A través de un comunicado, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) informó sobre el hallazgo de cuatro vehículos de alta gama en el marco de un rastrillaje por la zona donde el pasado jueves se dio el ataque a un helicóptero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La hipótesis principal apunta a que los atacantes serían integrantes del grupo criminal liderado por el presunto narcotraficante conocido bajo el alias de Macho.
Las cuatro camionetas habían sido utilizadas por los sujetos que perpetraron el ataque, ya que las mismas estaban en una zona boscosa cercana al lugar donde se desarrolló el hecho, las mismas estaban ocultas bajo carpas y ramas para pasar desapercibidas desde la vista área, teniendo en cuenta que los patrullajes con helicópteros continúan.
Según el informe de los peritos, los rodados presentan impactos de bala con orificios de entrada en el techo y en dos de ellos fueron hallados rastros de sangre, por lo que se presume que alguno de los involucrados habría resultado herido. Las camionetas fueron trasladas hasta la base de la SAP5 donde permanecerán bajo resguardo.
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Las autoridades informaron que las operaciones en torno a la investigación del ataque continuaran y no cesarán hasta lograr la captura de los culpables para que sean sometidos ante la justicia. Las incursiones realizadas incluyen controles terrestres y aéreos, además de retenes aleatorios por toda la zona encabezados por personal militar.
Como resultado de este ataque dos de los nueve militares que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo debieron ser trasladados de urgencias hasta el Hospital Militar para ser sometidos a intervenciones complejas, ya que las balas utilizadas eran de grueso calibre y logró herirlos de gravedad.
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Títulos falsos: comisión especial trabajará en varias etapas
El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.
“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.
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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.
“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.
Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.
Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.
Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.
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El FBI frustró un posible ataque en un evento de UFC en la Casa Blanca
La policía federal de Estados Unidos, el FBI, frustró un posible ataque contra el espectáculo de artes marciales mixtas el fin de semana en la Casa Blanca al que asistieron el presidente Donald Trump y otros altos cargos, afirmó el martes su director.
Según un artículo de Fox News compartido en redes por el director del FBI, el plan incluía el uso de drones y francotiradores.
“Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco”, dijo Kash Patel en X.
Su publicación incluía una foto de un titular de Fox News que decía: “El FBI frustra supuesto complot con drones explosivos contra evento de la UFC en la Casa Blanca, según funcionarios”.
Fox News citó funcionarios no identificados que indicaron que cinco personas fueron detenidas y que investigadores identificaron a 23 personas en una “posible red de conspiradores”.
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El plan consistía en utilizar drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca durante el combate de Ultimate Fighting Championship (UFC) y provocar una evacuación masiva que “dirigiera a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado”, señaló Fox News.
También había planes de asaltar las puertas de la Casa Blanca con una “segunda oleada”, según el informe.
Consultado por más detalles sobre la publicación de Patel, el FBI dijo a la AFP: “Por el momento no tenemos nada que añadir a la publicación”.
El Servicio Secreto dijo que trabajó “estrechamente con el FBI a lo largo de toda la investigación” con el fin de “identificar a los responsables y hacer que rindan cuentas”, según un comunicado de su director, Sean Curran.
Consultado por la AFP, el Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios. El presidente Donald Trump, de viaje en Francia para la cumbre del G7, dijo no estar al tanto de esta amenaza.
“El presidente Trump y todo el gobierno están agradecidos al FBI, al Servicio Secreto y a todos los miembros heroicos de las fuerzas del orden que trabajan sin descanso para garantizar nuestra seguridad”, aseguró en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Uno de los sospechosos, según Fox News, habría dicho a los investigadores que el objetivo era atacar a las “élites capitalistas”, a “milmillonarios” y a los responsables políticos que reciben donaciones del American Israel Public Affairs Committee (Aipac).
El Aipac es un grupo de presión estadounidense que apoya a Israel, conocido por su cercanía al partido Likud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El domingo, Trump se unió a miles de aficionados del UFC para ver el inédito combate en la Casa Blanca, en una arena temporal erigida en el Jardín Sur.
El evento “UFC Freedom 250” -que coincidió con el 80º cumpleaños de Trump- se organizó para dar inicio a las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
- Fuente: AFP
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Según jueza, investigación determinó que no fueron los dueños quienes atentaron contra Canela
Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.
Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.
Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.
“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.
Cómo ocurrió el hecho
La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.
Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.
Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.
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Desacato
Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.
Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.
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Senado abre investigación sobre emisión de títulos superiores presuntamente falsos
El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.
Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.
Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.
Ruta de Trabajo
Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.
“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.
Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.
Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.
Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.
Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.
La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.
Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.