Un terrible escenario presenciaron dos pescadores en aguas del río Paraguay, ayer sábado, luego de que encontraran el cuerpo sin vida de una mujer flotando en zona de la Costanera de Asunción. El cadáver fue rescatado e identificado por las autoridades, pero hasta el momento no dieron con el paradero de sus familiares.
Según el reporte de la Policía Nacional, el cuerpo fue encontrado cerca de las 18:00, por unos hombres que estaban trabajando en el lugar y se encontraron con el cadáver a orillas del río. Se trata de una enfermera que portaba sus documentos y fue identificada como María Barrios, de 36 años.
El cuerpo fue rescatado y trasladado hasta la sede de la Morgue Judicial porque presentaba ciertas lesiones que deben ser investigadas. “La médico forense encontró un corte que tiene por encima del labio”, explicó la comisario Marta Núñez, en entrevista con C9N.
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Detalló que junto con el cuerpo fue rescatado su carnet de personal de blanco, su cédula de identidad y también algunos recibos, no así el aparato celular o tarjetas de créditos. “Se trata de María Santa Barrios Ozuna, de 36 años, encontramos un documento que avala que ella es técnico de enfermería. Estamos queriendo ubicar a sus familiares”, dijo.
Agregó que el cadáver permanecerá en la morgue y que esperan que familiares o allegados se acerquen para poder entregar los restos luego de la inspección por parte de los profesionales. “Se acercó un pescador que entregó las pertenencias que serían de la mujer y que pudo rescatar a metros del cuerpo flotando en el río”, concluyó.
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Femicidio: funeraria amenaza con devolver el cuerpo a familiares si no pagan el cajón, denuncian
Familiares de Liz Andrea Ortellado (30), víctima de feminicidio el pasado fin de semana en Guarambaré, denunciaron que la funeraria les exige la suma de G. 10 millones por el cajón y que, si no pagan, les devolvería el cadáver.
“Ellos me buscaron por el tema del niño, para que la custodia vaya con la abuela materna. Pero ahora estamos ante otro problema principal: la gente de la funeraria se comunicó con los parientes y le dijeron que iban a devolver el cadáver en plástico”, relató este martes el abogado Miguel Godoy, en declaraciones a la 1020 AM.
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En ese sentido, el profesional mencionó que la víctima fatal se desempeñaba como funcionaria de una empresa, y que los directivos de la misma se harían cargo de los gastos. Sin embargo, no cumplieron.
“Se comprometieron a pagar el cajón, pero lastimosamente, la empresa no se estaba haciendo responsable. El cuerpo ya estaba en el cajón, pero iban a volver a sacar y devolver el cuerpo porque ya perdieron comunicación con la gente de la empresa", precisó el abogado.
Explicó que, ante lo sucedido, lo que corresponde es que la gente de la empresa se haga cargo, atendiendo los salarios caídos, el aguinaldo proporcional y demás.
“Estoy tratando de comunicarme con la funeraria San Lázaro para tratar de solucionar el caso. Es bastante triste, porque los familiares ya están pasando un gran dolor”, lamentó Godoy.
El principal sospechoso, Walter Fabián Acosta Duarte (34), fue hallado sin vida a pocos metros de la vivienda. La hipótesis que manejan los investigadores es la de un presunto feminicidio seguido de suicidio. La víctima ya había denunciado anteriormente al sindicado por violencia.
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“Que no quede impune, que no vaya al oparei”, piden familiares de policía fallecido en Naranjito
Habló este sábado la viuda del suboficial mayor Atilio Martínez, de Pastoreo (Caaguazú), uno de los policías asesinados en Naranjito. Pidió justicia y que su muerte “no quede impune, que no vaya al oparei”, expresó en declaraciones a Telefuturo.
Doña Alice recordó a su pareja como un “papá guasu” para toda su familia. Además, destacó su carácter firme y su sentido de responsabilidad con su trabajo en las fuerzas policiales.
“Él era el papá guasu de sus hermanos porque su papá y su mamá ya fallecieron. Él nunca decía no, siempre estaba para todos nosotros, para su familia, para sus amigos. Era una persona excelente. Tenía carácter, con él era sí o no, negro o blanco”, relató.
El uniformado deja dos hijos huérfanos. “Tenemos un hijo de 6 años. Tiene otro hijo de 14 años con su expareja. Teníamos planes de tener más, quería una hija para hacerle bailar el vals decía. Nos estábamos preparando para eso”, contó la mujer.
Lamentó el difícil momento que les toca afrontar por culpa de una banda de criminales. “Es muy duro lo que nos está pasando. No le deseo a ninguna familia de la institución policial que pase por el dolor tan grande que estamos pasando”, señaló.
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Agradeció a todas las personas que se acercaron a darles su acompañamiento. “Agradecimiento infinito a sus camaradas, jefes, amigos, vecinos, porque se ve que se le quería mucho”, remarcó.
Destacó el profundo respeto que tenía por su profesión. “Él nunca habló de su trabajo, supo diferenciar su trabajo de su familia. Y pedimos justicia, que no quede impune”, recalcó.
Altos mandos no se comunicaron
La hermana del uniformado fallecido hizo el mismo pedido. “Como familia solamente pedimos justicia”, expresó Epifania Martínez.
Asimismo, puso énfasis en el apoyo de sus camaradas y jefes así como de amigos y vecinos, pero lamentó la ausencia de comunicación de las altos mandos de la Policía Nacional. “Hasta el momento, no recibimos ni una llamada del comandante ni de ninguna autoridad”, afirmó.
Micaela, cuñada (hermana de la viuda) del uniformado, hizo un llamado especial para los investigadores. “Lo que pasó nos dejó destrozados como familia. Solo pedimos justicia, que se aclare el hecho, que no quede en vano todo esto y que su esfuerzo, su sacrificio no sea en vano”, sentenció.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Tras masacre en Naranjito, la ARP exige mayor seguridad para proteger la actividad productiva
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.
Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.
Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.
El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.
En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.
Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.
La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.
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