Un nuevo reporte del Ministerio Público refiere que en lo que va del año se registraron 38 casos de feminicidios en Paraguay y, por ende, hay 38 causas abiertas en investigación de los hechos. Como consecuencia de estas muertes violentas quedaron huérfanos en total 67 hijos.
Según las especificaciones, en enero se registraron 4 casos, en febrero hubo 6 casos, en el mes de marzo 4 casos y en abril, 5 casos. En tanto, en mayo sumaron 4 víctimas, en junio 2, julio registró 2, en tanto agosto reportó 4, septiembre 3, octubre 1, y en noviembre hasta la fecha hubo 3 casos.
En dicho lapso, de acuerdo a los datos registrados por departamentos a nivel país, Central es el departamento en el que más casos se registraron con 9. Le siguen además Alto Paraná con 5, Asunción tuvo 3, Caaguazú 3, Amambay 3, Itapúa 3, Canindeyú 3. Mientras, Cordillera figura con 2, Concepción 2, Paraguarí 2, Misiones 1, Boquerón 1, y Presidente Hayes 1.
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“En lo que respecta al parentesco del agresor y sus rangos, principalmente fueron parejas, es decir 17 parejas, asimismo hubo 11 exparejas, 5 conocidos, 3 novios, 2 padrastros, 1 esposo, 1 exesposo, 1 cuñado, y 1 padre. Vale aclarar que en Caaguazú, se registró una causa con 5 sujetos imputados”, menciona el informe.
Otro dato relevante es que la edad promedio de las víctimas es de entre 12 a 69 años, mientras que la edad promedio de los agresores es de entre 18 a 82 años. Los presuntos responsables se encuentran imputados por el Ministerio Público. Por otra parte, 6 de los autores se suicidaron, añade el reporte oficial.
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Tres procesados en causa penal de Prieto admiten los hechos y se solicitó salida alternativa
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para tres integrantes del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto. Con estas salidas procesales se desmitifica la persecución judicial o política alegada por el exjefe comunal de CDE.
Los procesados reconocieron los hechos atribuidos y brindaron una colaboración efectiva con la investigación fiscal, circunstancia que fue valorada positivamente por la Fiscalía al requerir la aplicación de esta salida procesal alternativa. La solicitud se enmarca en la causa abierta por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto.
Con este requerimiento, suman cuatro los integrantes del Consejo Local de Salud que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas al proceso tras colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, ya había sido beneficiado con una medida similar.
El pedido del Ministerio Público comprende a Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud; Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria; y Karen Elizabeth González Vergara, miembro suplente de la comisión directiva del mismo organismo.
De acuerdo con la investigación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a G. 757.166.276, monto que corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M. Los trabajos fueron realizados en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Fiscalía emite orden de búsqueda por adolescente desaparecido hace una semana
El Ministerio Público difundió la fotografía de un adolescente de 15 años que se encuentra con paradero desconocido desde el sábado pasado. Su familia lo busca desesperadamente, luego de que fuera visto por última vez en la ciudad de Asunción.
Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de Alexander Orlando Elías Núñez Cáceres.
Ante cualquier dato sobre su paradero, se insta a comunicarse de inmediato con la Policía Nacional o con la sede más cercana del Ministerio Público.
La agente fiscal Cleider Marlene Velázquez, de la Unidad Penal n.° 6 del Sector 1 de Asunción, ordenó la búsqueda y localización del adolescente quien fue visto por última vez en la ciudad de Asunción.
El menor se encuentra con paradero desconocido desde el 18 de julio y hasta la fecha no se tienen mayores datos sobre su paradero. Cualquier información puede ser comunicada a la sede policial más cercana, al 0984 194868 o al sistema 911.
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Velázquez remitió un oficio al departamento especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Policía Nacional, para solicitar su colaboración e intensificar las tareas de búsqueda y ubicación del adolescente.
Requirió los avances de la investigación y que sea comunicado de manera inmediata al Ministerio Público. Así también, en caso de concretarse la ubicación del menor sea informado a la fiscal Cleider Marlene y a la denunciante, labrándose el acta correspondiente de todo lo actuado.
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Fiscalía pidió salida procesal para el extesorero del Consejo de Salud de CDE
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.
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Ministerio Público urge destrabar causa de excolaboradores de Abdo
El objetivo de la Fiscalía es que se resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados.
- HOY.COM.PY
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados. Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
CAUSA PARALIZADA
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones.
Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial. Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
PROLONGADO PROCESO PENAL
El 31 de julio de 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018.
El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial. El 11 de marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por varios delitos. En agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó seis meses más de tiempo para seguir investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y al grupo.