Ciudad del Este. Agencia Regional.
Ante amenazas coincidentes, la Policía Nacional reforzó la seguridad del personal policial del barrio San Rafael de Ciudad del Este y también del Ministerio Público, región II, de la capital de Alto Paraná.
Las amenazas hacia agentes y la institución policial surgen a raíz de la muerte de un miembro del PCC durante un enfrentamiento con el personal, en el barrio San Rafael, según confirmó a la Nación/Nación Media, el comisario general inspector Feliciano Martínez Peña, director de Policía de Alto Paraná.
Señaló además que recibieron avisos sobre las amenazas que pesan sobre los policías para ser quemados en la subcomisaría con los agentes dentro, entre otros. Las incursiones policiales en el citado barrio terminarían en sangrientos episodios, según las advertencias.
El brasileño abatido tenía dos órdenes de captura en su país por homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal y tentativa de homicidio a un policía militar de Londrina, Brasil. El jefe policial mencionó que conocen el barrio y saben a qué atenerse ante “peligrosos delincuentes”.
Manifestó que la subcomisaría cuenta con más personal y con medidas apropiadas a ser tomadas en cualquier incursión dentro de la zona, además de un refuerzo en la logística. Igualmente solicitarán a las instituciones pertinentes una mayor limpieza e iluminación del área en torno a la sede policial del barrio.
Otro refuerzo de seguridad se hará en el Ministerio Público de Ciudad del Este, a pedido del fiscal adjunto de Alto Paraná, doctor Jorge Sosa, quien se reunió hoy con el director policial, comisario Feliciano Martínez Peña. Las medidas se implementarán desde el lunes 29 de julio.
La medida fue requerida a partir de las conocidas amenazas desde el ámbito del narcotráfico, según confirmó Martínez Peña a La Nación/Nación Media. Es para mayor protección en general de agentes fiscales, funcionarios, abogados y visitantes que concurren diariamente a la sede a las unidades fiscales de Ciudad del Este.
Feliciano Martínez y Jorge Sosa región recorrieron la sede fiscal del región II del Ministerio Público, para identificar los aspectos a mejorar en materia de seguridad. El aumento del personal es una de las medidas, según el director de Policía de Alto Paraná.
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Violencia familiar, lesiones y amenazas, entre las principales denuncias que involucra a pueblos originarios
Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.
De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.
Principales denuncias
Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:
- la violencia familiar registró 246 casos
- 199 lesiones
- 169 amenazas
- 152 registros de homicidio doloso
- y 118 de abuso sexual en niños
Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Registro aumenta entre 2023 y 2025
El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.
Canindeyú, Caaguazú y Amambay
En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.
Derechos y acceso a la Justicia
El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.
La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.
Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.
Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.
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Ante amenaza de Giuzzio a fiscales, juicio se reanuda con custodia policial
Ante las presuntas amenazas efectuadas por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó este martes 1 de setiembre bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Este tipo de situaciones solo se observa cuando son juzgados peligrosos delincuentes vinculados con las mafias, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
La fiscal Valdez, desde el ingreso a la sede judicial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cualquier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.
En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete; la situación de amedrentamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, alegando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia. Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares solicitamos al tribunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.
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Antecedentes
La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.
El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.
“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previstas todas las situaciones para que en adelante contemos con la debida seguridad. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Planás.
Acusación contra Giuzzio
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
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Alto Paraná: Policía reforzará control en unidades de salud y sectores más inseguros
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Policía Nacional reforzará la seguridad en los hospitales públicos y en las unidades de salud ubicadas en zonas más vulnerables del Alto Paraná. La medida fue acordada durante una reunión entre autoridades de salud pública de la décima región sanitaria y el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Jorge Ramón Aquino Aguayo.
Durante la reunión se expusieron diferentes situaciones registradas en los hospitales cabecera como el robo de pertenencias de familiares de pacientes y del personal, así como la sustracción de vehículos, teléfonos celulares y otros objetos.
En lo que se refiere al Hospital Regional de Ciudad del Este, se suman situaciones relacionadas con la presencia de personas que ingresan o permanecen en inmediaciones del hospital bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, además de episodios que involucran a pacientes con trastornos de salud mental, según se expuso en la reunión.
La preocupación también alcanza a las Unidades de Salud de la Familia, con reportes constantes de hurtos de equipos informáticos, acondicionadores de aire e incluso medicamentos. Solo la semana pasada, de una USF de Hernandarias hurtaron equipos de informática.
“Avanzamos en el uso de tecnología, tenemos sistemas digitalizados de pacientes y manejo de medicamentos, pero el hurto de los equipos nos genera un tremendo daño; un blíster de enalapril que nos roben es perjuicio grande”, refirió a La Nación/Nación Media el doctor Arturo Ramos, jefe de la APS.
Por salud pública participaron del encuentro el director médico del Hospital Regional de Ciudad del Este, doctor Francisco Paiva; el jefe de Atención Primaria de la Salud, doctor Arturo Ramos; y la asesora jurídica de la región sanitaria, abogada Selva Miranda de Ritter.
Más personal en sectores de riesgo
Ante esta situación, el director policial asumió el compromiso de coordinar acciones con los responsables de las comisarías de la zona y aumentar la presencia de agentes en los sectores de mayor riesgo.
El operativo contempla vigilancia en los hospitales y patrullajes en los alrededores de las USF ubicadas en áreas vulnerables. El compromiso es prevenir nuevos hechos delictivos y ofrecer mayor tranquilidad a quienes trabajan y acuden diariamente a los servicios de salud.
El doctor Ramos manifestó que el objetivo fue establecer un trabajo conjunto para darle mayor seguridad al servicio de salud pública, mediante una interacción entre instituciones y también con las comisiones de salud que existen varias comunidades.
Se trata de proteger los establecimientos públicos, resguardar los bienes destinados a la atención de la población y garantizar que los equipos de salud puedan desarrollar sus tareas en un entorno más seguro, sin descuidar la atención y el trato digno que requieren las personas, según lo conversado en la reunión.
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Urgen seguridad para fiscales amedrentados por Giuzzio: “No es un episodio aislado”
La vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, Belinda Bobadilla, requirió la urgente aplicación de protocolos de seguridad para sus colegas Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes fueron presuntamente amenazados por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. El exsecretario de Estado actualmente afronta un juicio oral y público por cohecho pasivo agravado.
Bobadilla dijo que ambos agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción vienen siendo amedrentados de forma constante por Giuzzio, razón por la cual solicitó tomar la situación con la mayor seriedad, considerando el perfil político y las conexiones que mantendría el exfuncionario abdista.
La causa judicial que enfrenta Giuzzio se encuentra ligada a su vínculo con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. “Se debe aplicar los mecanismos de seguridad teniendo en cuenta el perfil de la persona que realiza el acto de amedrentamiento. Acá no se trata de tener la piel sensible como él mismo manifestó en algunos medios de comunicación, acá se toma lo que una persona dice o hace, con seriedad, teniendo en cuenta no solo el caso de corrupción que están investigando los colegas”, manifestó a la 650 AM.
“Según lo que nos refirieron los dos agentes fiscales, todo esto ya se dio con anterioridad, incluso en una oportunidad Giuzzio golpeó la puerta contra la fiscal Valdez, tiene una actitud prepotente, se observa claramente en los videos. No se trata de episodios aislados, no estamos hablando de un solo episodio”, sentenció Bobadilla.
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Bobadilla acotó: “Giuzzio es un exministro, exsenador, tiene contactos, cuenta con un poder fáctico hasta el día de la fecha. Los agentes fiscales no somos ciudadanos privilegiados, pero sí cumplimos un rol constitucional fundamental. Sobre todo para los fiscales que tienen a sus cargos la investigación de hechos de corrupción de personas con poder político o económico”.
La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes último el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.
Actitud prepotente
El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.
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