El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Cultura, declaró como bien de valor patrimonial cultural al conjunto histórico del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, ubicado en la ciudad de Mariscal José Félix Estigarribia, departamento de Boquerón. El sitio mantiene además una estrecha vinculación con la vida y la labor de monseñor Pedro Shaw OMI, que fue conocido como Pa’i Puku, cuyos restos descansan en la iglesia.

Esta declaratoria se estableció mediante la Resolución SNC n.º 394/2026, del 6 de julio de 2026, y comprende tres manzanas: la Iglesia San Miguel Arcángel y sus construcciones anexas; la Casa Episcopal, conocida como San Miguel Róga, y sus anexos; los talleres de los antiguos colonos menonitas.

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De acuerdo con el documento, el reconocimiento se sustenta en el valor arquitectónico, histórico y simbólico del conjunto. Las edificaciones conservan características constructivas propias de su periodo de origen, entre ellas el uso de ladrillos a la vista, galerías laterales, cubiertas a dos aguas y aberturas con arcos de medio punto. Su disposición dentro de tres manzanas forma parte de la configuración histórica del área urbana del distrito de Mariscal Estigarribia.

Al respecto, resaltan que la Iglesia San Miguel Arcángel y la Casa Episcopal fueron construidas en 1956. La iglesia funcionó como sede principal del Vicariato Apostólico del Pilcomayo y el conjunto estuvo vinculado al proceso de evangelización desarrollado por los Misioneros Oblatos en el Chaco Central y sus áreas de influencia.

Mencionan que el sitio mantiene una estrecha relación con la vida y la labor de monseñor Pedro Shaw OMI, conocido como Pa’i Puku, quien desarrolló su misión en el Chaco desde 1952 y fue vicario apostólico del Pilcomayo desde 1981 hasta su fallecimiento, en 1984. Sus restos descansan en la Iglesia San Miguel Arcángel y, entre los bienes vinculados a su memoria, se conserva la Land Rover de la misión en la que viajaba cuando sufrió el accidente que causó su muerte, el 21 de junio de 1984, sobre la ruta Transchaco.

La declaratoria fue impulsada a partir de la solicitud presentada por el entonces administrador apostólico del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, padre Miguel Fritz OMI. El procedimiento incluyó la verificación del sitio y la evaluación de sus valores patrimoniales por parte de la Dirección de Bienes Culturales, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la SNC.

“Con esta resolución, el conjunto de inmuebles queda incorporado al régimen de protección de bienes culturales establecido por la Ley n.º 5621/2016, de Protección del Patrimonio Cultural. La medida forma parte de las acciones desarrolladas por la Secretaría Nacional de Cultura para identificar, registrar y proteger bienes vinculados a la historia, la arquitectura y la memoria de las comunidades del país”, concluye el informe.

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Amnistía Internacional (AI) pidió ayer jueves a la comunidad internacional elevar la presión contra una reforma en Nicaragua que excluirá a la oposición de las elecciones. La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por el presidente Daniel Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

AI “solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho (a elegir) como una decisión soberana de carácter interno”, planteó la organización en un comunicado. Además, insta a que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, y que exijan que “Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente”.

La “reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

El exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Según el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, la Constitución establecerá que “no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas” y “los que hayan incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”.

También excluirá a “los traidores a la Patria” y a quienes “viven pidiendo intervención militar”, que “aplauden y piden sanciones para todos nosotros”, agregó. La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones. El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.

La Unión Europea exhortó el sábado a Nicaragua a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales” después de que el copresidente del país, Daniel Ortega, impulsara una reforma para impedir la participación de opositores en los comicios. El Congreso nicaragüense, controlado por partidarios de la dupla presidencial, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció el miércoles que redactará un paquete de reformas que votará en agosto para que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo el jefe del legislativo, Gustavo Porras, en referencia a la oposición.

“Instamos a las autoridades a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”, dijo en un comunicado la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

Kallas, en nombre de los 27 países del bloque europeo, insistió en “la condena de la represión sistémica”, por parte de Ortega, quien acumula casi dos décadas en el poder, y le pidió" diálogo entre el régimen y la oposición" para llevar adelante cualquier tipo de reforma electoral.

Managua anunció el viernes que explicará a los diplomáticos extranjeros los puntos de esta reforma, después de una oleada de críticas contra el gobierno por su iniciativa.

Aun así, el Ministerio de Exteriores nicaragüense respondió el sábado con dureza a la petición de la UE, que calificó como “injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial”.

“No somos vasallos de nadie”, añadió. Nicaragua debía ir elecciones generales el próximo noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

Fuente: AFP.

Asociaciones cuantifican en miles el número de inocentes encarcelados y aseguran que varios cientos habrían muerto bajo custodia.

• AFP.

Amnistía Internacional pidió ayer a la primera dama de El Salvador, Gabriela Rodríguez, que facilite un diálogo entre las autoridades y las madres de los miles de detenidos bajo el régimen de excepción para conocer su paradero y ejer­cer sus derechos.

Desde 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una guerra contra las pandillas que ha llevado a la detención de unas 92.000 personas sin orden judicial, un hecho que ha sido criticado duramente por organizacio­nes defensoras de los dere­chos humanos.

Varias asociaciones cuanti­fican en miles el número de inocentes encarcelados y aseguran que varios cientos habrían muerto bajo custo­dia. Algunos familiares ase­guran desconocer el paradero de los arrestados. Este 10 de mayo (Día de la Madre en varios países latinoamerica­nos), “nuestros pensamientos están con las madres y fami­liares que piden algo básico frente al régimen de excep­ción en El Salvador: saber dónde y cómo están sus seres queridos detenidos”, publicó Amnistía Internacional (AI) en su cuenta de X.

La ONG pidió a Rodríguez “usar sus buenos oficios para cambiar esta situación y aliviar la angustia de miles de madres y familias salvadoreñas”.

Este viernes, desde la Corte Suprema de Justicia informaron que, en el marco del plan de actos conmemorativos por los 60 años de acompañamiento de Amnistía Internacional al Paraguay, integrantes de la organización visitaron el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades destacaron que la delegación fue recibida por la coordinadora de la dependencia, licenciada Rosa Palau, quien brindó explicaciones sobre las documentaciones resguardadas en el archivo y acompañó el recorrido por las instalaciones del museo.

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En la ocasión también refierieron que desde Amnistía Internacional prevén desarrollar durante el presente año una serie de programas en el marco de la citada conmemoración.

Hugo Valiente, asesor legal de la organización, recordó que la primera misión de AI en territorio paraguayo se realizó en junio de 1966, con el objetivo de recabar información y elaborar una primera lista de presos políticos durante la dictadura.

“Se cumplen 60 años de acompañamiento ininterrumpido de la organización al Paraguay”, señaló y agregó que parte de las actividades previstas buscan rememorar ese proceso y el aporte realizado a la lucha por la libertad en el país.

A continuación, explicó que la visita al museo adquiere especial relevancia ante la proximidad del aniversario de la caída de la dictadura, los días 2 y 3 de febrero, ya que permite ejercer la memoria histórica y acceder a documentos de Amnistía Internacional conservados en el archivo, como cartas enviadas por activistas de distintos países a autoridades del régimen, en reclamo de la liberación de presos políticos.

Finalmente, valoró que una parte significativa de la historia de la organización se encuentre preservada en el archivo del Museo de la Justicia.

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Yeny Villalba, coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, resaltó la importancia de preservar y valorar el museo, destacando su relevancia para que las nuevas generaciones conozcan el pasado reciente del país y comprendan los esfuerzos realizados para la conservación de la memoria histórica.

En ese sentido, subrayó la importancia de conocer la documentación, su organización y gestión, como un aporte fundamental para la defensa de los derechos humanos y para evitar la repetición de hechos que marcaron a la sociedad paraguaya.