Norma Álvarez, integrante del Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, manifestó su gran preocupación en los pueblos indígenas respecto a los casos de embarazos de niñas y adolescentes. “Hay muchos casos en las comunidades indígenas y no siempre se resuelven de la forma en que se debe”, aseguró.
Ella es una lideresa del pueblo enxet y aseguró que este tema es poco hablado y menos aún profundizado en las comunidades, donde se precisa tomar conciencia de la situación actual, pues lleva a graves consecuencias sociales.
Mencionó que la condición de precariedad y desamparo en las que se encuentran las comunidades incrementan los casos. Se refirió también a que hay mucha discriminación, y explicó que son las abuelas las que se responsabilizan de la atención y del cuidado de sus nietos y nietas.
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Esto porque las niñas y adolescentes no están preparadas para cuidar y alimentar a su hijo. “Es preocupante esta situación y debemos trabajar todos juntos para ver la forma de buscar una solución, de lograr la alerta roja, porque la situación es preocupante”, aseveró en guaraní.
Igualmente, dijo que el embarazo de niñas y adolescentes no es una cuestión cultural como se suele afirmar, pues sus ancestros nunca les enseñaron que una niña pueda ser mamá a tan corta edad. “Nuestros ancestros nos mezquinaban, nos cuidaban, nos protegían, por eso esto no forma parte de nuestra cultura, de que las niñas sean madres a tan corta edad. Esto realmente es preocupante”, indicó.
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Álvarez vive en la comunidad 4 de Mayo, un desprendimiento de La Herencia, en distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Habló de su preocupación por el creciente número de niñas y adolescentes en estado de gravidez y solicitó ayuda para enfrentarlo.
“No es fácil hablar de esta situación, pero debemos hacerlo. No queda otra opción que enfrentar y hablar del tema para poder llegar al objetivo”, concluyó en un audiovisual publicado por la organización no gubernamental Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco.
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Comunidades indígenas del país fortalecen su producción con apoyo del MAG
La producción agrícola de comunidades indígenas gana terreno mediante un acompañamiento técnico que busca fortalecer la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la participación de productores en espacios de comercialización. El trabajo es liderado por la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), responsable de brindar asistencia técnica a productores de la agricultura familiar campesina e indígena.
El abordaje implementado en comunidades indígenas contempla una metodología diferenciada, sustentada en un enfoque de derechos y de interculturalidad, explicó Petrona Fretes, jefa del departamento de Asistencia Técnica a Comunidades indígenas de la DEAg, en conversación con La Nación/Nación Media.
“La asistencia técnica integral con familias indígenas implica reconocer y respetar la diversidad, acompañando sus procesos de desarrollo desde sus propias realidades y saberes”, señaló.
Fretes explicó que el trabajo de extensión en estas comunidades no solo se enfoca en la producción, sino también en un componente socioeducativo, orientado a fortalecer los medios de vida de las familias frente a contextos cambiantes.
Actualmente, el servicio llega a 59 comunidades indígenas, beneficiando a 2.295 familias registradas, de las cuales 1.168 corresponden a varones y 1.127 a mujeres. La cobertura es ejecutada mediante 34 técnicos extensionistas indígenas, con mayor presencia en la Región Oriental, donde se concentra el 85% del alcance institucional.
Producción para consumo y renta
La asistencia técnica contempla dos líneas de acción alineadas al Plan Estratégico Institucional (PEI), uno es el impulso de sistemas de producción agropecuaria sostenibles, inclusivos y resilientes, y por otro lado, es el fortalecimiento de la organización y gestión asociativa de las familias indígenas.
Entre los principales rubros promovidos figuran cultivos tradicionales como mandioca, maíz chipa, maíz tupí, poroto, batata, habilla y maní, destinados principalmente al autoconsumo, aunque también representan oportunidades de renta mediante ferias agropecuarias, mercados mayoristas, industrias y acopiadores.
A ello se suma el fortalecimiento de huertas familiares con hortalizas para consumo y comercialización, así como el impulso sostenido al cultivo de cebolla de bulbo, implementado desde hace cinco años con resultados positivos.
“Hoy ya tenemos productores y productoras que se identifican con este rubro y dicen con orgullo: ‘che ha’e productor cebollero’. Eso nos motiva como institución a seguir acompañando con más compromiso”, destacó Fretes.
Mayor participación y desafíos pendientes
Entre los resultados más alentadores, Fretes mencionó una mayor visibilidad del trabajo indígena dentro de la institución, así como una creciente valoración del servicio por parte de las comunidades.
“Hoy productores indígenas participan en las ferias de agricultura familiar convencidos de que pueden hacerlo, como cualquier otro productor”, afirmó.
No obstante, reconoció que aún persisten desafíos importantes. Entre ellos, ampliar la cobertura del servicio técnico, contar con un presupuesto visibilizado dentro de la institución y consolidar alianzas con organismos públicos y el sector privado.
“Se avanzó mucho desde 2009 hasta hoy, pero todavía falta avanzar más. Este proceso requiere compromiso institucional, pero también de las familias y comunidades; es un camino que se construye de a dos”, concluyó.
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Indígenas de Puerto Pinasco crean su primer movimiento para las elecciones municipales
El primer movimiento político indígena distrital, con sede en Puerto Pinasco, en el departamento de Presidente Hayes, impulsa 12 candidaturas para la Junta Municipal de esta localidad chaqueña. En diálogo con La Nación/Nación Media, Luis Miguel García, apoderado de la agrupación política “Oñondivepa-MIO” comentó cómo surgió la idea de proponer candidaturas netamente de comunidades indígenas para ocupar las bancas de las concejalías, tras la habilitación otorgada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
“Nosotros físicamente estamos en el distrito de Puerto Pinasco y para las elecciones anteriores toda esta gente de nuestra zona votábamos en Pozo Colorado. Y cada vez que la gente se iba a la municipalidad para pedir alguna cosa para las comunidades indígenas y la colonia Nueva Mestre respondían que nosotros correspondíamos al distrito de Puerto Pinasco, pero sí o sí usaban nuestro voto, la Municipalidad de Villa Hayes”, relató.
A raíz de esta situación se gestó el movimiento hace dos años y como primera medida se planteó a la Justicia Electoral un cambio de lugar de votación para que los pobladores puedan sufragar en la comunidad de Nueva Mestre. “En ese interín hablamos con los pueblos indígenas de la zona de Nepoxen, que queda a 80 kilómetros de nosotros. Son seis comunidades indígenas y más las comunidades cercanas a Nueva Mestre, que son 11 comunidades en total. Hicimos la solicitud a la Justicia Electoral para que nos habiliten un local de votación acá en Nueva Mestre”, refirió.
Independencia política
El representante de las comunidades indígenas afirmó que costó mucho organizarse porque los políticos de la zona no estaban de acuerdo con el traslado hacia otro local de votación. “Y lo logramos con mucho trabajo, con mucha insistencia por todos lados. Hicimos incluso denuncia internacional para lograr el local de votación y luego el traslado de todos los votantes. Fue una lucha inmensa”, subrayó.
García manifestó que recibieron muchas ofertas de chapas para candidaturas acompañando a otros partidos políticos. “Pero nosotros dijimos ‘no vamos a tener independencia si es que llegábamos a conformar con una chapa ajena’. Y ahí decidimos formar el movimiento para que sea algo independiente”, puntualizó.
Dijo que en total 17 comunidades indígenas conforman el movimiento independiente, “sin respaldo político, nosotros no somos políticos y es la primera vez que nos estamos metiendo en esto”. También destacó “el apoyo y la ayuda de la Justicia Electoral porque ellos en todo momento estuvieron guiándonos para hacer el movimiento. Porque solos era imposible para nosotros”.
En cuanto al caudal electoral de la zona, el apoderado resaltó que hay una gran expectativa de lograr algunos escaños para los representantes del MIO. “Presentamos candidaturas solamente para la Junta Municipal, no para la intendencia. De acuerdo a la ley tenemos que tener 12 candidatos, ya tenemos 12 titulares y 12 suplentes para el distrito de Puerto Pinasco”, detalló.
En cuanto a las propuestas de los candidatos, el apoderado del MIO aseguró que se buscará impulsar obras que beneficien a los pueblos nativos. “Estamos preparando los proyectos y lo lindo es que las comunidades se juntan y ahí se habla el tema de los proyectos que van a presentar. Como los candidatos son indígenas de la zona, ellos conocen los problemas de cada comunidad”, acotó.
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Mades y FAO destacan resultados del proyecto Paraguay + Verde en territorios indígenas
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentaron los resultados concretos del proyecto Paraguay + Verde con más de 145.000 hectáreas certificadas. Desde el Mades resaltan que estos cientos de miles de hectáreas de reforestación corresponden a territorios indígenas con certificación de servicios ambientales en Paraguay.
Mencionan que uno de los principales resultados presentados por Mades y la FAO en el marco del proyecto Paraguay + Verde, se realizó durante el evento denominado: “MADES y FAO: resultados para las personas y los bosques”.
En la presentación, destacaron avances en el trabajo con comunidades indígenas a través del Régimen de Servicios Ambientales y procesos de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), orientados a la conservación de territorios ancestrales y fortalecimiento de capacidades en el territorio.
Asimismo, se presentaron progresos en la agenda de Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT), con énfasis en el fortalecimiento técnico, el desarrollo de herramientas de monitoreo y las acciones para combatir la desertificación, la degradación de tierras y la sequía.
La actividad reunió a autoridades, organismos internacionales y actores territoriales, visibilizando los resultados del trabajo conjunto hacia un modelo de desarrollo más sostenible en el país.
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Aumentaron las denuncias de hechos punibles en comunidades indígenas
Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.
El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.
En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).
Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.
Drama sin fin
El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.
Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.
Trámite para denuncias
1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.
3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.
Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.
4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.