Asociaciones cuantifican en miles el número de inocentes encarcelados y aseguran que varios cientos habrían muerto bajo custodia.

• AFP.

Amnistía Internacional pidió ayer a la primera dama de El Salvador, Gabriela Rodríguez, que facilite un diálogo entre las autoridades y las madres de los miles de detenidos bajo el régimen de excepción para conocer su paradero y ejer­cer sus derechos.

Desde 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una guerra contra las pandillas que ha llevado a la detención de unas 92.000 personas sin orden judicial, un hecho que ha sido criticado duramente por organizacio­nes defensoras de los dere­chos humanos.

Varias asociaciones cuanti­fican en miles el número de inocentes encarcelados y aseguran que varios cientos habrían muerto bajo custo­dia. Algunos familiares ase­guran desconocer el paradero de los arrestados. Este 10 de mayo (Día de la Madre en varios países latinoamerica­nos), “nuestros pensamientos están con las madres y fami­liares que piden algo básico frente al régimen de excep­ción en El Salvador: saber dónde y cómo están sus seres queridos detenidos”, publicó Amnistía Internacional (AI) en su cuenta de X.

La ONG pidió a Rodríguez “usar sus buenos oficios para cambiar esta situación y aliviar la angustia de miles de madres y familias salvadoreñas”.

Este viernes, desde la Corte Suprema de Justicia informaron que, en el marco del plan de actos conmemorativos por los 60 años de acompañamiento de Amnistía Internacional al Paraguay, integrantes de la organización visitaron el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades destacaron que la delegación fue recibida por la coordinadora de la dependencia, licenciada Rosa Palau, quien brindó explicaciones sobre las documentaciones resguardadas en el archivo y acompañó el recorrido por las instalaciones del museo.

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En la ocasión también refierieron que desde Amnistía Internacional prevén desarrollar durante el presente año una serie de programas en el marco de la citada conmemoración.

Hugo Valiente, asesor legal de la organización, recordó que la primera misión de AI en territorio paraguayo se realizó en junio de 1966, con el objetivo de recabar información y elaborar una primera lista de presos políticos durante la dictadura.

“Se cumplen 60 años de acompañamiento ininterrumpido de la organización al Paraguay”, señaló y agregó que parte de las actividades previstas buscan rememorar ese proceso y el aporte realizado a la lucha por la libertad en el país.

A continuación, explicó que la visita al museo adquiere especial relevancia ante la proximidad del aniversario de la caída de la dictadura, los días 2 y 3 de febrero, ya que permite ejercer la memoria histórica y acceder a documentos de Amnistía Internacional conservados en el archivo, como cartas enviadas por activistas de distintos países a autoridades del régimen, en reclamo de la liberación de presos políticos.

Finalmente, valoró que una parte significativa de la historia de la organización se encuentre preservada en el archivo del Museo de la Justicia.

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Yeny Villalba, coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, resaltó la importancia de preservar y valorar el museo, destacando su relevancia para que las nuevas generaciones conozcan el pasado reciente del país y comprendan los esfuerzos realizados para la conservación de la memoria histórica.

En ese sentido, subrayó la importancia de conocer la documentación, su organización y gestión, como un aporte fundamental para la defensa de los derechos humanos y para evitar la repetición de hechos que marcaron a la sociedad paraguaya.

Amnistía Internacional acusó el jueves al movimiento islamista Hamás y otros grupos armados palestinos de crímenes contra la humanidad, incluyendo exterminio, durante y después de los ataques del 7 de octubre de 2023 que desataron la guerra en Gaza.

"Grupos armados palestinos cometieron violaciones del derecho humanitario internacional, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante sus ataques en el sur de Israel que comenzaron el 7 de octubre de 2023″, señaló la organización de derechos humanos en su informe de 173 páginas.

Según Amnistía, la matanza masiva de civiles del 7 de octubre constituye el “crimen contra la humanidad de exterminio”. El organismo también acusó a Israel de cometer genocidio en su campaña de represalia en Gaza, algo que Israel ha rechazado. Amnistía agregó que Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza “continuaron cometiendo violaciones y crímenes bajo el derecho internacional en su retención y maltrato de rehenes”.

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“La retención de rehenes se realizó como parte de un plan explícitamente declarado y explicado por la dirigencia de Hamás y de oros grupos armados palestinos”, señala el informe. Amnistía acusó previamente a Hamás y otros grupos de cometer crímenes de guerra, que son violaciones graves del derecho internacional contra civiles y combatientes durante conflictos armados.

Los crímenes de lesa humanidad pueden ocurrir en tiempos de paz e incluyen la tortura, la violación y la discriminación, ya sea racial, étnica, cultural, religiosa o de género, e implican “un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil”. El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1.221 personas y otras 251 personas fueron tomadas como rehenes, incluyendo 44 que estaban muertos.

De los 207 rehenes tomados con vida, 41 murieron en cautiverio. Al momento de divulgar el documento, todos fueron entregados a Israel como parte de un acuerdo de tregua en Gaza, con excepción del cuerpo de un soldado israelí. Entre los actos señalados como crímenes contra la humanidad por Amnistía figuran asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, violación y “otras formas de violencia sexual”.

Fuente: AFP.

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La diputada colorada Rocío Abed presentó esta semana ante la Cámara Baja, un proyecto de Ley que declara el 16 de octubre como “Día Nacional del Reconocimiento al Personal de Limpieza”. Fue luego de una reunión con el director de Empleo de la ANR, Dr Enrique López Arce, quien recomendó que Paraguay se sume a este Día Internacional.

El propósito principal es visibilizar y dignificar la labor de cientos de miles de compatriotas que desempeñan estas labores, tanto en el ámbito público como privado.

En la nota dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados, menciona que considera esencial establecer una fecha que honre el esfuerzo diario y aporte al reconocimiento de sus derechos, condiciones laborales y dignidad como trabajadores fundamentales en la vida cotidiana de toda la sociedad.

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Lamentó que muchas veces esas condiciones laborales no reflejan el valor social, ni económico que representan. “La propuesta de ley surge como un acto de justicia social hacia un sector históricamente invisibilizado y muchas veces estigmatizado: el personal de limpieza”, comienza señalando la exposición de motivos.

Destaca que el personal de limpieza está compuesto de hombres y mujeres que, en silencio, sostienen condiciones básicas de higiene, salubridad y que al mismo tiempo logran mantener el orden y la limpieza en oficinas públicas, centros educativos, hospitales, industrias, comercios, e incluso los hogares.

A través de su nota, la diputada Abed explica que la propuesta de dedicar un día específico al personal de limpieza se inspira en iniciativas como la instaurada en Nueva Zelanda en 2015, que apunta a revalorizar un oficio honesto, digno y muchas veces puerta de entrada al crecimiento personal y profesional.

“El 16 de octubre es una fecha estratégica, próxima al Día Mundial del Lavado de Manos (15 de octubre), con lo cual se refuerza el mensaje sobre la importancia de la higiene, salud pública y trabajo digno. Promover este día no es simplemente un gesto simbólico, sino una herramienta para educar, sensibilizar y construir una cultura de respeto, en donde cada función laboral sea valorada en su justa medida", destaca el documento.

Finalmente, la parlamentaria aclara que instaurar esta conmemoración nacional no implicará ninguna erogación presupuestaria adicional, pero sí representa un avance ético, cultural y humano, que dignifica a miles de trabajadores esenciales para el desarrollo del país.

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