Ayer sábado en horas de la noche se reportó un caso de homicidio en el barrio Virgen de Caacupé de Amambay, la autora del hecho es la sobrina de la víctima, quien confesó el crimen alegando defensa propia.
La mujer aceptó que acabó con la vida de su tío, quien se encontraba en silla de ruedas, luego de que lo encontrara en la habitación de la vivienda que compartían a solas con la pequeña hija de la mujer de solo tres años, exhibiéndole sus partes intimas, por lo que la niña se alteró y pidió ayuda a su madre.
En conversación con los intervinientes, la mujer manifestó que tras lo ocurrido tomó un cuchillo y atacó a su tío, provocándole varias heridas a la altura del cuello. Según el reporte del médico forense, el cuerpo presentaba dos heridas profundas realizadas con un objeto cortopunzante de al menos 20 centímetros, una de las estocadas se dio a la altura de la cabeza y otra en el cuello, lo que produjo su fallecimiento en minutos.
La mujer se encuentra a disposición del Ministerio Público, detenida en la comisaría segunda del barrio General Díaz, mientras que la niña fue sometida a los exámenes pertinentes dada las circunstancias. Al cotejar los datos del fallecido, los agentes policiales se encontraron que en su contra pesaba una orden de captura por un hecho punible de violencia intrafamiliar, y fue declarado en rebeldía.
El caso está siendo investigado para conocer los pormenores de la relación del hombre con su familia y el estado mental de la mujer en el momento de cometer el crimen, ya que aparentemente recibía atención psiquiátrica y medicación.
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Justicia argentina rechaza pedido de condenados por el crimen del paraguayo Fernando Báez Sosa
La Justicia argentina rechazó una serie de recursos de queja presentados por las defensas de siete de los jóvenes condenados por el homicidio del joven paraguayo Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.
Según fuentes del periódico argentino La Nación, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz desestimaron la presentación hecha por el abogado Hugo Tomei en representación de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano Ciro y Lucas Pertosi.
“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”, argumentaron los jueces de la Corte Suprema en su fallo, al que tuvo acceso La Nación.
“La decisión no calma el dolor, pero alivia. Es ni más ni menos lo que merecía Fernando, que la Justicia le responda como respondió en todas las etapas”, sostuvo a La Nación, tras conocer el fallo, el abogado Fernando Burlando, quien representa a Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima.
El máximo tribunal también rechazó un planteo presentado por el abogado Francisco Oneto, que representa a Máximo Thomsem porque el “recurrente” no cumplió con una serie de requisitos formales relativos al procedimiento.
Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado”.
Las condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima −Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio− y las defensas de los ocho condenados.
El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.
Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires con que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, para el que se prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.
Lucas Pertossi ahora es defendido por Ignacio Nolfi, defensor de Casación que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.
La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en “la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, según informó, en su momento, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires.
Desde diciembre pasado, Lucas Pertossi es representado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense. Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados.
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Bolivia: matan a balazos a magistrado de máximo tribunal medioambiental
Un alto magistrado de Bolivia fue asesinado a balazos en la ciudad oriental de Santa Cruz cuando se encontraba dentro de un taxi, informó ayer viernes la policía, que dispuso reforzar la seguridad de otras 13 altas autoridades judiciales.
El crimen, cuyas razones se investigan, ocurrió la noche del jueves. La víctima fue identificada como Víctor Hugo Claure, juez del Tribunal Agroambiental, máxima instancia de justicia ambiental y agraria.
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Como decano de ese colegiado, Claure sustituía a su presidente cuando este no podía ejercer. “Ayer se produjo un hecho lamentable, el asesinato de un magistrado”, dijo en rueda de prensa David Gómez, comandante policial de Santa Cruz. Una moto con dos sujetos se acercó al vehículo donde estaba la autoridad judicial y uno de ellos disparó, precisó.
Presumen problemas por tierras
El funcionario judicial murió antes de llegar al hospital. Su cadáver presentaba cuatro heridas de bala, según el Ministerio Público. Aunque los hechos se encuentran en investigación, el jefe policial Gómez señaló como hipótesis de la causa del crimen “un problema de tierras”.
“Habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras (...) en el oriente boliviano”, precisó. La Organización de Naciones Unidas condenó este viernes el asesinato y llamó a una “investigación pronta y exhaustiva”.
“Es imperativo que se identifiquen y sancionen a todos los responsables de este crimen”, expresó la ONU en un comunicado. Según la policía, altas autoridades judiciales de distintos departamentos, entre ellas Claure, se habían reunido el jueves en Santa Cruz.
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“En este momento tenemos a 13 magistrados que están con seguridad” policial para sus traslados al aeropuerto y en los lugares en los que permanezcan, dijo Gómez. Por su parte, el fiscal de esa ciudad Alberto Zeballos, declaró que ya se tienen imágenes de los hechos y las declaraciones de los testigos que se encontraban dentro del taxi.
El presidente Rodrigo Paz expresó su “solidaridad” con la familia del magistrado e instó a la población a no especular, en una declaración a la prensa. En Bolivia, los magistrados de los máximos órganos de justicia, como el Tribunal Agroambiental, son elegidos por voto popular.
Fuente: AFP
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Itakyry: Fiscalía investiga homicidio de un vendedor de combustible que recibió un disparo
- Ciudad del Este. Agencia regional
El fiscal Fidel Godoy, de la unidad zonal de Minga Porã, investiga el homicidio de un hombre encontrado con un disparo en la cabeza, en un camino vecinal con dirección a Santa Lucía, distrito de Itakyry.
La víctima se encontraba al costado de su camión, marca Nissan, modelo Atlas, color blanco, chapa AASV 171, con la puerta izquierda abierta y el motor en marcha.
Se trata de Jorge Mancuello Cardozo (38), quien conducía el camión en cuya carrocería transportaba varios bidones de 20 litros cargados de combustible.
El fiscal Godoy explicó que, según datos preliminares, el fallecido sería un comerciante en la venta de combustibles en comunidades alejadas unas de otras, a las cuales se llega tras desplazarse por áreas inhóspitas.
El supuesto autor habría sido un hombre que se desplazaba en una motocicleta de la marca Star, modelo NT, color rojo y, tenía puesto el casco, según reportó el personal del Puesto Policial 10 de la Colonia santa Lucia.
El médico forense, doctor Derlis Vera, inspeccionó el cuerpo y confirmó la herida con proyectil de arma de fuego en la cabeza. Luego de esta revisión, fue hallado en uno de sus bolsillos de la camisa la suma de 3.300.000 guaraníes.
Tras los trámites de rigor, el cuerpo del occiso fue entregado a su padre, Adriano Mancuello Rodríguez (64), domiciliado en la ciudad de Capiibary. Agentes de Investigaciones y de Criminalística están trabajando en la identificación del o los autores del hecho.
“Todo indica que el homicidio no fue con intención de robo porque fue encontrado dinero en su ropa; no se encontró su teléfono, pero estamos tratando de conocer más datos de las horas y días previos al hecho”, manifestó el fiscal Godoy.
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Caso Centenario: condenado por abuso sería remitido hoy a Tacumbú, según viceministro
Rodrigo Daniel Renaut (28), condenado a cinco años y medio de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en el año 2012 en el Club Centenario, sería remitido hoy a Tacumbú. “Es una cuestión de tiempo”, manifestó este miércoles Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, en el programa Arriba Hoy de canal GEN y Radio Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que usualmente no se demora mucho cuando el destino está especificado en la resolución judicial. Por lo tanto, “su remisión es una cuestión de tiempo. Puede ser hoy, perfectamente”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que no hay un plazo establecido para el proceso de remisión a la cárcel desde el Departamento de Judiciales, donde actualmente se encuentra el detenido.
“Ni el Código de Ejecución ni el Código Procesal Penal establecen un plazo para que la parte administrativa firme la resolución y luego la parte policial le traslade al establecimiento”, puntualizó. Depende de varias circunstancias. “Hay casos en que en el listado vienen algunos extranjeros, y se tiene que verificar bien su identidad, o personas con algún tipo de vulnerabilidad”, indicó.
Se hace un análisis en conjunto. “Por ejemplo, se ve si es un adulto mayor cuál sería el establecimiento más apropiado considerando sus características”, refirió. Pero tampoco suele extenderse de manera prolongada el traslado de un condenado a la penitenciaría, apuntó. “No tengo conocimiento de que se haya demorado más de una semana, salvo en época de pandemia por la circunstancia sanitaria”, subrayó.
Luego, explicó el procedimiento que se lleva adelante para que una persona condenada ingrese a la penitenciaría para cumplir su pena privativa de libertad. El Departamento de Judiciales recibe a todas las personas que son privadas de libertad, sea en el marco de una prisión preventiva o porque fueron condenados y sus condenas quedaron firmes y se presentan para la ejecución de su condena.
“El procedimiento ordinario es que Judiciales remite una nota comunicando a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que a su vez hace el análisis de la información preliminar, porque debe cumplir ciertos requisitos, y luego determina el destino de cada uno, siempre y cuando que la orden judicial no establezca un solo lugar de reclusión”, especificó.
Si es para ejecución de la pena, depende de la resolución judicial. “Si dice Tacumbú, ese es su destino. Ya es cuestión de que pase todo el trámite, se saque la resolución y se remita”, acotó. En ese sentido, señaló que por la cercanía de Judiciales y Tacumbú no requiere mucho tiempo.
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