La construcción irregular de viviendas sobre la vía férrea moviliza a los vecinos del barrio Jara, quienes piden la intervención de las autoridades de modo a evitar que nuevamente sea ocupado el sitio. El año pasado había sido despejado tras la reubicación de los afectados por las inundaciones que se habían trasladado allí con precarias instalaciones.
Específicamente el problema radica sobre la calle Venezuela y vía férrea, donde rápidamente se están edificando casas, luego de que los anteriores vecinos hayan conseguido ubicarse en el proyecto San Blas, construido en Mariano Roque Alonso, con financiamiento del gobierno taiwanés.
Un equipo periodístico del canal GEN-Nación Media visitó la zona para mostrar que efectivamente la denuncia es verídica. Anteriormente, las casas eran de madera, pero ahora ya están hechas de material de primera calidad.
Una vez que se promulgue la ley de implementación del tren de cercanías, estas personas se verán afectadas y entrarían como beneficiarias del proyecto de desafectación.
Los vecinos también alegaron que por seguridad no quieren que ingresen extraños con intenciones de ocupar la propiedad. Una parte del espacio se usa como vertedero según se pudo divisar en imágenes. Y precisamente este hecho también es motivo de preocupación de la gente, porque genera la proliferación de todo tipo de alimañas y las consecuencias que implican para la salud.
No obstante, los vecinos manifestaron su conformidad con la habilitación de otra alternativa de transporte como es el tren, que contribuirá además a dar dinamismo a este barrio de Asunción.
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“Ordenamos la casa y se volvió a poner a la Municipalidad al servicio de los vecinos”, expresó el intendente Bello
El intendente Luis Bello presentó la Rendición de Cuentas 2025 y destacó el saneamiento administrativo, el cuidado de los recursos y la recuperación de obras y servicios para Asunción.
Con la Bahía de Asunción como escenario, el intendente Luis Bello presentó este lunes la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Asunción, en un acto que reunió a autoridades nacionales y municipales, concejales, vecinos y representantes de distintos sectores.
Durante su exposición, Bello repasó las principales decisiones adoptadas durante sus primeros 11 meses de gestión y puso el acento en una premisa: ordenar la administración municipal para recuperar su capacidad de respuesta y traducir ese esfuerzo en obras, servicios y soluciones para los vecinos.
El intendente Bello recordó que asumió la conducción municipal en un contexto de intervención, con procesos paralizados y una situación financiera y administrativa compleja. Frente a ese escenario, señaló que la administración decidió afrontar los problemas, cumplir las obligaciones pendientes y recuperar progresivamente el funcionamiento de la institución.
“Decidimos pagar las cuentas, mirar las obras que estaban paralizadas y buscar la manera de que empiecen de vuelta. Decidimos que los servicios que no se estaban prestando tendrían que volver a prestarse”, afirmó.
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Bello destacó que la gestión estableció desde el inicio tres principios: transparencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera.
Eliminación de cuenta única y 0 emisión de bonos
Entre las principales medidas mencionó la eliminación de la Cuenta Única Municipal, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de los recursos, y aseguró que durante esta administración no se emitieron bonos ni se recurrió a nuevo endeudamiento.
Ningún nombramiento
También señaló que durante los primeros 11 meses no se incorporó ningún nuevo funcionario municipal, como parte de una política de contención y orden interno.
También informó que se destinaron G. 55.000 millones al pago de jubilaciones, correspondientes a unos 16.500 jubilados, logrando regularizar esta obligación.
Más servicios y obras en los barrios
El intendente sostuvo que el orden financiero debía reflejarse en la ciudad. En ese sentido, destacó el fortalecimiento de la limpieza, la incorporación de 11 nuevos camiones recolectores, la regularización de la recolección en 69 barrios, la eliminación de vertederos clandestinos y las jornadas masivas de limpieza.
También resaltó la recuperación de espacios públicos, como la Plaza Naciones Unidas, que volvió a abrirse a los vecinos después de tres años, tras trabajos de infraestructura, iluminación, accesibilidad y áreas verdes.
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Uno de los principales capítulos de la rendición fue el Plan ASU 400 Cuadras, que contempla una inversión cercana a G. 59.000 millones y que, con el apoyo de Itaipú Binacional a través del Plan 1.000, permite alcanzar un promedio de 20.000 metros cuadrados mensuales de capa asfáltica recuperada y 4.000 bacheos por mes, con trabajos simultáneos en 16 barrios.
Desagües pluviales y prevención
Bello también destacó la reactivación de obras de desagüe pluvial en Santo Domingo, barrio San Pablo y el Mercado de Abasto, luego de la regularización de compromisos pendientes y la reorganización de los pagos.
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Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
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Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
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Vecinos claman solución definitiva para el itinerario de la exlínea 16
Vecinos de Asunción recurrieron este jueves al intendente Luis Bello para solicitar una solución definitiva al itinerario de la exlínea 16. Recordaron que sufren esta situación desde el año pasado, por la desaparición de dicho medio del transporte público de pasajeros.
Varias personas, vecinos y familias fueron afectadas debido a que quedaron sin buses para el traslado a sus lugares de trabajo, a instituciones educativas, hospitales o al centro capitalino.
“Realmente, estamos sufriendo muchísimo desde hace más de un año cuando la Línea 16 abandonó el itinerario de manera injustificada”, señaló Rosmary González, en el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Radio Universo 970AM.
El tema central de la reunión fue una Resolución de la Junta Municipal aprobada en abril de este año, en la que se permite que la empresa San Isidro se encargue del itinerario dejado por la Línea 16-2. “Logramos sacar una resolución, donde se le da el itinerario de la exlínea 16 a la empresa San Isidro. Eso fue el 20 de abril de este año”, mencionó.
Añadió que el documento ya fue remitido a la Municipalidad, pero está teniendo obstáculos para dar cumplimiento a lo establecido por los concejales. “Tenemos problemas en la Dirección de Tránsito, ahí es donde se tranca. Entonces, le pedimos al intendente Bello que nos reciba porque la pelota ya está en su cancha para que libere eso”, manifestó la entrevistada.
Asimismo, explicó que a la par de la Resolución tenía que darse una conformación de mesa de trabajo con el Viceministerio del Transporte para los trámites correspondientes.
“El Viceministerio y la empresa San Isidro ya enviaron la nota. Todos están predispuestos, pero donde no hay voluntad es en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción”, apuntó.
En ese sentido, dijo que ya recurrieron varias veces a dicha Dirección, pero sin encontrar una salida. “Ya nos peleamos, nos gritamos, nos volvimos a hablar, todo ya pasamos con el director, pero no conseguimos que se cumpla la resolución”, afirmó.
Por otro lado, aclaró que se oponen al ingreso de la Línea 6 porque “son chatarras, no tienen seguro de vida para pasajeros, tienen más de 70 años de uso cuando no tienen que pasar los diez años”, expresó.
Los vecinos más afectados son los de los barrios Mbocayaty, Salvador del Mundo, Primer Presidente, Mburucuyá, Villa Guaraní y el tramo comprendido entre Pino González, Primer Presidente, Overáva, entre otros.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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