Ciudad del Este. Agencia Regional.

Por Resolución Nº 760/22, la Contraloría General de la República comenzó esta mañana una “fiscalización especial inmediata”, a todo lo relacionado a la construcción de la planta asfáltica de la Municipalidad de Ciudad del Este, específicamente la licitación y la ejecución del contrato para la citada inversión.

La Dirección General del Control de Obras Públicas de la CGR es la que inicia la fiscalización que está a cargo de un equipo de funcionarios bajo la coordinación de la arquitecta Lorena Verónica Jara Notario. Se hará la verificación física y luego la comparación sobre la adjudicación realizada y todas las documentaciones existentes al respecto de la edificación de la planta asfáltica, según la explicación de la jefa del equipo de control.

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La misma informó que el trabajo seguirá hasta el viernes y en un plazo máximo de dos meses se dará a conocer la conclusión de la fiscalización. “Haremos la verificación física y luego compararemos con la documentación que nos entregaron desde la Municipalidad”, dijo la arquitecta Jara Notario.

Consultada si la fiscalización responde a algún hallazgo específico que requiere de fiscalización, la jefa del equipo contralor dijo que hoy están iniciando el trabajo y forma parte del plan de fiscalización de obras en el año, y su comparativo con las documentaciones, para luego ser emitidas las recomendaciones o conclusiones. “Esta obra para la planta asfáltica está dentro de las construcciones a ser fiscalizadas este año”, dijo la funcionaria de la Contraloría General.

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La planta asfáltica de la comuna de Ciudad del Este está ubicada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, pero el equipo de la Contraloría General se instaló primero en la institución municipal, para luego trasladarse hasta la construcción a ser auditada. Estarán entre las oficinas administrativas de la sede central como en la misma planta.

Profesionales de la construcción consultados por La Nación/Nación Media sobre el proyecto coincidieron en señalar que existían otras alternativas para la solución al grave problema de pavimentación y reparación de calles que tiene el municipio, sin tener que hacer la millonaria inversión para la planta asfáltica.

La fiscalización ordenada con fecha 5 de julio de 2023 se da también en el tiempo en que existe una imputación por lesión de confianza del intendente Miguel Prieto, con relación a la adquisición de alimentos para cesta básica distribuidos durante la pandemia. En la misma están también imputados el concejal Sebastián Martínez y otros funcionarios, además de los propietarios de las empresas proveedoras.

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