresa el informe del Ministerio de Justicia