El presidente de la República, Santiago Peña, fue abordado por los medios de prensa y consultado sobre los procesos de intervención en los Municipios de Ciudad del Este y Asunción. Peña respondió sobre el discurso de la oposición, la supuesta persecución política hacia el exintendente esteño Miguel Prieto y dijo la decisión final asumida por los legisladores forma parte de un proceso que está contemplado en la Constitución Nacional.

“En el año 2018 la oposición impulsó una destitución de una intendenta que fue electa. En ese momento ellos nunca argumentaron ningún tipo de persecución, decían que se ha hecho justicia. Este es un mecanismo que está reglado, está en la Constitución”, refirió el presidente.

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Así también, aseguró que se cumplieron con todos los procedimientos establecidos, y la Cámara de Diputados, por mayoría, decidió la destitución de Prieto de la administración municipal. “Se hicieron las investigaciones, están las denuncias y finalmente se presentaron los informes y los diputados decidieron la destitución”, expresó.

Respondió también sobre el discurso de acallar las voces disidentes, con la destitución de Prieto, y aseguró que, “tienen todo el derecho de hablar todo lo que quieran”. El sector de la oposición trata de instalar un discurso de persecución, mientras que los informes revelaron serias irregularidades en la administración de Prieto, algunos de ellos presentados ya ante el Ministerio Público.

Por otra parte, sobre la situación del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez y el supuesto blindaje del sector político oficialista, indicó que es una decisión que tomarán los diputados y no existe una bajada de línea del movimiento Honor Colorado. “Es una discusión en Diputados”, sentenció.

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El embajador de Ucrania en la Argentina concurrente en Paraguay, Yurii Klymenko, mantuvo este jueves un encuentro con el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez. En la ocasión, el diplomático agradeció el respaldo que otorga el país en la búsqueda de la paz.

“Expresaron su agradecimiento al Paraguay por ser un país aliado en contra de la guerra y a favor de la paz para Ucrania. El embajador manifestó también que Paraguay siempre hizo su aporte en favor de la justicia", indicó la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hermelinda Alvarenga, quien acompañó a Yurii Klymenko y su delegación.

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La parlamentaria indicó que el diplomático también mantendrá encuentros con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados. “La delegación que acompaña al embajador pertenece al departamento de justicia a nivel internacional que expresaron su preocupación en torno a los niños y niñas que están fuera de Ucrania a consecuencia de la guerra con Rusia“, dijo Alvarenga.

De acuerdo con los datos proporcionados por el embajador y sus acompañantes, la cifra de niños y niñas radicados llegaría a un total de 10.000. “Nosotros nos comprometimos a presentar un proyecto de declaración para apoyarlos y que los niños ucranianos puedan retornar a su país”, remarcó.

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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

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Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó 1.725 fiscalizaciones de julio 2024 a julio 2025, que permitió la protección efectiva de los derechos de más de 88.000 trabajadores en distintos sectores económicos.

Las acciones se distribuyeron en varios tipos de intervención. Se desarrollaron un total de 343 fiscalizaciones con órdenes de inspección, enfocadas en verificar condiciones laborales, cumplimiento salarial y normas de seguridad ocupacional.

Se concretaron 267 inspecciones en el marco de la Comisión Interinstitucional de Transporte, para combatir la informalidad en el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Asimismo, se impulsaron 18 actuaciones conjuntas con el Instituto de Previsión Social (IPS), orientadas a detectar y regularizar a trabajadores no registrados en el seguro social.

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A nivel nacional se desplegaron 691 verificaciones en instituciones educativas dentro del programa Hambre Cero, que promovieron la formalización de más de 21.000 trabajadores del sector.

Igualmente, se implementaron 406 controles en el marco de la campaña “Feriado Paga Doble”, destinados a garantizar el pago correcto de salarios en días feriados, especialmente en comercio y servicios. Estas intervenciones se concentraron en áreas estratégicas como comercio, gastronomía, construcción, transporte y educación.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que en muchos casos, las fiscalizaciones derivaron en la formalización inmediata de trabajadores, la corrección de incumplimientos y la adopción de medidas preventivas para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.

El plan incluyó además el fortalecimiento institucional de la cartera, a través de la capacitación continua de los equipos técnicos, modernización de procedimientos administrativos e incorporación de herramientas digitales, para garantizar mayor trazabilidad y transparencia.

También se impulsó un enfoque territorial, llegando a zonas de alta informalidad y trabajando de manera coordinada con gobiernos locales, gremios empresariales y organizaciones sindicales, informó el Ministerio de Trabajo.