La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (Fenob-UNA) presentó los resultados del proyecto de investigación “Abordaje intercultural de la promoción de la salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas aisladas por barreras lingüísticas en Paraguay”, una iniciativa que permitió desarrollar estrategias de comunicación intercultural para mejorar el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) en comunidades indígenas del país.

El estudio evidenció importantes avances en el acceso a la información y en el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres indígenas participantes. Tras la implementación de las estrategias diseñadas durante el proyecto, el 70 % de las mujeres asocia actualmente la salud sexual y reproductiva con la autonomía personal y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, mientras que el 95 % manifestó saber con claridad dónde acudir para recibir atención en los servicios de salud. En algunas comunidades, se registró un aumento del 30 % en las consultas relacionadas con planificación familiar, reflejando un mayor acercamiento al sistema de salud.

La investigación se desarrolló en los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Concepción, con la participación directa de 66 personas, entre ellas 52 mujeres indígenas (34 usuarias de servicios de salud y 18 lideresas comunitarias o parteras tradicionales) y 14 profesionales de la salud. Las participantes, con edades entre 15 y 45 años, pertenecen a ocho pueblos indígenas: pai tavyterã, guaraní, enxet, toba enenlhet, qom, manjui, nivaclé y ayoreo, lo que permitió abordar el trabajo desde una diversidad cultural y lingüística representativa de cinco familias lingüísticas presentes en Paraguay. En conjunto, la intervención benefició indirectamente a una población estimada de 3.450 personas.

Entre los principales aportes del proyecto se destaca la coconstrucción de materiales educativos en lenguas indígenas, elaborados a partir de procesos participativos con lideresas, parteras y mujeres de las comunidades. Como resultado, se produjeron afiches educativos, microprogramas radiales y audios para WhatsApp validados cultural y lingüísticamente en ayoreo, enlhet, nivaclé y guaraní, abordando temas como métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, derechos sexuales y reproductivos y violencia de género.

El enfoque intercultural adoptado permitió superar barreras comunicacionales históricas en el sistema de salud. Durante el proceso de investigación, las participantes manifestaron que la falta de información en sus idiomas maternos constituye uno de los principales obstáculos para acceder a servicios de salud. Un testimonio recogido durante el estudio reflejó esta realidad: “Todo en castellano nomás… mejor sería en manjui”.

Además de mejorar el acceso a la información, el proyecto fortaleció los liderazgos comunitarios. El 75 % de las mujeres participantes manifestó sentirse capaz de compartir los conocimientos adquiridos con otras mujeres de sus comunidades, utilizando los materiales desarrollados durante la investigación.

Los resultados también destacan la importancia de fortalecer el rol de las promotoras y lideresas indígenas como mediadoras interculturales en el sistema de salud, con el fin de garantizar una atención más inclusiva, libre de discriminación y respetuosa de la cosmovisión de los pueblos originarios.

El proyecto se implementó con el apoyo de organizaciones asociadas como Gestión para el Desarrollo Social (GEDES), Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPI) y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), y también contribuyó a la formación de jóvenes investigadoras en el campo de la salud intercultural.

Esta investigación fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA, con apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

El equipo investigador del proyecto estuvo integrado por un grupo multidisciplinario de profesionales de enfermería y obstetricia liderada por María Isabel Rodríguez-Riveros, en calidad de investigadora principal, y Gloria Orrego, directora del proyecto. El equipo contó además con la participación de las investigadoras e investigador asociados Ana Denis, Faustina Alvarenga, Mirka Hraste, Aida Maidana de Zarza, Amelia Amezcua, Santiago Toledo, Nélida Otazu y Claudia Centurión, quienes aportaron experiencia académica y científica en las distintas etapas del estudio. Asimismo, el proyecto aporto a la formación de nuevas investigadoras a través de la participación de Johanna Bittar y Karen Retamozo, quienes se integraron al proceso investigativo como investigadoras en formación.

A cinco minutos de la capital del país, el distrito de Nueva Asunción, antes conocido como Chaco’i, se posiciona como una de las nuevas centralidades urbanas del país, con un crecimiento impulsado por inversiones inmobiliarias, desarrollo logístico y mejoras en conectividad vial.

Creado en 2021 por la Ley n.º 6.731, el municipio se ubica frente a Asunción, separado por el río Paraguay, pero integrado desde 2024 mediante el puente Héroes del Chaco, infraestructura que, según el intendente Juan Vera, marcó un antes y un después en el desarrollo de la zona.

El distrito experimenta una expansión sostenida basada en un modelo de ciudad planificada, con barrios cerrados, condominios y desarrollos residenciales de alta gama que priorizan calidad de vida y cercanía a la capital.

Entre los principales proyectos se destacan La Ribera, donde alrededor del 75 % de los compradores proyecta residir de forma permanente, y el complejo El Mirador del Chaco, de unas 60 hectáreas, que ya cuenta con una torre de observación de 36 metros e integra naturaleza nativa con infraestructura moderna.

El jefe comunal explicó a La Nación/Nación Media que de acuerdo con estimaciones locales, la zona tiene potencial para albergar a más de 300.000 habitantes, consolidándose como una futura ciudad satélite del área metropolitana.

Le puede interesar: Tavaí se consolida como tierra de oportunidades en producción y ecoturismo

Según el intendente municipal, el dinamismo del distrito está directamente vinculado al avance de obras públicas estratégicas. “Además del puente Héroes del Chaco, se suman la pavimentación de la ruta PY12 y la habilitación del puente Pararã, en el km 4,20, que mejora significativamente el acceso a la zona", subrayó.

A esto se agrega el Plan Central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que contempla la pavimentación de unos 9 kilómetros de calles internas, permitiendo integrar los distintos desarrollos inmobiliarios en una red urbana continua.

En paralelo al crecimiento residencial, Nueva Asunción se afianza como un núcleo logístico e industrial en la margen occidental del río Paraguay. La ciudad alberga astilleros y diversas empresas vinculadas a la actividad fluvial, además de la Terminal Occidental S.A. (TOSA), que ofrece parques industriales y servicios logísticos.

Asimismo, operan desarrolladoras inmobiliarias que configuran un ecosistema de inversión diversificado.

Lea más: Avanza la ruta de la banana y puente del Lote 2 empieza a tomar forma

Nueva Asunción cuenta actualmente con una población aproximada de 10.000 habitantes y una superficie de 7.524 hectáreas. Sus principales barrios incluyen 19 de Marzo, Chaco’i Central, Loma Conche, María Auxiliadora, San Juan, San Blas, San José, San Cayetano, Santa Teresita y 15 de Agosto.

La economía local se sustenta en actividades industriales, inmobiliarias, comerciales y de servicios, con presencia también de comunidades indígenas Maká.

La habilitación del puente Héroes del Chaco no solo redujo tiempo de traslado, sino que integró formalmente a Nueva Asunción al sistema económico de la capital.

En 2026, lo que comenzó como un proceso de loteamientos se consolida como un mercado de ciudades planificadas, con proyección a convertirse en uno de los principales polos de expansión urbana y productiva del país.

Lea más: Laura Ramos: “Paraguay necesita ejecutivos con visión global y compromiso local”

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que alcanzó un hito de inclusión al inscribir a 543 integrantes de comunidades indígenas al Registro Cívico Permanente (RCP).

Corresponden a inscripciones hechas en los departamentos de Presidente Hayes, Amambay y Alto Paraná.

Este logro se complementó con diversos talleres y jornadas de formación que registraron una masiva concurrencia, destaca el informe de la Justicia Electoral.

Te puede interesar: Alliana dio su respaldo a precandidatos de Guairá para las municipales

A través de la Coordinación de Asuntos Indígenas, dependiente de la Dirección de Participación Ciudadana, se obtuvo, además, como resultado más relevante, la inscripción y reconocimiento del primer Movimiento Político Indígena Distrital ‘’Oñondivepa - MIO’’ de la Comunidad Indígena Nepoxen de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.

Por otro lado, un grupo de 141 líderes y lideresas de comunidades indígenas participaron de jornadas de capacitación denominadas ‘‘Aty Guasu’’, en distintos puntos del país, con un importante acompañamiento de sus comunidades.

Igualmente, 162 participantes institucionales fortalecieron sus capacidades, 62 de ellos en el Taller de “Buenas prácticas para funcionarios” y otros 100 integrantes en “Capacitaciones sobre derechos políticos indígenas”.

Las autoridades del máximo organismo electoral del país destacaron que gracias a la cooperación interinstitucional del TSJE y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se reafirmó el compromiso con la construcción de una democracia inclusiva.

De esta forma se garantiza la participación activa de las Comunidades Indígenas en los procesos electorales.

Leé también: Caja Fiscal: Comisión del Senado convoca a gremialistas para una reunión reservada

Dos adultos mayores siguen reclamando justicia tras el desalojo de una propiedad rural de 9 hectáreas, en el departamento de Presidente Hayes, que según consideran, les fue arrebatada mediante un presunto engaño familiar.

La propiedad está ubicada sobre la ruta Transchaco, en Costa Guazú, km. 35, distrito de Benjamín Aceval.

Los denunciantes que fueron desalojados son: Alicia Ramona Amarilla Vda. de García y su primo Fermín Mario Amarilla, quienes acompañados por su representante legal, el abogado Hugo Britos acudieron nuevamente a la sede judicial para dar seguimiento a la causa N° 008/2023, actualmente en estudio ante un Tribunal de Apelación.

El caso es analizado por un Tribunal compuesto por los magistrados: César Eduardo Rojas, Víctor Hugo Rorzewsky, y Víctor Ilich.

El colegiado fue integrado formalmente el 27 de setiembre de 2024, y desde entonces los afectados aguardan una resolución definitiva.

De acuerdo con el abogado Britos, el tribunal debe pronunciarse sobre la legalidad de la medida cautelar que permitió el ingreso a la propiedad y el posterior desalojo.

“Estamos esperando que el Tribunal dicte sentencia. Confiamos en que se resolverá conforme a derecho”, expresó el profesional.

Te puede interesar: Productora denuncia hostigamiento en su finca de Caaguazú y supuesto robo de cosecha de soja

Según el relato de la señora Alicia, el conflicto se inició hace aproximadamente ocho años, cuando habría firmado documentos que —según afirma— no le fueron debidamente explicados. Alega que creyó estar firmando papeles relacionados con gestiones bancarias, y no una transferencia de dominio.

En el expediente se menciona la presunta participación de su hija, Delia García, a quien los denunciantes atribuyen la operación que derivó en la pérdida del inmueble.

El abogado defensor sostiene que la propiedad habría sido transferida por un monto que considera desproporcionado respecto al valor real del mercado en la zona del Chaco.

Hace aproximadamente seis meses se ejecutó un procedimiento de desalojo que, según los denunciantes, se realizó en circunstancias confusas y con presencia del abogado Hermes López Turlán, señalado como supuesto nuevo propietario.

Familiares de la afectada calificaron el operativo como violento y humillante, afirmando que la mujer fue retirada del inmueble donde residió durante décadas.

Actualmente, la señora Alicia vive en casa de familiares, en condiciones que describen como de extrema precariedad. Los afectados señalan que la situación económica y emocional se agravó tras el desalojo.

Además, denuncian que los animales de producción que formaban parte de la finca quedaron sin manejo adecuado, lo que compromete su sustento.

“Ella no quiere perjudicar a nadie, solo quiere volver a su casa”, reiteró el abogado Britos.

Los familiares solicitan que el Tribunal dicte sentencia con carácter urgente, atendiendo la edad avanzada de la afectada y la situación vulnerable en la que se encuentra.

Mientras el expediente avanza en instancia de revisión, la causa N° 008/2023 se convierte en un caso que pone en debate aspectos sensibles como la protección patrimonial de adultos mayores, la validez de actos jurídicos cuestionados y la celeridad procesal en situaciones de vulnerabilidad.

La resolución del Tribunal será determinante para definir si la señora Alicia podrá retornar a la propiedad que afirma haber habitado durante más de cuatro décadas.

Lea más: Cinco acusados en el caso María Fernanda enfrentarán juicio oral y público