• Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los trabajos para el viaducto del km 10 de la Ruta PY02 están en su fase de obras paralelas para el desvío de vehículos, lo que que permitirá liberar el área de construcción del paso a elevación. Para octubre o noviembre, a más tardar, está previsto el inicio del plan de desvíos y cierre de la ruta en el punto a ser intervenido.

Es lo que explicó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Fernando Barúa, de la Superintendencia de Obras de la Itaipú. Para los desvíos se proyectaron colectoras pavimentadas desde el km 10 hasta el km 12, tanto en el lado de Acaray como en Monday. El funcionario refirió que se espera concluir la fase hasta el km 11, para iniciar el desvío y poder cerrar la ruta para la construcción del viaducto.

Es el tramo de mayor movimiento de camiones, teniendo en cuenta que es la zona de operación de las aduanas privadas de Campestre y Algesa, además de la Zona Franca Trans Trade Internacional, el Parque Empresarial Global, que incluye a una zona franca, y el Parque Empresarial Km 11. Todos estos sitios movilizan camiones de gran porte y las colectoras deben prever giros, que están siendo analizados en el proyecto, según el ingeniero Barúa.

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“Existirá una fricción lateral entre el futuro tránsito vehicular en las colectoras y peatonal en las veredas, con el entorno urbano de uso de suelo mixto, comercial, industrial y residencial que estamos resolviendo”, expresó Barúa a LN.

Además del viaducto propiamente, la obra prevé espacios como bicisendas a ambas márgenes, lo que permitirá la integración de la comunidad del área de influencia cercana. El viaducto es para descongestionar el tránsito en dicha zona y ayudar a la circulación vehicular en Ciudad del Este, cuyo tránsito tiene colapsos en varios puntos, siendo uno de ellos en el km 10.

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Barúa indicó que en poco tiempo será socializado el plan de desvío, pero paralelamente se continúan con las reuniones con sectores específicos, a instancias del Consejo de Desarrollo del Este (Codeleste). Ayer hubo una nueva reunión con cámara técnicas de Codeleste, en la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

El proyecto es ejecutado por el Consorcio Acaray-Tocsa, con financiamiento de Itaipú y bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que los trabajos iniciales para la reconstrucción del tramo Pozo Colorado–Concepción, sobre la ruta PY05, ya están en plena ejecución. Esta vía, que comprende más de 90 km, se convertirá en la primera ruta del país hecha con pavimento rígido, con una inversión de G. 611.196 millones.

Las tareas se están desarrollando en dos tramos. El lote A, que abarca desde el km 318,9 hasta el km 372,2 (53,3 km), está a cargo del Consorcio Avanza Chaco, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Ocho A S.A. y Construpar S.A. Allí, tras la firma de contrato en mayo pasado, las primeras labores consistieron en la movilización, instalación del campamento y mantenimiento de caminos auxiliares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que, de momento, no se registran connacionales afectados por el terremoto en Rusia. Se instruyó a los consulados a dar seguimiento a los países alcanzados por la alerta de tsunami.

La Cancillería Nacional confirmó que, luego del terremoto registrado en Rusia, no se detectaron paraguayos entre las víctimas, al menos, hasta el momento.

El plan piloto de control migratorio unificado en el paso terrestre Encarnación (Paraguay) - Posadas (Argentina), iniciado el lunes pasado, registra más de 20.000 trámites diarios. En el primer día de implementación se tramitaron más de 10.000 ingresos y 11.000 salidas del país, cifras similares al martes, a lo que se suma el servicio del tren internacional, que moviliza a unos 2.500 pasajeros entre ambas ciudades, reportó la Dirección de Migraciones.

Este nuevo Sistema de Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC), acordado entre las direcciones de Migraciones de Paraguay y Argentina, rige para el tránsito de personas que cruzan la frontera en buses, vehículos particulares y a bordo del tren en el Puente San Roque González de Santacruz, y contempla la realización de un solo trámite migratorio en el lado argentino, válido para ambos países.

El trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional continúa en torno al caso del homicidio de la niña Melania Monserrath, en donde hasta el momento están imputados y con prisión preventiva en la cárcel de Villarrica Marcelo Giménez Duarte y su hermano de 16 años de edad.

Si bien se manejaban diversas hipótesis de cómo se habría dado el crimen, una de las que se fortalece ahora es que solo el menor de edad habría estado involucrado en el homicidio, esto debido a que presentaba rastros en su cuerpo que coincidirían con signos de ataque y defensa por parte de la víctima.

La Cámara de Senadores trata este miércoles un proyecto que viene con media sanción de Diputados y plantea modificar un artículo del programa Hambre Cero, a fin de incluir la adquisición de equipos de transportes escolares, entre otras.

En el punto 2 del orden del día figura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la ley que crea el fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en las Escuelas).

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento descarado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de oradores.

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Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobraron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sostuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la propia municipalidad y presentados como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban cheques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferentes que “acertaban los montos exactos” e incluso presentaban cifras idénticas a las previstas por la administración, lo que a su juicio evidencia una falta total de competencia real.

Uno de los casos emblemáticos citados fue el de Tajy Servicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la municipalidad, algo que, según Castellano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

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El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expareja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de alimentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encargado de cobrar cheques y presentar proyectos, mientras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefieren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.