La Red de Puntos Focales del sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos (Simore Plus) realizó su primera reunión del año a fin de avanzar en el proceso de regularización de informes periódicos de diversos comités de las Naciones Unidas. En este encuentro, realizado en el salón auditorio de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), se percibió el avance de Paraguay en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas.
El primer encuentro del año tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de los agentes estatales, quienes mediante la realización de talleres especializados los días 28 y 29 de febrero, adquirirán nociones y herramientas fundamentales para mejorar los procesos de preparación, presentación y defensa de informes ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño.
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La convocatoria de esta reunión se realiza de acuerdo con el reglamento establecido por el SIMORE Plus, y cuenta con el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), encargado de coordinar la comunicación de estos talleres.
El primer encuentro entre los miembros y representantes de cada Organismo y Entidades del Estado (OEE) simboliza un paso significativo en el compromiso continuo de la Red de Puntos Focales del SIMORE Plus con el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y evaluación de los derechos humanos, así como con la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
El Simore Plus fue establecido mediante decreto 4368/2015, y es coordinado de manera conjunta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia.
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Informe de EE. UU. advierte retrocesos en Paraguay en materia de derechos humanos
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos, en el que destaca que la situación en Paraguay durante 2024 enfrentó desafíos importantes, especialmente en áreas como la libertad de expresión y la protección de los derechos laborales.
El informe señaló que el Congreso adoptó medidas que afectaron a la sociedad civil y a la prensa, y que la Oficina no observó con buenos ojos ciertos aspectos vinculados a las organizaciones no gubernamentales. Mencionó sobre la entrada en vigencia de una legislación que establece el control sobre las organizaciones civiles.
En el ámbito de la libertad de prensa, el informe explicó que “hubo varios casos en los que actores políticos utilizaron amenazas e intimidación para restringir la libertad de expresión y de prensa para silenciar a sus oponentes”. También se señala que “algunos actores políticos amenazaron públicamente con procesar a periodistas por informar sobre abuso de poder y corrupción por parte de funcionarios gubernamentales”.
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En cuanto a los derechos laborales, el documento indicó que “el Gobierno rara vez investigaba las actividades antisindicales y, según informes, solo lo hacía cuando lo solicitaba la parte afectada”. Señaló que los empleadores que no reconocían o negociaban colectivamente con un sindicato registrado podían enfrentar sanciones, aunque “generalmente eran ineficaces y rara vez se aplicaban a los infractores”.
Respecto a la seguridad y Justicia, el informe describe que “la prisión preventiva prolongada, debido a la acumulación de casos judiciales y la corrupción, es un problema” y que “un número insuficiente de jueces y funcionarios judiciales que solicitaban sobornos para adelantar los procedimientos a menudo causaba retrasos en los juicios”.
Sobre la tortura y otros tratos inadecuados, se indica que “la ley prohibía tales prácticas, pero existían informes fidedignos de que funcionarios gubernamentales las empleaban”. La Fiscalía abrió investigaciones sobre 124 denuncias de tortura y otros abusos, aunque “no hubo condenas durante el año”.
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El informe concluye que, si bien se han registrado algunas medidas de protección de los derechos humanos, “todavía existen áreas que requieren atención y fortalecimiento institucional para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.
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Informe sobre DD. HH. elogia a El Salvador y condena a Brasil
Estados Unidos publicó ayer martes un informe sobre derechos humanos en el mundo adaptado a las prioridades del presidente Donald Trump en el que ensalza a sus aliados, como El Salvador, y fustiga a los que considera rivales como Brasil.
Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder, pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto. En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.
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Ataque a Brasil
“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50 % al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.
Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.
En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.
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El caso europeo
También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España. No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.
El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania. Por el contrario, Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.
“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado. “Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade. Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.
Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.
Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.
Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones. Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables. Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Piden informe a Seprelad sobre cuentas offshore de Abdo y su esposa
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos solicitó informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a fin de que se informe sobre la vinculación del exmandatario y su pareja si se tiene cuentas en Seychelles.
El representante del Ministerio Público está investigando al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por tener cuentas bancarias ocultas en Seychelles, cuyos beneficiarios finales fueron el exjefe de Estado, y su esposa Silvana López Moreira.
De acuerdo a los datos preliminares, se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubái y Hong Kong, y que, a su vez, registrarían como beneficiarios finales a Mario Abdo y Silvana López Moreira.
Los oficios fueron firmados el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.
La unidad fiscal a cargo de la mencionada agente fiscal se encuentra aguardando la contestación de dichas solicitudes de informes, a fin de avanzar en el proceso investigativo, y consecuentemente, obtener la información concerniente a los hechos denunciados.
La causa surge luego del informe periodístico realizado por el argentino Luis Casulla y publicado en el portal PeriodismoyPunto, que refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario, según documentos expuestos, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
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DD. HH. constató respeto de los derechos de la esposa de Marset en Viñas Cué
La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitución de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia tras denuncia de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría recibido maltrato inhumano en el penal de Viñas Cue. La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van turnándose para imponer alguna acción.
La jueza fue consultada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los trabajos que se han realizado respecto a la señora Gianina García están dentro del sistema al cual acceden todos sus abogados de defensa.
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“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferenciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actualmente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosarito Montanía en comunicación con radio 1080 AM.
Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Insfrán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.
“Esto a los efectos de constatar su condición de habitabilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclusión en el penal de Viñas Cué, que en teoría debería estar personal militar procesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferenciado de prisión”, acotó.
El objetivo de esta constitución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.
Plantel de 8 abogados
La jueza Montania explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que establecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.
“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistratura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.
De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nulidad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.
Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue a más de entrevistar a la procesada, también entrevistó al director del penal de Viñas Cué; así como observar personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.
“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.
Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cuales se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.
“Entonces, no estamos incumpliendo, ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucionales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.
Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.