En la madrugada de este martes, efectivos policiales reportaron el hallazgo de un cadáver al costado de la ruta que une las localidades de Hernandarias y Ciudad del Este. Junto al cuerpo se encontraron armas, inhibidor, taladro y una motocicleta.
El fallecido fue identificado como Raúl Arévalo Ramírez, de 27 años, quien contaba con varios antecedentes por robo agravado y otros delitos similares. El cuerpo contaba con varios impactos de bala, uno de ellos a la altura de la cabeza. Los restos fueron derivados a la morgue para recabar más datos del ataque.
Tras la verificación correspondiente, los intervinientes constataron que el biciclo en el que aparentemente circulaba la víctima estaba denunciado como robado. Entre las pertenencias del fallecido también fueron hallados una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 22, un inhibidor de señales de telefonía y un taladro eléctrico,
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Algunos de los testigos en el lugar comentaron que vieron a varios hombres. Los intervinientes manejan dos hipótesis respecto a lo que pudo ocurrir: por un lado, un intento de asalto que se vio frustrado por la víctima al disparar a su atacante y, por otro lado, la ejecución en el marco de un ajuste de cuentas.
Se especula, además, que el hombre se encontraba en compañía de un segundo sujeto, quien se habría dado a la fuga tras lo ocurrido.
El caso fue derivado al fiscal Víctor Santander, quien ha iniciado un proceso de recabar datos sobre el fallecido y posibles rivales, mientras se procesa el cuerpo del fallecido y se busca vincular el arma utilizada en su contra con algún otro delito ocurrido.
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Realizan allanamientos en Asunción en búsqueda de ladrones domiciliarios
En el marco de una serie de robos domiciliarios, agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción llevaron adelante varios allanamientos, en específico en los barrios Republicano y Bañado Sur, donde, en medio de una importante comitiva se desplazan cerrando varias calles.
Gracias a estas intervenciones se logró la captura de dos personas; una de ellas es una mujer identificada como Rosalía Espínola Caballero, a nombre de quien estaría el vehículo utilizado por los malvivientes para perpetrar los ilícitos. Según los datos preliminares, la misma alquilaría el automóvil a los hombres, pero en su vivienda se encontraron varios objetos de valor pertenecientes a los denunciantes.
Por otro lado, en el barrio Bañado Sur, fue detenido un hombre identificado como Gustavo Ramón Benítez Brítez, quien sería parte del grupo de responsables buscados actualmente. En poder de este último fueron hallados varios indicios que lo ligarían con los robos investigados, entre ellos documentos y una réplica de arma de fuego.
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Si bien los intervinientes no pueden revelar mayores informaciones atendiendo a que se encuentran en plena búsqueda de los demás integrantes de la banda, todo apunta a que la detención de los mismos está en proceso, en especial teniendo en cuenta la cantidad de indicios encontrados en esta operación.
La Policía Nacional sigue con los trabajos investigativos y ahora todas las evidencias serán procesadas y puestas a disposición del Ministerio Público, al igual que los detenidos, para continuar con el proceso establecido.
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Plantean gratuidad en la expedición de antecedentes policiales y judiciales
El senador colorado Derlis Osorio presentó la propuesta que establece la gratuidad de la expedición del certificado de antecedentes policial y judicial. Actualmente, tienen un costo de G. 24.500 y G. 39.236, respectivamente.
“El presente proyecto tiene como objetivo ayudar a un gran segmento de la población que actualmente se encuentra desocupada y que se encuentra en búsqueda de trabajo. Encontrándose como condición para la postulación a cualquier vacancia de un empleo formal, acompañar a su curriculum vitae los certificados de antecedentes policial y judicial", refiere el documento.
El proyecto detalla que la expedición de ambos documentos termina transformándose en una “carga monetaria no menor”, para dicho segmento poblacional a raíz de su condición de desocupación.
“En la actualidad la expedición de los certificados de antecedentes policial y judicial se realiza de manera totalmente informatizada, pudiendo inclusive ser realizado de manera virtual, con lo cual se busca facilitar dicho trámite al ciudadano, pero manteniendo la pesada carga de los costos, lo cual hace en algunos casos de dificil acceso para aquellas personas que se encuentran en delicada situación económica y deben priorizar otros gastos prioritarios para su día a día como ser alimentación, traslado y comunicación“, indica.
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La propuesta tuvo entrada oficial el pasado 23 de abril y deberá ser girada a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Desarrollo Social para sus dictámenes y posterior tratamiento en el pleno.
“No resulta justo que el Estado a través del cobro de tasas a la población desocupada financie el funcionamiento y la expedición de certificados que contienen información contenida en bases de datos obrantes en instituciones públicas, sobre datos personales de las mismas personas solicitantes, más aun encontrándose estas en situación de vulnerabilidad económica”, puntualiza.
Agrega que: “Se convierte este tramite en un gran obstáculo o trampa para la obtención de un puesto de trabajo digno, es momento de comenzar a repensar el Estado y la forma en que este se relaciona con sus mandantes, la ciudadanía".
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Mafia de los pagarés: Senado designa a sus investigadores
La Cámara de Senadores dio a conocer este lunes el listado de los integrantes que conformarán la comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, causa que derivó en la imputación de 63 personas el 21 de marzo.
La resolución n.° 2.574 detalla que el bloque estará conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán la comisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
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La comisión tendrá como objetivos y funciones el registro de víctimas, recolectar, sistematizar y visibilizar los hechos denunciados, identificando el perfil de las víctimas. Así también se prevé la estimación del impacto social y económico del esquema delictivo, investigar y describir las modalidades y procedimientos aplicados en su funcionamiento.
Igualmente, se realizará el requerimiento de la cooperación de dependencias públicas con competencia en la defensa de los derechos humanos, derechos del consumidor y de control y fiscalización de empresas de créditos y afines, y finalmente emitir un informe final, formular sugerencias y comunicar a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y cualquier otra institución, según corresponda.
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El manuscrito de Hernandarias que vuelve al país un siglo después
- Jorge Zárate
- jorge.zarate@nacionmedia.com
- Fotos: Archivo/Gentileza
“Los documentos fechados en el siglo XVI escritos en el Nuevo Mundo se han vuelto poco comunes y muy buscados”, ofertaba la página web de una librería de textos antiguos de Nueva York que lo puso a la venta. Una alerta movilizó al Archivo Nacional a recuperarlo. Es importante para entender la brutal aplicación del régimen esclavista de la encomienda, cómo se peleaban los conquistadores por lotes de indígenas para ser explotados en sus tierras, ayudando a derribar el mito romántico de la conquista. Aquí la historia de su recuperación.
“Ay y a avido gran deshorden y descuido en los encomenderos en la doctrina y enseñamyento de los naturales a ellos encomendados y en les poner en policia como eran y son obligados por lo qual la mayor parte de los yndios se an muerto sin conffision ni baptismo y se an servido dellos con gran cargo de sus conciencias”, describe Hernando Arias de Saavedra.
Hernandarias, como era conocido popularmente, señala la falta al deber de la enseñanza religiosa a los indios como uno de los elementos para fundamentar su ordenanza en la que dicta algunas normas que regulan el ejercicio de la encomienda en el Paraguay antiguo.
Firma el documento “en la ciudad de la Asumpcion cabeça de esta dicha governacion y en las demas destas provincias” y lo fecha el 12 de diciembre de 1598.
Se trata de un manuscrito de 14 páginas que apareció a la venta a un precio de 28.500 dólares en la página web de Martayan Lan, una tienda de libros antiguos de Nueva York, Estados Unidos.
EJE DEL SISTEMA COLONIAL
Así define a la encomienda el texto de la oferta de la librería: “El eje central del sistema colonial español en Sudamérica fue la encomienda, en la cual un número fijo de indígenas era asignado a conquistadores o soldados como recompensa por sus servicios. Estos pueblos indígenas estaban obligados a pagar tributo a sus amos, con un porcentaje reservado para la Corona. Las proclamas de Hernandarias de 1598, contenidas en el presente documento, muestran un avance significativo, aunque gradual, respecto a las duras condiciones del sistema de encomiendas”.
Vicente Arrúa, director del Archivo Nacional, recibió una alerta anónima sobre el particular: “Lo revisamos y nos dimos con que era un documento de fines del siglo XVI porque tenía la foliación de ese momento”, cuenta.
Según entiende, “el documento pudo haber sido sustraído después de la guerra contra la Triple Alianza a partir de 1870. Y también teníamos un dato de que el documento se había consultado, porque se publica en un trabajo de investigación, en 1905, y fue la última vez que se lo revisó. Entonces, en nuestro rango, el tiempo en que pudo haber desaparecido era entre 1870 y la primera década del siglo XX”.
UNA CONSULTA DECISIVA
En diciembre del año pasado decidieron consultar a Guillaume Candela, historiador francés especialista en el Paraguay antiguo, que determinó que era un acta de Cabildo y que debió pertenecer al Archivo Nacional.
En contacto con La Nación/Nación Media desde Southampton, Inglaterra, Candela manifiesta su “profunda satisfacción y enorme alegría por haber contribuido a la recuperación y repatriación de este manuscrito al Archivo Nacional de Asunción”.
Respecto a cómo habría llegado este documento a Nueva York, este historiador de la Universidad de Cardiff entiende que “podemos plantear varias hipótesis. Una de ellas sería la extracción del documento por el expresidente Manuel Gondra (1871-1927), quien según esta fuente donó a la Universidad de Texas su colección, que contaba con más de 7.283 libros, 2.633 panfletos, más de 20.000 páginas de manuscritos y 270 mapas.
La colección Manuel Gondra se encuentra hoy en día en la Benson Collection de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin, EE. UU. Lo que nos llama más la atención son estas 20.000 páginas de manuscritos. ¿De dónde proceden? ¿Del Archivo Nacional? Esta hipótesis resulta plausible considerando el buen estado de conservación del documento y el análisis realizado a principios del siglo XX. No obstante, no debemos descartar la posibilidad de un robo en épocas posteriores”, considera el especialista.
“Espero que algún día podamos acceder a los resultados de la investigación de la fiscalía de Manhattan para obtener información adicional que nos ayude a reconstruir la trayectoria de esta ordenanza promulgada por el gobernador Hernando Arias de Saavedra”, dice.
A partir de esa clarificación surgió el reclamo diplomático a la ciudad de Nueva York, que dio intervención a los fiscales de Manhattan, que procedieron a la incautación del mismo. “Estoy encantado de que, por primera vez, podamos devolver un objeto robado al pueblo de Paraguay”, indicó el fiscal neoyorquino Alvin Bragg al momento del procedimiento.
TEXTO CLAVE
Arrúa describe como “fundamental” la importancia de estas 14 páginas que regresarían en el transcurso del año al país desde Nueva York.
“Hernandarias fue la primera persona nacida en América en convertirse en gobernador de una colonia europea en el Nuevo Mundo”, apuntaba Martayan Lan en el texto de presentación de la oferta. Agregaba que “si bien la burocracia del sistema colonial español produjo una gran cantidad de documentación manuscrita, los documentos fechados en el siglo XVI escritos en el Nuevo Mundo se han vuelto poco comunes y muy buscados”.
El director del Archivo Nacional recuerda que el texto “tiene que ver con el tema de las encomiendas y habla de las consecuencias de los maltratos hacia la población indígena por parte de los conquistadores. Es una documentación que, sumada a otra existente en el Archivo, ayuda a controvertir el mito de la conquista romántica, que sigue aún vigente hoy, que se sigue incluso enseñando en los colegios”, apunta.
Entiende entonces que ofrecer el texto a investigadores y estudiantes “va a servir fundamentalmente para nuevos abordajes historiográficos que van a dar mayor conocimiento sobre estos periodos”.
La idea, según expuso, es que “una vez que recibamos el documento vamos a ver su estado, haremos algunas intervenciones de conservación preventiva para estabilizarlo”, anticipa. “Aparentemente está en buen estado de conservación, vamos a digitalizarlo y reinsertarlo, si conviene, en el mismo volumen en el cual tenía que haber estado”, describe.
“Por supuesto, pretendemos hacer una exposición de este documento junto con otros que tenemos que hablan justamente del tema del trato al indígena, de las relaciones con los conquistadores y los conflictos que existían entre ellos. Este acceso lo haríamos tanto para consultar el material físico, atendiendo a ciertas normas para evitar su deterioro, y para una consulta masiva estará accesible en nuestra plataforma web”, indica.
UN ARCHIVO RESISTENTE
Vicente Arrúa, director del Archivo Nacional, recuerda la difícil historia de la institución: “La guerra contra la Triple Alianza marca a la sociedad paraguaya también en el sentido administrativo, el Archivo se traslada de Asunción a Luque en 1868 y luego a Piribebuy, donde cae en poder del Ejército aliado y ahí se producen saqueos. Tanto la documentación, que es llevada al Brasil y recién es devuelta en la década de los 80 del siglo XX, pero también se producen saqueos, robos de documentos que hasta hoy día nosotros no podemos tener una dimensión”, relata.
El desorden de la posguerra, fines del siglo XIX e inicios del XX permitió también otras pérdidas que todavía se siguen analizando. “Nosotros estamos realmente monitoreando muchas veces páginas webs en donde se ofertan antigüedades. Esta es la segunda vez que se logra una recuperación de documentos sustraídos del Archivo, ya que hace unos años también se rescató un grupo de documentos que estaban siendo ofertados en el Reino Unido”, comenta.
EL BRUTAL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DEL INDÍGENA
Dice el historiador Candela que “a través de estas 14 páginas, el lector puede transportarse a la Asunción de 1598 y descubrir cuáles eran las cuestiones más relevantes y apremiantes de aquel momento histórico”.
Destaca a su vez que “en 1598, Buenos Aires continuaba siendo únicamente un puerto anexo a la ciudad de Trinidad, aun después de 18 años desde su segunda fundación. Por ello, resulta fundamental recalcar la relevancia de este archivo para toda la región (Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay). Si se pretende estudiar el Río de la Plata de los siglos XVI-XVII, el Archivo Nacional de Asunción es imprescindible, puesto que numerosos documentos y papeles debían llegar al centro administrativo y de gobierno de toda la región, que era Asunción”.
En el texto de presentación de la oferta, la librería neoyorquina Martayan Lan expone respecto al contenido del manuscrito de Hernandarias (1561-1634): “Las regulaciones 5, 6 y 8 prohíben el traslado forzoso de indígenas de una encomienda a otra sin permiso del gobernador; las regulaciones 10, 11 y 12 prohíben el maltrato generalizado a los indígenas, la interferencia con sus costumbres de pesca y caza, la disolución inhumana de familias, etc. Sin embargo, no todas las ordenanzas fueron tan clementes: la n.° 18 restringe el derecho de los indígenas a migrar o viajar”, apunta.
Para Candela, el gobernador “retoma las numerosas alertas lanzadas 42 años atrás por el cura Martín González. Sigue describiendo un Paraguay colonial temprano violento para con los pueblos originarios y una sociedad sumida en el desorden, en la cual los conquistadores incumplían sistemáticamente las normas. Hernandarias señala que la implementación del sistema de encomienda por parte del gobernador Domingo Martínez de Irala en 1556 resultó desastrosa, puesto que los títulos de encomienda nunca fueron transmitidos ni, por consiguiente, reconocidos por el Consejo de Indias y el rey Felipe II, lo que generó una situación incontrolable”.
Así, los encomenderos se disputaban la propiedad de contingentes enteros de indígenas, de cientos y hasta miles de personas.
Sigue narrando Candela: “Los sucesores de Martínez de Irala podían otorgar las mismas encomiendas a otros españoles y mestizos, declarándolas a la Corona y modificando los propietarios. Como pueden imaginar, este caos legal surgido a partir de 1556 no solo representaba un grave problema para los españoles y mestizos residentes de Asunción, que se veían despojados de sus recompensas, sino que perjudicaba aún más a los nativos encomendados, obligados a trabajar en las casas, chacras, estancias y ranchos de estos encomenderos, siendo frecuentemente trasladados de manera forzosa de una casa a otra y maltratados por las diferentes familias de encomenderos”.
Candela explica que la ordenanza en cuestión “no contempla la abolición del sistema de encomienda en el Paraguay ni en el Río de la Plata colonial. Quisiera enfatizar que nunca fue eliminado como lo evidencian diversos documentos del Archivo Nacional: por ejemplo, una visita realizada entre 1790 y 1791 a las encomiendas de indios de los pueblos de Ypané, Guarambaré, Itá, Yaguarón, Atyrá, Tobatí y Altos, ejecutada por el gobernador Joaquín de Alós; o un documento redactado por Juan de la Cruz Cáceres en el pueblo de Caazapá el 24 de enero de 1794, referente a Gregoria Tacurarí y sus dos maridos, originarios de dos pueblos de encomienda diferentes”, apunta.
Algún efecto parece haber tenido, ya que desde comienzos del siglo XVII la economía paraguaya se sustentó en la encomienda. La extracción y el laboreo de la yerba mate, y más tarde el del tabaco, recayeron pesadamente sobre los indios guaraníes y sus pueblos.
Candela venía investigando sobre los pueblos indígenas esclavizados en Estados Unidos y América en general, línea que continuará esta vez liderando “un proyecto financiado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades (AHRC) del Reino Unido sobre la esclavitud y el trabajo forzado de los pueblos indígenas, africanos y afroparaguayos en el Paraguay colonial. Este implementará herramientas de inteligencia artificial, está en fase final de diseño y próximamente será sometido a evaluación. Esta ordenanza de Hernandarias tendrá un lugar destacado dentro del corpus documental que estoy constituyendo para la buena realización del mismo”, anticipó.