• Por Mônica R. de Carvalho

Hace más de cien años, la econo­mista Katharine Coman publicó un artículo en la American Economic Review (1911), en el que abordaba la “tragedia de los comunes”, un concepto discutido repetidamente a lo largo de la historia desde Malthus. Transcu­rrido tanto tiempo, el pro­blema y la controversia planteados siguen siendo no solo actuales, sino cada vez más complejos. Cuando Coman escribió su artículo, reflexionaba aún sobre los problemas de irrigación de tierras y sobre cómo resol­ver la cuestión de los bie­nes “comunes”: aquellos cuyo uso por parte de una persona impide el uso por parte de otra (bienes riva­les), pero que, al mismo tiempo, son de acceso abierto y están disponi­bles para todos (bienes no excluyentes).

Incertidumbre, dispersión espacial y temporal, larga duración. ¿Cuántos proble­mas de la actualidad se pre­sentan de esta manera? En particular, podemos pensar en los problemas ambien­tales. Las cuestiones de acceso abierto están asocia­das a preocupaciones cre­cientes relacionadas con la calidad del aire y del agua, los residuos peligrosos, la extinción de especies, la preservación del ozono estratosférico y la estabili­dad del clima global frente a la acumulación constante de gases de efecto inverna­dero. Sin embargo, lo más interesante es que, a pesar de los grandes avances en los estudios económicos a lo largo del último siglo, los instrumentos para el desa­rrollo de políticas econó­micas destinadas a con­tribuir a la resolución de estos problemas son, en cierta medida, antiguos. Hablamos, por ejemplo, de impuestos sobre las emisio­nes de carbono o de merca­dos en los que se negocie el derecho a contaminar.

¿Pero realmente fun­cionan? Durante mucho tiempo, la respuesta fue más teórica que empírica. En 2024, un grupo lide­rado por Jan Minx publicó en Nature Communica­tions el artículo Systema­tic Review and Meta-Analy­sis of Ex-Post Evaluations on the Effectiveness of Car­bon Pricing, que analizó 483 estimaciones extraí­das de 80 evaluaciones realizadas sobre 21 siste­mas de fijación de precios del carbono en funciona­miento en distintas partes del mundo. El veredicto es alentador y modesto al mismo tiempo: en al menos 17 de estos casos, la intro­ducción de un precio al car­bono produjo reducciones inmediatas y significativas de las emisiones, de entre el 5 % y el 21 %, alrededor del 10 % en promedio, o cerca del 7 % cuando se corrige el sesgo de publicación típico de esta literatura. Y ello a pesar de que los precios aplicados son, casi siempre, demasiado bajos en com­paración con lo que reco­mienda la ciencia climá­tica. Es decir, la intuición centenaria de que es posi­ble disciplinar el uso de un bien común simplemente cobrando por él resiste la prueba de los hechos y de los datos. El problema no parece residir en el instru­mento, sino en la intensidad con que se aplica, así como en la reticencia política a hacerlo.

En el artículo Global Eco­nomic Exposure to Climate Change Amplified by Spa­tially Compounding Cli­mate Extremes (BIESS, B.; GUDMUNDSSON, L.; SENEVIRATNE, S. I., Nature Communications, marzo de 2026), investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich muestran que el riesgo cli­mático ha dejado de ser un problema local. Cruzando proyecciones de modelos climáticos con datos del PIB distribuidos a escala global, miden no las pérdi­das ya contabilizadas, sino la riqueza expuesta a olas de calor, lluvias extremas, sequías y escasez de agua y, sobre todo, la probabili­dad de que varios lugares sean afectados simultánea­mente.

La conclusión es inquie­tante: las regiones de meno­res ingresos son precisa­mente las más propensas a enfrentar fenómenos extre­mos simultáneos junto con otras partes del mundo, lo que reduce las posibilidades de ayuda externa y ampli­fica la inestabilidad econó­mica. Se trata de la “trage­dia de los comunes” en su versión contemporánea: el gas emitido en un patio trasero presenta la factura en otro, y el seguro natu­ral contra las pérdidas, la diversificación geográfica del riesgo, se desvanece pre­cisamente cuando más se necesita. Después de más de cien años, las solucio­nes siguen siendo conoci­das: impuestos, mercados de cuotas y regulación. Lo que ha cambiado es el costo de seguir postergándolas. Bajo un cielo sin fronteras, el patio es de todos noso­tros.

Texto elaborado por Mônica R. de Carvalho, Core Faculty y profesora asociada de la Fundación Dom Cabral, donde actúa en las áreas de Finanzas y Gobierno Cor­porativo. Mônica es econo­mista y doctora en Estudios Globales por la Sophia Uni­versity (Japón).

Este jueves, un grave accidente se reportó en la ciudad de Ypané, donde dos hermanos que iban camino a la escuela fueron embestidos por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga. Tanto el conductor como su acompañante se entregaron horas después ante las autoridades.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la mañana de hoy cuando los estudiantes de 9 y 14 años esperaban para cruzar la ruta que une la ciudad de Ypané con Villeta, en su intersección con la Ruta PY01. Ambos iban camino a la escuela Carlos Ramírez Díaz de Espada en horario de la entrada.

Los hermanos, un niño de 9 años y una adolescente de 14 años, esperaban para cruzar la ruta cuando fueron embestidos por una camioneta. El más pequeño quedó inconsciente tendido en la capa asfáltica, pero con signos vitales. En tanto que, su hermana presentaba golpes en varias partes del cuerpo.

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El conductor de la camioneta decidió darse a la fuga y los menores fueron auxiliados por las personas que se encontraban en la zona. Hasta el lugar llegaron bomberos voluntarios de la ciudad y fueron llevados al centro de salud local, donde recibieron los primeros auxilios, pero luego fueron derivados al Hospital de Trauma.

Horas más tardes el supuesto conductor que embistió a los menores se presentó en la comisaría local para reconocer el hecho. Este fue identificado como Eustacio Martínez, de 73 años, junto a él se presentó Marcelo Javier González Díaz, mayor de edad, quien sería su acompañante.

Por orden del fiscal Ángel Gill, de la Unidad Penal N.° 1 de Julián Augusto Saldívar, ordenó que estas personas sean sometidas a la prueba de alcotest, el supuesto conductor dio 0,00 mg/l, mientras que el acompañante registró 0,212 mg/l. Los dos quedaron aprehendidos como presuntos autores.

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Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de un suboficial mayor de la Policía Nacional, durante un control rutero realizado hoy miércoles en las inmediaciones de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

El detenido fue identificado como Tomás Alcides Trinidad Flecha, quien tenía consigo 20 fusiles de guerra ocultos en un sistema de doble fondo de un vehículo.

Trinidad estaba asignado en la Subcomisaría 27ª Acepar, del Departamento de Canindeyú.

Los investigadores señalan que el cargamento era fusiles FAL y G3, que eran trasladados desarmados a fin de facilitar su ocultamiento.

Las pesquisas apuntan que el armamento tenía como destino Ciudad del Este, desde donde luego podría ser comercializado El Ministerio Público dispuso que el uniformado sea trasladado junto con las evidencias hasta la Base Regional de la Senad en Ciudad del Este.

Desde ese lugar continuará el procedimiento a fin de determinar el origen de las armas, la posible red involucrada y el destino final del cargamento.

En las próximas horas autoridades de la Senad brindarán mayor información sobre el operativo.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.

Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.

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Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.

El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.

En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.

Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.

La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.

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