En la madrugada de este martes, efectivos policiales reportaron el hallazgo de un cadáver al costado de la ruta que une las localidades de Hernandarias y Ciudad del Este. Junto al cuerpo se encontraron armas, inhibidor, taladro y una motocicleta.
El fallecido fue identificado como Raúl Arévalo Ramírez, de 27 años, quien contaba con varios antecedentes por robo agravado y otros delitos similares. El cuerpo contaba con varios impactos de bala, uno de ellos a la altura de la cabeza. Los restos fueron derivados a la morgue para recabar más datos del ataque.
Tras la verificación correspondiente, los intervinientes constataron que el biciclo en el que aparentemente circulaba la víctima estaba denunciado como robado. Entre las pertenencias del fallecido también fueron hallados una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 22, un inhibidor de señales de telefonía y un taladro eléctrico,
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Algunos de los testigos en el lugar comentaron que vieron a varios hombres. Los intervinientes manejan dos hipótesis respecto a lo que pudo ocurrir: por un lado, un intento de asalto que se vio frustrado por la víctima al disparar a su atacante y, por otro lado, la ejecución en el marco de un ajuste de cuentas.
Se especula, además, que el hombre se encontraba en compañía de un segundo sujeto, quien se habría dado a la fuga tras lo ocurrido.
El caso fue derivado al fiscal Víctor Santander, quien ha iniciado un proceso de recabar datos sobre el fallecido y posibles rivales, mientras se procesa el cuerpo del fallecido y se busca vincular el arma utilizada en su contra con algún otro delito ocurrido.
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Subsidio por maternidad en la mira: denuncian maniobras fraudulentas en IPS
El Instituto de Previsión Social (IPS) investiga un esquema que habría sido utilizado por ciertas patronales para inscribir a mujeres únicamente durante su embarazo, acceder al subsidio por maternidad y, posteriormente, darles de baja del seguro. La maniobra despertó la alarma de la institución, que ya identificó patrones de conducta sospechosos.
“Estamos en plena investigación. Creemos que este es un modus operandi que se replica con otras patronales”, explicó Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS en contacto con Universo 970 AM. La funcionaria añadió que el subsidio por maternidad representa el 50 % del presupuesto anual de la previsional, lo que motivó a la entidad a poner especial atención en este rubro.
De acuerdo con Cubas, el análisis de datos reveló altas probabilidades de fraude en el sistema de prestaciones económicas, donde algunas empleadoras registraban a las trabajadoras solo en el periodo de gestación para beneficiarse con el subsidio y, una vez percibido el pago, procedían a dar de baja a las aseguradas.
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La gerente informó que los hallazgos serán presentados al área jurídica y de auditoría del IPS. “Hoy tenemos una reunión con el director jurídico y la auditora de la institución, donde les vamos a exponer estos datos que hemos encontrado”, puntualizó, adelantando que podrían abrirse nuevas líneas de investigación en los próximos días.
Fraude durante la pandemia
En paralelo, la Fiscalía imputó a más de 60 personas por un presunto esquema de estafa que habría ocasionado un perjuicio superior a 1.200 millones de guaraníes al IPS durante la pandemia. La maniobra consistía en inscribir a falsos trabajadores para luego cobrar la compensación por cesación laboral.
“Una patronal pagó apenas 110 millones en aportes obrero-patronales entre 2020 y 2022, pero recibió más de 1.200 millones en beneficios. Esto es un fraude enorme”, afirmó Cubas. Entre los supuestos empleados figuraban la esposa del empleador, hermanos, amistades e incluso un chipero, todos sin relación laboral real.
La investigación continúa y tanto la Fiscalía como el IPS reforzarán los controles para evitar nuevas maniobras irregulares, que afectan de manera directa a los recursos de la previsional y a la confianza de los asegurados.
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Con gran expectativa, arrancó la premiación de la CAP que distingue a las 100 marcas del país
En un ambiente cargado de emoción y brillo arrancó esta noche la gala de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) en la que reconoce a las 100 marcas líderes del país en un evento que combina prestigio, innovación y la cercanía con los consumidores en el Ranking de Marcas 2025. El encuentro se desarrolla en Talleyrand Costanera, donde se reúnen a referentes del marketing, empresarios y ejecutivos del sector.
El ranking es elaborado por Metro Media y se apoya en tres variables clave: recordatorio, uso y preferencia. Estas mediciones permiten identificar no solo a las marcas más fuertes en el mercado, sino también aquellas que logran mantener la confianza y fidelidad de los consumidores en un escenario cada vez más competitivo.
“Destacamos a quienes dejan huella en la mente y en la preferencia del público, reforzando la importancia de la inversión en marketing, creatividad y estrategia”, manifestó la presidenta de la CAP, Patricia Toyotoshi.
La empresaria subrayó que el rigor metodológico del estudio lo convierte en una herramienta útil para evaluar la efectividad de las campañas y orientar decisiones estratégicas en las empresas.
La distinción a las marcas líderes se consolida como un termómetro de la economía de consumo en Paraguay, en donde el marketing cumple un papel decisivo en la creación de valor. Las empresas reconocidas no solo destacan por su posicionamiento, sino también por su capacidad de sostener inversiones que generan empleo y dinamizan el mercado.
“Cada marca reconocida en esta edición demuestra no solo liderazgo en su sector, sino también compromiso con la sociedad y con los consumidores. Este evento es un homenaje a quienes hacen de la excelencia una práctica cotidiana”, expresó Toyotoshi. Con este reconocimiento, la CAP busca fortalecer la confianza en la industria del marketing como motor de competitividad en la economía nacional.
Además de reconocer a las marcas, la CAP busca resaltar la importancia del sector publicitario como motor económico. La inversión en marketing no solo impulsa el crecimiento de las empresas, sino que también mueve una cadena de valor que incluye medios de comunicación, agencias creativas, productoras y proveedores de servicios, generando un impacto directo en el dinamismo del consumo interno.
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Detenido por supuesta extorsión tendría vinculación con asaltos a transportadoras
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Antisecuestro, Zunilda Ocampos, allanó ayer una vivienda del KM 16 de Minga Guazú (A 3.500 metros de la Ruta PY02), y fue detenida una pareja, en el marco de la investigación de un supuesto hecho punible de extorsión agravada en contra de un grupo empresarial logístico. Se trata de Juan Ángel Rojas Meza (44) y su pareja Alejandra Aranda Peloso (30).
Esto fue reportado por la Comisaría 8a. de Minga Guazú. Rojas Meza está vinculado a otros hechos de asalto a mano armada y tiene como antecedente haber sido detenido el año pasado, tras un robo agravado a transportadora, en cuyo procedimiento había fallecido uno de los Resquín.
Es lo que informó a La Nación/Nación Media, el comisario Edgar Galeano, del Departamento Antisecuestro de la Policía de Alto Paraná. Los hermanos Resquín comandaban la denominada “banda japonesa” que fue perseguida con el Operativo Haiwa, debido a denuncias reiteradas de asaltos domiciliarios a familias de origen japonés en el distrito de Yguazú, Alto Paraná.
Por su parte, la fiscal Zunilda Ocampos dijo a La Nación/Nación Media que “estas personas detenidas son las sospechosas de haber ido a presionarle al funcionario de una empresa para que informe sobre actividades de pago, cuando llega y sale dinero, etc., seguramente para hechos de robos agravados”.
A finales de junio se había presentado la denuncia por parte de la asesoría jurídica de una empresa transportadora, sobre los supuestos hechos de extorsión del que estaban siendo víctimas en el grupo empresarial, para la obtención de información del movimiento económico de las firmas que conforman el grupo.
Las amenazas que llegaban a los propietarios eran varias, entre ellas, la ubicación de integrantes de la familia y de otros datos, con los cuales los extorsionadores informaban del peligro que corrían sus víctimas, si no entregaban las informaciones solicitadas, según el comisario Edgar Galeano.
El jefe de Antisecuestro dijo que están colectando varios elementos con los cuales encuentran datos relacionados a otros hechos de asaltos, teniendo en cuenta que el detenido habrá formado parte de bandas que ocasionaron asaltos a transportadoras.
En el operativo de ayer fueron incautados un automóvil de la marca Toyota, modelo Ractis, con Chapa AAOP 852, aparatos celulares, SimCard, porta SimCard, Memory Card y documentos varios. Los detenidos siguen en la Dirección de Policía.
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Fiscalía imputa a empresario y decenas de personas por fraude de G. 1.200 millones al IPS
Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
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