Ayer sábado en horas de la noche se reportó un caso de homicidio en el barrio Virgen de Caacupé de Amambay, la autora del hecho es la sobrina de la víctima, quien confesó el crimen alegando defensa propia.
La mujer aceptó que acabó con la vida de su tío, quien se encontraba en silla de ruedas, luego de que lo encontrara en la habitación de la vivienda que compartían a solas con la pequeña hija de la mujer de solo tres años, exhibiéndole sus partes intimas, por lo que la niña se alteró y pidió ayuda a su madre.
En conversación con los intervinientes, la mujer manifestó que tras lo ocurrido tomó un cuchillo y atacó a su tío, provocándole varias heridas a la altura del cuello. Según el reporte del médico forense, el cuerpo presentaba dos heridas profundas realizadas con un objeto cortopunzante de al menos 20 centímetros, una de las estocadas se dio a la altura de la cabeza y otra en el cuello, lo que produjo su fallecimiento en minutos.
La mujer se encuentra a disposición del Ministerio Público, detenida en la comisaría segunda del barrio General Díaz, mientras que la niña fue sometida a los exámenes pertinentes dada las circunstancias. Al cotejar los datos del fallecido, los agentes policiales se encontraron que en su contra pesaba una orden de captura por un hecho punible de violencia intrafamiliar, y fue declarado en rebeldía.
El caso está siendo investigado para conocer los pormenores de la relación del hombre con su familia y el estado mental de la mujer en el momento de cometer el crimen, ya que aparentemente recibía atención psiquiátrica y medicación.
Lea también: Detienen a un hombre por supuesta estafa con proyectos de la casa propia
Dejanos tu comentario
#8M: la violencia contra la mujer no termina el día de la agresión
La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.
Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.
Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.
Lea además: Datos Abiertos del Ministerio Público reporta 9 feminicidios y 8 tentativas en 2026
En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.
La importancia de las 72 horas
Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.
En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.
Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.
La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.
Lea también: Dirigente deportivo mató a su pareja, hirió a una empleada y luego se autoeliminó
Atención digna
Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.
Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.
Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.
No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.
Dejanos tu comentario
8-M: informe sobre “la violencia que deja huellas” en la sociedad
El Ministerio Público, a través de un análisis del Observatorio, difundió un informe donde visibiliza cinco hechos punibles en los que predominan las víctimas mujeres -niñas, adolescentes y jóvenes- registrados entre los años 2021 y 2025 en Paraguay, evidenciando el fuerte impacto que estos delitos generan en la vida de las afectadas.
Durante este periodo de cinco años se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo. A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.
En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se recuerda hoy, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal. La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.
Comprender estas consecuencias resulta fundamental para dimensionar el impacto real del fenómeno, explicó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.
ETAPAS CRÍTICAS
La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas clave para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales. Cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración profunda en los procesos de desarrollo psicológico. La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.
El trauma puede manifestarse de diversas maneras, tales como recuerdos intrusivos, miedo persistente, dificultades para confiar en otras personas –especialmente en los adultos–, así como problemas en la regulación emocional.
Dejanos tu comentario
Perú: reportan más de 30 heridos por explosión en una discoteca
Una explosión en el interior de una discoteca en el norte de Perú dejó este sábado más de 30 heridos, informaron autoridades que investigan las causas, en una región golpeada por el crimen organizado.
El hecho ocurrió esta madrugada en la discoteca Dalí del distrito Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo, unos 500 km al norte de Lima, informó un comunicado del gobierno regional del departamento La Libertad que catalogó el incidente como “atentado”.
Decenas de personas se encontraban en la discoteca disfrutando de la presentación del grupo de cumbia Amor Rebelde cuando un fuerte estallido alarmó a todos, de acuerdo a un video transmitido por el canal Sol TV Perú de Trujillo.
Lea también: “Cuba está en sus últimos momentos de vida”, sostiene Donald Trump
“Tenemos 33 heridos ya reportados hasta la actualidad, entre ellos cinco en estado de gravedad”, dijo el gerente regional de Salud, Alberto Florián, al canal de televisión Latina Noticias. La mayoría de los heridos, entre ellos dos menores de edad, que fueron trasladados a dos hospitales fueron atendidos por esquirlas en el cuerpo, agregó.
Violencia
El gobierno regional señaló que se están “realizando las acciones de investigación y atención necesarias frente a este lamentable suceso”. La provincia de Trujillo es la más afectada por el crimen organizado en los últimos años, por lo que permanece en estado de emergencia desde marzo de 2025.
Lea más: Peña celebra victoria de Joshua en la primera carrera de la Fórmula 2 en Australia
El gobierno tomó esta medida por el aumento de delitos como extorsión, homicidios y sicariato. Perú atraviesa una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registraron 2.200 homicidios por delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Imputan a empresario brasileño por supuesta evasión de G. 1.600 millones y uso de facturas falsas
Desde el Ministerio Püblico informaron este viernes que la agente fiscal Yeimy Adle, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó imputación contra un ciudadano brasileño de 34 años, representante legal de la firma Salto Diamante S.A., de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
“Es en el marco de la causa que investiga sobre la supuesta comisión del hecho punible de evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos”, aclararon desde la Fiscalía.
Mediante los datos colectados, según la investigación fiscal, el 13 de agosto de 2024 el sospechado habría presentado ante la administración tributaria facturas presumiblemente falsas.
“Dichos documentos habrían sido utilizados para respaldar créditos fiscales del IVA correspondientes a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023, así como costos y gastos del IRE del mismo año, obteniendo presuntamente un beneficio impositivo indebido al evadir el pago de G. 1.600.307.708 en impuestos”, informaron.
Te puede interesar: TSJE realizó conversatorio sobre representación política de las mujeres
Documento no auténtico y evasión
Según indicaron, la conducta del hoy investigado se subsumiría en el tipo legal de producción de documento no auténtico, previsto y penado en el artículo 246, inciso 1º, en la modalidad de uso; así como también, en el tipo legal de Evasión de impuestos, conforme a lo establecido en el artículo 261, inciso 1″, ambos del Código Penal; en concordancia con el artículo 29, inciso 1º del mismo cuerpo legal.
Tras la presentación de los documentos, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal la notificación correspondiente al imputado, de conformidad a lo establecido en los artículos 301, inciso 6) y 303 del Código Procesal Penal
Finalmente, también expusieron que debe señalarse la fecha en la cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 347.
Leé también: Afloran conflictos en “Nuevo Liberalismo” de cara a las internas