Por el momento, el aumento del precio de los combustibles no se trasladó a los precios de los productos en los supermercados, por lo que no se prevén remarcaciones inmediatas en la canasta básica. Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), en comunicación con Universo 970 AM, señaló que el sector se encuentra monitoreando el comportamiento de los costos y de las listas de sus proveedores.

Lezcano explicó que una suba de combustibles no implica automáticamente un incremento en los precios finales, ya que primero debe analizarse el impacto que tiene sobre los costos de transporte y logística. En el caso de las empresas que tercerizan estos servicios, cualquier modificación dependerá de los nuevos costos que presenten los operadores y de cómo estos sean incorporados a la estructura de cada proveedor.

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El representante del sector destacó que los precios vienen mostrando estabilidad desde aproximadamente marzo. Incluso, señaló que algunos productos de producción nacional, como la carne de cerdo y los lácteos, no solo no registraron aumentos, sino que en determinados casos presentaron reducciones de precios.

“Cuando sube el combustible, eso no es automático, eso tiene que pasar un tiempo”, explicó Lezcano, quien indicó que durante las próximas semanas se realizará un seguimiento para determinar si el incremento genera algún efecto sobre los productos. Uno de los rubros que podría sentir el impacto es la carne, debido a que requiere transporte tanto desde el campo hasta el frigorífico como posteriormente hacia los supermercados.

Otro factor que incide sobre los costos es el comportamiento del dólar y del transporte internacional. Lezcano explicó que, aunque la cotización de la moneda estadounidense favorece en cierta medida a los importadores paraguayos, los proveedores del exterior también enfrentan cambios en sus mercados de origen. A esto se suma el aumento de los fletes internacionales, que puede repercutir especialmente en determinados productos importados.

En cuanto al consumo, el presidente de Capasu indicó que el sector continúa registrando números positivos durante 2026, aunque con una desaceleración en los últimos dos meses. Según explicó, los consumidores están adoptando un comportamiento más racional y buscando con mayor frecuencia promociones y productos en oferta.

Por ahora, sin embargo, el sector mantiene precios estables y aguarda la evolución de los costos antes de determinar si será necesario realizar ajustes. “Tenemos precios estables de aproximadamente marzo que venimos arrastrando una lista de precios bastante estable”, afirmó Lezcano.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mediante el Viceministerio de Transporte, convocó al Consejo Asesor de Transporte Público para revisar la tarifa técnica del servicio, tomando en cuenta los costos actuales de operación. La revisión no representa un aumento inmediato del pasaje para los usuarios.

Entre los factores considerados figura el incremento del precio del combustible, debido a su incidencia en los gastos de las empresas operadoras. El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, señaló que el objetivo es avanzar hacia un esquema financiero sostenible sin afectar la calidad del servicio.

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Actualmente se analizan las tarifas técnicas correspondientes al periodo entre noviembre de 2025 y junio de 2026, además de los criterios utilizados para determinar su valor. La actualización tendrá impacto en la tarifa promedio reconocida a las empresas y, por ende, en los recursos destinados al subsidio estatal.

En paralelo, el Gobierno continúa con el proceso de reforma del transporte público, que busca elevar la calidad del servicio y ampliar la oferta de buses. Entre las medidas mencionadas se encuentran la “Red Búho”, la integración tarifaria mediante transbordos, la expansión de cobertura y la incorporación progresiva de buses eléctricos.

La reforma también contempla la organización del sistema mediante unidades funcionales, la renovación gradual de la flota y nuevos mecanismos de operación y control estatal. En este marco, está prevista la licitación de la primera unidad funcional Este–Mariscal López, como parte del proceso de modernización del transporte público.

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El diputado colorado Arturo Urbieta presentó un proyecto de ley “Que crea un Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral en la Circunscripción Judicial de Concepción”. La iniciativa fue derivada a diversas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis y dictamen.

La propuesta legislativa tiene por objeto crear dicho órgano jurisdiccional, con asiento en la ciudad de Concepción, a fin de fortalecer la segunda instancia y adecuar su estructura a las necesidades actuales de la jurisdicción.

De acuerdo con la exposición de motivos, la estructura de los órganos jurisdiccionales debe guardar “razonable correspondencia” con la naturaleza de las materias sometidas a revisión, con la entidad de los derechos involucrados y con las condiciones necesarias para garantizar una respuesta judicial adecuada, fundada y oportuna.

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El documento señala que el acceso a la Justicia no se limita a la posibilidad formal de acudir ante los tribunales, sino que comprende el derecho a obtener una respuesta jurisdiccional efectiva, dentro de un plazo razonable y mediante órganos que cuenten con una organización e idoneidad acordes con sus funciones.

La iniciativa menciona que la Circunscripción Judicial de Concepción registra una evolución demográfica y jurisdiccional, reflejada en el crecimiento anual de los asuntos sometidos a revisión y de la población atendida.

También hace referencia al dinamismo comercial, empresarial, productivo e industrial, así como a la aparición de nuevas actividades económicas e inversiones “que naturalmente generan relaciones jurídicas de mayor diversidad y complejidad”.

Actualmente, la Circunscripción Judicial de Concepción cuenta con un Tribunal de Apelación de competencia multifueros, que atiende causas de las materias Civil, Comercial, Laboral y Penal, además de un órgano especializado en Niñez y Adolescencia.

Según la fundamentación, la diferenciación de la competencia material permitirá que el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral concentre su función revisora en esas áreas. La propuesta sostiene que cada una presenta instituciones, principios, reglas sustantivas y procesales, y dinámicas jurídicas propias.

El legislador explica en su escrito que la segunda instancia debe analizar los agravios planteados, examinar los fundamentos de las resoluciones recurridas y determinar, conforme al marco jurídico aplicable, si corresponde confirmarlas, modificarlas o revocarlas.

Para ello, plantea que los magistrados encargados de dicha tarea cuenten con conocimiento, experiencia y particular versación en las materias sometidas a su competencia.

El proyecto contempla que la conformación definitiva del Tribunal, así como la asignación de los funcionarios y auxiliares de justicia necesarios para su funcionamiento, se realicen de acuerdo con la disponibilidad de recursos determinada por la Ley de Presupuesto General de la Nación correspondiente. Asimismo, faculta a la Corte Suprema de Justicia a reglamentar la ley.

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El mercado de estaciones de servicio atraviesa un escenario de creciente presión sobre los pequeños y medianos operadores, debido al aumento de los costos, la necesidad de mayores niveles de capital operativo y la caída de las ventas. Así lo señaló Víctor Yambay, presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), quien, en conversación con Universo 970 AM, manifestó que esta situación viene generando el cierre y la puesta en venta de establecimientos en distintas zonas del país.

Según explicó Yambay, el deterioro del negocio se viene registrando desde hace aproximadamente un año y medio, con estaciones que ya no logran sostener la ecuación financiera. Señaló que el fenómeno alcanza a Central, Gran Asunción y el interior del país, mientras que actualmente existe una importante cantidad de estaciones ofrecidas a la venta. “Las pymes y pequeñas empresas no aguantan ese ritmo de inyección de capital y de bajón de ventas inmensos”, sostuvo.

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El titular de Apesa también apuntó a las distorsiones de precios y las condiciones desiguales de competencia como algunos de los factores que afectan a los operadores. Explicó que las estaciones deben acatar los precios establecidos por las distribuidoras, lo que en determinados escenarios reduce su capacidad de competir. A esto se suman el incremento de los salarios y otros costos operativos que presionan los márgenes del negocio.

Yambay consideró que este escenario está provocando un cambio en la estructura del mercado, con una mayor participación de las grandes cadenas en detrimento de los operadores independientes. Según explicó, los nuevos establecimientos que están ingresando al mercado corresponden cada vez más a las propias cadenas, mientras disminuye la participación de los operadores.

De cara a los próximos años, Yambay señaló que el crecimiento del parque automotor, estimado en torno al 6 % o 7 % anual, convivirá con el avance de los vehículos híbridos y eléctricos, lo que también modificará el negocio. “Tenemos que sentarnos a diseñar políticas que nos sirvan a todos”, afirmó, al insistir en la necesidad de construir una política sectorial que permita ordenar el mercado y garantizar condiciones sostenibles para todos sus actores.

Yambay aclaró que la cifra de entre 300 y 400 estaciones cerradas no fue confirmada por Apesa, pero aceptó que el deterioro del sector se registra desde hace aproximadamente un año y medio y que actualmente hay numerosas estaciones en venta en distintas zonas del país.

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