Ayer lunes falleció un joven que fue embestido por una unidad del transporte público el pasado viernes por la mañana. La víctima se encontraba en el Hospital de Trauma con pronóstico delicado y tras varios días de luchar por su vida, finalmente los médicos confirmaron su deceso. Los familiares del fallecido reclaman justicia y que las autoridades intervengan tras lo ocurrido.

Mauricio Marcelo Paniagua, de 29 años, se encontraba transitando sobre la avenida Acceso Sur con destino a su lugar de trabajo, ya que prestaba servicios como guardia penitenciario en Tacumbú, y mientras aguardaba para cruzar, su automóvil fue embestido por un colectivo de la línea 47 Ñemby.

Según manifestaron sus familiares, el conductor del transporte público se dio a la fuga y se presentó horas más tarde ante las autoridades. El joven habría sufrido un traumatismo craneanoencefálico además de varias lesiones de consideración, por lo que necesitaba atención en una unidad de terapia intensiva, a la cual accedió tras varias horas de espera.

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“Mi hermano tenía todas las intenciones de vivir, pero lastimosamente no recibió la ayuda que necesitaba. Primeramente, nos dijeron que necesitaba una cama en terapia intensiva, pero que no había y buscamos por todos lados hasta en nuestro seguro, pero nos decían que no cubría o que no tenían, lo mismo en el Hospital del Trauma, ahí perdimos muchas horas y su situación era delicada”, comentó la hermana del fallecido Laura Paniagua en conversación con canal Trece.

La misma comentó que desde la empresa de transporte público no se hicieron responsables y que es más el conductor si bien fue detenido tras el hecho como su hermano continuaba con vida fue liberado y no lo imputaron por lo que ahora exigen que el Ministerio Público realice el seguimiento correspondiente, ya que el conductor inclusive se habría dado a la fuga hecha que aseguran se debe tener en cuenta como omisión de auxilio.

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Una usuaria del transporte público grabó a un conductor de la empresa San Isidro (Línea 51) cuando hablaba por teléfono cuando conducía, desde la ciudad de Luque hacia la zona de la avenida Aviadores del Chaco, en Asunción. La denunciante, identificada como Gabriela Mendoza, señaló que decidió documentar el manejo imprudente del chofer del bus para que otras personas también se animen a reportar situaciones de esta naturaleza.

“Es peligroso, porque estábamos en un tramo viniendo desde Luque hasta Aviadores del Chaco, son innumerables la cantidad de baches que hay por el camino. Y cómo se adelantan y manejan súper mal”, señaló a la 1020 AM.

La joven lamentó que en los comentarios de los internautas se evidencia que la gente se resigna y acepta como algo normal, en lugar denunciar los hechos y lograr una sanción a los conductores imprudentes.

“Están cansados de todo esto, pero nunca se animan a denunciar ni a protestar contra este tipo de cosas que realmente están mal. Están normalizadas, pero están mal”, expresó.

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Según la joven, el chofer en todo el trayecto del viaje enviaba audios a su grupo de WhastApp, descuidando su trabajo y poniendo en riesgo la vida de todos los pasajeros. Afirmó que distraído con su celular, incluso realizaba adelantamientos peligrosos por la derecha, arriesgando la seguridad de los pasajeros.

“Le pedí amablemente que deje de utilizar su teléfono”, dijo Gabriela, aunque su reclamo nunca fue considerado por el conductor, que en todo momento se mostraba sonriente cuando la joven activó su cámara para grabarlo.

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Tras una investigación, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron la detención de un ciudadano boliviano y una paraguaya, quienes formaban parte de un esquema criminal dedicado al envío de encomiendas con droga que tenían como destino final diferentes puntos de Europa.

El operativo se inició cuando el personal apostado en el local de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Mariscal Estigarribia, con apoyo del can detector de drogas “Sora”, interceptó una encomienda compuesta por 79 figuras religiosas y decorativas de cerámica.

Durante la inspección de rutina los intervinientes detectaron que las piezas contenían una sustancia tipo pasta negra en su interior, que posteriormente fue identificada como cocaína. En total, el cargamento de droga alcanzó los 3 kilos con 110 gramos.

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El ciudadano boliviano detenido fue identificado como Raimundo Núñez Núñez, responsable del envío, quien en el momento de la captura se encontraba a bordo de un ómnibus de larga distancia proveniente de Bolivia con destino a la ciudad de Asunción.

Así también, tras cotejar diversas informaciones, el personal de la Senad destacado en la Estación de Buses de Asunción logró la detención de María Antonia Amarilla Rolón, ciudadana paraguaya, quien fue aprehendida en plena vía pública en Villa Elisa. La mujer, aparentemente, sería la encargada de retirar la encomienda.

Según informaron los intervinientes, la investigación arrojó que el ciudadano boliviano pretendía llegar a Asunción con el objetivo de coordinar la logística para un nuevo envío, esta vez vía aérea hacia Europa. Las evidencias recabadas indican que el esquema desarticulado ya habría concretado envíos anteriores mediante el mismo modus operandi.

“Es común en esta zona del país, debido justamente a lo limítrofe que somos con Bolivia. Esta cantidad de droga tranquilamente puede estar destinada al microtráfico acá en Asunción o el área Central, pero en este caso el objetivo era enviarlo a Europa, un lugar donde esta droga tiene un valor mínimo por kilo de 45.000 dólares”, indicó el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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