El joven Junior Cohene Silvero, de 23 años, quien se desempeña como guardia de seguridad, fue liberado en la vía pública tras ser tomado de rehén por un grupo de campesinos durante un enfrentamiento registrado ayer jueves en la compañía San Luis I de la ciudad de Simón Bolívar, departamento de Caaguazú.
Fue asistido por los vecinos de la zona y trasladado al Hospital Regional de Coronel Oviedo para una evaluación. De acuerdo a las últimas informaciones, Cohene Silvero recibió golpes y presentaría una herida en la zona del brazo.
El joven custodio de la estancia agropecuaria San Ignacio S. A. había sido tomado de rehén en la mañana de ayer. Fue localizado en el transcurso de la tarde a unos cinco kilómetros de la zona donde se registró el conflicto.
Antecedentes
El enfrentamiento con armas de fuego entre los guardias de seguridad y campesinos denunciados como invasores fue registrado aproximadamente a las 5:30. Resultaron víctimas Ceferiano Silvero, de 45 años, quien falleció calcinado dentro del vehículo incendiado por los agresores.
También perdió la vida Adrián Florentín, de 30 años de edad, perteneciente al grupo de los atacantes, tras recibir un balazo en el pecho, lado izquierdo. Los custodios fueron atacados por un grupo de 50 personas de acuerdo a los reportes de la zona.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Exportación hortícola: productores posicionan el tomate nacional en Brasil
El Gobierno concretó el primer envío de 28.000 kilogramos de tomate nacional al mercado brasileño, en un nuevo avance para la horticultura y la apertura de oportunidades comerciales para los pequeños productores. El cargamento fue presentado en la colonia Blas Garay, distrito de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
Con este envío, Paraguay suma tres años consecutivos de exportaciones de tomate, luego de los cargamentos destinados anteriormente a Uruguay. Según el ministro del MAG, Carlos Giménez, el resultado demuestra que la producción hortícola con orientación exportadora es posible mediante la organización y el trabajo conjunto con los pequeños agricultores.
Giménez destacó que se trata de la primera exportación de tomate paraguayo a Brasil y resaltó el acompañamiento institucional a los productores de la zona, especialmente a los integrantes de la Asociación de Colonos Unidos.
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Por su parte, Oscar Guzmán, representante de la Asociación de Colonos Unidos, agradeció el acompañamiento del MAG y señaló que fue clave para cumplir con los requisitos de calidad. La operación representa una oportunidad para dinamizar la economía de las familias rurales y fortalecer la producción nacional con acceso a nuevos mercados.
El MAG contribuyó con técnicos que brindaron asistencia durante las etapas de siembra, cosecha y cuidados del cultivo, con el objetivo de alcanzar los estándares de calidad exigidos para la exportación.
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Productor de Caaguazú alcanza los 7.000 kilos semanales de tomate con apoyo del CAH
El crecimiento del emprendimiento de Roberto Aguilar fue acompañado por el financiamiento del Crédito Agrícola de Habilitación, que le permitió fortalecer su producción y llegar a nuevos mercados. De cuatro invernaderos pasó a una infraestructura de 92 unidades productivas. Así evolucionó el emprendimiento de Aguilar, productor de tomate de la zona de Calle 8, distrito de R. I. 3 Corrales, departamento de Caaguazú, quien actualmente alcanza una producción aproximada de 7.000 kilos por semana.
El crecimiento fue posible tras más de una década de trabajo con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), cuyo respaldo financiero acompañó la expansión de la actividad agrícola y permitió aumentar la capacidad para responder a la demanda del mercado.
Con este volumen de producción, Aguilar abastece al Mercado de Abasto y a otros canales de comercialización. Asimismo, provee tomates frescos al programa Hambre Cero, iniciativa que contribuye a la alimentación de estudiantes paraguayos y representa una oportunidad de comercialización para los productores nacionales.
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La ampliación de la infraestructura refleja el desarrollo de una unidad productiva que logró incrementar su capacidad y diversificar sus canales de venta. El acceso al financiamiento, sumado al trabajo sostenido del agricultor, fue uno de los factores que acompañaron este proceso de crecimiento.
El caso también pone en evidencia las posibilidades de expansión de la agricultura familiar cuando los productores cuentan con herramientas financieras para fortalecer sus emprendimientos y mejorar su capacidad de abastecimiento.
A través de la asistencia crediticia a agricultores y emprendedores de distintos puntos del país, el CAH busca impulsar la producción nacional, fortalecer las unidades productivas y facilitar el acceso a oportunidades comerciales, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social.
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Maquinarias permitirán a cuatro mipymes ampliar su producción en el interior
Cuatro micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Cordillera y Caaguazú incorporaron maquinarias y equipamientos para fortalecer sus procesos productivos, mejorar su competitividad y ampliar su capacidad de oferta en el mercado nacional. La iniciativa también apunta a generar condiciones para la creación de nuevos puestos de trabajo en el interior del país.
La entrega se realizó en el marco del Proyecto de Competitividad de las Mipymes (PCM), impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el objetivo de acompañar el crecimiento de los emprendimientos mediante la incorporación de herramientas que permitan optimizar sus operaciones.
En Emboscada, departamento de Cordillera, la Granja San Jorge recibió un generador eléctrico de 50 kVA, que contribuirá a garantizar el suministro continuo de energía para sus actividades productivas.
Por su parte, en Caaguazú, la firma DM Productos Creativos incorporó una máquina CNC router industrial para automatizar el corte de madera, mejorar la precisión y agilizar la fabricación. Asimismo, el emprendimiento NathNut recibió una procesadora de barra de mano y una envasadora de maní, destinadas a optimizar el procesamiento y la presentación de sus productos alimenticios.
En Coronel Oviedo, el taller de confección La Tienda de Rosita sumó equipos para fortalecer su cadena de producción, entre ellos una bordadora computarizada, máquina de coser, cortadora circular, plancha industrial, brochadora manual y selladora térmica.
Los nuevos equipamientos permitirán a los negocios beneficiados incrementar sus volúmenes de producción, mejorar la calidad de sus productos y explorar nuevas oportunidades comerciales. Además, la ampliación de sus operaciones podría favorecer la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad económica en sus respectivas comunidades.