Fuga de Minga Guazú: Fiscalía peritará disco duro y faltan 40 personas por declarar
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
La unidad fiscal a cargo de Alcides Giménez Zorrilla recibió el disco duro del monitoreo del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú (Alto Paraná) y el material será objeto de pericia, análisis y fotorama para la elaboración de una secuencia de los hechos que derivaron en la fuga o supuesta liberación de ocho presos de alta peligrosidad, el pasado miércoles 26 de marzo.
“Serán analizados desde 48 horas antes de la salida de los presos y observados de nuevos todos los detalles, la pericia dará su resultado y queremos contar con la secuencia de qué ocurrió ese día y qué papel cumplió cada uno de los funcionarios”, refirió el fiscal Giménez a La Nación/Nación Media, acerca de la investigación en la cual se encuentran imputados cinco agentes penitenciarios, quienes guardan prisión en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
Comentó que el Ministerio de Justicia deberá responder al pedido de informe sobre una serie de situaciones como el protocolo de seguridad que estaba vigente al momento de ocurrir los hechos; los responsables de cada acto y función, cantidad de funcionarios, por qué algunos con permiso se encontraban ese día en el sitio y varios otros puntos.
Asimismo, explicó que ya declararon unas diez personas aproximadamente, entre los agentes penitenciarios imputados y otros funcionarios como el exdirector del Centro Penitenciario, Julio César Careaga. Sin embargo, todavía falta la declaración de unas 40 personas más, a ser convocadas, según el agente fiscal. Entre ellos está el personal de salud y administrativos. “Estos agentes abandonaron sus puestos, los presos salieron en ese tiempo; hay mucho por comprobar y analizar allí”, refirió el fiscal.
Con respecto a los agentes penitenciarios imputados, el fiscal Giménez Zorrilla dijo que los mismos desmintieron haber tenido participación en el hecho de presunta liberación de presos. En cuanto a la supuesta falta de insumos, el fiscal dijo que “sí hablaron de eso, pero no justifica que hayan abandonado sus puestos”.
El “Gran Hermano” policial de Sao Paulo ya capturó a 3.000 fugitivos
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En pleno centro histórico de Sao Paulo, un “prisionómetro” -contador de personas presas- marca la entrada a la central de monitoreo de Smart Sampa: un “Gran Hermano” donde decenas de policías controlan la vida de la megalópolis en pantallas. Con 40.000 cámaras en la ciudad más rica y poblada de Brasil, Smart Sampa es el mayor sistema de reconocimiento facial por inteligencia artificial de América Latina, un programa de vigilancia pública que las autoridades exaltan, aunque aún muestra un considerable margen de error.
Frente a una inseguridad urbana que alarma a sus ciudadanos, Sao Paulo implementó a fines de 2024 esta tecnología que ya encarceló a casi 3.000 fugitivos detectados mediante el cotejo en tiempo real de las imágenes de las cámaras con datos judiciales. Apresó, además, a casi 4.000 personas por delitos en flagrante.
“Con los fugitivos que atrapó el sistema, podemos llenar siete cárceles. Hoy ya no puedo imaginar a Sao Paulo sin Smart Sampa”, se felicita en el centro de monitoreo el secretario municipal de Seguridad, Orlando Morando, por este programa que cuesta unos dos millones de dólares mensuales.
A modo de ejemplo, carga una foto de sí mismo y en un instante consigue ver todos los momentos y lugares de Sao Paulo -con unos 12 millones de habitantes- en los que su cara pasó por alguna cámara. “Me recuerda al libro ’1984′ (sobre un régimen totalitario, de George Orwell), con todo ese control de personas: me encanta, apruebo 100 %”, dice Sonia Ferreira Silva, una jubilada de 68 años, frente a un camión de Smart Sampa, un puesto de vigilancia móvil en la emblemática avenida Paulista.
Empleados trabajan en el centro de monitoreo Smart Sampa en São Paulo, Brasil, el 25 de febrero de 2026. Foto: Nelson Almeida/AFP
Arrestos indebidos
Informes oficiales de transparencia analizados por la AFP muestran que más del 8 % de personas arrestadas el primer año después de que Smart Sampa las reconociera como fugitivas debieron ser liberadas por tratarse de errores. Al menos 59 detenidos fueron sueltos porque el sistema los confundió con otros ciudadanos.
En diciembre, un jubilado de 80 años estuvo horas arrestado porque Smart Sampa lo confundió con un violador. Un mes antes, un grupo de pacientes psiquiátricos hacía terapia en un centro de salud mental cuando irrumpieron policías armados y se llevaron esposado a uno de ellos. Tras horas en la comisaría, el detenido fue liberado. Según las autoridades, su orden judicial de arresto ya no tenía vigencia.
El sistema no sólo se nutre de cámaras en las calles sino también en edificios públicos -incluyendo centros de salud- y privados que lo admiten. Al menos 141 personas fueron detenidas por órdenes de arresto desactualizadas, pero el gobierno paulista argumenta que esos equívocos no son culpa suya sino del poder judicial. “Nadie quedó preso por error: las personas fueron liberadas” en esos casos, dice Morando, en nombre del gobierno del alcalde conservador Ricardo Nunes.
“Otros” presos y menos robos
Sao Paulo sufre altos índices de delitos patrimoniales: en 2024, cerca de uno de cada cinco robos de celulares en Brasil -incluyendo asaltos violentos- ocurrieron en la ciudad. Entre los fugitivos atrapados por Smart Sampa, casi la mitad cayeron por casos tipificados como “otros” en datos oficiales. Casi todos ellos corresponden a deudores de pensiones alimenticias, un delito civil “que poco tiene que ver con la seguridad pública”, según el informe “Smart Sampa: ¿Transparencia para quién? ¿Transparencia de qué?”.
“Smart Sampa se presenta como solución al crimen, pero se usa para control civil”, advierte Amarilis Costa, directora de la red de abogados Liberdade y coautora del informe junto a otras ONG. El gobierno denuncia intentos de “desacreditar” a Smart Sampa e insiste con números: anunció una caída de robos de casi 15 % en 2025.
“Ningún prejuicio”
Por otro lado, los datos oficiales no registran la identidad racial de más de la mitad de los presos, una “laguna de información” que impide saber si Smart Sampa peca de “racismo algorítmico” en un país con una de las mayores poblaciones negras del mundo, según Costa. Estudios en distintos países han sugerido que el reconocimiento facial por IA suele equivocarse más con personas negras.
El gobierno aduce que la falta de datos es responsabilidad de la justicia. “Smart Sampa no tiene ningún prejuicio, aquí no arrestamos por color”, asegura Morando. La mayoría de los presos por Smart Sampa cayeron en barrios periféricos y una buena parte son inmigrantes del interior pobre brasileño.
Tras fuga, directora del Penal de Mujeres de CDE quedó a cargo de Cereso, de Minga Guazú
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
La directora del Penal de Mujeres “Juana María de Lara”, de Ciudad del Este, Lourdes Nelsi Centurión, está a cargo desde hoy del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú, según Resolución N.º 27, del 19 de enero de 2026, del Ministerio de Justicia.
La designación es a raíz de la intervención del citado recinto penal, como derivación de la fuga de dos personas privadas de libertad que ocurrió el sábado último.
La medida rige a partir de la fecha de la resolución y tendrá una duración de treinta días, período durante el cual se realizarán evaluaciones integrales, el monitoreo de la operatividad, la revisión de la asignación de personal y de todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del establecimiento penitenciario, según el informe del MJ.
La directora Lourdes Centurión continuará a cargo de “Juana María de Lara” a la par que también esté al frente del Cereso de Minga Guazú, hasta tanto, el Ministerio de Justicia resuelva otra medida.
Asimismo, se dispuso la separación temporal de sus funciones del director del establecimiento, Jesús Pérez, mientras dure la intervención, quedando el mismo a disposición de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
“El Ministerio de Justicia adopta esta firme decisión en el marco de sus atribuciones legales, con el propósito de esclarecer de manera exhaustiva los hechos ocurridos, analizar y determinar las responsabilidades que correspondan”, expresa el informe del Ministerio de Justicia
La Cámara de Diputados resolvió ratificarse en su aprobación inicial del proyecto que endurece las penas a funcionarios o agentes penitenciarios que faciliten o colaboren en la fuga de reclusos, manteniendo la versión original rechazada por el Senado. Foto: Gentileza
Diputados se ratifican en aumentar penas a funcionarios que faciliten fuga de presos
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La Cámara de Diputados, durante su sesión ordinaria de la fecha, resolvió ratificarse en la versión original del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley N.º 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación indebida de personas privadas de libertad. La propuesta legislativa fue presentada por el diputado Yamil Esgaib (ANR–Capital).
Cabe recordar que este proyecto había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, pero posteriormente fue rechazado por la Cámara de Senadores. Ante esta situación, el autor de la iniciativa, con el respaldo del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA–Paraguarí), solicitó que el pleno se ratificara en la versión aprobada inicialmente.
El documento propone endurecer las penas establecidas en el artículo 294 del Código Penal, que sanciona a las personas que faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios. Según el texto ratificado, las sanciones se agravan significativamente cuando el responsable sea funcionario público o personal del sistema penitenciario, atendiendo la especial responsabilidad que estos tienen en la custodia de los reclusos.
De acuerdo con la exposición de motivos, la modificación busca fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a la complicidad o negligencia de los funcionarios del Estado en hechos que vulneren la autoridad de la justicia penal.
Por su parte, Ávalos Mariño destacó la importancia de que el Parlamento adopte una postura firme frente a los reiterados casos de evasión de reclusos, señalando que el objetivo es proteger la integridad del sistema judicial y penitenciario.
Con esta decisión, la Cámara de Diputados ratifica su compromiso con el fortalecimiento del orden y la legalidad, manteniendo firme su posición frente al rechazo del Senado. El proyecto vuelve ahora a la Cámara Alta para su consideración final, en un contexto de debate sobre la necesidad de reformar el sistema penitenciario y aumentar la transparencia en la función pública.
Recuperan carga de insecticidas valorada en USD 500 mil tras allanamiento y detención
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
En un procedimiento de allanamiento de vivienda fue recuperada una carga de insecticidas valuada en 500 mil dólares que fueron hurtados entre el sábado y el domingo, de la empresa Agrun Agroscience S.A, según denuncia presentada ayer. Fue detenida la dueña de casa y derivada a la Comisaría de Mujeres.
El operativo fue encabezado por el fiscal Alcides Giménez y el nuevo director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Carlos Acosta Amarilla y la orden de la jueza Jorgelina Melgarejo Vera. La intervención fue a las 23:50 en una casa ubicada en el Km 14 Acaray, a unos 1.800 metros de la Ruta PY02.
Fue aprehendida Roxana Soledad Paredes Santacruz (45), quien registra antecedentes penales por: obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito y otros, año 2023; hecho punible de violación de la cuarentena y vedas sanitarias y otros, año 2021.
De acuerdo al reporte de Investigación de Delitos, identificaron el lugar donde se encontraba el camión y al ser allanada la vivienda fueron recuperadas las 335 cajas de insecticidas y 10 bidones de 20 litros, que fueron hurtados el fin de semana, de acuerdo a la denuncia.
Del lugar fueron incautados un camión marca Mercedes Benz, modelo 814 de color Rojo, chapa GAG 358 Py, una camioneta marca Chevrolet modelo 5 10 D/C año 2015, color negro, chapa N WCDK 903 Py. y las mercaderías sustraídas en su totalidad. La empresa está ubicada en el Km 13.5 Acaray, barrio Santa Mónica de Minga Guazú.
La denuncia fue presentada ayer lunes 13 por la funcionaria Cleyde Noemí Báez, quien informó que el viernes se retiró de la firma y al volver ayer lunes para reiniciar la actividad laboral se encontró que la puerta principal fue forzada. Los insecticidas fueron hurtados del depósito.
De acuerdo al reporte policial, los fertilizantes recuperados son los de mayor costo y habrían operado unas 15 personas para el hurto de dichos productos. De acuerdo a la investigación, el delito se habría cometido el domingo y solo necesitaron unos 20 minutos para cargar tanta cantidad de cajas.