La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron una requisa en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa (Cereso), ubicado en el distrito de Cambyretá, en la búsqueda e intervención a una supuesta red que concretaba vaciamiento de cuentas bancarias.
El procedimiento de requisa estuvo cargo de funcionarios de la Fiscalía y del personal policial del Grupo Táctico (G.E.O.- Lince), más personal de Prevención y Seguridad, con apoyo del personal del Departamento de Investigaciones de Itapúa.
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Durante el procedimiento se logró la incautación de 68 cargadores de celulares, 34 armas blancas y 20 aparatos celulares en poder de personas privadas de libertad (PPL), elementos que fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.
Según datos del acta oficial, el mandamiento de allanamiento se desarrolló en cumplimiento de una alerta, en la que los privados de libertad de dicho penal llevaban a cabo estafas bajo engaño, con el uso de los dispositivos telefónicos y varios elementos confiscados.
La investigación se inició tras la denuncia de una persona que mencionó que se vació su cuenta bancaria y las sospechas provenían de la referida sede penitenciara. Ahora, las evidencias incautadas deberán ser estudiadas por el Ministerio Público para poder determinar si tienen relación con la presente investigación de sustracción de dinero de la cuenta bancaria de la denunciante.
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Ministra Llanes participó de la habilitación de la Unidad de Género en Itapúa
Con presencia de la ministra superintendente de la Circunscripción Judicial de Itapúa y enlace de la Secretaría de Género, Carolina Llanes Ocampos, se habilitó la Unidad de Género en la sede del Poder Judicial de Encarnación. La habilitación se realizó en el marco del Plan Piloto de Desconcentración Territorial de la Secretaría de Género del Poder Judicial, con el objetivo de acercar sus funciones y asistencia técnica a magistrados, funcionarios y usuarios del sistema de justicia, y fortalecer el acceso a servicios especializados en el departamento.
La ministra resaltó el trabajo realizado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el acompañamiento del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) para dotar a cuatro circunscripciones judiciales, entre ellas Itapúa, de un plantel profesional y un espacio adecuado para recibir denuncias por violencia contra las mujeres, contra las niñas y violencia en general.
En ese sentido, señaló que la capacitación del personal será constante, mediante la articulación con la Secretaría de Género, con sede en la capital, a cargo de la doctora Silvia López Safi. Asimismo, explicó que las cuatro circunscripciones fueron seleccionadas para iniciar este proceso debido al alto índice de denuncias de violencia registrado en dichas jurisdicciones y adelantó que, de manera gradual, esta unidad será instalada en las demás sedes judiciales.
En tanto, el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Miguel Ángel Vargas Díaz, brindó las palabras de bienvenida y expresó su deseo de que esta oficina constituya una puerta abierta para escuchar y responder ante situaciones de violencia, discriminación y abuso, protegiendo la dignidad y la igualdad.
A continuación, la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Género, Silvia López Safi, realizó una exposición técnica sobre la Unidad de Género y el alcance de esta iniciativa de desconcentración territorial. Durante su intervención, destacó el trabajo interinstitucional que sustenta el proyecto y su aporte al fortalecimiento de la atención especializada.
Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la sociedad civil y la academia, con especial énfasis en el observatorio que promueve la transparencia y la visibilidad. También se refirió a las herramientas de protección, así como a la participación del Poder Judicial en las políticas públicas y en el Examen Periódico Universal.
Con la habilitación de la Unidad de Género en Encarnación, ya son cuatro las dependencias de este tipo habilitadas en el marco del proceso de desconcentración territorial. Las otras tres se encuentran en las circunscripciones judiciales de Central, Paraguarí y Alto Paraná.
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Sistema de emergencias: de las más de 5.400 llamadas solo el 22 % fue de urgencias reales
Este sábado, la Policía Nacional informó que de las más de 5.400 llamadas que ingresaron al sistema de emergencias en un día, apenas el 22 % correspondió a urgencias reales. Los datos revelan que 8 de cada 10 personas que marcan lo hacen de manera irresponsable, saturan las líneas y ponen en peligro a los que realmente necesitan.
Durante la jornada de ayer viernes, recibieron un total de 5.430 llamadas, de las cuales 1.188 fueron intervenidas con éxito representando al 22 % de los pedidos ingresantes y, el resto, 4.242 contactos fueron de personas que no requerían de asistencia, representando a más del 80 %.
El informe también señala que fueron intervenidas más de 1.100 llamadas de emergencias, que fueron: 228 por polución sonora, 170 por violencia familiar, 142 perturbación a la paz pública, 102 accidentes de tránsitos con daño material, 83 pedidos de auxilio y 463 por otros códigos.
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El desglose de las 4.242 llamadas de no emergencia muestra que 3.266 contactos fueron de personas que ingresan al sistema de emergencia y no contestan; de este número, 2.352 llaman y cortan de inmediato; 582 contactan, pero seguidamente quedan en silencio y 332 ingresan al sistema involuntariamente.
En tanto que, 278 fueron ciudadanos en aparente estado de inestabilidad metal, 209 contactos fueron de niños jugando, 202 personas llamaron para pedir información, 111 juzgamiento inadecuado, 109 llamadas equivocadas, 31 operativas, 26 fue por dispositivo automático, insultos/obscenas fueron 9 llamadas y 1 mensajerías.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Feria departamental “Consuma lo que Itapúa produce” se realizará en Encarnación
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), anunció que se llevará a cabo la feria departamental de la agricultura familiar denominada “Consuma lo que Itapúa produce”, a realizarse el miércoles 30 de setiembre en la Playa San José de la ciudad de Encarnación, desde las 07:00 hasta agotar stock.
Los consumidores podrán acceder a productos frescos de calidad a precios justos como gallina casera, lechón, carne de cerdo, cabra, oveja, huevo casero, pato, queso Paraguay, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, poroto manteca, maní, almidón, tomate, cebolla, locote, ajo, batata, mandioca, una gran variedad de verdeos, frutas de estación, granos en general, una amplia selección de comidas típicas listas para consumir, artesanía, flores y plantas, entre otros productos.
Se estima que esta feria beneficiará a 1.100 productores nucleados en 45 organizaciones de Itapúa del Norte: Natalio, Itapúa Poty, Alto Verá, Hohenau, Pirapó, Yatytay y de Itapúa Sur: Encarnación, Capitán Miranda, Trinidad, Nueva Alborada, Cambyretã, General Delgado, La Paz, San Cosme, Coronel Bogado, Artigas, San Pedro del Paraná, Carmen del Paraná, Leandro Oviedo, Fram y Jesús; además de organizaciones invitadas de Caaguazú, Caazapá y Misiones.
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Esta actividad es organizada por la Dirección de Comercialización y Extensión Agraria (Pima) dependiente de la cartera agropecuaria, con el fin de facilitar la venta directa de los productos de la finca familiar a los consumidores, sin intermediarios. De esta manera, se podrá fortalecer el desarrollo y el dinamismo de la productividad de las familias rurales del país.
Esta Feria de la Agricultura Familiar contará con el respaldo institucional de las autarquías del sistema público agrario (IPTA, Senave, Senacsa, CAH y BNF), junto con la municipalidad local, comunas vecinas y entidades vinculadas al sector.
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