Los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) recibirán un ajuste del 3,7 % en sus haberes a partir de este mes de enero, comunicaron las autoridades del ente previsional. La determinación fue oficializada a través de una resolución del consejo administrativo presidido por el médico Jorge Brítez y se incluye a los pasivos del sector educativo privado.
Un comunicado difundido en redes sociales, refiere que por resolución del Consejo de Administración Número 003-001/2024 de fecha 12 de enero de 2024, se adjudicó el citado porcentaje de incremento sobre las jubilaciones y pensiones otorgadas por el instituto.
Se menciona que se tomó como base legal lo dispuesto en el artículo 26 del decreto-ley 1860/50 y sus leyes modificatorias (375/56 y 98/92), así como el informe oficial sobre Índice de Precios del Consumidor (IPC) o inflación del 3,7 % reportado por el Banco Central del Paraguay (BCP) en diciembre pasado.
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“El ajuste se aplica única y exclusivamente sobre el concepto haber jubilatorio y/o pensiones, no así el complemento jubilatorio y/o pensiones que se encuentra excluido”, aclara el ente previsional. Así también los directivos manifiestan que el beneficio también incluye las prestaciones previsionales concedidas a los docentes privados, conforme a lo previsto en la ley número 5555/2015 y su modificatoria.
De acuerdo con los cálculos de la propia institución, el impacto económico será de unos G. 344.646.561.105 para las arcas del IPS, para un total de 79.418 beneficios otorgados ya sea por vejez, invalidez o muerte.
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Aclaran sobre alcance del paquete de reformas del IPS
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, dilucidó aspectos relacionados al paquete de reformas administrativas y legales que impulsa el ente como medidas de urgencia que busca revertir la crítica situación financiera.
Aclaró que el problema se heredó de administraciones anteriores. “Esas medidas implican necesariamente incrementar ingresos, gastar mejor y maximizar nuestras rentas”, señaló a la 1000 AM. Puntualmente la crisis se da en el fondo de enfermedad y maternidad, donde existen deudas millonarias que se arrastran desde hace varios años, lo que ya afecta la prestación a los asegurados.
Así también hay inconvenientes en el fondo de jubilaciones y pensiones que presenta un desequilibrio crítico desde el año 2020, conforme expresó. Sobre el punto aseguró que las medidas a ser implementadas no sumirán en la miseria a los pasivos, tal como afirman algunos gremios.
“Quiero decirle a los actuales jubilados y pensionados de la institución, que esas manifestaciones no son ciertas, que están mintiendo, manipulando la información y mal informando con mala fe a los jubilados, buscando quitar la paz y tranquilidad de la que deben gozar los jubilados y pensionados de la institución y usarlos para fines desconocidos”, indicó.
Afirmó que las medidas asumidas buscan proteger los recursos de los jubilados genuinos que han pagado sus aportes, los fondos que se han acumulado durante años y décadas de aporte. La abogada Cubas también aclaró el punto referente al proyecto de modificación del cómputo de haberes jubilatorios que actualmente se calcula sobre los 36 últimos salarios (tres años) y que aumentará a diez años.
“Es una propuesta también ya antigua, no es invento de esta administración, ha sido observado por los últimos informes actuariales, que los críticos de hoy, que aparecen como iluminadores, no solamente conocen sino que han apoyado pública y documentalmente según registros y documentos institucionales y que hoy por el hecho de ser críticos pretenden poner en duda, incurriendo en al menos una profunda incoherencia y deshonestidad intelectual”, aseveró.
La funcionaria de la previsional sostuvo que todas las reformas a ser incorporadas apuntan a mejorar las condiciones de vida de los más de 79.000 jubilados y los casi 900.000 activos que aportan a la institución. “Todas las medidas propuestas y asumidas tienen por objetivo proteger el ahorro de esas casi un millón de personas que han puesto sus aportes y ahorro para cuando pasen a la vida laboral pasiva. Todo lo que hagamos y propongamos debe estar enmarcado en la ley”, finalizó.
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El desequilibrio financiero en el IPS fue heredado de la gestión anterior
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, indicó que en la previsional se está tomando una serie de medidas a modo de recuperar la estabilidad que atraviesan los diferentes fondos y en específico la caja de jubilaciones y pensiones, que arrastra problemas desde el 2020.
“El fondo común de jubilaciones y pensiones entró en desequilibrio desde el 2020 y todavía no se recuperó, esa es una situación de desequilibrio financiero que hemos heredado y que nos vemos obligados a administrar con responsabilidad en el marco de la ley”, expresó Cubas en contacto con la 650 AM.
La gerente indicó que se encontraron con dicha situación cuando ingresaron a la institución en agosto del 2023, a esta altura, ya es de público conocimiento el desequilibrio financiero que atraviesa el IPS, manifestó y afirmó que otra de las cajas que cuenta con endeudamientos enormes, en el fondo de enfermedad y maternidad.
“En ese contexto hemos analizado la situación y las instancias técnicas financieras, actuarial, jurídica y hemos elevado un paquete de medidas, algunas administrativas, otras de reformas legales que buscan de manera paulatina recuperar ese desequilibrio financiero en el que hemos encontrado la institución”, precisó.
Una de las medidas administrativas tomadas por el Consejo, fue la de revocar las resoluciones de este mismo órgano, mediante las cuales se elevó el haber mínimo jubilatorio. Dicho incremento se dio sin que se previeran nuevos ingresos y la previsional se vio obligada a recurrir a sus reservas para poder cumplir con los jubilados.
“El haber mínimo jubilatorio que por ley tendría que ser el 33% del salario mínimo, pero en el 2020 por resolución de Consejo se modificó ese piso de la ley y se elevó al 50% del salario mínimo y en el 2021 se elevó al 75%”, recordó. Cubas mencionó que otro paquete de medidas fue remitido al Congreso, el cual debe aprobar estas iniciativas que ayudarían al IPS a mejorar sus ingresos y permitiría la recuperación financiera paulatina.
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Modificaciones en el IPS responden a multimillonarias deudas, sostienen
Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), habló de las modificaciones del Consejo de Administración, para aplicar la ley sobre los haberes, evitar que los egresos superen los propios ingresos y frenar los subsidios a quienes aportaron por debajo.
“Nos vimos obligados a plantear estas medidas por las condiciones en las que encontramos la previsional en agosto del 2023. No es un secreto la crisis que existe en el IPS, en sus finanzas, en los fondos de maternidad, sin mencionar que hemos heredado deudas multimillonarias”, dijo.
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Recordó además la pesada herencia en el fondo de jubilaciones y pensiones, que quedó desequilibrado. Así, se resolvió revocar resoluciones del 2020 y 2021, de las cuales con una dudosa legalidad se había elevado el piso del haber mínimo jubilatorio, del 33 % al 75 % del salario mínimo.
“Al revocar las resoluciones, se vuelve al 33 %. Ninguno de nuestros jubilados tendrán reducciones en sus haberes, pero sí significa que desde el 7 de mayo liquidaremos las jubilaciones al menos en un 33 % del salario mínimo”, explicó en “Fuego Cruzado”, por GEN/Nación Media.
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Una crisis arrastrada
El reordenamiento responde al desequilibrio financiero desde el 2020, donde el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones empezó a quedar en crisis porque los ingresos a través de los aportes y las rentas generadas no alcanzan para cubrir los egresos, por lo que se utilizan las rentas de las reservas.
“En el 2023, el déficit del Fondo de Jubilaciones fue mayor a G. 370 mil millones, lo cual se cubre usando las rentas de las reservas, lo que se traduce en el 28 % de las mismas. De continuar en el mismo camino y velocidad, en unos años las rentas ya no alcanzarán y deberemos usar las reservas”, indicó.
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Sanciones
Cubas remarcó que las modificaciones planteadas son únicamente para aquellas personas que tienen un haber mínimo muy por debajo del 33 % del salario mínimo. Por otra parte, tras las resoluciones ilegales, se procedió a un examen especial por parte de la Contraloría.
“Nos ha requerido toda la información y documentos, hemos enviado todo. Como resultado de ese análisis, el camino a seguir es la denuncia ante las instancias pertinentes”, refirió, destacando los procesos de transparencia que están siendo priorizados desde la previsional.
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Policía administrativo para IPS
Dos hechos trascendentes se dieron esta semana; por un lado, tras eficientes y duras negociaciones con representantes de Brasil, Paraguay logró un acuerdo en el precio de la tarifa de Itaipú, además de royalties, compensación de energía y hasta utilidades de capital; segundo, nos enteramos que el Consejo de Administración del IPS aprobó un anteproyecto de ley que modifica su carta orgánica.
En el primer caso hasta el sector industrial felicitó al Gobierno por el resultado obtenido. Esto significa que con el dinero que entrará se podrán realizar las tan necesarias y retrasadas infraestructuras que –según estiman– en tres años podrían posicionar al Paraguay en el camino de la industrialización, generando mejores fuentes de empleo para los ciudadanos y mayores ganancias para los empresarios. Pero la gente festeja lo que considera importante: que Ande no aumentará de precio y que los “cortes de luz” ya no serán frecuentes.
En el segundo caso, en el de IPS proponen sumar los últimos 120 meses del salario del trabajador para jubilarlo con ese porcentaje, no como era hasta ahora con el porcentaje de los últimos 36 meses.
Este cambio se debe a que supuestamente un trabajador que durante toda la vida ganó, por ejemplo, el salario mínimo, en los últimos tres años antes de jubilarse comienza a aportar como si fuera un gerente. Por lo tanto, se jubila como gerente, pero solo aportó el monto mínimo y se genera un déficit.
Buscar soluciones justas para los trabajadores debería ser un deber para el IPS; sin embargo, todas las soluciones van en contra de los demás honestos aportantes que durante años se sacrificaron.
Tomando el salario mínimo de los últimos diez años podríamos hacer un cálculo para darnos cuenta de que siempre el empleado es el que pierde. Primera pregunta: si Juan, que gana sueldo mínimo, se jubilara hoy, ¿por qué debe cobrar menos de lo que gana en este momento si ese es el nivel de vida que lleva? Segunda pregunta: ¿cuánto cobraría haciendo el porcentaje de los últimos diez años?
Teniendo en cuenta los salarios mínimos de los últimos diez años 1.824.055 (2014), 1.824 055 (2015), 1.964.507 (2016), 2.041.123 (2017), 2.112.562 (2018), 2.192.839 (2019), 2.192.839 (2020), 2.289.324 (2021), 2.550.307 (2022) y 2.680.373 (2023). El total es 21.671.984, que dividido entre 10 sería 2.167.198. Es decir, de estar ganando 2.680.373 pasará a cobrar 2.167.198, o sea 513.175 guaraníes menos de lo que gana hoy. ¿Por qué?.
Si el cálculo se hiciera sobre los tres últimos años, veríamos que la suma alcanza 7.520.004, y dividiendo entre tres años, el mismo jubilado tendría que cobrar 2.506.668. Es decir, cobraría 339.470 más que haciendo el cálculo de los diez años.
El problema no son los trabajadores ni los empresarios, el error viene del mismo IPS, que no actúa como policía administrativo. Los controles que realiza son completamente ineficientes y por esa falta deben pagar los que no pueden defenderse, o sea, los empleados a quienes por ley se les obliga a aportar, pero a la hora de jubilarse les cambian las reglas para pagarles menos y que vivan como mendigos.
Conozco casos en los que las empresas descontaban el aporte a sus colaboradores, pero que no llegaban al IPS. Y si el empleado cuestionaba, era despedido. ¿Qué hace el IPS para proteger a estos ciudadanos? Miles de empleados quedaron sin posibilidad de jubilarse por esta razón y deberán trabajar hasta morir sin opción de la jubilación. Y siguen aportando, pero llegarán al final –si llegan– cuando sea tarde y no podrán disfrutar de su derecho.
El Consejo de IPS debe cambiar de mentalidad, ejercer el control como deben y defender los intereses de los aportantes.