El lunes pasado desnudábamos en este espacio la operación corporativa mediática y política desarrollada por el Grupo Zuccolillo. La misma consiste en enmarcar a sus empresas como una “causa nacional”. Cuando el banco Atlas le debe a itti alrededor de setenta millones de dólares por el mal uso fehacientemente comprobado del software que el segundo le provee a la entidad bancaria –algo que si se no se tratase de una de las empresas del Grupo Zuccolillo– debería de dirimirse entre partes privadas sin salir del mundo de los negocios, la negociación o en última instancia en la Justicia; se lleva a las tapas del diario Abc, con ríos de tinta en sus páginas, minutos y minutos en su canal de TV y horas y horas en su radio AM, termina siendo parte de debates en el Congreso e intentando vincular al propio presidente de la República. Sencilla y llanamente porque no se quiere pagar una cuenta.

En Paraguay existen al menos otros cuatro o cinco grupos corporativos con similar poder de fuego mediático; sin embargo, ningún otro recurre a prácticas de tan baja calaña. Un modus operandi heredado y que si se hace una línea de tiempo fue el método para acumular poder utilizado ya por quien fuera el fundador del medio amarillo.

Ellos durante todo este tiempo (a excepción de los cinco años de la administración Cartes) han definido qué obra pública debe hacerse o no, dónde debe construirse y dónde no, qué programa social debe llevarse a cabo y cuál es puro populismo, qué cuentas están bien que adquiera o pague el Estado y cuáles son un malgasto, qué rubros agrícolas deben ser apoyados y cuáles dejar de lado, qué zonas del país deben desarrollarse para que las propiedades tengan más valor y cuáles deben pasar al olvido o qué medios son merecedores de recibir pauta pública. Se puede seguir con miles de otros ejemplos de áreas donde el grupo de referencia tiene intereses y cómo fue moldeando el país a su gusto y paladar. Siempre con la complicidad de políticos y gobiernos que no se animaron a plantarse.

El Paraguay no aguanta más la desinformación, las noticias falsas y la extorsión con base en los intereses de un grupo empresarial que rechaza las buenas prácticas empresariales, pero da cátedras de moral y honestidad en sus espacios periodísticos con una hipocresía inigualable. Si en su momento dijimos que lo que hizo el presidente Horacio Cartes de enfrentarse a este grupo (lo cual le costó y le cuesta un tendal de tapas en contra hasta ahora), es coherente decir hoy que lo que está haciendo el presidente de la República también es correcto. Algunos autopercibidos analistas (que no pasan de opinadores) lo cuestionan por ser él mismo quien le pone el pecho a las balas por considerarlo un desgaste innecesario.

En lo particular, debo decir que creo que es una enorme oportunidad que le dan a la historia y la coyuntura a Santiago Peña para ratificar carácter y liderazgo. Que así como se recibe también hay que repartir, que la crítica es una calle de doble sentido, de ida y de vuelta. Y que eso no pone en dudas las libertades; al contrario, las intensifica. De todo esto también se trata la política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a.

La Dirección Nacional de Ingreso Tributarios (DNIT) informó este viernes que durante la jornada evitaron el ingreso al país de una encomienda que contenía partes de armas de fuego. Esta cargamento llegó al aeropuerto Silvio Pettirossi y debía salir del país, pero las piezas habrían sido importadas. Se estima que una sola pieza de encomienda tendría un valor de G. 100 millones en el mercado negro.

Según el reporte, el hecho se registró durante la tarde de hoy viernes, en un control de rutina realizado en el aeropuerto internacional ubicado en la ciudad de Luque. El cargamento fue supervisado y se pudo constatar que tenía un doble fondo, donde se ocultaban las piezas de varias armas.

“La carga contenía un gato hidráulico y, ocultas debajo, partes de armas de fuego. Este llegó hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirossi, pero en un control rutinario, se detectó y retuvo una encomienda aérea que debía salir de nuestro país”, confirmaron los intervinientes.

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Indicaron que encontraron partes de una carabina semiautomática calibre 300, cuyo valor estimado en el mercado negro es de unos G. 100 millones. “Las piezas fueron importadas desde Estados Unidos mediante un despacho simplificado”, apuntaron. Actualmente las autoridades investigan el origen y destino de la encomienda para determinar si se trata de una red de tráfico ilícito.

El operativo contó con la presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en un trabajo conjunto con agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). También se dio intervención a agentes de la Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel) para el análisis del armamento.

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En el marco de un trabajo de control, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) llevó adelante inspeccio­nes en cinco casas comer­ciales que operaban de manera irregular, tres de ellas en la ciudad de Caa­zapá y las otras dos en Ciu­dad del Este. Producto de este trabajo fue incautada una importante cantidad de armas y municiones.

El ministro de Defensa, Óscar González, puntua­lizó ayer en conferencia de prensa que este tipo de trabajos se lleva a cabo de manera periódica desde la Dimabel, con el obje­tivo de contrarrestar cual­quier actividad ilícita que permita el tráfico de armas en el país.

Durante la incursión a estas casas comerciales que ope­raban sin la habilitación necesaria fueron incauta­das en total 186 armas de fuego, entre cortas y largas, así también decomisaron 127.000 municiones. Todo esto estaba siendo puesto a la venta de manera irre­gular.

En el marco de un trabajo de control, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) llevó adelante inspecciones en cinco casas comerciales que operaban de manera irregular, tres de ellas en la ciudad de Caazapá y las otras dos en Ciudad del Este. Producto de este trabajo fue incautada una importante cantidad de armas y municiones.

El ministro de Defensa, Óscar González, puntualizó este miércoles en conferencia de prensa que este tipo de trabajos se lleva a cabo de manera periódica desde la Dimabel, con el objetivo de contrarrestar cualquier actividad ilícita que permita el tráfico de armas en el país.

Durante la incursión a estas casas comerciales que operaban sin la habilitación necesaria fueron incautadas en total 186 armas de fuego, entre cortas y largas, así también decomisaron 127.000 municiones. Todo esto estaba siendo puesto a la venta de manera irregular.

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Según el reporte de las autoridades, inclusive en uno de los establecimientos intervenidos se intentó sobornar a uno de los funcionarios de la Dimabel, hecho que fue inmediatamente comunicado a los superiores de la entidad y al Ministerio Público, dejando constancia del hecho y abriendo un proceso de investigación independiente.

“El valor legal de estos materiales ronda los 4.000 millones de guaraníes, pero bien sabemos que esto, al traspasar al mercado negro y llegar hasta bandas delictivas, el precio se devalúa debido a esas actividades ilícitas”, mencionó Melanio Servín, director de la Dimabel.

Remarcó que el combate frontal al tráfico de armas es una de las prioridades del Gobierno, ya que a través del control de armas también se puede disminuir el impacto logístico de los grupos delincuenciales que operan en el país.

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