Tras un largo litigio, el Instituto de Previsión Social (IPS) recuperó un inmueble que estaba siendo ocupado por una empresa constructora. Las autoridades anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público, solicitando la investigación de posibles hechos punibles como la apropiación indebida y el daño patrimonial contra una entidad pública.

La Dirección Jurídica, ejecutó el 13 de junio pasado una medida de desahucio en defensa de su patrimonio institucional, dando fin a un proceso judicial que llevaba más de dos décadas. La acción fue ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno de la capital, a cargo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz. Esta acción legal permite desahuciar a ocupantes irregulares y proteger el patrimonio institucional.

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El procedimiento fue llevado a cabo contra la empresa Constructora Arq. Guido Ramírez y Asociados SRL, que ocupaba de forma indebida un inmueble propiedad del IPS, identificado como finca n.º 2107 del distrito de Hernandarias, actualmente Ciudad del Este. El litigio, caratulado “Reconstitución IPS c/ Empresa Constructora Arq. Guido Ramírez y Asociados S. R. L. s/ Ejecución Hipotecaria”, se remonta al año 2002 y fue trabado durante años por dilaciones y chicanas judiciales impulsadas por la parte demandada.

Gracias a las gestiones jurídicas realizadas a través de la Dirección Jurídica del IPS, la institución logró recuperar de manera efectiva un bien que venía siendo explotado irregularmente, con alquileres percibidos sin que los ingresos llegaran al IPS. Esta situación generó un perjuicio económico considerable para la previsional y, por ende, para sus asegurados, informaron del ente previsional.

Esta acción se suma a los múltiples casos en los que los asesores jurídicos han reactivado expedientes judiciales con el fin de reivindicar los derechos patrimoniales de la institución, en beneficio de los aportantes y de la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

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Desde el pasado viernes entró en vigencia un acuerdo estratégico entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia del servicio sanitario en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.

A partir de este convenio, el personal y los servicios del IPS que operaban en una vivienda acondicionada pasarán a funcionar dentro del hospital regional de la ciudad.

La medida permitirá un uso más racional de los recursos humanos e infraestructura. Según explicó el doctor Osvaldo León, el personal del IPS se integrará al plantel médico del hospital regional, lo que implicará un refuerzo significativo en la capacidad de atención para la población local.

Además, varios servicios del centro de salud estarán disponibles tanto para asegurados como para no asegurados.

“El IPS va a utilizar ahora la infraestructura del hospital regional, y a su vez el hospital se verá beneficiado con un número importante de profesionales. Eso va a redundar en una mejor atención para toda la ciudadanía”, explicó el periodista Juan Alcaraz a “Info Más”, emitido por GEN/Nación Media.

La abogada liberal Basilisa Vázquez explicó que presentaron la denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue el millonario faltante de fondos destinados a capacitación en el Instituto José P. Guggiari, dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Estamos cansado de que se meta la mano y nadie se haga responsable de las deudas y las tragadas en el partido. Porque si uno mete la mano en la cuenta de tu partido, no sos un ladrón simplemente, sos un reverendísimo ladrón”, sentenció la apoderada liberal durante una comunicación con La Nación/Nación Media.

Mencionó que la denuncia penal ya está en poder de la agente fiscal Natalia Silva, que tendrá a su cargo investigar qué se hizo con los fondos que son finalmente proveídos por el Estado al Partido Liberal.

“Nosotros que hacemos política queremos custodiar los fondos del partido principalmente, ser transparente con la gente para que de esa manera podamos criticar a otros que no son de nuestro partido. El partido recibe fondos del Estado, es dinero de los contribuyentes, porque Hacienda (hoy Ministerio de Economía y Finanzas) nos transfiere esa plata, que es exclusivamente para usar en capacitaciones”. explicó.

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Vázquez indicó que el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, realizó presuntamente, en los últimos meses del año 2024, cuatro o cinco cursos que costaban G. 180 millones.

“Nadie sabe quién participó en ese curso, cuál fue el objetivo de esos cursos. Sin embargo, corre la versión con quien hace los cursos y gasta 10 millones de guaraníes, entonces se reparte el resto que ellos presupuestan en el instituto”. agregó.

La abogada Vázquez remarcó que desde siempre su lucha fue la transparencia del PLRA, recordó que así lo hizo con Efraín Alegre; y así va a ser con Hugo Fleitas, y no le harán callar ni Alcides Rivero, ni Ricardo Estigarribia, ni nadie que venga. “Voy a seguir con este mismo sistema. No voy a callarme ante estas barbaridades que están consistiendo”, enfatizó.

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Respecto al proceso de investigación, señaló que el Ministerio Público puede allanar la sede del partido si necesita más documentaciones; así como puede solicitar una observación al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para saber cómo están viendo la administración del partido.

“Es facultad ya de la investigación, por lo tanto, nosotros estamos a disposición de la investigadora Natalia Silva, o quien sea el que investigue. Si hay algún cambio, nosotros estamos ahí. No vamos a retroceder. Vamos a seguir con esta cuestión. De ninguna manera nos vamos a dar un paso atrás”, sentenció.

El presidente del Tribunal de Conducta del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Enrico Sachero, sostuvo que el órgano volverá a sesionar el próximo jueves 26 de junio con la finalidad de reactivar el juzgamiento del titular de la agrupación opositora, Hugo Fleitas, denunciado por sus correligionarios de la disidencia por mala gestión e irregularidades en su administración.

El proceso será retomado tras levantarse la recusación que pesaba sobre sus miembros titulares y suplentes, promovida por Fleitas el pasado 21 de enero. “Todos los denunciantes se habían ratificado en las acusaciones, luego se había corrido traslado al presidente para que ejerza su defensa, así lo hizo y de paso nos recusó a los 10 integrantes del tribunal. Finalmente el directorio del PLRA rechazó la recusación para que siga el proceso“, indicó Sachero en una entre.vista con el diario La Nación/Nación Media.

Fleitas, a través de sus abogados, recusó a los miembros del Tribunal de Conducta, indicando que los mismos incurren en un conflicto de intereses y dependencia laboral con los denunciantes. Los representantes legales del exgobernador de Cordillera manifestaron que el presidente del PLRA no es miembro del directorio y, en consecuencia, no puede ser juzgado por el Tribunal de Conducta por la competencia estatutaria.

“Tenemos pensado reunirnos el jueves de la próxima semana para dar entrada a la resolución del directorio del PLRA. De esta manera el juez instructor, que es la doctora Carolina Ferreira, seguirá el proceso hasta la etapa conclusiva donde el pleno del tribunal resolverá si corresponde la sanción o el sobreseimiento a Fleitas”, afirmó Sachero.

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En el requerimiento de recusación, los abogados de Fleitas habían mencionado también que la competencia del Tribunal de Conducta está claramente definida en el estatuto y cualquier actuación fuera de esos límites no son más que actos de atropello a la institucionalidad del PLRA.

Con estas argumentaciones Fleitas había solicitado al tribunal enmendar las inobservancias de las normativas estatutarias, como los principios constitucionales individualizados en el presente escrito, y declarar su incompetencia para intervenir en la denuncia y que se inhiba de tomar cualquier actuación con relación al presidente del PLRA.

A la vez, Fleitas no descartó impulsar una denuncia penal contra los miembros del Tribunal de Conducta, en caso de persistir en el proceso de juzgamiento. “Si las cosas siguen su curso normal, el proceso de juzgamiento a Fleitas podría terminar para finales de julio”, comentó Sachero.

Las acusaciones contra Fleitas fueron impulsadas por dirigentes disidentes, principalmente por militantes del movimiento Nuevo Liberalismo, encabezado por los gobernadores Ricardo Estigarribia, de Central, y Javier Pereira Rieve, de Itapúa, con el fin de apartarlo de la presidencia del PLRA.

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