El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.

Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.

Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.

La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.

“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.

En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.

“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.

Siga informado con: Hugo Javier no está en condiciones de declarar ante la Fiscalía, según su abogado

Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.

Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.

Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.

En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.

El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.

Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.

Iván Marcelo, el estudiante de 15 años que había sido atropellado por un automóvil cuando cruzaba la avenida Sacramento, necesitará como mínimo un año de tratamiento y rehabilitación, por lo que requieren un monto aproximado de G. 1.000 millones.

A fin de cubrir costos, familiares, amigos, compañeros, padres de familia y docentes de su colegio iniciaron la campaña solidaria. “Estamos iniciando una campaña ‘Todos con Iván’ con la intención de recaudar fondos para lo que sería su rehabilitación”, refirió hoy su padre, Aldo Sosa, en declaraciones a NPY.

El menor sigue en la unidad de terapia intensiva del IPS, recuperándose de las serias lesiones que sufrió, especialmente en la cabeza.

Te puede interesar: Ciclón de Encarnación: a 100 años del primer tornado F5 documentado en Sudamérica

“Está todavía en terapia, sigue en estado comatoso. Presenta mejoría, presenta avances, pero nos avisaron los profesionales que él va a requerir una rehabilitación intensiva, interdisciplinaria, integral”, explicó.

La fecha tentativa para la colecta es el próximo 15 de noviembre y la meta es llegar a la suma de G. 1.000 millones, porque “por más que le den de alta, mi hijo va a requerir tratamiento mínimo de un año para recuperarse y se necesitan mínimamente dos años para recuperar todas las funciones”, precisó.

El adolescente, alumno del Colegio Técnico Javier, fue atropellado por un automovilista que se movilizaba a gran velocidad, el pasado 24 de agosto, sobre la avenida Sacramento y Molas López cuando intentaba cruzar la calle al salir del colegio.

“El chofer se comunicó conmigo el día del accidente y quiso venir a hablarme, pero yo me negué porque no estaba en condiciones. Y hasta hoy día no estoy en condiciones, porque no puedo mirarle a la cara por todo el daño que nos causó. Hoy día envía ayuda, pero en dos horas ya se va”, comentó el padre.

En ese sentido, mencionó que por día gastan entre 300 y 500 mil en algunos medicamentos e insumos faltantes. “Mediante la ayuda de amigos, de la gente que le conoce a Iván, de la gente que engancha, estamos sobrellevando”, acotó.

Leé más: La Municipalidad de Asunción invita a una jornada para jóvenes

Realizar propaganda electoral fuera del plazo es un delito electoral, explicaron desde la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público indicaron que es obligación de los intendentes eliminar las propagandas electorales con miras a las elecciones municipales generales del 4 de octubre. A la vez, la institu­ción desplegará un operativo de cobertura nacional para la fecha con el fin de brindar una respuesta oportuna ante posibles hechos punibles y garantizar el normal desa­rrollo de la jornada electoral.

“Este es un deber, ellos deben actuar correctamente. Rea­lizar propaganda electoral fuera del plazo es un delito electoral. Las municipalidades son las encargadas de mantener la limpieza y el orden de cada ciudad, deben tener una ordenanza de reglamentación”, manifestó la agente fiscal de Delitos Electorales de Asunción San­dra Ledesma, a la 1020 AM.

Señaló que el plazo límite para la realización de la pro­paganda electoral es el 1 de octubre. “Nosotros hasta ya hemos realizado muchas veces ese trabajo para tra­tar que no se induzca en el voto al ciudadano, pero esto no es trabajo del Ministerio Público”, refirió.

Con relación al Centro de Monitoreo de Informacio­nes y Denuncias, el mismo será instalado en la sede cen­tral de la Fiscalía localizada en Chile esquina Ygatimí de la ciudad de Asunción, que permitirá centralizar infor­mación y recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales y otros hechos punibles que pudie­ran registrarse durante los comicios.