El violento crimen de la joven Katia Brítez, atropellada por su exnovio el pasado 27 de agosto en Lambaré, pese a que tenía prisión domiciliaria, abrió un fuerte debate sobre las medidas de seguridad para evitar feminicidios y, particularmente, el uso de tobilleras electrónicas, cuya ley n.º 5863 se promulgó en 2017, aunque nunca se implementó por falta de reglamentación. Finalmente, este miércoles se presentará un borrador del proyecto para ultimar detalles para aprobar una fase de prueba.

“Mañana nuevamente hay una reunión en el Ministerio del Interior con todos los organismos responsables de la implementación del uso del dispositivo”, anunció el viceministro de Seguridad Interna, el comisario Óscar Pereira, al programa “Así son las cosas” por canal GEN/Nación Media. Refirió que se priorizará el criterio del juez para los casos relacionados con la violencia intrafamiliar y cuyos procesados se encuentren bajo la medida de arresto domiciliario, en una fase que tendrá entre 100 y 300 usuarios.

“Mañana se van a definir totalmente los últimos detalles del borrador. Lo que más se tiene en cuenta es la forma del control y qué dependencia va finalmente tener el control del monitoreo”, comentó Pereira, así como explicó que, una vez presentado y autorizado por decreto del Poder Ejecutivo para su aplicación, se probará el funcionamiento y efectividad de los dispositivos, a fin de ir ampliando el número de portadores del control electrónico.

Destacó que la parte más importante de la reglamentación de la nueva ley se relaciona con la definición de cómo se va a determinar quiénes serán los usuarios de los aparatos de control. “El dispositivo de control realmente es para todos los casos que determinen los juzgados intervinientes. Pero, en esta primera fase, vamos a enfocarnos en los hechos de violencia familiar o violencia contra la mujer. Esa es nuestra prioridad en este momento. Luego vamos a ir extendiendo para los otros hechos punibles”, puntualizó.

Te puede interesar: El PAI completó la entrega de las vacunas contra el VPH

Con respecto a la adquisición de estos elementos de control de seguridad, el funcionario policial adelantó que se apelará al sistema de contratos leasing (arriendo con opción de compra). “Mañana en la reunión se va a determinar el proceso de adquisición. Queremos cubrir todos los frentes para que una vez que sea público el decreto no haya ningún error posterior en la interpretación del contenido del mismo”, precisó.

Está prevista la adquisición de entre 100 y 300 unidades para la primera parte del plan piloto. “La idea es lanzar, probar bien que funciona y luego ya ahí aumentar la cantidad de usuarios. Pero todo esto finalmente va a depender de los juzgados que emitan la orden correspondiente”, acotó. El costo de la inversión oscilaría entre 500 y 1.500 dólares por tobillera. “La idea es que sean los usuarios quienes absorban esos costos”, manifestó el viceministro Pereira a Nación Media, al aclarar que este punto aún no está definido.

Así también, expresó que los usuarios deberán pasar primeramente por un filtro que contempla desde análisis psicológico hasta un estudio medioambiental sobre sus condiciones de vida. “Está contemplado algún subsidio en el caso de que el usuario no esté en condiciones del usufructo del dispositivo electrónico”, refirió a través del canal GEN.

Leé también: Atención nocturna en IPS inicia el lunes 18 de setiembre