Al hacer un balance sobre la gestión en materia de seguridad en el Paraguay, el jefe del grupo de Operaciones Tácticas Motorizadas de la Policía Nacional, el comisario Gustavo Ruiz Díaz, destacó que un estudio determinó que la sola presencia del grupo Lince logró evitar más del 50 % de los casos de delincuencia. Señaló que hoy el objetivo es expandir el servicio a todo el país, porque cuando un Lince está en un área, hay más prevención y seguridad.

El comisario Ruiz Díaz mencionó que son muchos los municipios y gobernaciones que claman la presencia del grupo Lince, durante una entrevista por Paraguay TV que forma parte de los medios estatales.

“El tercer año de Gobierno del presidente Santiago Peña trajo nuevos desafíos a la agrupación motorizada. Actualmente, estamos en 15 de los 17 departamentos del país y queremos abarcar más y llegar a más ciudades del interior, no solo a las cabeceras departamentales. Porque para que el país puede desarrollarse, debe haber seguridad”, enfatizó Ruiz Díaz.

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Mencionó que uno de los objetivos inmediatos del grupo Lince es fortalecer su presencia en Asunción y en su zona metropolitana, así como en el departamento de Alto Paraná, donde próximamente se inaugurará una base de operaciones. “Hay que tener en cuenta el enorme crecimiento que ha tenido la zona, por lo que es importante reforzar la seguridad”, remarcó.

El jefe del Grupo Lince también mencionó que el uso de la tecnología es clave para su expansión, sobre todo debido a la utilidad del georreferenciamiento delictual, una tecnología que usa mapas digitales para ubicar zonas con más robos y delitos. El sistema sirve para planificar el patrullaje en moto y destinar agentes a los lugares más peligrosos.

Señaló que la expansión a nuevos puntos del territorio nacional implica recursos policiales, vehículos, herramientas tecnológicas, y también una coordinación de trabajo con los camaradas de la Policía Nacional, y la colaboración de la ciudadanía. “Así vamos construyendo juntos la seguridad ciudadana”, sostiene Ruiz Díaz.

Destacó que con el “Botón Lince”, de auxilio rápido disponible en la aplicación del Portal Paraguay, la ciudadanía cuanta hoy con una herramienta digital a su disposición. Desde su lanzamiento, a fines de 2025, ya registra cerca de 5.000 pedidos de asistencia del grupo especializado.

“Tenemos un importante porcentaje de casos asistidos por esta vía, pero lo más importante es que la ciudadanía sabe que tiene esta opción, que la está probando, y que estamos ampliando los servicios con apoyo de la tecnología, a favor de la seguridad”, remarcó el comisario.

Agregó que al activar el Botón Lince, el sistema ubica automáticamente al ciudadano y deriva el aviso a la patrulla del Grupo Lince más cercana dentro de un radio determinado, reduciendo los tiempos de respuesta. Por otra parte, el grupo Lince se está capacitando actualmente en el uso de inteligencia artificial a favor de la seguridad ciudadana.

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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ampliación presupuestaria que permitirá al Ministerio Público contar con los recursos necesarios para aplicar el reajuste salarial establecido para los asistentes fiscales, cuya remuneración básica deberá alcanzar el 60 % del salario de los agentes fiscales. La iniciativa pasa ahora a consideración del Senado.

El diputado colorado José Rodríguez propuso ante el plenario la iniciativa que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026 (PGN 2026), aprobado por Ley N° 7609/2025, a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 7.511/25, que modifica el artículo 60 de la Ley N° 1562/2000 - Orgánica del Ministerio Público -, en beneficio de los asistentes fiscales del Ministerio Público.

Luego del correspondiente análisis durante su sesión ordinaria, quedó aprobada por mayoría. El documento se remite ahora a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional. El objetivo es ultimar los recursos presupuestarios necesarios para hacer efectivos los reajustes salariales establecidos en favor de los asistentes fiscales del Ministerio Público, conforme a la Ley N° 7609/2025.

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En el debate, el legislador Roberto González mencionó que la labor de los asistentes fiscales resulta fundamental, considerando que son quienes dan apoyo directo a los agentes fiscales. “Los asistentes fiscales, según la ley, son los encargados de brindar apoyo técnico, jurídico y directo a los agentes fiscales en el análisis, diligenciamiento e impulso procesal de las causas penales e investigaciones asignadas a cada unidad fiscal”, explicó.

A su turno el diputado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, se expresó a favor e indicó que los asistentes fiscales deben percibir una remuneración básica mensual equivalente al 60 % de la remuneración de los agentes fiscales.

Informó que el bloque asesor recomendó una modificación de manera a establecer el monto a transferir desde el Ministerio de Economía y Finanzas para dar cumplimiento a la normativa.

“Sugerimos que el ajuste salarial a los asistentes fiscales sea financiado con una transferencia de créditos presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente, del objeto de gastos 261 - Informática y sistemas computarizados - por un monto total de G. 4.313.823.148”, expresó.

Especificó que este monto contempla la aplicación de la primera gradualidad del incremento previsto en la ley N° 7609, del 25 %, con vigencia desde el mes de octubre del presente ejercicio fiscal. La iniciativa fue aprobada con base en el dictamen de la Comisión de Presupuesto.

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Este martes, la Policía Nacional detuvo a dos personas de nacionalidad brasileña que serían sindicadas como miembros del Primer Comando Capital (PCC), en el departamento de Alto Paraná. Uno de los detenidos se presentó con un nombre falso y luego se descubrió que era buscado en el vecino país por casos relacionados al narcotráfico.

Según el reporte policial, la captura de estas personas se registró en plena vía pública, específicamente en la zona de Puerto Itavera, en el distrito de Domingo Martínez de Irala. Ambos sujetos estaban circulando sin documentos de identidad y proporcionaron sus datos, uno de ellos no correspondía.

Se identificaron como Fernando Mello Pereira y Samuel Barboza, ambos brasileños. De inmediato se comunicó el caso a la División del Comando Tripartito, para procesar y cotejar sus identidades con las autoridades de Brasil. Uno de ellos tenía varios tatuajes que serían similares a los que acostumbran a tener los integrantes del PCC.

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El comisario Fabio Santacruz, del comando tripartito, confirmó que el hombre que se presentó como Fernando, en realidad era Anderson Cleiton da Silva, que tiene orden de captura en su país por hechos relacionados al narcotráfico. En tanto que, Samuel Barboza dio su nombre real y no cuenta con antecedentes criminales.

Del poder de los detenidos se incautaron dos teléfonos celulares, 300.000 guaraníes en efectivo y dos mochilas negras con prendas de vestir. Se presume que ingresaron al país hace 15 días y que esperaban el momento oportuno para cruzar ilegalmente por el río Paraná para evadir los controles fronterizos.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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