Chofer boliviano falleció en estacionamiento de camiones cisterna en San Antonio
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Hace 30 días más de 500 choferes de cisterna con chapa boliviana están varados en nuestro país debido a que no pueden cargar combustible a causa de un conflicto entre la estatal del vecino país y los transportistas. Ante esta situación, denunciaron que trabajadores del volante están en pésimas condiciones por el intenso calor que hace en Paraguay y ya se registró el fallecimiento de cinco de ellos, dos en San Antonio.
Este martes, en el estacionamiento del Avispón, en la ciudad de San Antonio, departamento Central, se reportó el fallecimiento de otro trabajador del volante, cuyo cuerpo fue trasladado hasta la Morgue Judicial para la realización de la autopsia para poder conocer la causa de muerte. El hecho se registró a las 13:00 aproximadamente.
Los choferes piden la asistencia de la Embajada de Bolivia en nuestro país, ante el estado de abandono en que hoy están los conductores bolivianos. También piden asistencia médica porque muchos sufren de hipertensión arterial.
Además, exigen al gobierno de su país que solucione el conflicto existente y puedan regresar a su país. Del mismo modo, los conductores denunciaron que solo recibieron viático para diez días y ya llevan, casi el doble, varados en nuestro país.
Por su parte, la empresa Avispón S.R.L., arrendataria del estacionamiento de camiones cisterna, aclara que sus instalaciones están acondicionadas únicamente para esperas de corta duración. Igualmente, menciona que lamentan los sucesos donde fallecieron personas y que dicha situación no se ha registrado en sus instalaciones. Mencionaron que el servicio de la empresa se limita a ofrecer estacionamiento por periodos breves, señala parte del comunicado dado a conocer por la empresa mencionada.
Denuncian trabas de Yd y falta de transparencia en la transición
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El jefe comunal electo sostiene que las condiciones impuestas por la administración saliente impiden conocer el estado real de la Municipalidad de Encarnación.
El intendente electo de Encarnación, Sebastián Remesowski, presentó el 14 de octubre una nota formal ante la Municipalidad en la que comunica que desiste de participar del proceso de transición establecido por la Resolución n.º 9140/2026.
El punto central del conflicto es que la comuna saliente no habilitó el acceso a tres abogados del equipo de transición: el coordinador Salim Fernando Abud, Miguel Óscar Leiva y Rogelio Ríos Leguizamón. Según la resolución del Ejecutivo municipal, los tres se encuentran en situación de “conflicto de intereses” por actuar como representantes en litigios judiciales pendientes contra la Municipalidad de Encarnación, lo que vulneraría la Ley N.º 7089/2023, que establece el régimen de prevención de conflictos de intereses en la función pública.
En el caso de Abud, la administración de Yd señala que es representante legal de la empresa de telefonía Tigo, con la cual el municipio mantiene un litigio por el cobro de unos G. 6.000 millones en concepto de canon por uso de espacio público de dominio municipal.
Ante esta situación, la comuna le comunicó al equipo que debían cambiar la lista o renunciar a la representación en esos juicios, pero la respuesta fue que no habría modificación alguna, por lo que se emitió la resolución que les prohíbe el ingreso como integrantes del equipo de transición.
Remesowski cuestiona además el artículo 4.º de la resolución, que limita el acceso solo a decisiones firmes y excluye los expedientes en trámite sin decisión definitiva, que son justamente los que deberá atender la nueva gestión.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), señaladas por presuntamente lavar dinero del narcotráfico y financiar las operaciones del grupo criminal. Foto: Facebook
EE. UU. anuncia sanciones contra personas y entidades vinculadas con el cártel mexicano del Noreste
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Estados Unidos este martes anunció sanciones económicas contra cuatro individuos y una vez entidades relacionadas con el cártel mexicano del Noreste, considerado por Washington una organización “narcoterrorista”.
“Las personas y entidades sancionadas han estado involucradas en las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y los sectores de petróleo y gas que han facilitado las operaciones del CDN, incluyendo el movimiento de ganancias ilícitas”, detalló el comunicado del Departamento de Estado.
El Departamento del Tesoro divulgó los nombres de los sancionados, entre ellos Pablo Guajardo, alias “El Takia” y Francisco Inzunza, alias “Pancho Amador”.
Entre las entidades, la mayoría radicadas en el estado de Tamaulipas, hay constructoras, distribuidoras de gas, clubes deportivos y cuadras.
Todos los afectados pasan a formar parte de la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), un organismo del Tesoro estadounidense.
Estos individuos y empresas no podrán acceder al sistema financiero estadounidense, ni establecer relaciones económicas en dicho país.
El cártel del Noreste tiene su base en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, y fue declarado “organización narcoterrorista” por Washington en febrero del año pasado.
Referentes del brazo logístico del EPP escaparon a Venezuela gracias al amparo de autoridades hoy aprehendidas.
El ministro del Interior, Enrique Riera, reveló que el exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, y el fiscal general de dicho país, Roger Mariaca, ambos detenidos en las últimas horas por su presunto vínculo con una red de protección del narcotraficante Sebastián Marset; también habrían protegido a las hermanas Villalba al frustrar su detención en territorio boliviano a pedido de las autoridades paraguayas.
Según Riera, estas referentes del brazo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) lograron escapar hacia Venezuela gracias al amparo directo brindado por las altas autoridades bolivianas que hoy se encuentran aprehendidas.
“Marset cayó allá porque le estaban protegiendo y ahora ya se hablan de sumas que se pagaron, y debo dar un dato más, este mismo Del Castillo fue el que me negó y me mintió en la cara tres veces, porque nosotros teníamos a las hermanas Villalba ubicadas, primero en Santa Cruz, después en Camiri, y luego La Paz, pero con fotos, filmaciones”, señaló el ministro a la 1020 AM. Riera relató que las autoridades paraguayas lograron obtener una orden de captura por parte del Tribunal Superior de Justicia de Oruro, porque el fiscal general de Bolivia, que acaba de caer, “se negaba a dictar una orden de detención a pesar que tenía código rojo de la Interpol”.
Contraloría apunta a Vicente Bataglia por pagos a jubilados fallecidos en IPS
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El contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que encontró irregularidades administrativas en el Instituto de Previsión Social (IPS), apuntando directamente contra administraciones anteriores, especialmente al expresidente Vicente Bataglia. Durante la presentación del Informe Financiero del Poder Ejecutivo 2025, realizada este lunes en el Congreso, el titular de la Contraloría General expuso algunos de los principales hallazgos en el marco de la auditoría a la previsional.
Benítez confirmó que se detectaron diversas anomalías administrativas y financieras en la institución, situación que salpica directamente a las gestiones de los últimos años. Entre los hallazgos citó el pago de jubilaciones a personas fallecidas; se calcula que el IPS habría desembolsado más de G. 50.000 millones en concepto de haberes a más de 11.000 difuntos.
Asimismo, se detectaron inconsistencias en el stock de medicamentos luego de solicitar una actualización del sistema. El lote de fármacos registró una baja del 45 %, por un valor superior a los G. 600.000 millones. “Eso significa que se registró mal o que desaparecieron; no podemos afirmar nada ni tampoco descartarlo”, indicó el contralor.
Por otra parte, para garantizar la provisión de medicamentos cuyos contratos ya habían vencido, el IPS recurrió a la firma de nuevos acuerdos que luego fueron homologados judicialmente, evadiendo el procedimiento habitual de la ley de contrataciones. Esto representó un gasto de USD 25 millones.
“Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo Vicente Bataglia. Inclusive, tuvimos que recurrir a acciones judiciales y órdenes de allanamiento para acceder a esta información”, añadió Benítez.